Los procesos y garantías previstas en la normativa eran los mismos que se preveían durante la monarquía liberal.
[3] La normativa electoral fijaba la provincia como circunscripción electoral, aunque las ciudades con más de 150.000 habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Málaga y Murcia) constituían su propia circunscripción, incluyendo en ella a todos los municipios pertenecientes a su partido judicial y, por tanto, del área metropolitana.
A esta segunda vuelta solo concurrían los candidatos que hubieran sobrepasado el 8% de los votos.
[7] Frente a la coalición electoral de las izquierdas, las derechas no pudieron oponer como en 1933 un frente homogéneo, porque la CEDA, en su intento de obtener el poder y evitar el triunfo de la izquierda, se alió en unas circunscripciones con las fuerzas antirrepublicanas (monárquicos alfonsinos, carlistas) y en otras con el centro-derecha republicano (radicales, demócrata-liberales, republicanos progresistas), por lo que fue imposible presentar un programa común.
[8][9] Sin embargo, en Madrid, por ejemplo, sí se presentaron juntos con Gil Robles y Calvo Sotelo como cabezas de lista.
[15] Además Álvarez Tardío y Villa García introducen dos matizaciones importantes sobre la cuestión de la violencia durante la campaña electoral, según Enrique Moradiellos.
[18] En resolución, como concluyen en el epílogo del libro Álvarez Tardío y Villa García, «las elecciones fueron, al menos hasta la jornada de las votaciones inclusive, competidas y todo lo limpias que podían ser en la España de entonces».
Por ello, si bien se conocen con exactitud los votos obtenidos por cada candidato individualmente, es difícil cuantificar el apoyo popular recibido por cada partido o coalición.
[23] Pero como el sistema electoral republicano primaba a los ganadores esto se tradujo en una holgada mayoría para la coalición del “Frente Popular”.
[24] La segunda vuelta electoral se efectuó en aquellos sitios donde la lista electoral más votada había recibido menos del 40% de los votos: Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Castellón y Soria (En las provincias vascongadas el doctor Berástegui, vicario general del obispado de Vitoria, declaró que los reaccionarios eran tan católicos como las llamadas derechas y que lícitamente se les podía votar.
En consecuencia, tras pequeños ajustes, la mayoría gubernamental pasó a tener 267 escaños, en tanto que las restantes minorías sumaron 206.
El líder de Renovación Española, José Calvo Sotelo, se manifestó en términos similares.
Rodríguez del Barrio, como inspector general del Ejército, tenía un buen número de contactos entre los militares,[29] e intentó sondear a varias guarniciones militares de Madrid para que se sublevaran y salieran a la calle.
[30] Sin embargo, tras varias llamadas tanto Goded como Rodríguez del Barrio le comunicaron el fracaso de sus gestiones.
Al final el general Franco no vio la situación madura y se echó para atrás, especialmente tras el fracaso de los generales Goded y Fanjul para sublevar a la guarnición de Madrid.
Otros generales significados, como Orgaz, Villegas, Fanjul y Saliquet quedaron en situación de disponibles.
[35] Sin embargo, Eduardo González Calleja y Francisco Pérez Sánchez discrepan de esas cifras pues consideran que con los datos provisionales que se conocían hasta ese momento, ya muy próximos a los definitivos, el Frente Popular ya contaba con la mayoría absoluta en las Cortes.
[25] Según Álvarez Tardío y Villa García, durante el recuento final en «determinadas circunscripciones» se produjo una intervención fraudulenta de las nuevas autoridades provinciales nombradas por el gabinete de Azaña, aunque «esas manipulaciones no tuvieron que ver con un plan sistemático del nuevo Ejecutivo de izquierdas, sino que fueron promovidas por los dirigentes que se hicieron interinamente con los gobiernos provinciales».
[36] Las «determinadas circunscripciones» donde Álvarez Tardío y Villa García han encontrado en mayor o menor medida episodios fraudulentos son las siguientes: La Coruña, Pontevedra, Lugo, Jaén, Málaga (aunque aquí «el triunfo por las mayorías del Frente Popular era incontestable»), Valencia provincia, Santa Cruz de Tenerife y Cáceres.
[37] Sobre estos datos, Enrique Moradiellos concluye lo siguiente: «aceptando esas cifras estimativas, ese fraude no variaría, en todo caso, el hecho indiscutido de que el Frente Popular tenía bastantes más diputados ya en la primera vuelta (razón principal por la que Azaña asumió su cargo), aunque sí el hecho de alcanzar y rebasar la mayoría absoluta: descontando el máximo de treinta y tres escaños «trastocados» a los 259 escaños logrados, la mayoría del Frente Popular habría quedado en 226 (once escaños menos que la mayoría absoluta, pero entre diecisiete y treinta y dos más que sus adversarios)».
Tampoco hay forma humana de saber cuántos diputados consiguió el Frente Popular al final, que fueron 286».
Según González Calleja y Pérez Sánchez, Álvarez Tardío y Villa García solo consiguen demostrar que hubo 16 escaños «ilegítimos» de más para el Frente Popular, «lo que dejaría las cifras por encima de la mayoría absoluta en 14 (251).
Poca cosa, porque las elecciones parciales en Cuenca y Granada otorgarían otros diecisiete diputados más al Frente Popular en mayo de 1936».
[16] El sectarismo en la Comisión de Actas reforzó abusivamente la ya notable mayoría electoral del Frente Popular en las Cortes, pero como reconocen Álvarez Tardío y Villa García, «no fabricó una mayoría que ya era una realidad cuando se completaron las operaciones de escrutinio y se constituyó interinamente el Congreso».
Y, por eso mismo, «casi todos los grupos conservadores acabaron aceptando, con más o menos reservas, este hecho consumado».[40].
Moradiellos apostilla: «Así pues, las elecciones de febrero de 1936 dieron paso a una etapa política en la que las derechas asumieron sus resultados con mayor o menor disgusto y conformidad, aceptando en general su papel minoritario en aquellas Cortes (al menos por lo que respecta a la CEDA y el republicanismo moderado, no así las extremas derechas más autoritarias)».
Así lo afirman, por ejemplo, Gerald Brenan, Pierre Vilar, Hugh Thomas, Gabriel Jackson, Broué y Témine, Burnett Bolloten, Malefakis, Abella, Aróstegui, Carr, Juan Pablo Fusi, Santos Juliá, Tuñón de Lara, Ángel Viñas y otros muchos.
[53][54] La excepción la constituye el norteamericano Stanley Payne que sostiene unas tesis cercanas a las de los autores revisionistas pro-franquistas.
[55] Otros como Emilio Grandío Seoane afirman que hubo un posible fraude en Galicia, donde 45.000 votos fueron dudosos y favorables al FP, otorgándoles la victoria electoral.
Fraude y violencia en las elecciones del frente popular,[3] desató una enorme polémica que trascendió el ámbito puramente académico.