Los obispos o gobernadores que no cumpliesen esta medida serían multados durante las primeras dos ocasiones, y en caso de reincidir en una tercera ocasión serían desterrados del país.
Por su parte, el obispo de Monterrey, José María de Jesús Belaunzarán y Ureña anunció estar dispuesto a pagar las multas y padecer el destierro, antes que cumplir la nueva ley.
La rebelión del pueblo costó algunas vidas, pero logró impedir el cumplimiento de la ley.
Cinco días más tarde publicó un manifiesto mediante el cual comunicó a la población la división enconada que prevalecía entre reformistas y conservadores, así mismo se declaró imparcial y dispuesto a hacer cumplir la Constitución para conservar los derechos de los ciudadanos.
[17] Consternados, los miembros de las Cámaras enviaron una comisión para preguntar al presidente si tenían o no libertad para legislar.
Santa Anna respondió: "la tienen, para obrar lo justo y no más, porque en una mano he de tomar la Constitución y en la otra la espada para hacerla observar, pues así como tuve resolución para atacar la tiranía, la tendré para combatir la demagogia".
El Congreso basó su decisión en el artículo 69 del reglamento interno y extendió una prórroga para reunirse.
Ante los reclamos de los legisladores, Santa Anna replicó que las sesiones no podían continuar fuera del período señalado por la Constitución.
[22] Varios ayuntamientos del país continuaron adhiriéndose al plan y respaldando la decisión de Santa Anna.
El 26, se permitió el pase del recién nombrado obispo de Yucatán, José María Guerra y Rodríguez Correa.
Antes de la proclamación del Plan de Cuernavaca, la milicia cívica había proclamado un plan local para sostener la religión católica y había exhortado a la Legislatura local a declarar lo mismo.
El gobernador, Cosme Furlong, contaba solamente con tres mil hombres, los cuales fueron sitiados por las tropas federales del general Luis Quintanar que sumaban siete mil efectivos y treinta cañones.
[26] El 16 de julio, los sitiadores entablaron negociaciones con los representantes del gobernador, Agustín M. Callejo, Juan José Sánchez y el presbítero Apolinario Zacarías.
Después de largas discusiones con el general Luis Quintanar, partieron a la capital para entrevistarse con el presidente.
Cosme Furlong cedió el gobierno del Estado al general Victoria.