La constitución del Reino Unido comprende los acuerdos escritos y no escritos que establecen el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte como un organismo político. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países, no se ha hecho ningún intento oficial de codificar dichos acuerdos en un solo documento, por lo que se la conoce como constitución no codificada . Esto permite que la constitución se pueda cambiar fácilmente, ya que no hay disposiciones formalmente establecidas. [2]
La Corte Suprema del Reino Unido y su predecesor, el Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores , han reconocido y afirmado principios constitucionales como la soberanía parlamentaria , el estado de derecho , la democracia y la defensa del derecho internacional . [3] También reconoce que algunas leyes del Parlamento tienen un estatus constitucional especial. [4] Estas incluyen la Carta Magna , que en 1215 requería que el Rey convocara un "consejo común" (ahora llamado Parlamento ) para representar al pueblo, celebrar tribunales en un lugar fijo, garantizar juicios justos, garantizar la libre circulación de personas, liberar a la iglesia del estado y garantizar los derechos de la gente "común" a utilizar la tierra. [5] Después de la Revolución Gloriosa , la Declaración de Derechos de 1689 y la Ley de Reclamación de Derechos de 1689 consolidaron la posición del Parlamento como el órgano supremo de elaboración de leyes y dijeron que la "elección de los miembros del Parlamento debería ser libre". El Tratado de Unión de 1706 y las Actas de Unión de 1707 unieron a Irlanda a los Reinos de Inglaterra , Gales y Escocia , y las Actas de Unión de 1800 , pero el Estado Libre Irlandés se separó después del Tratado Anglo-Irlandés de 1922, dejando a Irlanda del Norte dentro del Reino Unido. Después de las luchas por el sufragio universal , el Reino Unido garantizó a todos los ciudadanos adultos mayores de 21 años el mismo derecho a votar en la Ley de Representación del Pueblo (Igualdad de Sufragio) de 1928. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido se convirtió en miembro fundador del Consejo de Europa para defender los derechos humanos y de las Naciones Unidas para garantizar la paz y la seguridad internacionales. El Reino Unido fue miembro de la Unión Europea , uniéndose a su predecesora en 1973, pero se fue en 2020. [6] El Reino Unido también es miembro fundador de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Mundial del Comercio para participar en la regulación de la economía global. [7]
Las principales instituciones de la constitución del Reino Unido son el Parlamento, el poder judicial, el ejecutivo y los gobiernos regionales y locales, incluidas las legislaturas y los ejecutivos descentralizados de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. El Parlamento es el órgano legislativo supremo y representa al pueblo del Reino Unido. La Cámara de los Comunes se elige mediante votación democrática en los 650 distritos electorales del país. La Cámara de los Lores es designada en su mayoría por grupos de partidos políticos cruzados de la Cámara de los Comunes, y puede retrasar pero no bloquear la legislación de los Comunes. [1] Para hacer una nueva ley del Parlamento , la forma más alta de ley, ambas Cámaras deben leer, enmendar o aprobar la legislación propuesta tres veces y el monarca debe dar su consentimiento. El poder judicial interpreta la ley que se encuentra en las leyes del Parlamento y desarrolla la ley establecida por casos anteriores. El tribunal más alto es el Tribunal Supremo de doce personas, ya que decide las apelaciones de los Tribunales de Apelación en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte , o el Tribunal de Sesiones en Escocia. Los tribunales del Reino Unido no pueden decidir que las leyes del Parlamento son inconstitucionales o invalidarlas, pero pueden declarar que son incompatibles con el Convenio Europeo de Derechos Humanos . [8] Pueden determinar si los actos del ejecutivo son legales. El ejecutivo está dirigido por el primer ministro , que debe mantener la confianza de la mayoría de los miembros del Parlamento. El primer ministro nombra al gabinete de otros ministros, que dirigen los departamentos ejecutivos, integrados por funcionarios públicos, como el Departamento de Salud y Asistencia Social , que administra el Servicio Nacional de Salud , o el Departamento de Educación, que financia escuelas y universidades.
El monarca, en su carácter público, conocido como la Corona, encarna el Estado. Las leyes sólo pueden ser creadas por la Corona o con su autoridad en el Parlamento, todos los jueces ocupan el lugar de la Corona y todos los ministros actúan en nombre de la Corona. El monarca es, en su mayor parte, una figura ceremonial y no ha rechazado dar su aprobación a ninguna nueva ley desde la Ley de Milicia Escocesa de 1708. El monarca está sujeto a las convenciones constitucionales .
La mayoría de las cuestiones constitucionales surgen en las solicitudes de revisión judicial , para decidir si las decisiones o actos de los organismos públicos son legales. Todo organismo público sólo puede actuar de conformidad con la ley, establecida en las leyes del Parlamento y las decisiones de los tribunales. En virtud de la Ley de Derechos Humanos de 1998 , los tribunales pueden revisar la acción del gobierno para decidir si el gobierno ha cumplido con la obligación legal de todas las autoridades públicas de cumplir con el Convenio Europeo de Derechos Humanos . Los derechos del Convenio incluyen los derechos de todos a la vida, la libertad contra el arresto o la detención arbitrarios , la tortura y el trabajo forzado o la esclavitud , a un juicio justo , a la privacidad contra la vigilancia ilegal, a la libertad de expresión, conciencia y religión, al respeto de la vida privada, a la libertad de asociación, incluida la afiliación a sindicatos , y a la libertad de reunión y protesta. [9]
Aunque la constitución británica no está codificada , la Corte Suprema reconoce principios constitucionales [10] y estatutos constitucionales [11] que dan forma al uso del poder político. Hay al menos cuatro principios constitucionales principales reconocidos por los tribunales. En primer lugar, la soberanía parlamentaria significa que las leyes del Parlamento son la fuente suprema de derecho. A través de la Reforma inglesa , la Guerra Civil , la Revolución Gloriosa de 1688 y las Leyes de Unión de 1707 , el Parlamento se convirtió en la rama dominante del estado, por encima del poder judicial, el ejecutivo, la monarquía y la iglesia. El Parlamento puede hacer o deshacer cualquier ley, un hecho que generalmente se justifica por el hecho de que el Parlamento es elegido democráticamente y defiende el estado de derecho , incluidos los derechos humanos y el derecho internacional. [12]
En segundo lugar, el Estado de derecho ha estado presente en la Constitución como un principio fundamental desde los primeros tiempos, ya que "el rey debe [estar] ... bajo la ley, porque la ley hace al rey" ( Henry de Bracton en el siglo XIII). Este principio fue reconocido en la Carta Magna y la Petición de Derechos de 1628. Esto significa que el gobierno solo puede comportarse de acuerdo con la autoridad legal, incluido el respeto por los derechos humanos. [13] En tercer lugar, al menos desde 1928 , las elecciones en las que participan todos los adultos capaces se han convertido en un principio constitucional fundamental. Originalmente, solo los hombres ricos y propietarios tenían derecho a votar para la Cámara de los Comunes , mientras que el monarca, ocasionalmente junto con una Cámara de los Lores hereditaria , dominaba la política. A partir de 1832, los ciudadanos adultos obtuvieron lentamente el derecho al sufragio universal . [14]
En cuarto lugar, la constitución británica está vinculada al derecho internacional, ya que el Parlamento ha optado por aumentar su poder práctico en cooperación con otros países en organizaciones internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo [15] , las Naciones Unidas , el Convenio Europeo de Derechos Humanos , la Organización Mundial del Comercio y la Corte Penal Internacional . Sin embargo, el Reino Unido abandonó su membresía en la Unión Europea en 2020 después de un referéndum en 2016 [16] .
La soberanía parlamentaria se considera a menudo un elemento central de la constitución británica, aunque su alcance es objeto de debate. [17] Significa que una ley del Parlamento es la forma más alta de ley, pero también que "el Parlamento no puede obligarse a sí mismo". [18] Históricamente, el Parlamento se convirtió en soberano a través de una serie de luchas de poder entre el monarca, la iglesia, los tribunales y el pueblo. La Carta Magna de 1215, que surgió del conflicto que condujo a la Primera Guerra de los Barones , otorgó el derecho del Parlamento a existir para el "consejo común" antes de cualquier impuesto, [19] contra el " derecho divino de los reyes " a gobernar.
Se garantizó el derecho de propiedad de las tierras comunales a la gente para cultivar, pastar, cazar o pescar, aunque los aristócratas siguieron dominando la política. En la Ley de Supremacía de 1534 , el rey Enrique VIII afirmó su derecho divino sobre la Iglesia católica en Roma, declarándose líder supremo de la Iglesia de Inglaterra . Luego, en el caso del conde de Oxford en 1615, [20] el Lord Canciller (representante del rey y jefe del poder judicial ) afirmó la supremacía del Tribunal de Cancillería sobre los tribunales de derecho consuetudinario, contradiciendo la afirmación de Sir Edward Coke de que los jueces podían declarar nulos los estatutos si iban "en contra del derecho común y la razón". [21]
Después de la Gloriosa Revolución de 1688, la Carta de Derechos de 1689 consolidó el poder del Parlamento sobre el monarca y, por lo tanto, sobre la iglesia y los tribunales. El Parlamento se convirtió en " soberano " y supremo. Sin embargo, 18 años después, el Parlamento inglés se abolió a sí mismo para crear el nuevo Parlamento tras el Tratado de Unión entre Inglaterra y Escocia, mientras que el Parlamento escocés hizo lo mismo. Las luchas de poder dentro del Parlamento continuaron entre la aristocracia y la gente común . Fuera del Parlamento, la gente, desde los cartistas hasta los sindicatos, lucharon por el voto en la Cámara de los Comunes . La Ley del Parlamento de 1911 aseguró que los Comunes prevalecerían en cualquier conflicto sobre la no electa Cámara de los Lores . La Ley del Parlamento de 1949 aseguró que los Lores solo podían retrasar la legislación durante un año, [22] y no retrasar ninguna medida presupuestaria durante más de un mes. [23]
En un caso destacado, R (Jackson) v Attorney General , un grupo de manifestantes a favor de la caza desafió la prohibición de la caza del zorro de la Ley de Caza de 2004 , argumentando que no era una ley válida porque se aprobó evitando la Cámara de los Lores, utilizando las Leyes del Parlamento. Argumentaron que la propia Ley de 1949 se aprobó utilizando el poder de la Ley de 1911 para anular a la Cámara de los Lores en dos años. Los demandantes argumentaron que esto significaba que la Ley de 1949 no debería considerarse una ley válida, porque la Ley de 1911 tenía un alcance limitado y no podía utilizarse para modificar su propia limitación del poder de los Lores. La Cámara de los Lores, en su calidad de tribunal más alto del Reino Unido, rechazó este argumento, sosteniendo que tanto la Ley del Parlamento de 1949 como la Ley de Caza de 2004 eran válidas. Sin embargo, en un obiter dicta, Lord Hope argumentó que la soberanía parlamentaria "ya no es, si alguna vez lo fue, absoluta", y que "el imperio de la ley impuesto por los tribunales es el factor de control último en el que se basa nuestra constitución", y no puede usarse para defender leyes inconstitucionales (según lo determinen los tribunales). [24] Todavía no hay un consenso sobre el significado de "soberanía parlamentaria", excepto que su legitimidad depende del principio del "proceso democrático". [25]
En la historia reciente, la soberanía del Parlamento ha evolucionado de cuatro maneras principales. [26] En primer lugar, desde 1945 la cooperación internacional significó que el Parlamento aumentó su poder al trabajar con otras naciones soberanas, en lugar de dominarlas. Si bien antes el Parlamento tenía un poder militar casi indiscutible, y los escritores del período imperial pensaban que podía "crear o deshacer cualquier ley", [27] el Reino Unido decidió unirse a la Sociedad de Naciones en 1919 y, tras su fracaso, a las Naciones Unidas en 1945, para participar en la construcción de un sistema de derecho internacional .
