Genocidio (Derecho español)
La competencia para juzgar este tipo de delitos corresponde a los tribunales del orden penal.
[13] Al año siguiente, mediante la Ley Orgánica 10/1995[14] impulsada por el entonces ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch, entró en vigor un nuevo Código Penal que mantuvo la tipificación del delito de genocidio en su artículo 607 en términos similares a los del texto anterior.
El texto legal se encuentra en el Código Penal, Libro II, Título XXIV: Delitos contra la Comunidad Internacional.
El Tribunal Supremo condenó a Scilingo por múltiples delitos de asesinato y detención ilegal.
Esta decisión fue anulada por el Tribunal Supremo de España en 2005,[34] ordenando continuar adelante con las extradiciones solicitadas por Garzón.
Garzón logró también la extradición a España del excapitán de corbeta Ricardo Cavallo, quien se desempeñó en la ESMA.
La orden internacional de detención dictada por Garzón hizo que las autoridades británicas detuvieran al antiguo dictador y acordaran su arresto domiciliario.
El proceso colocó en una delicada situación diplomática a los gobiernos del Reino Unido, España y Chile.
Aun así, puesto que el antiguo dictador había sido también imputado por varios delitos cometidos tras esa fecha, el proceso siguió adelante con una larga sucesión de recursos y recusaciones, ocupando las primeras planas de la prensa mundial.
Tras la práctica de pruebas médicas, Jack Straw, ministro británico del Interior, resolvió que el General no podría afrontar un juicio y que no tenía sentido continuar con el proceso de extradición, acordando su puesta en libertad.
[38] Pinochet subió en silla de ruedas a un avión que le conduciría hasta Chile.
[46] En 2010, el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela admitió a trámite una querella interpuesta por Falange Española contra Garzón acusándole de prevaricación por asumir la causa contra el franquismo, al entender que sabía que no era competente para ello.
[56] Dejando aparte la condena por apología del genocidio, la resolución judicial más relevante sobre la cuestión fue la ya citada sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el "caso Scilingo".
Durante la instrucción del procedimiento, el delito de genocidio se consideró aplicable al caso.
Sin embargo, esa interpretación suponía ignorar que el texto vigente en la actualidad no incluye ya la palabra "social", por lo que resultaba más beneficiosa para el reo su aplicación retroactiva de conformidad con la legislación española y las normas internacionales.
[58][59] En segundo lugar, la Audiencia Nacional apostó por considerar que las víctimas integraban un "grupo religioso".
[61] En tercer lugar se intentó cobijar a las víctimas bajo la consideración de "grupo nacional".
La Sentencia dictada en primera instancia acogió esta última postura, defendiendo una interpretación extensiva del texto penal.
[62] El Tribunal Supremo rechazó tajantemente esta interpretación por constituir una extensión analógica en perjuicio del reo.
[64] Aunque el criterio final del Tribunal Supremo de condenar a Scilingo por delitos comunes es el mismo que han seguido los tribunales argentinos en casos similares (condenas de Miguel Etchecolatz y Christian Von Wernich), y aunque cabe pensar que constituya un precedente importante en casos futuros, la Sentencia fue enormemente discutida y polémica.
