Sin embargo, ante la incapacidad demostrada por Arias Navarro, Juan Carlos nombró en julio de 1976 al franquista reformista Adolfo Suárez nuevo jefe del Gobierno para que llevara adelante el proceso de transición a la democracia sin que se produjera ninguna «ruptura» con el «régimen anterior».
Fue así como surgió la Ley para la Reforma Política que fue aprobada por las Cortes franquistas y revalidada en referéndum en diciembre de 1976.
Según esta nueva ley fundamental se convocaban elecciones libres a unas Cortes elegidas democráticamente.
Los aspectos demográficos, económicos, sociales y culturales serán tratados en sendos artículos que aún no han sido redactados.
[11] La decepción se atenuó cuando se conoció la composición del Gobierno, en el que aparecían las más destacadas figuras del «reformismo» franquista como Manuel Fraga Iribarne, José María de Areilza y Antonio Garrigues y Díaz Cañabate.
Por eso también fue conocido como «reforma en la continuidad» y su base de apoyo sería lo que entonces se llamó «franquismo sociológico».
[17] Con la oposición democrática no se pensaba negociar ni pactar ningún elemento esencial del proceso y de las elecciones quedarían excluidos los «totalitarios», en referencia a los comunistas.
Inmediatamente se declaró una huelga general en el País Vasco y en Navarra en solidaridad con las víctimas que tuvo un enorme seguimiento —también en otras zonas—.
[37][44][45] La Reforma política, e implícitamente la Monarquía y su gobierno, quedaban así legitimados por el voto popular.
[88][89] El resultado no satisfizo a ninguno de los dos grandes partidos ya que las cosas quedaron como estaban en 1977.
[95][94] Sin embargo, en el Congreso Extraordinario celebrado en septiembre de 1979, Felipe González fue aclamado por los delegados y la definición marxista del partido fue suprimida.
Sin embargo, el sector democristiano no quedó satisfecho e inició «una rebelión en toda regla».
En segundo lugar, porque por primera vez se producía la alternancia política propia de las democracias, gracias al libre ejercicio del voto por los ciudadanos.
[147] Sin embargo la situación económica y política que le legó el gobierno de Calvo Sotelo era muy complicada.
Hasta 1987 los atentados de los GAL causaron 28 víctimas mortales, en su inmensa mayoría en el llamado «santuario francés».
[165] Los socialistas se propusieron la integración plena de España en Europa,[166] pero cuando llegaron al gobierno las negociaciones para el ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE) continuaban bloqueadas a causa de la pausa en la ampliación impuesta por el presidente francés Giscard d'Estaing.
Los sectores más afectados fueron la siderurgia y la construcción naval, especialmente las sobredimensionadas empresas públicas heredadas del franquismo.
[181] En este contexto se produjo la ruptura de UGT y el PSOE por primera vez en su historia.
[187][188] Felipe González convocó elecciones generales para octubre de 1989, en las que volvió a renovar la mayoría absoluta pero esta vez por un solo escaño.
En un principio Alfonso Guerra se negó a dimitir[191] y la dirección del PSOE le apoyó,[192] pero finalmente Felipe González no tuvo otra salida que destituirlo en enero de 1991.
[200] Además ese mismo año tuvo lugar una huelga general convocada por UGT y Comisiones Obreras como protesta por el «decretazo» del gobierno que recortaba las prestaciones por desempleo.
[225][226][227] La finalidad última de estas medidas era cumplir con los requisitos impuestos por la Unión Europea para poder adoptar la nueva moneda común, el euro.
Pero pocos días después, el 10 de julio, se producía un hecho que abriría una nueva etapa en la historia del «conflicto vasco».
La prensa comenzó a utilizar el término «espíritu de Ermua» para explicar aquella inmensa movilización social antiterrorista.
Un mes después José Luis Rodríguez Zapatero fue investido como quinto presidente del Gobierno de la democracia.
[267] En las movilizaciones contra estas reformas tuvieron un especial protagonismo diversas organizaciones católicas y la propia jerarquía eclesiástica española.
Sin embargo, gran parte de ella era el resultado de un movimiento especulativo en torno al «ladrillo» ya que muchas personas no compraban las viviendas para habitarlas sino para colocar sus ahorros esperando venderlas más tarde a un precio superior.
El Estado tuvo que aportar dinero público a través del FROB para sanear algunas de ellas y hacer posible las fusiones.
Cuatro meses después se celebraron las elecciones al parlamento catalán que ganó CiU y su líder Artur Mas fue investido como nuevo presidente de la Generalidad.
La noticia desató una enorme polémica que obligó al rey a pedir disculpas cuando abandonó la clínica.