El Tratado de Versalles de 1919 recordó que "la paz sólo puede establecerse si se basa en la justicia social", [28] y la Carta de las Naciones Unidas , "basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros", dijo que "para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces en nuestra vida ha traído un dolor indecible a la humanidad", la ONU "reafirmaría la fe en los derechos humanos fundamentales", y los miembros deberían "vivir juntos en paz unos con otros como buenos vecinos". La Ley de los Acuerdos de Bretton Woods de 1945 , la Ley de las Naciones Unidas de 1946 y la Ley de Organizaciones Internacionales de 1968 incorporaron a la ley la financiación y la membresía del Reino Unido en las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional , el Banco Mundial y otros organismos. [29] Por ejemplo, el Reino Unido se comprometió a implementar por orden las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU , hasta el uso real de la fuerza, a cambio de la representación en la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. [30]
Aunque el Reino Unido no siempre ha seguido claramente el derecho internacional , [31] ha aceptado como un deber formal que su soberanía no se usaría ilegalmente. En segundo lugar, en 1950 el Reino Unido ayudó a escribir y se unió al Convenio Europeo de Derechos Humanos . Si bien ese convenio reflejaba normas y casos decididos bajo los estatutos británicos y el derecho consuetudinario sobre libertades civiles , [32] el Reino Unido aceptó que las personas pudieran apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo , si los recursos internos no fueran suficientes. En la Ley de Derechos Humanos de 1998 , el Parlamento decidió que el poder judicial británico debería estar obligado a aplicar las normas de derechos humanos directamente al determinar los casos británicos, para garantizar una resolución más rápida y basada en los derechos humanos de la jurisprudencia e influir más eficazmente en el razonamiento de los derechos humanos.
En tercer lugar, el Reino Unido se convirtió en miembro de la Unión Europea después de la Ley de Comunidades Europeas de 1972 y mediante su ratificación del Tratado de Maastricht en 1992. La idea de una Unión había sido contemplada desde hacía mucho tiempo por los líderes europeos, incluido Winston Churchill , quien en 1946 había pedido unos " Estados Unidos de Europa ". [34] [35] Desde hace mucho tiempo se ha sostenido que el derecho de la UE prevalece en cualquier conflicto entre las leyes del Parlamento para los campos limitados en los que opera, [36] pero los estados miembros y los ciudadanos obtienen el control sobre el alcance del derecho de la UE, y así extienden su soberanía en asuntos internacionales, a través de la representación conjunta en el Parlamento Europeo , el Consejo de la Unión Europea y la Comisión . Este principio se puso a prueba en R (Factortame Ltd) v Secretary of State for Transport , donde una empresa pesquera afirmó que no se le debería exigir que tuviera el 75% de los accionistas británicos, como decía la Ley de Marina Mercante de 1988. [37]
En virtud del Derecho de la UE, el principio de libertad de establecimiento establece que los nacionales de cualquier Estado miembro pueden constituir y gestionar libremente una empresa en toda la UE sin interferencias injustificadas. La Cámara de los Lores sostuvo que, dado que el Derecho de la UE entraba en conflicto con los artículos de la Ley de 1988, dichos artículos no se aplicarían, porque el Parlamento no había expresado claramente su intención de renunciar a la Ley de 1972. Según Lord Bridge , "cualquier limitación de su soberanía que el Parlamento aceptara al promulgar la [Ley de 1972] era completamente voluntaria". [37] Por lo tanto, era deber de los tribunales aplicar el Derecho de la UE.
Por otra parte, en el caso R (HS2 Action Alliance Ltd) contra el Secretario de Estado de Transporte, el Tribunal Supremo sostuvo que los tribunales no interpretarían que ciertos principios fundamentales del derecho constitucional británico habían sido abandonados por la pertenencia a la UE, o probablemente a cualquier organización internacional. [38] En este caso, un grupo que protestaba contra la línea ferroviaria de alta velocidad 2 de Londres a Manchester y Leeds afirmó que el gobierno no había seguido correctamente una Directiva de evaluación de impacto ambiental al conseguir una votación en el Parlamento para aprobar el plan. Argumentaron que la Directiva exigía una consulta abierta y libre, lo que no se cumplía si un látigo del partido obligaba a los miembros del partido a votar. El Tribunal Supremo sostuvo por unanimidad que la Directiva no exigía que no se produjera un látigo del partido, pero si hubiera existido un conflicto, una Directiva no podría comprometer el principio constitucional fundamental de la Carta de Derechos de que el Parlamento es libre de organizar sus asuntos.
En cuarto lugar, la descentralización en el Reino Unido ha significado que el Parlamento dio el poder de legislar sobre temas específicos a las naciones y regiones: la Ley de Escocia de 1998 creó el Parlamento escocés , la Ley del Gobierno de Gales de 1998 creó la Asamblea de Gales , la Ley de Irlanda del Norte de 1998 creó un Ejecutivo de Irlanda del Norte después del histórico Acuerdo de Viernes Santo , para traer la paz. Además, la Ley de Gobierno Local de 1972 y la Ley de Autoridad del Gran Londres de 1999 otorgan poderes más limitados a los gobiernos locales y de Londres. En la práctica, pero también en la constitución, se ha aceptado cada vez más que no se deben tomar decisiones para el Reino Unido que anulen y sean contrarias a la voluntad de los gobiernos regionales. Sin embargo, en R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union , un grupo de personas que buscaban permanecer en la Unión Europea cuestionaron al gobierno sobre si el Primer Ministro podía activar el Artículo 50 para notificar a la Comisión Europea la intención del Reino Unido de salir, sin una ley del Parlamento . [39] Esto siguió a la encuesta sobre el Brexit de 2016, donde el 51,9% de los votantes votó por salir. [40]
Los demandantes argumentaron que, debido a que el Brexit eliminaría los derechos que el Parlamento había conferido a través de leyes parlamentarias (como el derecho de libre circulación de los ciudadanos británicos en la UE, el derecho a la competencia justa a través del control de fusiones y el derecho a votar por las instituciones de la UE), solo el Parlamento podría consentir en notificar la intención de negociar la salida en virtud del artículo 50. También argumentaron que la Convención Sewel para asambleas descentralizadas, donde la asamblea aprueba una moción de que el Parlamento de Westminster puede legislar sobre un asunto descentralizado antes de hacerlo, significaba que el Reino Unido no podía negociar la salida sin el consentimiento de las legislaturas escocesa, galesa o de Irlanda del Norte. El Tribunal Supremo sostuvo que el gobierno no podía iniciar el proceso de salida puramente a través de la prerrogativa real ; el Parlamento debe aprobar una ley que le permita hacerlo. Sin embargo, la convención Sewel no podía ser aplicada por los tribunales, sino que debía ser observada. [41] Esto llevó a la Primera Ministra Theresa May a obtener la Ley de la Unión Europea (Notificación de Retirada) de 2017 , dándole el poder de notificar la intención de abandonar la UE. [42]
El Estado de derecho ha sido considerado un principio fundamental de los sistemas jurídicos modernos, incluido el del Reino Unido. [43] Se lo ha calificado de "tan importante en una sociedad libre como el sufragio democrático", [44] e incluso de "el factor de control definitivo en el que se basa nuestra constitución". [45] Al igual que la soberanía parlamentaria, su significado y alcance son objeto de controversia. Los significados más ampliamente aceptados hablan de varios factores: Lord Bingham de Cornhill , ex juez de mayor rango en Inglaterra y Gales, sugirió que el Estado de derecho debería significar que la ley es clara y predecible, no está sujeta a una discreción amplia o irrazonable, se aplica por igual a todas las personas, con procedimientos rápidos y justos para su aplicación, protege los derechos humanos fundamentales y funciona de acuerdo con el derecho internacional . [46]
Otras definiciones buscan excluir los derechos humanos y el derecho internacional como relevantes, pero en gran medida se derivan de visiones de académicos predemocráticos como Albert Venn Dicey . [47] El estado de derecho fue reconocido explícitamente como un "principio constitucional" en la sección 1 de la Ley de Reforma Constitucional de 2005 , que limitó el papel judicial del Lord Canciller y reformuló el sistema de nombramientos judiciales para afianzar la independencia, la diversidad y el mérito. [48] Como el estatuto no da una definición más detallada, el significado práctico del "estado de derecho" se desarrolla a través de la jurisprudencia.
En esencia, el estado de derecho, en el derecho inglés y británico, ha sido tradicionalmente el principio de " legalidad ". Esto significa que el estado, el gobierno y cualquier persona que actúe bajo autoridad gubernamental (incluida una corporación), [51] solo pueden actuar de acuerdo con la ley. En 1765, en Entick v Carrington, un escritor, John Entick , afirmó que el mensajero principal del rey, Nathan Carrington, no tenía autoridad legal para entrar y saquear su casa y quitarle sus papeles. Carrington afirmó que tenía autoridad del Secretario de Estado, Lord Halifax , quien emitió una "orden judicial" de registro, pero no había ningún estatuto que le diera a Lord Halifax la autoridad para emitir órdenes judiciales de registro. Lord Camden CJ sostuvo que el "gran fin, por el cual los hombres entraron en sociedad, era asegurar su propiedad", y que sin ninguna autoridad "toda invasión de la propiedad privada, por mínima que sea, es una intrusión". [49] Carrington actuó ilegalmente y tuvo que pagar daños y perjuicios.
Hoy en día, este principio de legalidad se encuentra en todo el Convenio Europeo de Derechos Humanos , que permite las infracciones de derechos como punto de partida solo si "se realizan de conformidad con la ley". [52] En 1979, en Malone v Metropolitan Police Commissioner, un hombre acusado de manipular bienes robados afirmó que la policía había pinchado ilegalmente su teléfono para obtener pruebas. El único estatuto relacionado, la Ley de Correos de 1969, Anexo 5, establecía que no debería haber interferencias en las telecomunicaciones a menos que el Secretario de Estado emitiera una orden judicial, pero no decía nada explícito sobre las escuchas telefónicas. Megarry VC sostuvo que no había nada incorrecto en el derecho consuetudinario y se negó a interpretar el estatuto a la luz del derecho a la privacidad en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos , artículo 8. [53]
En apelación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que se había violado la Convención porque el estatuto no "indicaba con razonable claridad el alcance y la forma de ejercicio de la discreción pertinente conferida a las autoridades públicas". [54] Sin embargo, la sentencia se vio eclipsada por la rápida aprobación por parte del gobierno de una nueva ley para autorizar las escuchas telefónicas con orden judicial. [55] Por sí solo, el principio de legalidad no es suficiente para preservar los derechos humanos frente a poderes legales de vigilancia cada vez más intrusivos por parte de las corporaciones o el gobierno.
