Pacto del olvido
[4] Como ha destacado Ismael Saz, «se trataba de "olvidar" un pasado para construir un futuro en paz y democracia».Las responsabilidades por la Guerra Civil, y por la represión que siguió, no debían recaer en ningún grupo social o político en particular.Se basaba en la idea del nunca más una guerra civil, lo que implicaba la reconciliación de vencedores y vencidos.Los eufemismos con que se empezó a hablar por entonces del anterior régimen o el anterior Jefe del Estado, que ocultaba denominaciones como dictadura o dictador, son la mejor muestra de ello».Así pues se podía abordar la memoria del franquismo sin que la democracia corriera peligro.Pero esta declaración fue considerada por algunos sectores sociales y políticos y por algunos historiadores como claramente insuficiente, pues no fue «un acto solemne de ruptura abierta, frontal y sin matices con el pasado franquista, único modo de que ese pasado oscuro pueda pasar», como, por ejemplo, se había hecho en Francia con el régimen de Vichy y su participación en el Holocausto.[22] Los críticos con la declaración afirmaron que la condena de la dictadura era «elusiva» ya que en ella se decía lo siguiente: «nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática».No parece que tan amplia perspectiva estuviera en la mente de nuestros parlamentarios.No hay duda de que sigue habiendo al respecto una fuerte prevención para llamar a las cosas por su nombre».No deberían situarse, pues, en el mismo plano», afirmó un historiador.¿Dónde están los monumentos dedicados al exilio, al emigrante, a los presos del franquismo, a los muertos por las fuerzas de orden público en Granada, Madrid, El Ferrol, Barcelona...?».[23] En 2007, a instancias del gobierno socialista presidido José Luis Rodríguez Zapatero, las Cortes aprobaron la Ley de Memoria Histórica.[30] Sin embargo, el Tribunal Supremo español impugnó las investigaciones de Garzón.Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 7, "nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes".Esto se debe a que el derecho internacional sobre los crímenes contra la humanidad se desarrolló a raíz de la Segunda Guerra Mundial y para los crímenes anteriores a ese período se aplica el principio de nulla poena sine lege.