«La primera legislatura estuvo centrada en grandes debates políticos en torno a los derechos civiles y sociales, el modelo territorial, la negociación con ETA y la memoria histórica; la segunda, en cambio, quedó marcada por la crisis económica, que se llevó por delante todos los proyectos del Gobierno.
Sin embargo, la investigación de la policía pronto se inclinó por la pista del terrorismo islamista vinculado a Al-Qaeda —responsable de los atentados del 11-S—, aunque el gobierno mantuvo que la principal hipótesis seguía siendo ETA.
[3] La primera decisión que adoptó el nuevo gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero fue ordenar la retirada de las tropas españolas de Irak, cumpliendo así lo prometido durante la campaña electoral.
[8] En las movilizaciones contra estas reformas tuvo especial protagonismo la jerarquía de la Iglesia católica en España, que contó con el apoyo del papa Juan Pablo II que llegó a «denunciar públicamente al gobierno de Zapatero por impulsar el laicismo y la indiferencia religiosa».
[13] Poco después de haber rechazado el 1 de febrero de 2005 en el Congreso de los Diputados —con el apoyo del PP— el Plan Ibarretxe que proponía convertir al País Vasco en un «Estado libre asociado» a España,[14] Rodríguez Zapatero, sin consultarlo previamente con el líder del PP Mariano Rajoy, anunció que estaba dispuesto a «dialogar» con ETA para poner fin al terrorismo si mostraba una clara disposición a abandonar la violencia.
[18] «El proceso de paz, que en algunos aspectos no estuvo bien diseñado por parte del Gobierno, no dio los resultados esperados, pero generó las condiciones para que la izquierda abertzale decidiera distanciarse del terrorismo.
[19] Cuando el PSOE llegó al gobierno se encontró con una economía en plena expansión, iniciada a mediados de los años noventa del siglo anterior.
El ciclo expansivo continuó durante casi toda la legislatura obteniendo en algunos parámetros mejores resultados que en la «era de Aznar».
Por otro lado el gobierno no acometió la reforma fiscal que había prometido durante la campaña electoral.
Una vez acabada la gran regularización de 2005 —que también fue criticada por la Unión Europea ya que no se le había consultado— el gobierno decidió endurecer su política inmigratoria para evitar la entrada de nuevos «ilegales».
El gobierno de Zapatero continuó con esta política: mantuvo la desgravación por vivienda y solo en 2007 reformó la ley del suelo.
[25] Por su parte, el PP creció en votos —sobrepasando los 10 millones— y en diputados (158), pero no logró su objetivo de desalojar a Rodríguez Zapatero del poder, por lo que el liderazgo de Mariano Rajoy fue cuestionado, abriéndose así una crisis interna que solo se resolvió en el congreso del partido celebrado en junio en Valencia y en el que Rajoy salió reelegido al frente de un PP renovado.
Se abstuvieron CiU (10 diputados), PNV (6), Coalición Canaria (2), BNG (2) y Nafarroa Bai (1).
Así en lugar de avanzar hacia el «pleno empleo» como Rodríguez Zapatero había prometido en la campaña electoral, la economía española entró en recesión y el paro se disparó, inicialmente en el sector de la construcción —la burbuja inmobiliaria española también estalló— y luego en el resto.
[26] Inicialmente el presidente se negó a utilizar la palabra «crisis» y prefirió hablar de «desaceleración del crecimiento», lo que provocó «una ruptura entre Zapatero y una opinión pública que, por lo general, había apoyado anteriormente su gestión.
Para hacer frente a las dificultades ya no pudieron recurrir al mercado exterior como habían hecho hasta entonces a causa de la crisis internacional, por lo que restringieron el crédito, con el consiguiente impacto recesivo sobre la actividad económica, agravando con ello la crisis.
El gobierno aprobó la reforma del mercado de trabajo en septiembre de 2010 con el propósito de hacerlo más «flexible» pero evitando al mismo tiempo el abaratamiento del despido, lo que no contentó ni a los sindicatos ni a la patronal —entre otras medidas se extendió el despido procedente, con una indemnización de 20 días por año trabajado, a los casos en los que las empresas que tuvieran pérdidas «actuales o previstas» y se estableció una duración máxima para los contratos de obra, para impedir que se utilizaran como contratos indefinidos sin los derechos que acarreaban éstos—.
En el verano de 2011 la situación se hizo insostenible y el Banco Central Europeo se decidió a actuar comprando deuda pública española e italiana —cuya prima de riesgo también se había disparado, como anteriormente la de Grecia, Portugal e Irlanda, lo que les había obligado a pedir el «rescate europeo»—.
[43] La profunda crisis económica se tradujo en una crisis política desde el momento en que la falta de confianza en la capacidad del gobierno para afrontarla se trasladó al toda la «clase política» y al conjunto del sistema.
Como ha señalado Ignacio Sánchez-Cuenca, «cuando la tasa de paro se dispara y hay tanta gente sin ningún horizonte laboral, cunde el desánimo y la irritación que se canaliza a los políticos.
[…] Y lo mismo vale para el empobrecimiento de amplias capas de la población, los desahucios, la pobreza energética, la desnutrición infantil y otros problemas sociales que han surgido durante la crisis: todos ellos constituyen una razón muy poderosa para que el ciudadano se sienta fuertemente decepcionado con la política».
Lo que García de Cortázar y González Vesga han llamado el «particular vía crucis del PSOE» comenzó en marzo de 2009 cuando se celebraron las elecciones a los Parlamentos gallego y vasco.
Aunque en Euskadi el socialista Patxi López fue investido como lehendakari —gracias al apoyo de los diputados del PP—, en Galicia el Partido Popular encabezado por Alberto Núñez Feijoo consiguió la mayoría absoluta y desalojó del poder a la coalición PSG-BNG que había gobernado Galicia desde 2005.
Sin embargo, la renuncia de Zapatero no evitó el descalabro socialista ya que el PSOE se situó 10 puntos por debajo del Partido Popular.
Posiblemente el triunfo más significativo del PP fue el de Castilla-La Mancha, una comunidad autónoma que desde su constitución había estado gobernada por el PSOE y que ahora pasaba a presidirla la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
[50] Tras las elecciones municipales y autonómicas se abrió el proceso de primarias en el PSOE para que los militantes eligieran al candidato del partido a la presidencia del gobierno en las próximas elecciones generales.
[51] Sin embargo, «a la vista de los [desastrosos] resultados del 20-N, no parece que el liderazgo de Rubalcaba consiguiera suavizar la derrota traumática y sin paliativos que ese día se produjo».
Cuatro meses después se celebraron las elecciones al parlamento catalán que ganó CiU y su líder Artur Mas fue investido como nuevo presidente de la Generalidad.
[56][58] En el País Vasco el parlamento aprobó por estrecho margen el proyecto del lehendakari Juan José Ibarretxe de convocar una consulta sobre el «derecho a decidir» del «pueblo vasco» pero fue anulada por el Tribunal Constitucional.
En este sentido, Sánchez Cuenca afirma que «el Gobierno acabó con el terrorismo de ETA».