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El Estado de derecho exige que la ley se aplique verdaderamente, aunque los órganos de aplicación pueden tener margen de discreción. En R (Corner House Research) v Director of the Serious Fraud Office , un grupo que hace campaña contra el tráfico de armas , Corner House Research , afirmó que la Serious Fraud Office actuó ilegalmente al abandonar una investigación sobre el acuerdo de armas entre el Reino Unido y Arabia Saudita Al-Yamamah . Se alegó que BAE Systems plc pagó sobornos a figuras del gobierno saudí. [56] La Cámara de los Lores sostuvo que la SFO tenía derecho a tener en cuenta el interés público de no realizar una investigación, incluidas las amenazas a la seguridad que pudieran surgir. La baronesa Hale señaló que la SFO tenía que considerar "el principio de que nadie, incluidas las poderosas empresas británicas que hacen negocios para poderosos países extranjeros, está por encima de la ley", pero la decisión a la que se llegó no era irrazonable. [57] Cuando se llevan a cabo procedimientos de ejecución o judiciales, deben proceder con rapidez: cualquier persona detenida debe ser acusada y sometida a juicio o liberada. [58]
Las personas también deben poder acceder a la justicia en la práctica. En R (UNISON) v Lord Chancellor, la Corte Suprema sostuvo que la imposición por parte del gobierno de £1200 en honorarios para presentar una demanda ante un tribunal laboral socavaba el estado de derecho y era nula. El Lord Chancellor tenía autoridad legal para crear honorarios por los servicios judiciales, pero en el caso de los tribunales laborales, su Orden condujo a una caída del 70% en las demandas contra los empleadores por violación de los derechos laborales , como despido injusto, deducciones salariales ilegales o discriminación. Lord Reed dijo que el "derecho constitucional de acceso a los tribunales es inherente al estado de derecho". Sin acceso a los tribunales, "las leyes corren el riesgo de convertirse en letra muerta, el trabajo realizado por el Parlamento puede volverse nulo y la elección democrática de los miembros del Parlamento puede convertirse en una farsa sin sentido". [59] En principio, toda persona está sujeta a la ley, incluidos los ministros del gobierno o los ejecutivos corporativos, que pueden ser declarados culpables de desacato al tribunal por violar una orden. [60]
En otros sistemas, la idea de la separación de poderes se considera una parte esencial del mantenimiento del estado de derecho. En teoría, defendida originalmente por el barón de Montesquieu , debería haber una estricta separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. [61] Si bien otros sistemas, en particular los Estados Unidos , intentaron poner esto en práctica (por ejemplo, exigiendo que el ejecutivo no provenga del legislativo), está claro que los partidos políticos modernos pueden socavar dicha separación al capturar las tres ramas del gobierno, y la democracia se ha mantenido desde el siglo XX a pesar del hecho de que "no hay una separación formal de poderes en el Reino Unido". [62]
La Ley de Reforma Constitucional de 2005 puso fin a la práctica de que el Lord Canciller fuera el jefe del poder judicial, al mismo tiempo que miembro del Parlamento y miembro del gabinete. Desde la Ley de Arreglo de 1700 , sólo ha habido un caso de destitución de un juez, y no puede haber una suspensión sin que el Lord Presidente del Tribunal Supremo y el Lord Canciller , después de que un juez sea objeto de un proceso penal. [63] Ahora todos los ministros tienen el deber de "defender la independencia continua del poder judicial", incluso contra los ataques de corporaciones poderosas o de los medios de comunicación. [64]
El principio de una "sociedad democrática", con una democracia representativa y deliberativa funcional , que defienda los derechos humanos , legitima el hecho de la soberanía parlamentaria, [65] y se considera ampliamente que "la democracia se encuentra en el corazón del concepto de Estado de derecho". [66] Lo opuesto al poder arbitrario ejercido por una persona es que "la administración está en manos de muchos y no de unos pocos". [67] Según el preámbulo del Convenio Europeo de Derechos Humanos , redactado por los abogados británicos después de la Segunda Guerra Mundial , los derechos humanos y las libertades fundamentales se "mantienen mejor ... mediante una democracia política eficaz". [68] De manera similar, este "principio característico de la democracia" está consagrado en el Primer Protocolo, artículo 3, que exige el "derecho a elecciones libres" para "garantizar la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección de la legislatura". [69] Si bien existen muchas concepciones de la democracia, como "directa", "representativa" o "deliberativa", la visión dominante en la teoría política moderna es que la democracia requiere una ciudadanía activa, no solo en la elección de representantes, sino en la participación en la vida política. [70]
Su esencia no reside simplemente en la toma de decisiones por mayoría, ni en referendos que pueden utilizarse fácilmente como herramienta de manipulación, [71] "sino en la toma de decisiones políticamente responsables" y en "cambios sociales a gran escala que maximicen la libertad" de la humanidad. [72] La legitimidad de la ley en una sociedad democrática depende de un proceso constante de discusión deliberativa y debate público, más que de la imposición de decisiones. [73] También se acepta generalmente que son necesarias normas básicas en materia de derechos políticos, sociales y económicos para garantizar que todos puedan desempeñar un papel significativo en la vida política. [74] Por esta razón, los derechos a votar libremente en elecciones justas y al "bienestar general en una sociedad democrática" se han desarrollado de la mano de todos los derechos humanos, y forman una piedra angular fundamental del derecho internacional . [75]
En la "constitución democrática moderna" del Reino Unido, [76] el principio de democracia se manifiesta a través de estatutos y jurisprudencia que garantizan el derecho a votar en elecciones justas, y a través de su uso como principio de interpretación por los tribunales. En 1703, en el caso emblemático de Ashby v White , Lord Holt CJ afirmó que el derecho de todos "a dar [su] voto en la elección de una persona para que los represente en el Parlamento, para concurrir allí a la elaboración de leyes que han de vincular [su] libertad y propiedad, es una cosa sumamente trascendente y de una naturaleza elevada". [77] Esto ha significado que los tribunales garantizan activamente que los votos emitidos se cuenten y que las elecciones democráticas se realicen de acuerdo con la ley. En Morgan v Simpson, el Tribunal de Apelación sostuvo que si una votación "se llevó a cabo tan mal que no estuvo sustancialmente de acuerdo con la ley", entonces sería declarada nula, y lo mismo ocurriría con las irregularidades menores que afectaran el resultado. [78]
Un conjunto considerable de normas, como la Ley de Representación del Pueblo de 1983 o la Ley de Partidos Políticos, Elecciones y Referéndums de 2000 , restringen el gasto o cualquier interferencia extranjera porque, según la baronesa Hale, "cada persona tiene el mismo valor" y "no queremos que nuestro gobierno o sus políticas sean decididas por los que más gastan". [79] En términos más generales, el concepto de "sociedad democrática" y lo que es "necesario" para su funcionamiento sustenta todo el esquema de interpretación de la Convención Europea de Derechos Humanos tal como se aplica en el derecho británico, en particular después de la Ley de Derechos Humanos de 1998 , porque cada derecho normalmente sólo puede restringirse si es "de conformidad con la ley" y "necesario en una sociedad democrática". El lugar del estado de bienestar social que es necesario para apoyar la vida democrática también se manifiesta a través de la interpretación de los tribunales. Por ejemplo, en Gorringe v Calderdale MBC , Lord Steyn, al dictar la sentencia principal, dijo que era "necesario" considerar la ley de negligencia en el contexto de "los contornos de nuestro estado de bienestar social". [80] En términos más generales, el derecho consuetudinario se ha desarrollado cada vez más para ser armonioso con los derechos legales, [81] y también en armonía con los derechos bajo el derecho internacional .
Al igual que otros países democráticos, [82] los principios del derecho internacional son un componente básico de la constitución británica, tanto como herramienta principal de interpretación del derecho interno como a través del apoyo constante del Reino Unido y su membresía en las principales organizaciones internacionales. Ya en la Carta Magna , la ley inglesa reconocía el derecho a la libre circulación de personas para el comercio internacional . [83] En 1608, Sir Edward Coke escribió con confianza que el derecho comercial internacional, o lex mercatoria , es parte de las leyes del reino. [84] Las crisis constitucionales del siglo XVII se centraron en el hecho de que el Parlamento detuvo el intento del Rey de gravar el comercio internacional sin su consentimiento. [85] De manera similar, en el siglo XVIII, Lord Holt CJ consideró el derecho internacional como una herramienta general para la interpretación del derecho consuetudinario, [86] mientras que Lord Mansfield en particular hizo más que cualquier otro para afirmar que la lex mercatoria internacional "no es la ley de un país en particular sino la ley de todas las naciones", [87] y "la ley de los comerciantes y la ley de la tierra son la misma". [88]
En 1774, en Somerset v Stewart , uno de los casos más importantes en la historia legal, Lord Mansfield sostuvo que la esclavitud no era legal "en ningún país" y, por lo tanto, en el derecho consuetudinario. [89]
En la jurisprudencia moderna se ha aceptado consistentemente que "es un principio de política jurídica que el derecho [británico] debe ajustarse al derecho internacional público ". [90] La Cámara de los Lores destacó que "existe una fuerte presunción a favor de interpretar el derecho inglés (ya sea common law o estatuto) de una manera que no coloque al Reino Unido en violación de una obligación internacional". [91] Por ejemplo, en Hounga v Allen la Corte Suprema sostuvo que una joven que había sido traficada ilegalmente al Reino Unido tenía derecho a presentar una demanda por discriminación racial contra sus empleadores, a pesar de que ella misma había violado la Ley de Inmigración de 1971. [ 92]
Al hacerlo, el tribunal se basó unánimemente en los tratados internacionales firmados por el Reino Unido, conocidos como los protocolos de Palermo , así como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, para interpretar el alcance de la doctrina de ilegalidad del common law , y sostuvo que no había impedimento para que la demandante hiciera valer sus derechos legales. Se ha debatido además si el Reino Unido debería adoptar una teoría que considere el derecho internacional como parte del Reino Unido sin ningún acto adicional (una teoría " monista "), o si todavía debería exigirse que los principios del derecho internacional se traduzcan al derecho interno (una teoría "dualista"). [93] La posición actual en el derecho de la Unión Europea es que, si bien el derecho internacional vincula a la UE, no puede socavar los principios fundamentales del derecho constitucional o los derechos humanos. [94]
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Desde que las guerras mundiales pusieron fin al Imperio Británico y destruyeron físicamente grandes partes del país, el Reino Unido ha apoyado constantemente a las organizaciones formadas bajo el derecho internacional . Desde el Tratado de Versalles en 1919, el Reino Unido fue miembro fundador de la Organización Internacional del Trabajo , que establece estándares universales para los derechos de las personas en el trabajo. Después del fracaso de la Liga de las Naciones y después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido se convirtió en miembro fundador de las Naciones Unidas , reconocido por el Parlamento a través de la Ley de las Naciones Unidas de 1946 , permitiendo que cualquier resolución del Consejo de Seguridad, excepto el uso de la fuerza, se implemente mediante una Orden en Consejo. Debido a la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, la continuación del Imperio Británico [ aclaración necesaria ] perdió legitimidad sustancial bajo el derecho internacional, y combinado con los movimientos de independencia, esto llevó a su rápida disolución.
Dos tratados fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, hicieron que el Reino Unido ratificara la mayoría de los derechos de la Declaración Universal. La Ley de Reforma Constitucional y Gobernanza de 2010 , que codifica la Regla Ponsonby de 1924 , estipula en su artículo 20 que un tratado se ratifica una vez que se presenta ante el Parlamento durante 21 días y no se aprueba ninguna resolución adversa en su contra. [96] En el ámbito regional, el Reino Unido participó en la redacción del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 , que buscaba garantizar estándares básicos de democracia y derechos humanos para preservar la paz en la Europa de posguerra. Al mismo tiempo, siguiendo visiones de larga data de integración europea con el Reino Unido "en el centro", [97] los países europeos democráticos buscaron integrar sus economías tanto para hacer inútil la guerra como para promover el progreso social.
