Comisión de Responsabilidades

Sobre las posibles responsabilidades políticas, el Supremo concluyó que las únicas que pudieran derivarse estarían sujetas «al juicio de la historia, y sólo [sic] exigibles por la opinión pública o por medio de sus órganos representativos».

[14]​ El 21 de julio, solo unos pocos días después de haber sido llevado al Congreso el Expediente Picasso, se formó una comisión parlamentaria de responsabilidades integrada por veintiún diputados (once conservadores, siete liberales, un catalanista, un republicano y un socialista; este último Indalecio Prieto) y presidida por el diputado liberal Niceto Alcalá Zamora.

[15]​[16]​ Conforme la opinión pública fue conociendo el contenido del Expediente fue creciendo la indignación y la exigencia de responsabilidades.

Este fue condenado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina a una pena muy benevolente (separación del servicio y pase a la reserva), pero casi inmediatamente después Alfonso XIII lo indultó.

Finalizado el proceso de instrucción la Comisión formularía una propuesta de condena que remitiría a las Cortes, pudiendo proponer «libremente» si el delito o falta no estuviese definido en las leyes penales vigentes.

Pedro Rico «cree que habiendo dejado marcharse al rey, no es posible ensañarse con sus servidores.

[31]​ La alarma por el dictamen también alcanzó al Gobierno Provisional de la Segunda República Española.

Según escribió Azaña en su Memorias políticas en la reunión del 10 de agosto, «el Presidente [Alcalá Zamora], Maura, Lerroux y otros, se muestran alarmadísimos.

Sus defensores alegaron: «El más alto tribunal del país es el Parlamento, y no hay peligro de que se extravíe en sus funciones»; «No se puede admitir un poder fiscal superior al Parlamento.

«La Comisión podrá adoptar cuantas medidas precautorias estime convenientes, en personas y cosas...» (Art.

La Cámara acordará libremente lo que estime oportuno en cada caso particular de los le sean sometidos por la Comisión».

[35]​[34]​ Como ha señalado Alfonso Bullón de Mendoza, con la propuesta transaccional seguía sin resolverse la cuestión fundamental, «si el Parlamento se iba a convertir o no en un tribunal» «pues sería él mismo quien lo decidiría en cada caso».

La salida del monarca evitó sangre, y en haberse proclamado sin ella estribaba el mayor orgullo de la segunda República española.

[41]​[39]​ Por su parte el diputado monárquico Calvo Sotelo —aunque no había podido validar su acta porque la «Dictadura republicana» se lo había impedido al no haberle reconocido la inmunidad parlamentaria y en cuanto pisara territorio español sería detenido por lo que continuaba expatriado en Lisboa— presentó un escrito en las Cortes en defensa de Alfonso XIII, no solo como diputado sino «como ministro que fui de la Corona y como caballero» (el escrito fue publicado por el diario monárquico ABC el 19 de noviembre).

Luego la situación cambió y «llegó un momento en que el dictador parecía menos inexpugnable» y lo destituyó (esta última afirmación, según el Diario de Sesiones, provocó «grandes risas» entre los diputados).

Y concluyó diciendo que «los delitos que cometen los Reyes no están en los artículos de los Códigos», pues estos «no prevén nunca en ningún país donde existe un Rey inviolable la posibilidad del delito porque solo concebir o definir el delito sería injuriar a la majestad que se alza en el puesto más preeminente del Estado».

[50]​ Intervino a continuación el exmonárquico y republicano moderado Ángel Ossorio para realizar un duro alegato jurídico contra el dictamen de la Comisión: «votar este dictamen donde hay tales deficiencias procesales; donde se retuercen los textos legales para llamar delito de lesa majestad al cometido por el Rey, por el ex Rey, contra el pueblo, donde se habla de una rebelión militar sin decir en qué forma participó en ella; donde se establecen penas que no se aplican porque no se pueden aplicar y que dejan latentes en lo futuro por si algún día conviene aplicarlas; dictamen en el que concurren todas esas cosas tiene un carácter de complicación... curialesca, de retorcimiento de textos legales, de cosa minúscula y detallada, que rebaja un poco el tono del debate y la magnitud de la prueba».

Azaña pidió la unanimidad en la votación del nuevo dictamen, más moderado que el presentado inicialmente por la Comisión,[54]​ y lo consiguió.

El Gobierno se enteró de las detenciones por la prensa ya que no había sido informado.

Otra de las decisiones que tomó la Comisión fue inspeccionar el archivo del general Miguel Primo de Rivera pero no encontró ningún documento relevante pues había sido trasladado previamente a París, la ciudad donde el Dictador se exilió en enero de 1930 y donde murió poco después.

El día 16, la Comisión formada para tramitarlo se mostró partidaria de concederlo.

Al día siguiente Calvo Sotelo envió un telegrama desde Lisboa, a donde se había marchado el mismo día en que se proclamó la República, al presidente de las Cortes republicanas Julián Besteiro para pedirle las garantías necesarias para poder volver a España y defenderse personalmente de las acusaciones que se formulaban contra él, pero el telegrama que le envió ese mismo día Besteiro no le aseguraba completamente que no sería detenido («Gestiono de Comisión de Responsabilidades seguridad de que, conforme a sus deseos, no sea detenido.

[62]​ La concesión del suplicatorio para procesar a Calvo Sotelo fue debatida en sesión secreta por el pleno de las Cortes el 22 de septiembre —en los días anteriores Besteiro había intentado sin éxito que la Comisión de Responsabilidades le asegurara a Calvo Sotelo que no sería detenido si regresaba a España—.

Mariano Ruiz Funes señaló que «aun cuando los llamados [delitos] políticos obedecen siempre a móviles nobles y elevados no sucede esto en los cometidos por el Sr. Calvo Sotelo que dieron lugar a transformar una monarquía Constitucional en absoluta y dictatorial».

[64]​ El diario católico El Debate, órgano oficioso de la derechista Acción Nacional, publicó al día siguiente: «La Asamblea Constituyente ha ofrecido al país otra prueba de su intransigencia partidista y pasional».

Según el propio Calvo Sotelo, «con su proceder, la Cámara ha quebrantado normas tradicionales del Derecho parlamentario universal; ha pisoteado las esencias democráticas de que tanto alardea la joven República».

La propuesta alternativa del republicano federal José Franchy Roca de que el tribunal estuviera formado por magistrados y por parlamentarios, había sido previamente rechazada por 112 votos contra 95.

La sentencia se hizo pública el 7 de diciembre condenando a los acusados.

De esta última decía que había estado inspirada por la «fraternidad cristiana» mientras que la primera estaba gobernada por «hombres fríos e implacables» cuyas «plumas enconadas mojan en toda clase de hieles» (envidia, soberbia, codicia, iracundia...).

Venimos de la Fraternidad y se nos quiere conducir al canibalismo demagógico».