[1] Las competencias urbanísticas en España se establecen en el artículo 148 de la Constitución Española:Los recursos presentados por varias comunidades autónomas se basaban en que la ley invadía sus competencias sobre ordenación del territorio.[2] La responsabilidad sobre el urbanismo recayó sobre las comunidades autónomas, que generaron nuevos planes urbanísticos en su territorio.Sin embargo ha planteado desafíos en cuanto a la financiación que, según el criterio de diversos colectivos, no han sido bien resueltos.[5] La ONG Transparencia Internacional en su informe del año 2006 señaló: «el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno, sobre todo "en la costa (...) o en las inmediaciones de las grandes ciudades"».Esta situación fue también denunciada en el Parlamento Europeo en 2009 por el Informe Auken[6] (elaborado por la eurodiputada verde danesa Magrete Auken) tras cinco años de estudios con la colaboración de plataformas y ciudadanos españoles.[15] La alcaldesa Trinidad Martínez (PSOE) y el ex-edil Vicente Ballester, fueron acusados también en 2016 de tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios, al haber aprobado un plan urbanístico con 600 viviendas en la zona conocida como "Los Donises" cuando ambos tenían familiares con terrenos en dicha zona.Martínez y Ballester confirmaron haber aprobado el plan y tener familiares con intereses en la zona, aunque fueron absueltos ya que dicha aprobación se hizo tras haber obtenido un informe externo favorable.