En 1972, el Reino Unido se unió a las Comunidades Europeas (reorganizadas y renombradas como Unión Europea en 1992) y se comprometió a implementar la legislación de la UE en la que participó, en la Ley de Comunidades Europeas de 1972. En 1995, el Reino Unido también se convirtió en miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio . [98] Para garantizar que los tribunales aplicaran directamente la Convención Europea, se aprobó la Ley de Derechos Humanos de 1998. El Parlamento también aprobó la Ley de la Corte Penal Internacional de 2001 para permitir el procesamiento de criminales de guerra y se sometió a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional . En 2016, el Reino Unido votó en un referéndum sobre si abandonar la Unión Europea , lo que resultó, con una participación del 72,2%, en un margen del 51,9% a favor de "salir" y del 48,1% a favor de "permanecer". [99] Se formularon algunas denuncias de mala conducta en las campañas de apoyo a ambas opciones del referéndum, mientras que las autoridades no encontraron nada que se considerara lo suficientemente grave como para afectar los resultados y poco que castigar. [100]
Debido a la naturaleza no codificada de la Constitución, no existe una fuente arraigada de derecho constitucional. Sin embargo, con el tiempo han surgido tres cuerpos principales de fuentes. Las principales fuentes de derecho constitucional son las leyes del Parlamento, los casos judiciales y las convenciones sobre la forma en que actúan el gobierno, el Parlamento y el monarca. [101]
Las leyes que abordan temas como la estructura del gobierno, los derechos de los ciudadanos y los poderes de las asambleas delegadas adquieren importancia constitucional simplemente por su contenido y la soberanía del parlamento, lo que significa que los detalles de la ley se vuelven jurídicamente vinculantes. [102] Esto permite que la constitución sea enmendada siempre que se promulgue una ley sobre un tema de importancia constitucional.
El profesor Robert Blackburn enumera los siguientes actos recientes de importancia constitucional:
y afirma que los acontecimientos recientes han dado lugar a la codificación ad hoc de algunos actos [103]
A través de los casos judiciales, los jueces crean el derecho consuetudinario cuando deciden sobre procedimientos legales. Esto significa que, para comprender el derecho consuetudinario, se deben examinar fragmentos individuales de jurisprudencia , y que la jurisprudencia anterior y de tribunales superiores tiene precedente sobre la jurisprudencia más reciente y de tribunales inferiores. [104]
Es más difícil determinar si las convenciones tienen importancia constitucional porque son acuerdos no escritos sin fuerza legal firme, pero siguen siendo un elemento integral de la constitución. [105] Elementos como que el líder del partido con mayoría se convierta en Primer Ministro, que la Cámara de los Lores no vete la legislación secundaria y que los jueces permanezcan imparciales respecto de la política gubernamental son todos convenciones. [106]
Aunque los principios pueden ser la base de la constitución del Reino Unido, las instituciones del Estado desempeñan sus funciones en la práctica. En primer lugar, el Parlamento es la entidad soberana. Sus dos cámaras legislan. En la Cámara de los Comunes, cada miembro del Parlamento es elegido por una simple pluralidad en una votación democrática, aunque los resultados no siempre coinciden con precisión con las preferencias generales de la gente. Las elecciones deben celebrarse dentro de los cinco años siguientes a la elección anterior de un Parlamento, aunque históricamente han tendido a ocurrir cada cuatro años. [107] El gasto electoral está estrictamente controlado, la interferencia extranjera está prohibida y las donaciones y el cabildeo están limitados en cualquier forma. La Cámara de los Lores revisa y vota las propuestas legislativas de los Comunes. Puede retrasar la legislación por un año, y no puede retrasarla en absoluto si la ley propuesta se refiere a dinero. [108]
La mayoría de los lores son nombrados por el Primer Ministro, a través del Rey, [109] siguiendo el consejo de una Comisión que, por convención, ofrece cierto equilibrio entre los partidos políticos. Quedan noventa y dos pares hereditarios. [110] Para convertirse en ley, cada ley del Parlamento debe ser leída por ambas cámaras tres veces y recibir la sanción real del monarca. El Soberano no veta la legislación, por convención , desde 1708. En segundo lugar, el poder judicial interpreta la ley. No puede anular una ley del Parlamento, pero el poder judicial garantiza que cualquier ley que pueda violar los derechos fundamentales tenga que estar claramente expresada, para obligar a los políticos a enfrentarse abiertamente a lo que están haciendo y "aceptar el coste político". [111]
En virtud de la Ley de Reforma Constitucional de 2005 , el poder judicial es designado por la Comisión de Nombramientos Judiciales con recomendaciones interpartidistas y judiciales, para proteger la independencia judicial. En tercer lugar, el poder ejecutivo del gobierno está dirigido por el primer ministro , que debe ser capaz de contar con una mayoría en la Cámara de los Comunes. El Gabinete de Ministros es designado por el Primer Ministro para dirigir los principales departamentos del estado, como el Tesoro , el Ministerio de Relaciones Exteriores , el Departamento de Salud y el Departamento de Educación . Oficialmente, el " jefe de estado " es el monarca, pero todo el poder de prerrogativa lo ejerce el Primer Ministro, sujeto a revisión judicial . En cuarto lugar, a medida que el Reino Unido maduró como una democracia moderna, se desarrolló un amplio sistema de funcionarios públicos e instituciones de servicio público para brindar a los residentes del Reino Unido derechos económicos, sociales y legales. Todos los organismos públicos y los organismos privados que realizan funciones públicas están sujetos al estado de derecho .
En la constitución británica, el Parlamento se encuentra en la cima del poder. Surgió a través de una serie de revoluciones como el cuerpo dominante, sobre la iglesia , los tribunales y el monarca , [112] y dentro del Parlamento la Cámara de los Comunes surgió como la cámara dominante, sobre la Cámara de los Lores que tradicionalmente representaba a la aristocracia . [113] Se suele pensar que la justificación central de la soberanía parlamentaria es su naturaleza democrática, aunque fue solo con la Ley de Representación del Pueblo (Sufragio Igualitario) de 1928 que se pudo decir que el Parlamento finalmente se volvió "democrático" en cualquier sentido moderno (ya que los requisitos de propiedad para votar fueron abolidos para todos los mayores de 21 años), y no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se llevaron a cabo la descolonización, los distritos universitarios y la reducción de la edad para votar. Las principales funciones del Parlamento son legislar, asignar dinero para el gasto público, [114] y examinar al gobierno. [115]
En la práctica, muchos parlamentarios participan en comités parlamentarios que investigan el gasto, las políticas, las leyes y su impacto, y a menudo presentan informes para recomendar reformas. Por ejemplo, el Comité de Modernización de la Cámara de los Comunes recomendó en 2002 publicar los proyectos de ley antes de que se convirtieran en ley, y más tarde se descubrió que había tenido mucho éxito. [116] Hay 650 miembros del Parlamento (MP) en la Cámara de los Comunes, actualmente elegidos por períodos de hasta cinco años, [117] y 790 pares en la Cámara de los Lores . Para que un proyecto de ley se convierta en ley, debe leerse tres veces en cada cámara y recibir la sanción real del monarca.
En la actualidad, la Cámara de los Comunes es el órgano principal del gobierno representativo. La sección 1 de la Ley de Representación del Pueblo de 1983 otorga a todos los ciudadanos registrados del Reino Unido, la República de Irlanda y la Commonwealth mayores de 18 años el derecho a elegir a los miembros del Parlamento para la Cámara de los Comunes. Las secciones 3 y 4 excluyen a las personas que hayan sido condenadas por un delito y se encuentren en una institución penal o detenidas en virtud de leyes de salud mental. [118] Estas restricciones están por debajo de los estándares europeos, que exigen que las personas condenadas por delitos muy menores (como robos menores o delitos relacionados con drogas) tengan derecho a votar. [119] Desde 2013, todo el mundo tiene que registrarse individualmente para votar, en lugar de que los hogares puedan registrarse colectivamente, pero se realiza un censo anual de hogares para aumentar el número de personas registradas. [120]
Ya en 1703, Ashby v White reconoció el derecho a "votar en la elección de una persona para representarla en el Parlamento, para concurrir a la elaboración de leyes que han de vincular su libertad y propiedad" como "algo de suma trascendencia y de alta naturaleza". [121] Esto originalmente significaba que cualquier interferencia en ese derecho daría lugar a daños y perjuicios. Si la negación de votar hubiera cambiado el resultado, o si una votación se "realizó tan mal que no se ajustó sustancialmente a la ley", la votación tendría que realizarse nuevamente. [122] Así, en Morgan v Simpson, el Tribunal de Apelación declaró que una elección para un escaño en el Consejo del Gran Londres no era válida después de que se encontrara que no se contaron 44 papeletas no selladas. Estos principios de derecho consuetudinario son anteriores a la reglamentación legal y, por lo tanto, parecen aplicarse a cualquier votación, incluidas las elecciones y los referendos. [123]
En la actualidad, el gasto electoral está estrictamente controlado por ley. Los partidos políticos pueden gastar un máximo de 20 millones de libras esterlinas en campañas nacionales, más 10.000 libras esterlinas en cada circunscripción. [124] Los anuncios políticos en televisión están prohibidos, salvo en determinadas franjas horarias gratuitas, [125] aunque Internet sigue estando en gran medida sin regular. Todo gasto superior a 500 libras esterlinas por parte de terceros debe ser revelado. Aunque estas normas son estrictas, en el caso Animal Defenders International v UK se consideró que eran compatibles con la Convención porque "cada persona tiene el mismo valor" y "no queremos que nuestro gobierno o sus políticas sean decididos por los que más gastan". [126] La interferencia extranjera en las votaciones está completamente prohibida, incluida cualquier "difusión" (también por Internet) "con la intención de influir en las personas para que den o se abstengan de dar su voto". [127]
Las donaciones de partidos extranjeros pueden ser confiscadas en su totalidad a la Comisión Electoral . [128] Las donaciones nacionales están limitadas a los partidos registrados y deben ser reportadas, cuando son superiores a £7,500 a nivel nacional o £1,500 a nivel local, a la Comisión Electoral . [129] El sistema para elegir a los Comunes se basa en distritos electorales, cuyos límites se revisan periódicamente para equilibrar las poblaciones. [130] Ha habido un debate considerable sobre el sistema de votación mayoritario uninominal que utiliza el Reino Unido, ya que tiende a excluir a los partidos minoritarios. Por el contrario, en Australia los votantes pueden seleccionar preferencias para los candidatos, aunque este sistema fue rechazado en un referéndum de Voto Alternativo del Reino Unido de 2011 organizado por la coalición Cameron-Clegg. En el Parlamento Europeo , los votantes eligen un partido de distritos electorales regionales de varios miembros: esto tiende a dar a los partidos más pequeños una representación mucho mayor. En el Parlamento escocés , el Parlamento galés y la Asamblea de Londres , los votantes pueden elegir entre distritos electorales y una lista de partidos, que suele reflejar mejor las preferencias generales. Para ser elegido diputado, la mayoría de las personas generalmente se convierten en miembros de partidos políticos y deben tener más de 18 años el día de la nominación para postularse a un escaño, [131] ser ciudadano de la Commonwealth o irlandés que cumpla los requisitos, [132] no estar en quiebra, [133] haber sido declarado culpable de prácticas corruptas, [134] o ser lord, juez o empleado de la función pública. [135] Para limitar el control práctico del gobierno sobre el Parlamento, la Ley de salarios ministeriales y otros de 1975 restringe el pago de salarios más altos a un número determinado de diputados. [136]
Junto con un monarca hereditario, la Cámara de los Lores sigue siendo una curiosidad histórica en la constitución británica. Tradicionalmente representaba a la aristocracia terrateniente y a los aliados políticos del monarca o del gobierno, y solo se ha reformado de manera gradual e incompleta. Hoy, la Ley de la Cámara de los Lores de 1999 ha abolido todos los pares hereditarios menos 92, dejando a la mayoría de los pares como "pares vitalicios" designados por el gobierno bajo la Ley de Nobleza Vitalicia de 1958 , lores legales designados bajo la Ley de Jurisdicción de Apelaciones de 1876 y lores espirituales que son clérigos de alto rango de la Iglesia de Inglaterra . [137] Desde 2005, los jueces superiores solo pueden sentarse y votar en la Cámara de los Lores después de jubilarse. [138]
El gobierno lleva a cabo el nombramiento de la mayoría de los pares, pero desde 2000 ha recibido asesoramiento de una Comisión de Nombramientos de la Cámara de los Lores de siete personas con representantes de los partidos Laborista, Conservador y Liberal-Demócrata. [139] Un título nobiliario siempre puede ser rechazado, [140] y los ex pares pueden entonces postularse para el Parlamento. [141] Desde 2015, un par puede ser suspendido o expulsado por la Cámara. [142] En la práctica, la Ley del Parlamento de 1949 redujo en gran medida el poder de la Cámara de los Lores, ya que solo puede retrasar y no puede bloquear la legislación por un año, y no puede retrasar los proyectos de ley de dinero en absoluto. [143]
Se han debatido varias opciones de reforma . Un proyecto de ley de reforma de la Cámara de los Lores de 2012 proponía que hubiera 360 miembros elegidos directamente, 90 miembros designados, 12 obispos y un número incierto de miembros ministeriales. Los lores elegidos habrían sido elegidos por representación proporcional por períodos de 15 años, a través de 10 distritos electorales regionales con un sistema de voto único transferible . Sin embargo, el gobierno retiró su apoyo tras la reacción negativa de los parlamentarios conservadores. A menudo se ha argumentado que si los lores fueran elegidos por distritos electorales geográficos y un partido controlara ambos lados "habría pocas perspectivas de un escrutinio o revisión efectivos de los asuntos gubernamentales". [144]
Una segunda opción, como en el Riksdag sueco , podría ser simplemente abolir la Cámara de los Lores. Esto se hizo durante la Guerra Civil Inglesa en 1649, pero se restableció junto con la monarquía en 1660. [144] Una tercera opción propuesta es elegir a los pares por grupos laborales y profesionales, de modo que los trabajadores de la salud elijan a pares con conocimientos especiales sobre salud , las personas en educación elijan un número fijo de expertos en educación, los profesionales legales elijan a los representantes legales, y así sucesivamente. [145] Se argumenta que esto es necesario para mejorar la calidad de la legislación.
