[1][3][4] Pocos días después se inició, no obstante, la tala de árboles.Eso dio lugar a que ocho organizaciones ecologistas presentaran una denuncia en la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo.En este caso a la denuncia se sumó el Ministerio Fiscal por considerar que existían "indicios racionales de la comisión de un delito contra la ordenación del territorio y un delito contra el medio ambiente".[2] El caso dio lugar a cuatro piezas, dos de las cuales fueron archivadas.En la sentencia, emitida por el Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid, todos ellos resultaron absueltos, y la jueza del caso remarca que lo informado, "que no acordado, pues no toman ningún acuerdo, ni dictan ninguna resolución u orden, no pueda encontrar ningún apoyo en una interpretación mínimamente razonable de la norma (urbanística y medioambiental estatal y autonómica ), o que carezca de la mínima justificación, ni que la opción elegida resultaba absolutamente rechazable desde el punto de vista técnico y jurídico, desde cualquiera de las opciones interpretativas y aplicativas razonables, y, por tanto, que su actuación sea arbitraria".
