El principio se considera a veces como la "regla de oro" del derecho público, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas.
Por lo tanto, son materias vedadas al reglamento y a la normativa emanada por el poder ejecutivo.
Por esta razón, se dice que el principio de legalidad asegura la seguridad jurídica.
Por lo tanto, son materias vedadas al reglamento y a la normativa emanada por el Poder Ejecutivo.
Actualmente, en cambio, se considera que es el derecho el que condiciona y determina, de manera positiva, la acción administrativa, la cual no es válida si no responde a una previsión normativa actual.
En el derecho penal rige respecto de los delitos y las penas, postura originariamente defendida por Cesare Beccaria.