Caso Gürtel
Sin embargo, se planteó un conflicto de competencia y la Audiencia Nacional atribuyó también la investigación a Pablo Ruz.
Aportó como pruebas grabaciones ocultas realizadas en reuniones con personas como Isabel Jordán, administradora de la empresa Easy Concept que, junto con Special Events y Orange Market, eran propiedad de Francisco Correa.
En la documentación figuran los nombres de Alejandro Agag (yerno de José María Aznar), Álvaro Pérez, Antoine Sánchez, Alberto López Viejo (ALV), Arturo González Panero, Gerardo Galeote, L.B., Ricardo Galeote, Benjamín Martín, Ginés López, F. Torres, Jacobo Gordon, Luis López Salvador, Milagros Zapatero, Pablo Crespo, Pau Collado, Araceli Martínez, Rocío Martínez y Sabio Martínez.
Esta empresa tiene como administrador único a Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP gallego.
El propio alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, admitió que en 2004 "se manipuló un informe técnico" para adjudicar a esta empresa un contrato por valor de 153 000 euros.
[31][34] Compañía especializada en la gestión del servicio público de información y atención al ciudadano.
En 2005 el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, suscribió un contrato con ella.
[31] Junto con Easy Concept es la otra firma presuntamente favorecida con contratos "a dedo" por el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Entre los años 2004 y 2005 habría organizado eventos junto con Easy Concept por valor de 562 183 euros.
La empresa organizaba mítines, congresos y toda clase de eventos para los populares, según reconoció el propio partido.
Baltasar Garzón fue denunciado por el abogado Ignacio Peláez, defensor del empresario José Luis Ulibarri, presidente del grupo Begar y propietario de Televisión Castilla y León.
Esta actuación «conducía, sin apenas escapatoria alguna, a la irremediable laminación del derecho de defensa» y con ello, Garzón «transmutó el ejercicio de este derecho fundamental en un instrumento idóneo para la autoincriminación de los imputados internos en prisión, desarbolando o desactivando cualquier estrategia defensiva que pudieran poner en práctica los letrados».
Además, les pide la entrega de sus actas como diputados regionales, ante lo que estos se niegan, pasando a formar parte del hasta entonces inexistente Grupo Mixto del parlamento autonómico.
[118] Asimismo, Esperanza Aguirre solicitó a todos los imputados con cargos electos en la Comunidad de Madrid que se desvincularan del Grupo Popular correspondiente, y devolvieran sus actas.
Esos regalos se mencionan en las grabaciones donde Álvaro Pérez conversaba con los diversos altos cargos.
[120] Además, también llegó a asegurar que existían unas facturas de las dos tiendas donde se compró la ropa, y declaraciones del sastre que se encargaba de suministrársela a Francisco Camps y sus colaboradores, José Tomás.
También aseguró que Francisco Camps se mostraba muy preocupado y le preguntaba nervioso sobre la existencia de facturas a su nombre.
[cita requerida] Además de Francisco Camps, Baltasar Garzón también presupone implicación en esta supuesta trama a otros dirigentes del PP valenciano, como el secretario general, Ricardo Costa, o el secretario de organización, José Víctor Campos.
[124] Por su parte, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, denunció una «cacería contra Camps», que se debería a sus éxitos electorales en la Comunidad Valenciana.
En su comparecencia no mencionó explícitamente su imputación en el caso, y se limitó a vaticinar una victoria del PP en las siguientes elecciones europeas y a denunciar que «algunos hacen de la insidia el único camino».
En el mismo acto intervino también Ricardo Costa, quien agradeció las múltiples muestras de apoyo que recibían en la calle.
[131] También serían destituidos el vicesecretario de Organización, David Serra, y la tesorera, Yolanda García.
[cita requerida] Una red de unas 20 compañías con sede en Galicia, lideradas por Ramón Cerdá Sanjuán, acabadas de crear o sin actividad, fue empleada por altos cargos del Partido Popular implicados en el caso para lograr adjudicaciones.
Se comentó que Ramón Cerdá Sanjuán podría haber estado en relación con el testaferro David Barreiro Nogaledo, instalado en Suiza, al que la Audiencia Nacional habría investigado por Blanqueo y apropiación indebida.
