Caso Malaya u Operación Malaya fue el nombre que recibe una operación contra la corrupción urbanística en España, iniciada y dirigida en su mayor parte por el juez Miguel Ángel Torres Segura y la Fiscalía Anticorrupción, cuyas primeras investigaciones se remontan a noviembre de 2005.

[1]​ En la trama estuvieron implicados empresarios, abogados, políticos, funcionarios y otras personalidades famosas de la prensa del corazón.

[1]​[2]​ Además de la trama principal, múltiples piezas separadas fueron también juzgadas y ratificadas tras recurso al Tribunal Supremo.

[6]​ Marbella es una localidad emplazada en la Costa del Sol, una región andaluza al sur de la península ibérica.

Desde los años 1950 paso de ser una región poco desarrollada a experimentar un rápido crecimiento por el sector turístico.

[7]​ En un principio el aparato burocrático estatal arrancó tímidamente con la creación del ministerio de Información y Turismo en 1951.

[10]​ En Marbella se caracterizó por un aumento de la inversión internacional que transformó el casco urbano y sus alrededores.

[12]​[13]​ Estos nuevos propietarios se incorporarón progresivamente a la jet set marbelli.

[15]​[17]​ En este periodo sufrió varios encontronazos con el ayuntamiento debido a que sus técnicos municipales paralizaron las obras por presuntas irregularidades.

Por su parte, la jet set marbellí veía peligrar sus inversiones al afrontar un declive de Marbella como destino predilecto para las viviendas de segunda residencia para la clase alta.

Para ello empezó a frecuentar las procesiones religiosas de la localidad.

También llegó a acuerdos con la jet set de que sus intereses económicos estarían garantizados.

[17]​ Por último, Gil acordó un crédito para financiar la campaña con el banco Banesto, con cuyo presidente Mario Conde guardaba una relación de amistad.

Empresas que en último término eran propiedad del propio Gil o de sus allegados.

[17]​ Una tercera característica fue aumentar significativamente la dotación de policías municipales, a los cuáles Jesús Gil alentó para cometer abusos policiales y coacciones a todo aquel que le mostraba oposición.

Este despacho creaba sociedades intermediarias en diversos paraísos fiscales como Gibraltar o el estado estadounidense de Delaware, y que mediante la supuesta colaboración de notarios se realizaban inversiones inmobiliarias con dinero ya lavado.

[26]​ Al poco de llegar a la alcaldía, Jesús Gil creó una empresa municipal de urbanismo, Planteamiento 2000, para llevar a cabo las modificaciones del PGOU aprobado en 1986.

Entre los detenidos se encontraban: La descripción de los bienes incautados a los detenidos encontró gran espacio en los medios de comunicación y no paso desapercibido para la opinión pública.

[1]​[44]​ Los arrestados fueron: En el año 2007 se producen nuevas detenciones dentro del marco de la tercera fase.

Poco después fue suspendido cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial después de haber sido imputado por prevaricación y soborno dentro de la trama del caso Malaya.

Además, imputa de otros delitos a otras 15 personas ya encausadas.

Marisol Yagüe fue investida alcaldesa, siendo posteriormente detenida junto con la primera teniente de alcalde Isabel García Marcos.

[71]​[72]​En el jucio queda acreditada la trama de blanqueo de capitales y son condenados Julían Muñoz con siete años por blanqueo y cohecho, que se suma a la condena por el caso Malaya.

[73]​En el recurso al Tribunal Supremo se confirma la condena a Isabel Pantoja y se reduce la de otros implicados como Julían Muñoz y Maite Zaldibar.

[78]​Al igual que en otros procesos Julían Muñoz y José Antonio Roca resultaron condenados al quedar acreditado el desvio de fondos, si bien sus condenas quedaron sensiblemente reducidas cuando recurrieron al Tribunal Supremo.

[85]​[65]​ Uno de los casos más significativos fue el 'caso Belmonsa' en el que nuevamente acaban condenados varios de los implicados como Juan Antonio Roca, Julían Muñoz y personalidades conectadas en el pasado con Jesús Gil.

El taxidermista quedó libre al no poderse demostrar el robo en el juicio oral.

Sin embargo, a raíz del 'caso Malaya' la imagen internacional de España en su lucha contra los delitos financieros mejoró sensiblemente.

[41]​ Así, el relato mayoritario que se publicó en medios era una versión sesgada procedente de filtraciones de la policía y la fiscalía que, al no contar con informaciones independientes, se creó una expectativa de condenas severas en la opinión público que no se vio reflejada al final.

[103]​Otras series documentales se han centrado en la instrucción y juicio oral del 'caso Malaya'.