El poder judicial en el Reino Unido tiene como funciones esenciales la defensa del estado de derecho , la democracia y los derechos humanos. El tribunal de apelación más alto, cuyo nombre oficial pasó de ser Cámara de los Lores a ser en 2005, es el Tribunal Supremo. El papel del Lord Canciller cambió drásticamente el 3 de abril de 2006, como resultado de la Ley de Reforma Constitucional de 2005. Debido a la Ley de Reforma Constitucional de 2005, la composición del poder judicial se demuestra claramente por primera vez dentro de la Constitución. Esta forma de derecho consagrado presenta una nueva rama de gobierno. Se ha establecido un Tribunal Supremo independiente, separado de la Cámara de los Lores y con su propio sistema de nombramientos, personal, presupuesto y edificio independientes. [146]
Otros aspectos de este estudio son la independencia del poder judicial. Se creó una Comisión de Nombramientos, encargada de seleccionar a los candidatos que se recomendarán al Secretario de Estado de Justicia para su designación judicial. La Comisión de Nombramientos Judiciales garantiza que el mérito siga siendo el único criterio de designación y que el sistema de nombramientos sea moderno, abierto y transparente. En cuanto al control, un Defensor del Pueblo para el Nombramiento y la Conducta Judicial, encargado de investigar y hacer recomendaciones sobre las quejas sobre el proceso de nombramientos judiciales y de tramitar las quejas sobre la conducta judicial en el ámbito de aplicación de la Ley de Reforma Constitucional, proporciona controles y contrapesos a la Corte Suprema. [146]
El poder judicial conoce de las apelaciones de todo el Reino Unido en materia de derecho civil y de derecho penal en Inglaterra y Gales e Irlanda del Norte. No conoce de las apelaciones penales de Escocia. Sin embargo, el Tribunal Supremo sí considera las "cuestiones de descentralización" cuando pueden afectar al derecho penal escocés. [ cita requerida ] Desde la Declaración de Práctica de 1966 , el poder judicial ha reconocido que, si bien un sistema de precedentes que vincule a los tribunales inferiores es necesario para proporcionar "al menos cierto grado de certeza", los tribunales deben actualizar su jurisprudencia y "apartarse de una decisión anterior cuando parezca correcto hacerlo". [147]
Los litigios suelen iniciarse en un tribunal de condado o en el Tribunal Superior para cuestiones de derecho civil, [148] o en un tribunal de magistrados o en el Tribunal de la Corona para cuestiones de derecho penal . También existen tribunales laborales para disputas de derecho laboral , [149] y el Tribunal de primera instancia para disputas públicas o regulatorias, que van desde la inmigración hasta la seguridad social y los impuestos. [150] Después del Tribunal Superior, el Tribunal de la Corona o los tribunales de apelación, los casos generalmente pueden apelarse ante el Tribunal de Apelación en Inglaterra y Gales. En Escocia, el Tribunal de Sesiones tiene una Cámara Exterior (de primera instancia) y una Cámara Interior (de apelación). Las apelaciones luego van al Tribunal Supremo, aunque en cualquier momento un tribunal puede hacer una " referencia preliminar " al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aclarar el significado del derecho de la UE . Desde la Ley de Derechos Humanos de 1998 , se ha requerido expresamente que los tribunales interpreten la ley para que sea compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos . Esto sigue una tradición más larga de tribunales que interpretan la ley para que sea compatible con las obligaciones del derecho internacional . [151]
Se acepta generalmente que los tribunales británicos no sólo aplican sino que también crean nuevas leyes a través de su función interpretativa: esto es obvio en el common law y la equidad , donde no hay una base legal codificada para grandes partes de la ley, como los contratos , los agravios o los fideicomisos . Esto también significa un elemento de retroactividad, [152] ya que la aplicación de normas en desarrollo puede diferir de la comprensión de la ley por al menos una de las partes en cualquier conflicto. [153] Aunque formalmente el poder judicial británico no puede declarar una ley del Parlamento "inconstitucional", [154] en la práctica el poder del poder judicial para interpretar la ley de manera que sea compatible con los derechos humanos puede hacer que una ley sea inoperante, de manera muy similar a lo que ocurre en otros países. [155] Los tribunales lo hacen con moderación porque reconocen la importancia del proceso democrático. Los jueces también pueden participar de vez en cuando en investigaciones públicas. [156]
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La independencia del poder judicial es una de las piedras angulares de la constitución y significa en la práctica que los jueces no pueden ser destituidos de su cargo. Desde la Ley de Establecimiento de 1700 , ningún juez ha sido destituido, ya que para ello el Rey debe actuar a instancias de ambas Cámaras del Parlamento. [157] Es muy probable que un juez nunca sea destituido, no sólo por reglas formales sino por una "comprensión constitucional compartida" de la importancia de la integridad del sistema legal. [158] Esto se refleja, por ejemplo, en la regla sub iudice que establece que los asuntos que esperan una decisión en el tribunal no deben ser prejuzgados en un debate parlamentario. [159] El Lord Canciller , que alguna vez fue jefe del poder judicial pero ahora es simplemente un ministro del gobierno, también tiene el deber estatutario de defender la independencia del poder judicial, [160] por ejemplo, contra los ataques a su integridad por parte de los medios de comunicación, las corporaciones o el propio gobierno.
Los miembros del poder judicial pueden ser designados de entre cualquier miembro de la profesión jurídica que tenga más de 10 años de experiencia en el ejercicio de los derechos de audiencia ante un tribunal: esto suele incluir a los abogados, pero también puede significar procuradores o académicos. [161] Los nombramientos deben hacerse "únicamente por mérito", pero se puede tener en cuenta la necesidad de diversidad cuando dos candidatos tienen las mismas calificaciones. [162] Para los nombramientos en el Tribunal Supremo, se forma un Comité de Nombramientos Judiciales de cinco miembros, que incluye un juez del Tribunal Supremo, tres miembros de la Comisión de Nombramientos Judiciales y un lego. [163] Para otros jueces superiores, como los del Tribunal de Apelaciones, o para el Lord Presidente del Tribunal Supremo, el Maestro de los Rollos o los jefes de las divisiones del Tribunal Superior, se forma un panel similar de cinco miembros con dos jueces. [164] La diversidad de género y étnica es deficiente en el poder judicial británico en comparación con otros países desarrollados, y potencialmente compromete la experiencia y la administración de justicia. [165]
El poder judicial cuenta con un importante cuerpo de leyes administrativas. La Ley de Desacato al Tribunal de 1981 permite a un tribunal declarar a cualquier persona en desacato y condenarla a prisión por violar una orden judicial o por un comportamiento que pueda comprometer un proceso judicial justo. En la práctica, esto lo hace cumplir el ejecutivo. El Lord Canciller dirige el Ministerio de Justicia , que desempeña varias funciones, incluida la administración de la Agencia de Asistencia Jurídica para personas que no pueden permitirse el acceso a los tribunales. En R (UNISON) v Lord Chancellor, el gobierno sufrió duras críticas por crear tarifas elevadas que redujeron el número de solicitantes a los tribunales laborales en un 70 por ciento. [166] El Fiscal General de Inglaterra y Gales, y en asuntos escoceses, el Abogado General de Escocia y el Procurador General de Inglaterra y Gales representan a la Corona en litigios. El Fiscal General también nombra al Director de Procesamientos Públicos , que dirige el Servicio de Fiscalía de la Corona , que revisa los casos presentados por la policía para su procesamiento y los lleva a cabo en nombre de la Corona. [167]
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El poder ejecutivo, aunque subordinado al Parlamento y a la supervisión judicial, ejerce el poder diario del gobierno británico. El Reino Unido sigue siendo una monarquía constitucional . El jefe de estado formal es Su Majestad el Rey Carlos III , monarca hereditario desde 2022. Ninguna reina o rey ha denegado su asentimiento a ningún proyecto de ley aprobado por el Parlamento desde 1708 , [168] y se acepta por convención vinculante que todos los deberes y poderes constitucionales han pasado al primer ministro , al Parlamento o a los tribunales. [169] Durante el siglo XVII, el Parlamento hizo valer la Petición de Derechos para evitar cualquier imposición por parte del monarca sin el consentimiento del Parlamento, y la Ley de Habeas Corpus de 1640 negó al monarca cualquier poder para arrestar a las personas por no pagar impuestos.
La continua afirmación del monarca del derecho divino a gobernar condujo a la ejecución de Carlos I en la Guerra Civil Inglesa y, finalmente, a la liquidación del poder en la Declaración de Derechos de 1689. Tras el Acta de Unión de 1707 y una temprana crisis financiera cuando las acciones de la Compañía de los Mares del Sur se desplomaron, Robert Walpole emergió como una figura política dominante. Liderando la Cámara de los Comunes desde 1721 hasta 1742, Walpole es generalmente reconocido como el primer primer ministro ( Primus inter pares ). Las funciones modernas del primer ministro incluyen liderar el partido político dominante, establecer prioridades políticas, crear ministerios y nombrar ministros, jueces, pares y funcionarios públicos. El primer ministro también tiene un control considerable a través de la convención de responsabilidad colectiva (que los ministros deben apoyar públicamente al gobierno incluso cuando discrepan en privado o dimiten) y el control sobre las comunicaciones del gobierno al público.
