Memoria histórica

Memoria histórica es un concepto historiográfico de desarrollo relativamente reciente, que puede atribuirse en su formulación más común a Pierre Nora,[1]​ y que viene a designar el esfuerzo consciente de los grupos humanos por encontrar su pasado, sea este real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto.

[2]​ Las formulaciones y definiciones pueden ser muy distintas, como la planteada por Maurice Halbwachs en su obra póstuma La memoria colectiva, en donde la define como la memoria de acontecimientos no vividos directamente, sino transmitidos por otros medios, un registro intermedio entre la memoria viva y las esquematizaciones de la disciplina histórica.

La aplicación del concepto suscita notables discrepancias, especialmente al implicar la fijación de hechos y procesos históricos, de interpretación no unívoca, en algún tipo de "relato", alternativo a otros, que en casos extremos puede convertirse en una "verdad oficial" (cuya negación puede incluso ser perseguida legalmente) o en una verdad "políticamente correcta" o "pensamiento único" (impuestos informalmente).

Los romanos incluso incluían en las condenas judiciales la llamada Damnatio memoriae, que buscaba destruir cualquier clase de vestigio o recuerdo del enemigo del Estado, incluyendo la prohibición de citar su nombre.

También son decisivos los elementos de lo que ampliamente se puede llamar la cultura material cuya función es conmemorativa: monumentos, elementos del paisaje urbano que se nombran para recordar hechos y personajes históricos (calles, plazas, parques, escuelas...), especialmente los ligados al culto religioso o civil (iglesias, edificios públicos como palacios, castillos, ayuntamientos, parlamentos) y los espacios funerarios, empezando por los cementerios e incluyendo los lugares de enterramiento no convencional.

Pero hay una diferencia entre la memoria oficial, que es elaborada e impuesta desde el Estado o los organismos públicos para glorificar, mitificar y ocultar acontecimientos y mantener la identidad nacional , y la memoria pública que se caracteriza como la voluntad o el deseo por parte de algún grupo social o la propensión del poder a seleccionar y organizar representaciones del pasado de modo que puedan ser asumidas por los individuos como propias.

Poco después se reabrieron las causas por delitos de lesa humanidad cerradas en la década del '80.

Hoy esos niños ya son jóvenes y su situación se agrava si se tiene en cuenta que las personas a quienes consideraban sus padres, en quienes naturalmente confiaban, les habían negado su identidad y origen, y en algunos casos fueron cómplices o conocieron a los asesinos de sus padres biológicos.

El solapamiento entre historia y memoria ha sido un debate dominante en España desde los años 2000.

Destacó una obra pionera, con aportaciones importantes de varios investigadores del CSIC.

Unos días más tarde, amplió dicha providencia con una nueva donde se pedía información no ya sólo acerca de desaparecidos del denominado bando republicano, sino también del bando sublevado; y se insistía a la Iglesia católica para pedir su colaboración en las pesquisas.

Allí se procesaba durante la Guerra civil documentación que pudiera proporcionar información sobre personas y grupos objeto de persecución.

Terminada la Guerra Civil aquel Servicio permaneció en Salamanca y siguió proporcionando informes sobre antecedentes de personas hasta varias décadas más tarde.

[27]​ En los últimos años han proliferado estudios históricos que intentan recuperar la memoria de lo sucedido durante la Guerra Civil y el franquismo.

Ejemplos de ello sería las obras de Francisco Espinosa Maestre, Santos Juliá, Martín Rubio, Richard Baker, García Márquez, Antonio Orihuela[28]​ o Moga Romero, entre otros.

Hasta el momento esta dirección ha preparado, desarrollado y publicado alrededor de 50 documentos e informes de investigación, los cuales han sido entregados a organizaciones sociales, bibliotecas, académicos, estudiantes y a la sociedad en general.

Esta fue una comisión peruana encargada principalmente de elaborar un informe sobre el terrorismo vivido en el Perú durante el periodo entre los años 1980 y 2000.

Fue presidida por Salomón Lerner Febres, entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú.