[3][4] En 1976 llegaron a existir seiscientos diez CCDTyE, aunque muchos de ellos temporales y circunstanciales.
Inmediatamente los detenidos-desaparecidos eran llevados al CCD correspondiente, donde permanecían constantemente encapuchados y esposados.
También existió una política y un procedimiento común para las detenidas-desaparecidas que se encontraban embarazadas.
Detalla los mecanismos discursivos del periódico para elogiar el sistema de reclusión de los "extremistas" que se entregaran voluntariamente y la distinción entre "las dos juventudes", por un lado la juventud "extraviada" que tenía preocupaciones políticas y traumas afectivos de origen familiar, y por el otro la juventud apolítica, dedicada por entero a destacarse en su profesión.
El centro tenía en la entrada un cartel que decía "Bienvenido al Olimpo de los Dioses.
Allí también se almacenaba los robos realizados durante los secuestros y tenía dos salas de tortura, con cableado eléctrico reforzado.
Actualmente se ha convertido en un museo dedicado a la memoria de los torturados y desaparecidos.
Era utilizado como base para planear secuestros, torturar y alojar detenidos desaparecidos, en general por breves períodos.
[11] En 2017 detuvieron a doce policías imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en este CCD.
Muy cerca del «Garage Azopardo» operaba en los años de la dictadura otro importante CCD, bautizado sádicamente por los propios represores como «Club Atlético».
tenía unos 50 calabozos, a los que los represores denominaban "tubos" y tres salas de tortura.
Uno de los represores del "Campito", el exsargento Víctor Ibáñez, confesó y describió ampliamente sus características.
A partir del establecimiento de la democracia en 1983, se han presentado proyectos para establecer allí un polo industrial, crear centros de estudios terciarios y universitarios, mantenerlo como reserva ecológica, etc.
Ese centro funcionó desde 1976 hasta 1978 y se estima que pasaron alrededor de 330 personas, entre ellos activistas gremiales.
[28] un año antes había sido señalizado en un acto con organizaciones políticas y de DDHH local.
[29] En este CCD fueron “vistas” las siguientes personas: Enrique Barry, Horacio Reimer, Héctor Pérez, José Rizzo, Horacio Lafleur, Luis Jaramillo, Carlos Alberto Fernández, Pablo Musso, Víctor Venura, Diana Wlichky, Mario Salerno y Ricardo Chidichimo.
Por otra parte, entre los sobrevivientes están: Oscar Solís, Eduardo Castellanos, Gladys Rodríguez, Nilda Eloy, Corina Joly, Horacio Matoso, Haydee Lampugnani, Adolfo Paz y Gustavo Fernández.
[36] En una casona de Monte Peloni, en la Ruta 226, que une a Olavarría con Mar del Plata o Tandil, funcionó un CCD donde el Ejército torturó y mantuvo cautivos a numerosos jóvenes de la zona entre 1976 y 1978.
El lugar fue cedido temporalmente al Comando de la Subzona 12, a cargo del Gral Alfredo Oscar Saint Jean, de dicho comando dependía el Área 121, a cargo del teniente coronel Julio Tommasi.
Estaba ubicado en la intersección de la ruta 226 y el camino a la Base Aérea Militar Tandil.
[40][39] Es conocido como Palacio Sans Souci o Santamarina, actualmente funciona el Instituto Superior de Formación Técnica N.º 75.
Fue reconocido como el lugar donde estuvieron cautivos y fueron sometidos a torturas alrededor de ocho personas.
Las instalaciones son visibles desde la ruta, sobre la mano derecha, yendo hacia Carlos Paz, frente a la fábrica Corcemar (31° 25' 52 S 64° 17' 50 W).
"Nos enviaban a La Ribera por períodos de veinte días aproximadamente, siempre acompañados por oficiales de Gendarmería"... "Estuve allí seis veces y pude observar a unos treinta detenidos, hombres y mujeres, alojados en una cuadra.
Todos los días venían miembros de Inteligencia del Batallón 141, Cuando lo hacían por la noche, generalmente traían 'paquetes', como se denominaba comúnmente a los detenidos.
La responsabilidad directa sobre los civiles que pudieran estar alojados allí pasó al mencionado Comando".
Entre los secuestrados hubo campesinos delegados de las Ligas Agrarias, docentes y activistas sociales vinculados a la diócesis local del Obispo Alberto Devoto.
[24] En el año 2001, mientras comenzaba el primer juicio a represores en Bahía Blanca, arqueólogos de la Universidad Nacional del Sur convocados por la Justicia por una iniciativa de Memoria Abierta sacaron a la luz los cimientos del centro clandestino.
Asimismo, las privaciones ilegales de la libertad y las consecuentes desapariciones que se produjeron en nuestro país y en la provincia no habrían podido llevarse a cabo sin contar con centros clandestinos de detención, es decir, con una infraestructura edilicia que permitiera mantener en clandestinidad a las víctimas.
[68] En Entre Ríos hasta la actualidad se contabilizan 303 entrerrianos desaparecidos por las fuerzas armadas en las distintas localidades de la provincia y en el resto del país.