La ley, conserva el principio de la función pública del urbanismo y establece mecanismos para fomentar la iniciativa privada en el desarrollo de la actividad urbanística.
No obstante, tampoco ha sido capaz de erradicar los problemas que salpican de corrupción urbanística en distintos puntos de la geografía andaluza.
Se puede apreciar el gran avance en este aspecto se ha producido a partir de la ley de ordenación urbanística de 2002.
Los cuadros inferiores muestran la evolución en 1981 y 1990 que en algunos casos partían de una situación inexistente.
El gran desarrollo del planeamiento también ha propiciado la aparición de casos de corrupción urbanística en algunas corporaciones municipales.