Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina
Entre los indultados se encontraban todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Ramón Camps, Ovidio Riccheri, Norma Kennedy, Duilio Brunello, José Alfredo Martínez de Hoz y Guillermo Suárez Mason.
Ese nombre se dio al centro clandestino de detención instalado allí durante la última dictadura cívico militar.
El Ejército le comunicó a su mujer que Vargas Aignasse había sido secuestrado por desconocidos cuando era trasladado en un vehículo policial.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas determinó que Gómez fue autor de tormentos agravados en 18 casos y Cuenca en otros 11, cometidos contra Augusto Gilberto Speratti, Hilarión Félix Barrios, Francisco Félix Barrios, Aureliano Gauto, Ricardo Horacio Coutuné, Carlos Alberto Bajura, Ricardo Alfredo Ortellado, Mario Julio Gómez, Jorge Armando González, Esteban Antonio Cartago Lozina, Enrique Igor Peczak, Alipio Cardozo, Toribio Gómez, Florentín Lencinas, Néstor Abel Monllor, Julio Hippler, Sergio Sobol y Aníbal Rigoberto Velázquez.
A Brusa se lo condenó por ser autor penalmente responsable del delito de apremios ilegales en perjuicio de Ana María Cámara, Stella Maris Vallejos, Anatilde Bugna, Alba Alicia Sánchez, Daniel Oscar García, José Ernesto Schulman, Mariano Eusebio Millán y Roberto Jorge Cepeda -8 hechos-, en concurso real.
Los condenados fueron Abel David Dupuy, exdirector de la Unidad; Isabelino Vega; Víctor Ríos; Raúl Aníbal Rebaneyra; Catalino Morel; Ramón Fernández; Omar Cosso; Jorge Luis Peratta; Héctor Raúl Acuña; Segundo Andrés Basualdo; Valentín Romero; Carlos Domingo Jurio; Enrique Leandro Corsi y Luis Domingo Favole.
[23] Por el crimen fue imputado Antonio Musa Azar, Ramiro del Valle López Veloso y Miguel Tomás Garbi.
Otros imputados fueron los ex oficiales superiores Víctor Pino, Enrique Pedro Mones Ruiz, Gustavo Adolfo Alsina, Osvaldo César Quiroga, Emilio Juan Huber y Francisco Pablo D’Aloia.
El excomisario bonaerense Luis Patti, Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez fueron condenados a prisión perpetua.
También están imputados los expolicías Marcelo Carballo y Luis Chas, bajo la misma calificación legal, pero en la modalidad de partícipes secundarios.
Pedro Alberto Durán Sáenz, jefe del centro clandestino, falleció poco antes de que se dictara sentencia.
Sin embargo, del juicio fueron excluidos Tamer Yapur y Luciano Benjamín Menéndez, por considerar que no se encontraban con las facultades mentales como para enfrentar el mismo.
Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros también estaban imputados en la causa, pero fueron apartados del juicio por estar sometidos a otro debate al mismo tiempo.
Luego de sufrir torturas, Moreno pudo escapar e incluso dar aviso a lugareños, pero fue recapturado y posteriormente asesinado.
Ambos utilizaban como sosías los nombres César Ernesto Segal y Juan Omar Boyé para sus tareas asignadas por el Batallón 601.
En el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en la llamada Subzona 52 se juzgó a 21 imputados.
Fueron condenados 20 policías bonaerenses, dos integrantes del Ejército y el funcionario civil de la dictadura, Jaime Lamont Smart.
Fueron condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura el general retirado Alfredo Manuel Arrillaga y otros seis marinos más.
Norberto Tozzo se encontraba imputado en la causa Masacre de Margarita Belén I, pero no pudo ser juzgado porque estaba prófugo cuando empezó el primer juicio.
En esta causa fueron condenados a 10 años los apropiadores: el ex subcomisario Domingo Madrid y su esposa María Elichart.
Sobrevivió su acompañante, Arturo Pinto, quien fue el principal testigo en la causa, y cuyo homicidio en tentativa se incluyó en los hechos investigados.
Los otros tres acusados en la causa, Albano Harguindeguy, Jorge Rafael Videla y Juan Carlos Romero, fallecieron impunes.
En esta causa, además de los altos mandos militares, fueron juzgados los médicos Norberto Atilio Bianco, Rául Eugenio Martín y Luisa Yolanda Arroche.
Todos los imputados integraban el Regimiento de Caballería Tanques 2 “Lanceros General Paz”, que es donde funcionaba la jefatura del área 124.
En el debate se trataron hechos investigados en distintas causas, ocurridos en la Ciudad de San Luis, Villa Mercedes, Luján y La Toma.
En este juicio se investigó a los integrantes del Batallón 601 Leandro Ángel Sánchez Reisse, Rubén Osvaldo Bufano y Arturo Ricardo Silzle, acusados de haber integrado una asociación ilícita para realizar secuestros extorsivos para financiar el aparato represivo de la dictadura militar.
Los jueces dieron por acreditada la asociación ilícita establecida entre las dictaduras de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia.
Asimismo, absolvió a Ángel Ricardo López Ferro, Guillermo Ramón Añaños, Alfredo Manuel Arrillaga y Julio Santiago Canteros resultaron absueltos.
Además, Elsa Gladis Nasatsky, la médica obstetra que elaboró la certificación falsa del parto, fue condenada a seis años de prisión.
Es la primera vez en la historia argentina que militares son condenados por crímenes como privación ilegítima de la libertad, tormentos, abuso sexual y reducción a la servidumbre contra personas del colectivo travesti trans.
