[4] Como ha destacado Ismael Saz, «se trataba de "olvidar" un pasado para construir un futuro en paz y democracia».
Las responsabilidades por la Guerra Civil, y por la represión que siguió, no debían recaer en ningún grupo social o político en particular.
Se basaba en la idea del nunca más una guerra civil, lo que implicaba la reconciliación de vencedores y vencidos.
Los eufemismos con que se empezó a hablar por entonces del anterior régimen o el anterior Jefe del Estado, que ocultaba denominaciones como dictadura o dictador, son la mejor muestra de ello».
Así pues se podía abordar la memoria del franquismo sin que la democracia corriera peligro.
Pero esta declaración fue considerada por algunos sectores sociales y políticos y por algunos historiadores como claramente insuficiente, pues no fue «un acto solemne de ruptura abierta, frontal y sin matices con el pasado franquista, único modo de que ese pasado oscuro pueda pasar», como, por ejemplo, se había hecho en Francia con el régimen de Vichy y su participación en el Holocausto.
[22] Los críticos con la declaración afirmaron que la condena de la dictadura era «elusiva» ya que en ella se decía lo siguiente: «nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática».
No parece que tan amplia perspectiva estuviera en la mente de nuestros parlamentarios.
No hay duda de que sigue habiendo al respecto una fuerte prevención para llamar a las cosas por su nombre».
No deberían situarse, pues, en el mismo plano», afirmó un historiador.
¿Dónde están los monumentos dedicados al exilio, al emigrante, a los presos del franquismo, a los muertos por las fuerzas de orden público en Granada, Madrid, El Ferrol, Barcelona...?».
[23] En 2007, a instancias del gobierno socialista presidido José Luis Rodríguez Zapatero, las Cortes aprobaron la Ley de Memoria Histórica.
[30] Sin embargo, el Tribunal Supremo español impugnó las investigaciones de Garzón.
Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 7, "nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes".
Esto se debe a que el derecho internacional sobre los crímenes contra la humanidad se desarrolló a raíz de la Segunda Guerra Mundial y para los crímenes anteriores a ese período se aplica el principio de nulla poena sine lege.