En cambio, en el derecho, como es necesario en una sociedad democrática, [170] el monarca es una figura decorativa sin poder político, [171] pero con una serie de deberes ceremoniales y una financiación considerable. Aparte de la riqueza y las finanzas privadas , [172] la monarquía se financia con arreglo a la Ley de Subvenciones Soberanas de 2011 , que reserva el 25 por ciento de los ingresos netos del Patrimonio de la Corona . [173] El Patrimonio de la Corona es una corporación pública y gubernamental, [174] que en 2015 tenía 12.000 millones de libras en inversiones, principalmente tierras y propiedades, y, por tanto, genera ingresos cobrando alquiler a empresas o personas por las viviendas. [175] Los principales deberes ceremoniales del monarca son nombrar al primer ministro , que puede comandar la mayoría de la Cámara de los Comunes , [176] dar el asentimiento real a las leyes del Parlamento y disolver el Parlamento tras la convocatoria de elecciones. [177]
Los deberes ceremoniales menores incluyen dar audiencia al Primer Ministro, así como a los ministros o diplomáticos visitantes de la Commonwealth, y actuar en ocasiones de estado, como pronunciar el " discurso del Rey " (escrito por el gobierno, que describe su plataforma política) en la apertura del Parlamento. El apoyo público a la monarquía sigue siendo alto, con solo el 21% de la población prefiriendo una república. Sin embargo, por otro lado, se ha argumentado que el Reino Unido debería abolir la monarquía , sobre la base de que la herencia hereditaria de los cargos políticos no tiene cabida en una democracia moderna. En Australia se celebró un referéndum en 1999 para convertirse en una República , pero no se obtuvo una mayoría. [178] [179]
Aunque se denomina prerrogativa real , una serie de poderes importantes que antes estaban conferidos al rey o a la reina ahora son ejercidos por el gobierno, y en particular por el primer ministro . Se trata de poderes de gestión cotidiana, pero estrictamente restringidos para garantizar que el poder ejecutivo no pueda usurpar al Parlamento o a los tribunales. En el caso de las Prohibiciones de 1607, [180] se sostuvo que la prerrogativa real no podía utilizarse para decidir casos judiciales, y en el caso de las Proclamaciones de 1610 se sostuvo que el ejecutivo no podía crear nuevos poderes de prerrogativa. [181]
También es evidente que ningún ejercicio de la prerrogativa puede comprometer ningún derecho contenido en una ley del Parlamento. Así, por ejemplo, en el caso R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union, el Tribunal Supremo sostuvo que el Primer Ministro no podía notificar a la Comisión Europea su intención de abandonar la Unión Europea en virtud del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea sin una ley del Parlamento, porque ello podría dar lugar a la retirada de derechos concedidos en virtud de la Ley de las Comunidades Europeas de 1972 , como el derecho a trabajar en otros Estados miembros de la UE o a votar en las elecciones al Parlamento Europeo . [182]
Aunque los poderes de prerrogativa real pueden clasificarse de diferentes maneras, [183] hay alrededor de 15. [184] Primero, el ejecutivo puede crear títulos hereditarios, conferir honores y crear pares. [185] Segundo, el ejecutivo puede legislar mediante una Orden en Consejo, aunque esto se ha llamado una "supervivencia anacrónica". [186] Tercero, el ejecutivo puede crear y administrar planes de beneficios financieros. [187] Cuarto, a través del Fiscal General, el ejecutivo puede detener los procesamientos o indultar a los delincuentes condenados después de recibir asesoramiento. [188] Quinto, el ejecutivo puede adquirir más territorio o alterar los límites de las aguas territoriales británicas. [189] Sexto, el ejecutivo puede expulsar extranjeros y teóricamente restringir que las personas abandonen el Reino Unido. [190] Séptimo, el ejecutivo puede firmar tratados, aunque antes de que se considere ratificado, el tratado debe presentarse ante el Parlamento durante 21 días y no debe haber ninguna resolución en contra. [191] En octavo lugar, el ejecutivo gobierna las fuerzas armadas y puede hacer "todas aquellas cosas en caso de emergencia que sean necesarias para la conducción de la guerra". [192]
El ejecutivo no puede declarar la guerra sin el Parlamento por convención, y en cualquier caso no tiene esperanza de financiar la guerra sin el Parlamento. [193] Noveno, el Primer Ministro puede nombrar ministros, jueces, funcionarios públicos o comisionados reales. Décimo, el monarca no necesita pagar impuestos, a menos que la ley lo establezca expresamente. [194] Undécimo, el ejecutivo puede crear corporaciones, como la BBC, [195] y franquicias para mercados, transbordadores y pesquerías. [196] Duodécimo, el ejecutivo tiene el derecho de extraer metales preciosos y tomar tesoros. Decimotercero, puede hacer monedas. Decimocuarto, puede imprimir o licenciar la versión autorizada de la Biblia, el Libro de Oración Común y los documentos estatales. Y decimoquinto, sujeto al derecho de familia moderno , puede tomar la tutela de los niños. [197]
Además de estos poderes de prerrogativa real, existen innumerables poderes explícitamente establecidos en las leyes que permiten al ejecutivo realizar cambios legales. Esto incluye un número cada vez mayor de cláusulas de Enrique VIII , que permiten a un Secretario de Estado alterar disposiciones de la legislación primaria. Por esta razón, se ha sostenido a menudo que la autoridad ejecutiva debería reducirse, incluirse en la ley y nunca utilizarse para privar a las personas de derechos sin el Parlamento. Sin embargo, todos los usos de la prerrogativa están sujetos a revisión judicial: en el caso GCHQ, la Cámara de los Lores sostuvo que ninguna persona podía verse privada de expectativas legítimas mediante el uso de la prerrogativa real. [198]
Aunque el Primer Ministro es el jefe del Parlamento, el Gobierno de Su Majestad está formado por un grupo más grande de miembros del Parlamento, o pares. El " gabinete " es un grupo aún más pequeño de 22 o 23 personas, aunque sólo veinte ministros pueden ser remunerados. [199] Cada ministro normalmente dirige un Departamento o Ministerio, que puede ser creado o renombrado por prerrogativa. [200] Los comités del Gabinete suelen ser organizados por el Primer Ministro. Se espera que cada ministro siga la responsabilidad colectiva, [201] y el Código Ministerial de 2010. Esto incluye reglas que establecen que los Ministros "deben comportarse de una manera que defienda los más altos estándares de propiedad", "dar información precisa y veraz al Parlamento", dimitir si "conscientemente engañan al Parlamento", ser "lo más abiertos posible", no tener posibles conflictos de intereses y dar una lista completa de intereses a un secretario permanente, y sólo "permanecer en el cargo mientras conserven la confianza del Primer Ministro". [202]
Los ministros asistentes son un servicio civil moderno y una red de organismos gubernamentales, que son empleados a placer de la Corona. [202] El Código del Servicio Civil requiere que los funcionarios públicos muestren "altos estándares de comportamiento", defiendan los valores fundamentales de "integridad, honestidad, objetividad e imparcialidad", y nunca se coloquen en una posición que "podría razonablemente verse como que compromete su juicio personal o integridad". [203] Desde la Ley de Libertad de Información de 2000 , se ha esperado que el gobierno sea abierto sobre la información y que la revele cuando se lo solicite, a menos que la divulgación comprometa los datos personales, la seguridad o pueda ir en contra del interés público. [204] De esta manera, la tendencia ha sido hacia una gobernanza más abierta, transparente y responsable.
La constitución de los gobiernos regionales británicos es un mosaico no codificado de autoridades, alcaldes, consejos y gobiernos descentralizados. [206] En Gales , Escocia , Irlanda del Norte y Londres, los consejos de distrito o municipio unificados tienen poderes de gobierno local y, desde 1998 hasta 2006, las nuevas asambleas regionales o parlamentos ejercen poderes adicionales delegados desde Westminster. En Inglaterra , hay 55 autoridades unitarias en las ciudades más grandes (por ejemplo, Bristol, Brighton, Milton Keynes) y 36 municipios metropolitanos (que rodean Liverpool, Manchester, Leeds, Birmingham, Sheffield y Newcastle) que funcionan como autoridades locales unitarias.
En otras partes de Inglaterra, el gobierno local está dividido en dos niveles de autoridad: 32 consejos de condado más grandes y, dentro de ellos, 192 consejos de distrito, cada uno de los cuales comparte diferentes funciones. Desde 1994, Inglaterra ha tenido ocho regiones para fines administrativos en Whitehall, pero éstas no tienen gobierno regional ni asamblea democrática (como en Londres, Escocia, Gales o Irlanda del Norte) después de que fracasara un referéndum en 2004 sobre la Asamblea del Noreste . Esto significa que Inglaterra tiene uno de los sistemas de gobierno más centralizados y desunificados de la Commonwealth y de Europa.
Tres cuestiones principales en el gobierno local son la financiación de las autoridades, sus poderes y la reforma de las estructuras de gobernanza. En primer lugar, los ayuntamientos recaudan ingresos a partir del impuesto municipal (que se cobra a los residentes locales según los valores de las propiedades en 1993 [207] ) y de los impuestos comerciales que se cobran a las empresas que operan en la localidad. Estos poderes, en comparación con otros países, limitan enormemente la autonomía del gobierno local, y los impuestos pueden ser sometidos a un referéndum local si el Secretario de Estado determina que son excesivos. [208]
En términos reales desde 2010, el gobierno central ha recortado la financiación de los consejos locales en casi un 50 por ciento, y el gasto real ha caído un 21 por ciento, ya que los consejos no han podido compensar los recortes mediante los impuestos a las empresas. [209] Las autoridades unitarias y los consejos de distrito son responsables de administrar el impuesto municipal y los impuestos a las empresas. [210] Los deberes de los gobiernos locales británicos también son extremadamente limitados en comparación con otros países, pero también no están codificados, de modo que en 2011 el Departamento de Comunidades y Gobierno Local enumeró 1340 deberes específicos de las autoridades locales. [211] En general, la sección 1 de la Ley de Localismo de 2011 establece que las autoridades locales pueden hacer cualquier cosa que una persona individual pueda hacer, a menos que lo prohíba la ley, pero esta disposición tiene poco efecto porque los seres humanos o las empresas no pueden gravar o regular a otras personas de la forma en que deben hacerlo los gobiernos. [212]
La sección 101 de la Ley de Gobierno Local de 1972 dice que una autoridad local puede desempeñar sus funciones a través de un comité o cualquier funcionario, y puede transferir funciones a otra autoridad, mientras que la sección 111 otorga a las autoridades el poder de hacer cualquier cosa, incluido el gasto o el endeudamiento, "que esté calculado para facilitar, o sea propicio o incidental al desempeño de cualquiera de sus funciones". Sin embargo, los deberes reales del consejo local se encuentran en cientos de leyes e instrumentos estatutarios dispersos. Estos incluyen los deberes de administrar el consentimiento de planificación , [213] llevar a cabo compras obligatorias de acuerdo con la ley, [214] administrar la educación escolar, [215] bibliotecas, [216] cuidar a los niños, [217] mantenimiento de carreteras o autopistas y autobuses locales, [218] brindar atención a los ancianos y discapacitados, [219] prevenir la contaminación y garantizar un aire limpio, [220] garantizar la recolección, reciclaje y eliminación de desechos, [221] regular los estándares de construcción, [222] proporcionar vivienda social y asequible, [223] y refugios para las personas sin hogar. [224]
Local authorities do not yet have powers common in other countries, such as setting minimum wages, regulating rents, or borrowing and taxing as is necessary in the public interest, which frustrates objectives of pluralism, localism and autonomy.[225] Since 2009, authorities have been empowered to merge into 'combined authorities' and to have an elected mayor.[226] This has been done around Manchester, Sheffield, Liverpool, Newcastle, Leeds, Birmingham, the Tees Valley, Bristol and Peterborough. The functions of an elected mayor are not substantial, but can include those of Police and Crime Commissioners.[227]
Scotland, Wales and Northern Ireland have their own devolved governments and national parliament, similar to state or provincial governments in other countries. The extent of devolution differs in each place. The Scotland Act 1998 created a unicameral Scottish Parliament with 129 elected members each four years: 73 from single member constituencies with simple majority vote, and 56 from additional member systems of proportional representation. Under section 28, the Scottish Parliament can make any laws except for on 'reserved matters' listed in Schedule 5. These powers, reserved for the British Parliament, include foreign affairs, defence, finance, economic planning, home affairs, trade and industry, social security, employment, broadcasting, and equal opportunities.
