La CIAE se mantuvo como empresa privada, aunque bajo régimen de concesión nacional.
Finalmente, el desgaste de la infraestructura desembocó en una grave crisis de abastecimiento durante los años 1988 y 1989, caracterizada por significativos cortes programados en todo el Sistema Interconectado Nacional.
Durante el Gobierno de Carlos Menem se aprobó la desintegración vertical del esquema en tres segmentos (generación, transmisión y distribución) para su posterior privatización.
Antes del surgimiento de Segba en 1958, el servicio eléctrico en Buenos Aires había sido prestado por diversas empresas.
La Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (CATE), había acordado una concesión por 50 años en 1907.
[9] Esta Constitución fue derogada en 1956, pocos meses después de iniciada la dictadura autodenominada Revolución Libertadora.
[13] En los años cincuenta se crea también la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica).
Además a través del Primer Plan Quinquenal se llevaron a cabo un conjunto de importantes obras públicas, en el área energética y las industrias pesada y minera, acompañándolos con un mejoramiento en la infraestructura, es decir en los transportes, caminos y obras hidroeléctricas, destinadas a modernizar la infraestructura del país, necesaria para el proceso de industrialización acelerado que su Gobierno desarrollista promovía.
Paralelamente se inició la construcción 6 diques-usinas en Córdoba, 6 en Catamarca, 4 en Río Negro y 3 en Mendoza.
Las obras más importantes fueron los diques Florentino Ameghino, Las Pirquitas, Los Molinos y La Florida.
[18] estableciéndose así las bases de lo que sería SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires).
[12] Pocos meses después asumió la presidencia Arturo Frondizi, candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) que se definía a sí misma como "anticadista".
[21] Respecto de las tarifas el acuerdo estableció que las mismas debían garantizar una ganancia no inferior al 8% anual.
[20] La CIAE no integró SEGBA y se mantuvo como empresa privada sometida al régimen de concesión.
El Estado se convertía en avalista de los préstamos que tomara la CIAE.
[30] En 1972 se inaugura y entra en servicio la central hidroeléctrica de Cabra Corral.
[32] La experiencia de autogestión concluye en 1976, cuando el nuevo Gobierno militar desplaza al personal sindicalizado y designa a un Interventor.
[33] El mismo año comienza la construcción de la Central Nuclear Embalse en Córdoba.
Según el dictamen, su aprobación por decreto no era suficiente para conferirle eficacia; y era violatorio del régimen de las actividades eléctricas, todo lo cual ocasionaba su nulidad absoluta.
Un mes después, mediante el Decreto 223 del 27 de abril de 1976, se crean las llamadas Comisiones Asesoras Honorarias, cuyo objeto era el análisis y la formulación de posibles soluciones a los «diferendos planteados entre el Estado Nacional y diversas empresas privadas, nacionales y extranjeras».
[47] Un mes después, el Decreto N.º 1.139/1979 formalizó la fusión de la CIAE y SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires Sociedad Anónima).
Algunos de ellos fueron reconvertidos a fin de adaptarse a otras funciones, como los que actualmente albergan el centro cultural Usina del Arte o el Museo del Holocausto.
[59] El sector eléctrico se particionó en tres segmentos: generación, transmisión y distribución.
[60] Tanto la actividad transportista como la de distribución, pasaron a ser monopolios privados.
La distribución de electricidad se dividió en tres áreas, controladas por EDENOR, EDESUR y EDELAP.
(DISTRILEC), integrado por Pérez Companc, Chilectra, Enersis, Endesa Chile, PSI y TAICO.
La familia Caputo incursionó definitivamente en el terreno energético a partir de ese momento.