Escándalo de la CHADE
La derrota alemana en la Primera Guerra Mundial le había traído a la CATE problemas financieros de los que no pudo reponerse.
Pese a su nombre, los capitales españoles no eran mayoritarios en la empresa, que se había constituido en España por razones de estrategia empresarial.
Alvear finalizó su mandato en 1928, oportunidad en la que Yrigoyen volvió a ganar las elecciones por una amplia mayoría.
El tema fue analizado por la Comisión de Servicios Públicos presidida por Germinal Rodríguez, un socialista independiente.
Las conclusiones de las investigaciones y dictámenes expusieron graves incumplimientos e irregularidades de las empresas eléctricas, que en algunos casos constituían delitos penales o riesgos a la seguridad pública.
Sobre esa base se prepararon tres proyectos sancionando severamente a la CHADE y la CIAE, controlando las tarifas, verificando los costos de producción y mandando a investigar las cobranzas indebidas.
[14] La CHADE contraatacó con grandes solicitadas en los principales diarios, que a su vez ocultaron la posición de los usuarios, viéndose obligada la Comisión a crear un boletín para difundir su punto de vista,[1] que fue denominado La Electri-cultura Argentina.
El intercambio telegráfico entre la casa central y su subsidiaria en Buenos Aires es muy claro:
En 1935 la Unión Cívica Radical levantó la abstención y decidió participar en las elecciones, ganando en la Capital Federal al año siguiente.
El objetivo exclusivo del viaje era realizar reuniones del más alto nivel con el fin de sobornar a los políticos claves que pudieran garantizar la renovación de las concesiones para la CHADE-CADE en las condiciones más favorables.
Está probado que Heineman sobornó al entonces ministro de Hacienda y futuro presidente Roberto Marcelino Ortiz.
El 8 de octubre de 1936 la CHADE-CADE presentó una propuesta al Concejo Deliberante para extender la concesión 25 años más (desde 1957), con opción a otros 25 y dejar sin efecto las cláusulas que no había cumplido.
Pocos días después la CIAE (Italo) presentó una propuesta similar, evidentemente acordada con la CHADE.
El soborno de los concejales radicales era tan evidente que se solía denominarlos como «los chadistas».
Alvear, que debía enfrentar el financiamiento de su candidatura a presidente del año siguiente, intervino personalmente para neutralizar al partido.
[23] En 1942 FORJA publicó la primera investigación sobre el escándalo de las concesiones eléctricas, realizada por Jorge Del Río.
Entre sus principales integrantes se encontraban Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, Homero Manzi, Jorge Del Río, Luis Dellepiane, Juan B. Fleitas y Gabriel del Mazo, entre otros.
[26] Del Río había presidido la organización de consumidores que en 1932 denunció las maniobras ilegales realizadas por las empresas eléctricas, dando inicio al escándalo.
Del Río mismo sería asesor de la Comisión Investigadora del Grupo ANSEC, que presidió por el teniente coronel Alfredo Intzaurgarat,[28] donde fue autor del dictamen que fundamentó la caducidad de las concesiones eléctricas otorgadas a esa empresa en las ciudades de Tucumán, Paraná, Santa Fé, Córdoba, San Luis y Jujuy.
[29] Durante el gobierno peronista fue designado como primer abogado de la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica.
[29] En 1951 redactó la sección de economía social y cooperativismo del Segundo Plan Quinquenal.
[33][34] Norberto Galasso opina que la CADE siguió operando con «excesiva impunidad» durante su gobierno.
[36] La CADE y la CIAE, no fueron nacionalizadas durante el gobierno de Perón (1946-1955), pero sí resultó nacionalizada la ANSEC, que tenía la explotación del servicio eléctrico en la mayor parte del país.
En 1955 tomó el poder una dictadura autodenominada Revolución Libertadora luego de derrocar al gobierno constitucional presidido por Juan D. Perón.
[39] Pocos meses después asumió la presidencia Arturo Frondizi, candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) que se definía a sí misma como "anticadista".
[42] Respecto de las tarifas el acuerdo estableció que las mismas debían garantizar una ganancia no inferior al 8% anual.
El decreto fue firmado también por los ministros Roberto Alemann (que en 1979 estaría involucrado en la venta al Estado argentino de la Ítalo) y Jorge Wehbe.
[44] Durante el tercer peronismo (1973 y 1976), se creó una Comisión para investigar las irregularidades cometidas en torno a la Ítalo, que debió haber finalizado su concesión en 1962.
Los hallazgos y pruebas fueron remitidos al Poder Judicial que no condenó a nadie, por los delitos allí establecidos.
Otras causas sospechaban la posibilidad que en su desaparición hubieran estado involucrados Martínez de Hoz y Guillermo Walter Klein.
