La Ciudad de Buenos Aires contaba además con representación en ambas cámaras del Congreso Nacional, al igual que las provincias.
[2][3] Durante la administración colonial española la Intendencia de Buenos Aires, que abarcaba la ciudad y la campaña, había sido gobernada por el Cabildo.
[6] Durante todo el período posterior, hasta 1852, la ciudad fue administrada directamente por el gobernador provincial.
Los integrantes de la Municipalidad serían electos con el mismo principio que los diputados del Congreso y el presidente municipal sería designado, junto a dos suplentes, por el Presidente de la Confederación.
[10] Por otra parte, se establecía que pertenecían a la Municipalidad "las casas de temporalidades y los demás bienes del extinguido Cabildo", así como todos los terrenos públicos "baldíos, alquilados o en enfiteusis", y las rentas pagadas por el distrito municipal a excepción de correos y aduanas.
También quedaba habilitada la Municipalidad para establecer impuestos directos, multas y peajes con aprobación del Congreso Nacional.
La norma disponía la federalización del territorio de la Municipalidad, que estaría integrada por trece municipales titulares y cinco suplentes, manteniendo la integración de funciones ejecutivas y legislativas.
Al Oeste, una línea que, limitando los terrenos conocidos en el mismo plano con los nombres de Marcos y Lumb, termine en el ángulo sudoeste de este último terreno, y desde aquí por una línea que termine en el ángulo sudoeste del terreno designado con el nombre de Arroyo, y desde este punto hacia el este hasta tocar el ángulo noroeste del terreno Albin; desde aquí, en dirección al sud por la calle que limita las propiedades Paso Bejerano, Roy y Pereyra, hasta la intersección con la calle de la Arena; y de este punto, una recta hasta el puente Alsina.
De acuerdo a la nomenclatura actual, el territorio del Municipio quedaría así limitado por el perímetro formado por las calles Córdoba, Medrano, Castro Barros, Venezuela, Boedo y Sáenz entre el Arroyo Maldonado y el Riachuelo.
El presidente del Consejo Central sería electo entre sus miembros "por votación nominal y a simple mayoría".
[13] En 1905 la ley 5098 precisó la duración del mandato del Intendente Municipal en tres años —entonces el mandato presidencial era de seis—, con posibilidad de ser vuelto a designar en forma sucesiva.
En los nuevos territorios habitaban poco más de 25.000 personas en terrenos mayormente rurales.
[21] Nación y Provincia firmaron un convenio estableciendo los nuevos límites en 1943 que fue finalmente ratificado en 1949 por la Legislatura provincial a través de la ley 5448.
El padrón electoral sería confeccionado por una comisión que integraba a los principales contribuyentes del municipio.
Entre ellos se encontraban Ezequiel Paz, Ángel Gallardo, Antonio Lanusse, Marcelino Herrera Vegas, Saturnino Unzué y Miguel Martínez de Hoz.
[17] En 1916 se realizaron las primeras elecciones presidenciales con sufragio universal, secreto y obligatorio, hecho que acabó con el conocido como régimen oligárquico y llevó a la elección del radical Hipólito Yrigoyen.
Sin integrantes, la comisión se tornó inexistente hasta que en noviembre de 1918 se realizaron elecciones municipales con sufragio universal[19] que permitieron la reinstauración del Concejo Deliberante.
El presidente de facto dispuso que el intendente absorbiera las funciones legislativas.
[17] En 1932 se realizaron elecciones con limitadas garantías de transparencia que permitieron la reinstalación del Concejo Deliberante.
[17] El golpe conocido como Revolución de 1943 volvió a disolver el Concejo Deliberante y, con algunas excepciones, entregó sus funciones al intendente.
[2][19][23] En 1948 un proyecto que no prosperó planteaba reemplazar al Intendente por un Comisionado y al Concejo Deliberante por una Comisión, según la idea de que el "sentido genuino" de la Constitución Nacional suponía fortalecer el gobierno del Presidente en la Capital Federal.
[17] Al mismo tiempo, los diputados radicales presentaron un proyecto opuesto, que propugnaba incluso la elección directa del intendente.
[19] Según Berman, "cuando se planteaba que su gobierno debía ser exclusiva responsabilidad de los poderes nacionales, el argumento no postulaba a la municipalidad como una repartición más.
Por el contrario, se aclaraba que dicha disposición resultaba fundamental para salvaguardar la soberanía popular".
[17] Durante este período la Municipalidad asumió la administración de los subterráneos, las escuelas primarias y algunos hospitales, transferidos por el gobierno nacional.
En 1985 Alfonsín se negó a sancionar una ley impulsada por diputados radicales que implicaba un fortalecimiento del papel de los consejos vecinales.
Las propuestas de reforma se vieron constantemente estancadas por los desacuerdos políticos entre la Unión Cívica Radical, tradicionalmente fuerte en el distrito, y el peronismo en el poder.
[13] Según afirmó entonces Raúl Alfonsín, "la ciudad de Buenos Aires no será una provincia en sentido estricto ni tampoco un municipio, sino una ciudad-estado autónoma, asiento del gobierno federal".