Ley de Economía Sostenible

[1]​[2]​ Sin embargo, el apartado del anteproyecto que tuvo mayor resonancia entre la opinión pública por la polémica que suscitó, fue la denominada ley Sinde (por el apellido compuesto de la ministra de Cultura Ángeles González-Sinde Reig), que en la redacción original se incluía en la disposición final segunda (que pasó a ser la disposición final cuadragésima tercera en el texto definitivo),[3]​[4]​[5]​[6]​ relativa a la regulación de sitios web y la protección de la propiedad intelectual.[18]​ Para el ministro de Fomento, José Blanco, esta ley no iba a ser una varita mágica que fuera a cambiar la economía española, y señaló que la mejoría del mercado laboral iba a depender directamente del esfuerzo inversor de las compañías en investigación, añadiendo que «en estos momentos no podemos ser conservadores.[20]​ Según José Luis Rodríguez Zapatero la norma era «coherente con el conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno para cambiar el modelo económico» y útil para conseguir un aumento de la competitividad, así como «nuevas respuestas inmediatas» a la crisis.Sin embargo, desde entonces, tanto sus objetivos como sus motivaciones se han diversificado, abordándose temas tales como la ley de partidos o la corrupción política.El origen de la Ley lo encontramos en el programa “Andalucía Sostenible”, una iniciativa impulsada por la Junta que será el primer paso del proceso cambio del actual patrón de crecimiento económico que el Gobierno pretende extender a toda España.Ante las críticas de la oposición, el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido en más de una ocasión al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, «que se lea la Ley a fondo» porque «no se pueden despachar las cosas con esa ligereza.Por ejemplo el expresidente andaluz y Ministro de Cooperación Territorial, Manuel Chaves, explicaba que uno de los principales objetivos es «cambiar el modelo económico, ya que no se puede continuar con el mismo».[27]​ Desde el PSOE, su Secretaria de Organización, Leire Pajín, asegura que será el «perfecto revulsivo para cambiar el modelo de crecimiento y llevar España otra vez a la Champions League».A su juicio sería «fundamental que se definiera una política industrial asociada al cambio tecnológico», ya que «debería ser el pivote sobre el cual se haría el cambio de la economía productiva».Así, Josu Erkoreka, el portavoz del PNV, censura al presidente la cascada publicitaria por una ley “con tan poco contenido”.Además, esta iniciativa casa con la presidencia de la Unión Europea que ostenta España desde principios de 2010 y permite al Gobierno Español tener una respuesta de aprobación ante sus socios europeos, sobre todo Francia[37]​ y Reino Unido,[38]​ que habían empezado a adoptar medidas restrictivas respecto a las descargas no autorizadas desde hace varios años.Incluso, la Coalición ha mandado cartas[40]​ al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, exigiendo respeto por la profesión e instando a que el Ejecutivo tomara medidas en el asunto.En un primer momento, el anteproyecto de ley daba plenas facultades a la comisión para cerrar las webs, pero el gran revuelo ocasionado obligó al presidente Zapatero a intervenir y asegurar que “no se cerrará ninguna web sin orden judicial”.[cita requerida] La organización de cosumidores FACUA ha criticado desde el primer momento esta ley.[49]​ La asociación envió al parlamento español más de 30.000 firmas apoyando el documento.[52]​ FACUA recordó además que "numerosas resoluciones judiciales dejan claro que facilitar o publicar enlaces externos a obras no constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual".Técnicamente, y según informe redactado por la consultora PricewaterhouseCoopers,[56]​ la ley tendrá que hacer frente a dificultades como las siguientes: Contrarios a la ley Sinde, también se han pronunciado miembros de partidos políticos, abogados y hasta alguna gran empresa.Los partidos políticos que han manifestado una postura claramente contraria son Izquierda Unida,[57]​ Unión Progreso y Democracia (UPyD),[58]​ Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs)[59]​ y el Partido Pirata.Siempre ha defendido tanto en términos legales como en discursos accesibles para todos el derecho a compartir cultura y conocimiento.Lleva años tratando y publicando en su página web personal, casos de denuncias a usuarios y responsables de páginas dónde había enlaces a archivos que los propios usuarios compartían.Es, además, uno de los impulsores del movimiento ciberactivista #NoLesVotes, junto a otros.Con ello pretenden dejar claro y ejemplificar lo injusta e innecesaria que perciben dicha ley.La iniciativa asegura que habría delito, que según el artículo 404 del código penal «se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.»[cita requerida] En esta misma línea, otra medida más propuesta, es que los ciudadanos deberán acudir a los tribunales internacionales en caso de ser penalizados por la ley Sinde, para condenar al Estado español, ya que la ONU considera la libertad en Internet un derecho fundamental.