By convention, members of the British Parliament from Scottish constituencies do not vote on issues that the Scottish Parliament has exercised power over.[228] This is the most powerful regional government so far. The Northern Ireland Act 1998 lists which matters are transferred to the Northern Ireland Assembly. The Government of Wales Act 1998 created a 60-member national assembly with elections every four years, and set out twenty fields of government competence, with some exceptions. The fields include agriculture, fisheries, forestry and rural development, economic development, education, environmental policy, health, highways and transport, housing, planning, and some aspects of social welfare.[229] The Supreme Court has tended to interpret these powers in favour of devolution.[230]
Codification of human rights is recent, but before the Human Rights Act 1998 and the European Convention on Human Rights, British law had one of the world's longest human rights traditions. Magna Carta bound the King to require Parliament's consent before any tax, respect the right to a trial "by lawful judgment of his Peers, or by the Law of the Land", stated that "We will sell to no man, we will not deny or defer to any man either Justice or Right", guaranteed free movement for people, and preserved common land for everyone.[232]
After the English Civil War the Bill of Rights 1689 in England and Wales, and the Claim of Rights Act 1689 in Scotland, enshrined principles of representative democracy, no tax without Parliament, freedom of speech in Parliament, and no "cruel and unusual punishment". By 1789, these ideas evolved and inspired both the US Bill of Rights, and the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen after the American and French Revolutions. Although some labelled natural rights as "nonsense upon stilts",[233] more legal rights were slowly developed by Parliament and the courts. In 1792, Mary Wollstonecraft began the British movement for women's rights and equality,[234] while movements behind the Tolpuddle Martyrs and the Chartists drove reform for labour and democratic freedom.[235]
Upon the catastrophe of World War II and The Holocaust, the new international law order put the Universal Declaration of Human Rights 1948 at its centre, enshrining civil, political, economic, social and cultural rights.[236] In 1950, the UK co-authored the European Convention on Human Rights, enabling people to appeal to the European Court of Human Rights in Strasbourg even against Acts of Parliament: Parliament has always undertaken to comply with basic principles of international law.[237]
Because this appeals process was long, Parliament legislated to "bring rights home" with the Human Rights Act 1998, so that people can raise human rights claims in British courts based on the Convention directly. The Convention contains the rights to life, rights against torture, against forced labour, to marry, to an effective remedy, and the right to suffer no discrimination in those rights.[238] Most case law concerns the rights to liberty, privacy, freedom of conscience and freedom of expression, and to freedom of association and assembly.[239] The UK also enshrines rights to fair labour standards, social security, and a multitude of social and economic rights through its legislation.
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Administrative law, through judicial review, is essential to hold executive power and public bodies accountable under the law. In practice, constitutional principles emerge through cases of judicial review, because every public body, whose decisions affect people's lives, is created and bound by law. A person can apply to the High Court to challenge a public body's decision if they have a "sufficient interest",[240] within three months of the grounds of the cause of action becoming known.[241] By contrast, claims against public bodies in tort or contract, where the Limitation Act 1980 usually sets the period as 6 years.[242]
Almost any public body, or private bodies exercising public functions,[243] can be the target of judicial review, including a government department, a local council, any Minister, the Prime Minister, or any other body that is created by law. The only public body whose decisions cannot be reviewed is Parliament, when it passes an Act. Otherwise, a claimant can argue that a public body's decision was unlawful in five main types of case:[244] (1) it exceeded the lawful power of the body, used its power for an improper purpose, or acted unreasonably,[245] (2) it violated a legitimate expectation,[246] (3) failed to exercise relevant and independent judgement,[247] (4) exhibited bias or a conflict of interest, or failed to give a fair hearing,[248] and (5) violated a human right.[249]
As a remedy, a claimant can ask for the public body's decisions to be declared void and quashed (or certiorari), or it could ask for an order to make the body do something (or mandamus), or prevent the body from acting unlawfully (or prohibition). A court may also declare the parties' rights and duties, give an injunction, or compensation could also be payable in tort or contract.[250]
The history of the British constitution, though officially beginning in 1800,[252] traces back to a time long before the four nations of England, Scotland, Wales and Ireland were fully formed.[253] Before the Norman Invasion of 1066, the written history of law was scant.[254]
Following the conquest, according to the legal record Laws of Edward the Confessor,[255] in 1070 William the Conqueror, on the advice of the King's Council (Curia Regis), summoned nobles learned in the law from all parts of the country in order to learn the established laws and customs. After hearing from 12 men from each county on oath, he expressed the wish to establish Norse law as the common law in England under one monarch, because his ancestors and those of his Norman barons all came from Norway. He was, however, persuaded by those summoned, that the laws of the Britons, English and Picts should remain in force 'because it was hard to adopt laws and to judge according to those that they did not know'. It is recorded that 'Finally, by the counsel and at the request of his barons, he acquiesced' and authorised and confirmed the laws as they were under Edward the Confessor.
The Domesday Book was compiled in 1086 cataloguing all land and labour to levy taxes. Just 12 per cent of people were free, while the feudal system made others serfs, slaves or bordars and cottars.[256]
Henry II, who became the monarch in 1154, established the common law by creating a unified system of law "common" to the country.
In 1190 Richard the Lionheart, more closely tied with the Pope in Rome, joined the Third Crusade to invade the Holy Land, but at great cost. Taxes levied by Richard I,[257] and his successor King John to pay for the wars led to intense discontent, and the aristocracy forcing the King to sign Magna Carta 1215. This was a commitment to hold 'common counsel' before any taxation, hold courts at a fixed place, hold trials according to law or before an accused's peers, guarantee free movement of people for trade, and give back common land.[258]
Failure to abide by Magna Carta led to the First Barons' War, and the popular legend of Robin Hood emerged: a returned crusader who robbed from the rich to give to the poor.[259] The commitments on common land were soon recast in the Charter of the Forest 1217, signed at St Paul's by Henry III.[260] These documents established that the monarch, even with apparent authority from God, was bound by law, and it remains 'the nearest approach to an irrepealable "fundamental statute" that England has ever had.'[261]
Throughout the Middle Ages, common land was a source of welfare for common people, peasant labourers bound by a feudal system of control. In 1348, the Black Death struck England, and killed around a third of the population. As peasants lost their lords, and there was a shortage of workers, wages rose. The King and Parliament responded with the Statute of Labourers 1351 to freeze wage rises. This led to the Peasants' Revolt of 1381, where leaders demanded an end to feudalism, and for everything to be held in common.[262] Despite the revolt's violent repression, slavery and serfdom broke down,[263] yet most people remained without any substantial liberty, in political or economic rights. As sheep farming became more profitable than agricultural work, enclosures of common land dispossessed more people, who turned into paupers and were punished.[264]
Under Henry VIII, to seal a divorce from Catherine of Aragon and marry Anne Boleyn (who he soon beheaded for supposed infidelity), the Church of England was declared separate from Rome in the Act of Supremacy 1534, with the King as the head. The Law in Wales Act 1535 united Wales and England in one administrative system, while the King became ever more despotic, executing the Lord Chancellor, Sir Thomas More in 1535, and Dissolution of the monasteries and murdering those who resisted. After Henry VIII died, and power struggles following the death of his boy Edward VI at age 15,[265] Elizabeth I, the daughter of Henry VIII and Anne Boleyn, took the throne in 1558. Half a century of prosperity followed as Elizabeth I avoided wars, and founded corporations including the East India Company to monopolise trade routes. Under her successor, James I, further companies were created to colonise North America, including the London Company and the Virginia Company in 1606, and the Massachusetts Bay Company in 1628. Many religious dissidents left England to settle the new world.
While Elizabeth I maintained a Protestant church, under her successor James VI and I, who unified the Scottish and English Crowns, religious and political tensions grew as he asserted a divine right of Kings.[266] This prompted a series of cases from Sir Edward Coke,[267] the Chief Justice of the Common Pleas and then King's Bench courts, which denied that the King could pass judgment in legal proceedings,[268] and held that the royal prerogative was subject to the law and cannot be expanded.[181] Coke CJ went even further in Dr Bonham's case, holding that even that "the common law will control Acts of Parliament".[269] Though supported by some judges,[270] the idea that common law courts could nullify Acts of Parliament was rejected, and the common law was formally placed under the King's control in the Earl of Oxford's case, establishing that equity (then administered by the Lord Chancellor in the House of Lords) was above common law.[271]
Coke fell from favour,[272] and was removed from judicial office. When Charles I succeeded to the throne in 1625, and more fervently asserted a divine right, including the ability to levy tax without Parliament,[273] Coke and others presented the Petition of Right 1628.[274] This demanded the King to abide by Magna Carta, levy no tax without Parliament, not arbitrarily commit people to prison, not have martial law in times of peace, and not billet soldiers in private homes. Charles I responded by shutting down or proroguing Parliament and taxing trade (or "ship money") without authority. The country descended into the English Civil War in 1642 culminating in the capture and execution of King Charles I on Whitehall in 1649 by the New Model Army led by Oliver Cromwell.[275]
Cromwell, not wishing to become a King, became a de facto dictator. After his death,[276] the monarchy was restored with Charles II in 1660, but his successor James VII and II again attempted to assert divine right to rule. In 1688, Parliament 'invited' a replacement King and Queen, William and Mary of Orange, and after a brief conflict forced James II out.[277] Known as the Glorious Revolution, Parliament proclaimed a new Bill of Rights 1689, with a Claim of Right Act 1689 in Scotland, that cemented Parliamentary sovereignty. As well as reaffirming Magna Carta, it says the 'pretended power of suspending laws or the execution of laws by regal authority without consent of Parliament is illegal', that 'election of members of Parliament ought to be free', and that 'Parliament ought to be held frequently'.[278] The justification for government itself, encapsulated by John Locke in his Second Treatise on Government was the protection of people's rights: "lives, liberties and estates."[279]
With Parliamentary sovereignty as the cornerstone of the new constitution, Parliament proceeded to set up a system of finance in the Bank of England Act 1694 and the Act of Settlement 1700 created an independent system of justice: judges were salaried and could not be removed except by both Houses of Parliament, no member of the House of Commons could be paid by the Crown, and the Crown had to be Anglican. In 1703, Ashby v White established that the right to vote was a constitutional right.[280] The Acts of Union 1707, ratifying the Treaty of Union 1707, between the then-independent states of Scotland and England, resulted in them both merging their states to create a new state, Great Britain, and dissolving their parliaments to create a new Parliament, which gave Scottish electors representation in Westminster. The Treaty also stipulated that Scottish private law would continue under a Scottish court system.[281]
The new union was soon faced with disaster as in the Treaty of Utrecht, Spain granted the Asiento de Negros to Britain, allowing British merchants to sell slaves in Spanish America. The South Sea Company, incorporated to monopolise the asiento license, became the object of mass financial speculation, provoked by government ministers interested in its rising share price. When it transpired, contrary to promoters' stories, that no trade was done because the Spanish had revoked their promise the stock market crashed, driving economic chaos.[282]
This was made worse by the decision of conservative politicians to endorse the company to take over the national debt as an alternative financier to the government over the Whig dominated Bank of England. The result of the crash was that the Chancellor of the Exchequer was imprisoned in the Tower of London for his corruption, the Postmaster General committed suicide, and the disgraced Lord Chancellor was replaced with Lord King LC who promptly ruled that people in a position of trust must avoid any possibility of a conflict of interest.[283][284] Out of the chaos, Robert Walpole emerged as a stable political figure who for 21 years held a majority of the House of Commons, and is now considered the first "Prime Minister".[285]
In 1765, Entick v Carrington established that the government could do nothing but that which was empowered by law,[286] while the first teacher of English law, William Blackstone represented the standard view in his Commentaries on the Laws of England that slavery was unlawful and that "the spirit of liberty is so deeply ingrained in our constitution" any person enslaved in England must be freed. However, the Atlantic slave trade had accelerated to the North American colonies. In 1772, when Lord Mansfield ruled in Somerset v Stewart that slavery was unlawful at common law,[287] this set off a wave of outrage in the southern colonies of America, whose economies were heavily dependent on slavery. Together with northern colonies' grievances over taxation without representation, this led to the American Revolution and declaration of independence in 1776.[288] The British military failed to hold control. Instead, it began settling Australia from 1788.[289]
In 1789, the French Revolution broke out, and the French King was deposed with demands for "liberty, equality and fraternity". The British aristocracy reacted with repression on free speech and association to forestall any similar movement.[290] While figures like Jeremy Bentham called natural rights "nonsense upon stilts",[291] Mary Wollstonecraft called for A Vindication of the Rights of Woman as well as men, arguing that unjust gender and class oppression flowed from "the respect paid to property... as from a poisoned fountain".[292] While successful in the Napoleonic Wars in defeating France, and cementing union with Ireland in the Act of Union 1800,[293] liberty, freedom and democracy were scarcely protected in the new "United Kingdom".
