Ley de amnistía de España de 1977

Puesta en vigor en plena transición, su objetivo era eliminar algunos efectos penales que pudieran hacer peligrar la consolidación de la democracia en España.

[4]​ Varias décadas después, a raíz de las denuncias interpuestas por delitos de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada cometidos durante la guerra civil española (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975), y que se encontraron con el obstáculo infranqueable de la ley, que impedía juzgar delitos pertenecientes a esa época, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional solicitaron en repetidas ocasiones al Gobierno la derogación de la norma por considerarla incompatible con el Derecho internacional, pues impide juzgar delitos considerados imprescriptibles.

La propuesta o petición de una amnistía, si bien con diversos contenidos, era antigua.

Ya durante la misma Guerra Civil el presidente Negrín había expuesto su programa, conocido como los Trece puntos de Negrín, cuyo decimotercer punto proponía una «amplia amnistía para los españoles que quieran reconstruir y engrandecer España».

En 1948, dos organizaciones que representaban a sectores políticos que se habían enfrentado con las armas —el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Confederación de Fuerzas Monárquicas— alcanzaron un acuerdo para una posible transición desde la dictadura de Franco a un régimen democrático.

[14]​ Los ocho puntos de este acuerdo fueron ratificados por el IV Congreso del PSOE celebrado en 1950.

Celebró unas jornadas de estudio con 84 participantes entre los que había también monárquicos y miembros de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT); solo quedaban fuera falangistas y comunistas.

[18]​ En su VI Congreso, celebrado entre 1959 y 1960, el PCE aprobará un «programa mínimo» en cuyo tercer apartado establecía una «Amnistía general para los presos y exiliados políticos, extensiva a todas las responsabilidades derivadas de la guerra civil en ambos campos contendientes».

Entre los firmantes estaban Pedro Bosch, José Giral, León Felipe, Wenceslao Roces y Max Aub.

Firmaban, entre otros, Daniel Vázquez Díaz, Benjamín Palencia, Ángel Ferrant, Pablo Serrano, Álvaro Delgado, Lucio Muñoz, Martín Chirino y Antonio López.

El artículo 8 establecía que «los militares a quienes sea aplicada la amnistía no serán por ello reintegrados en sus empleos ni carreras, de las que seguirán definitivamente separados, cuando hayan sido condenados a penas que produzcan la pérdida de empleo, separación del servicio o pérdida de plaza o clase».

De hecho el periódico del PCE Mundo Obrero publicó que la introducción de la referencia a las autoridades, funcionarios y policías franquistas era «redundante» , era una «mención innecesaria, por otra parte, ya que cuando la oposición dice amnistía lo dice en su sentido más profundo.

Y ello, pese a haber sido sus militantes las personas sobre las que recayó en los últimos cuarenta años una de las más duras represiones y prácticas de tortura ejercitadas por los aparatos represivos».

Los historiadores Carme Molinero y Pere Ysàs comentan: «En definitiva, la posición comunista, compartida por la inmensa mayoría de la oposición, muestra que la agenda del antifranquismo no contemplaba llevar a autoridades y funcionarios franquistas ante los tribunales de justicia, independientemente de que ello hubiera sido absolutamente inviable en las condiciones políticas del momento».

[10]​ En esta idea de que la amnistía incluía a los dos bandos contendientes en la guerra civil y al aparato represivo franquista insistió el portavoz comunista en el Congreso de los Diputados Marcelino Camacho, que había padecido varios años de cárcel durante la dictadura:[35]​ La intensa y laboriosa negociación del proyecto de ley no se refirió a la mención a las autoridades y policías franquistas que UCD quería explicitar, sino al alcance de la amnistía.

Los diputados procedentes del antifranquismo fueron los que defendieron con mayor energía la ley porque la consideraban como una medida de ruptura definitiva con el pasado y como un paso decisivo para la implantación de un sistema democrático en España.

[43]​ Por el contrario, los que se opusieron con mayor vehemencia a la amnistía fueron los parlamentarios de la neofranquista Alianza Popular (AP).

[45]​ «El general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno, a su vez presionado por la cúpula militar, transmitió a los parlamentarios de UCD que si se aprobaba dicha reincorporación habría una fuerte reacción militar de imprevisibles consecuencias y que él dimitiría de su cargo».

[39]​ Sus argumentos defienden que durante la transición en España no se debatió fuerte y abiertamente sobre los crímenes franquistas.

2f) los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas (tales como el no perder la vida y vivir en libertad).

Quienes habían impedido el ejercicio de tales derechos, fueron amnistiados.

[3]​[59]​ Sólo a través de una revisión constitucional podría reactivarse la responsabilidad criminal ya extinguida.

[70]​ Por último, no faltan quienes, como el Partido Nacionalista Vasco, consideran irrelevante el debate por no quedar personas vivas a quienes se pudiera juzgar por los presuntos delitos de genocidio o lesa humanidad.

[71]​ Desde un punto de vista jurídico, algunos medios señalan que la Ley de Amnistía no violó el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva pues, aunque extinguió la responsabilidad criminal, mantuvo subsistente la responsabilidad civil.

Por otra parte, el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela admitió a trámite una querella interpuesta por las formaciones ultraderechistas Falange Española y Manos Limpias contra Garzón acusándole de prevaricación por asumir la causa contra el franquismo, al entender que no tenía las competencias para ello.

[9]​[10]​ La oposición de derechas al gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos presidido por Pedro Sánchez se pronunció radicalmente en contra, pero también destacados intelectuales y periodistas progresistas.

Tampoco había un consenso sobre la necesidad de reducir los ámbitos de impunidad política porque entonces no existía esa demanda y, además, había necesidades que se consideraron más imperiosas, como empezar a acabar con la brutal asimetría establecida por Franco entre vencedores y vencidos, así como estabilizar una democracia amenazada por el ruido de sables y unos niveles de violencia política y represión estatal notables.

El contexto internacional fue cambiando posteriormente y la impunidad de determinados delitos se vio cada vez más cuestionada.