During this time, with the invention of the steam engine the Industrial Revolution had begun. Poverty had also accelerated through the Speenhamland system of poor laws by subsidising employers and landowners with parish rates. The Corn Laws from 1815 further impoverished people by fixing prices to maintain landowner profits.[294] While the Great Reform Act 1832 extended the vote slightly, only those with property had any representation in Parliament. The 1833 Slavery Abolition Act abolished slavery within the British Empire, compensating slave owners and made ex-slaves in the colonies work for their owners for four to six years as indentured servants without pay; this was abolished in 1838 after public outcry. With the Poor Law Amendment Act 1834, further punishment for poverty was inflicted as people were put into work houses if found to be unemployed. In R v Lovelass a group of agricultural workers who formed a trade union were prosecuted and sentenced to be transported to Australia under the Unlawful Oaths Act 1797,[295] triggering mass protests.
A movement called Chartism grew demanding the right to vote for everyone in free and fair elections. As the great famine hit Ireland and millions migrated to the United States, Chartists staged a mass march from Kennington Common to Parliament in 1848 as revolutions broke out across Europe, and the Communist Manifesto was drafted by German revolutionary Karl Marx and Manchester factory owner Friedrich Engels. While the Crimean War distracted from social reform and Viscount Palmerston opposed anything,[296] the American Civil War of 1860 to 1865 ended slavery in the US, and the UK gradually enabled greater political freedom.
In the Second Reform Act 1867 more middle class property owners were enfranchised, the Elementary Education Act 1870 provided free primary school, and the Trade Union Act 1871 enabled free association without criminal penalty.[297] The Representation of the People Act 1884 reduced the property qualification further, so that around one third of men in Britain could vote. However, the act did not establish universal suffrage; 40% of men and all women could not vote.[298][299]
From the start of the 20th century, Britain underwent vast social and constitutional change, beginning with an attempt by the House of Lords to suppress British trade unions.[300] In response, the labour movement organised to support representatives in Parliament, and in the 1906 general election won 29 seats and supported the Liberal Party's programme of reform. This included a legal guarantee of the right of unions to collectively bargain and strike for fair wages,[301] an old age pension,[302] a system of minimum wages,[303] a People's Budget with higher taxes on the wealthy to fund spending. After a further election brought by the House of Lords blocking reform, Parliament pass a National Insurance system for welfare,[304] and the Parliament Act 1911 prevented the House of Lords blocking legislation for more than two years, and removed the right to delay any money bills.[305]
Despite this, the Liberal government, against the opposition of Labour, armed for and entered the First World War. At the end of the War, with millions dead, Parliament passed the Representation of the People Act 1918 which enabled every adult male the vote, although it was only after the mass protest of the Suffragettes that the Representation of the People (Equal Franchise) Act 1928 enabled all women to vote, and that the UK became democratic. The War also triggered uprising in Ireland, and an Irish War of Independence leading to the partition of the island between the Republic of Ireland in the south and Northern Ireland in the Government of Ireland Act 1920.
The Versailles Treaty at the end of the War demanded German reparations, beggaring the country through the 1920s and upon the Great Depression leading to a fascist collapse under Hitler.[306] The failed international law system, was replaced following the Second World War with the United Nations where the UK held a permanent seat on the UN Security Council. However the British Empire began to crumble as decolonization occurred in Asia, Africa and the Americas. To prevent any recurrence of the Holocaust and war, the Council of Europe was established to draft the European Convention on Human Rights in 1950. Further it was seen that the only way to prevent conflict was through economic integration. The European Economic Community, which became the European Union in 1992, was supported by Winston Churchill with the UK to be "at the centre",[35] although it did not enter until the European Communities Act 1972.
Under Margaret Thatcher, significant cuts were made to public services, labour rights, and the powers of local government, including abolishing the Greater London Council. However some powers were restored with extensive devolution of power in the Scotland Act 1998, Northern Ireland Act 1998, Greater London Authority Act 1999 and the Government of Wales Act 2006. After many years of armed conflict in Northern Ireland, the Good Friday Agreement of 1998 brought peace. The Human Rights Act 1998 empowered courts to apply Convention rights without the need for claimants to take cases to the Strasbourg court. The House of Lords Act 1999 reduced but did not eliminate hereditary peers. Since a financial crisis of 2007–2008,[307] a Conservative and Liberal Democrat coalition launched a programme of "austerity" cuts, and cemented their term in the Fixed-term Parliaments Act 2011. After 2015, however, early elections were held anyway in 2017, following a referendum on EU membership that resulted in 51.89 per cent of people favouring to leave, and 48.11 per cent of voters favouring to remain.
Aspects of the British constitution were adopted in the constitutions and legal systems of other countries around the world, particularly those that were part of, or formerly part of, the British Empire including the United States and those countries that adopted the Westminster parliamentary system. The British constitution is the source of the modern concepts of the rule of law, parliamentary sovereignty and judicial independence and adoption of British constitutional principles propagated their spread around the world.[308][309][310][311] One of the oldest constitutional systems in the world, dating back over one thousand years, it is characterised by the stability of its governing institutions, its capacity to absorb change, a bicameral legislature and the concept of responsible government.[312]
The legal scholar Eric Barendt argues that the uncodified nature of the United Kingdom constitution does not mean it should not be characterised as a "constitution", but also claims that the lack of an effective separation of powers, and the fact that parliamentary sovereignty allows Parliament to overrule fundamental rights, makes it to some extent a "facade" constitution.[313] Lord Scarman presents a spirited argument for a written constitution for the UK, but still refers to the 1688 compromise and resulting Acts of Parliament as a constitution.[314]
A. V. Dicey identified that ultimately "the electorate are politically sovereign," and Parliament is legally sovereign.[315] Barendt argues that the greater political party discipline in the House of Commons that has evolved since Dicey's era, and the reduction in checks on governmental power, has led to an excessively powerful government that is not legally constrained by the observance of fundamental rights.[313] A Constitution would impose limits on what Parliament could do. To date, the Parliament of the UK has no limit on its power other than the possibility of extra-parliamentary action (by the people) and of other sovereign states (pursuant to treaties made by Parliament and otherwise). It has been commented by Dicey that formally, the British Parliament was limited by the terms of the international treaties that created it in the first place. His comment that it would be imprudent for the British Parliament to try and abolish Scots Law for example, has been criticised judicially as "cynical" but was written in the high Victorian era when Parliament was grappling with the concept of Irish Home Rule, strongly opposed by many politicians at the time.[citation needed]
Proponents of a codified constitution argue it would strengthen the legal protection of democracy and freedom.[316] As a strong advocate of the "unwritten constitution", Dicey highlighted that English rights were embedded in the general English common law of personal liberty, and "the institutions and manners of the nation".[317] Opponents of a codified constitution argue that the country is not based on a founding document that tells its citizens who they are and what they can do. There is also a belief that any unwarranted encroachment on the spirit of constitutional authority would be stiffly resisted by the British people, a perception expounded by the 19th century American judge Justice Bradley in the course of delivering his opinion in a case heard in Louisiana in 1873: "England has no written constitution, it is true; but it has an unwritten one, resting in the acknowledged, and frequently declared, privileges of Parliament and the people, to violate which in any material respect would produce a revolution in an hour."[318]
The Labour government under prime minister Tony Blair instituted constitutional reforms in the late 1990s and early-to-mid 2000s.[319] The effective incorporation of the European Convention on Human Rights into British law through the Human Rights Act 1998 has granted citizens specific positive rights and given the judiciary some power to enforce them. The courts can advise Parliament of primary legislation that conflicts with the Act by means of "Declarations of Incompatibility" – however Parliament is not bound to amend the law nor can the judiciary void any statute – and it can refuse to enforce, or "strike down", any incompatible secondary legislation. Any actions of government authorities that violate Convention rights are illegal except if mandated by an Act of Parliament.
Changes also include the Constitutional Reform Act 2005 which alters the structure of the House of Lords to separate its judicial and legislative functions. For example, the legislative, judicial and executive functions of the Lord Chancellor are now shared between the Lord Chancellor (executive), Lord Chief Justice (judicial) and the newly created post of Lord Speaker (legislative). The role of Law Lord (a member of the judiciary in the House of Lords) was abolished by transferring them to the new Supreme Court of the United Kingdom in October 2009.
Gordon Brown launched a "Governance of Britain" process when he took over as PM in 2007. This was an ongoing process of constitutional reform with the Ministry of Justice as lead ministry. The Constitutional Reform and Governance Act 2010 is a piece of constitutional legislation. It enshrines in statute the impartiality and integrity of the British Civil Service and the principle of open and fair recruitment. It enshrines in law the Ponsonby Rule which requires that treaties are laid before Parliament before they can be ratified.
The Coalition Government formed in May 2010 proposed a series of further constitutional reforms in their coalition agreement. Consequently, the Parliamentary Voting System and Constituencies Act 2011 and the Fixed-term Parliaments Act 2011 were passed, though the government of Boris Johnson subsequently repealed the latter in 2022. The Acts were intended to reduce the number of MPs in the House of Commons from 650 to 600, change the way the UK is divided into parliamentary constituencies, introduce a referendum on changing the system used to elect MPs and take the power to dissolve Parliament away from the monarch. The Coalition also promised to introduce law on the reform of the House of Lords. In the referendum, the Alternative Vote system was rejected by 67% to 33%, and therefore all reforms regarding the voting system were dropped.[320] Conservatives forced the government to drop House of Lords reforms, and the Liberal Democrats said they would refuse to support changes to the boundaries of constituencies, as they believed such changes favoured the Conservatives.
true it was, that God had endowed His Majesty with excellent science, and great endowments of nature; but His Majesty was not learned in the laws of his realm of England, and causes which concern the life, or inheritance, or goods, or fortunes of his subjects.
Articles 18 and 19
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