San Martín detuvo a sus tropas en Rancagua, en el actual territorio chileno, y dictó la llamada Acta de Rancagua, en la que desconocía la autoridad del Directorio para darle semejantes órdenes; Belgrano, por su parte, pactó con las fuerzas federales de José Gervasio Artigas, mientras el Ejército del Norte se sublevaba, poniéndose a las órdenes del gobernador cordobés.

La muerte de Quiroga en Barranca Yaco dio final a esta iniciativa, que sin embargo había logrado plasmarse en 1831 en el Pacto Federal, suscrito inicialmente por Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe en 1831, al que se suscribirían paulatinamente las restantes provincias.

Rosas no respondió siquiera a la propuesta, pero otros caudillos federales, en especial Justo José de Urquiza, le darían pábulo.

En el capítulo XIV Alberdi sostiene que los países americanos deben mirar a Europa como fuente de cultura, comercio y población, y sobre todo de futuro, en términos que según algunos autores llegan hasta la discriminación racial aunque esta postura también ha sido cuestionada tanto como por autores como por el propio Alberdi:[7]​[8]​[9]​

Alberdi pensaba en una población de 50 millones de personas que debían venir espontáneamente, libremente, por las garantías que la Constitución debía dar para proteger su propiedad, su libertad, la libre circulación, la tolerancia religiosa y un amplio acceso a la tierra.

Sin embargo Alberdi subraya una y otra vez que la población argentina debe configurarse básicamente como anglo-sajona:

XXVI: «Todo gobierno nacional es imposible con la capital en Buenos Aires»); insiste en que los constituyentes carezcan de mandatos (Cap.

El control personal de los asuntos por Urquiza duró hasta septiembre, cuando este partió a Santa Fe para las sesiones de la Convención Constituyente, junto con los diputados electos Salvador María del Carril y Eduardo Lahitte, dejando al general José Miguel Galán como gobernador provisorio.

El 22 del mismo mes revocarían su adhesión al acuerdo, rechazarían la autoridad de Urquiza y enviarían al general José María Paz para intentar extender la revuelta al interior; no lo lograron, pero el amplio apoyo con que contaban hizo desistir a Urquiza de su intención de reprimir la revuelta, e intentó negociar con los sublevados, enviando a Federico Báez para tratar con ellos.

Los pactantes de San Nicolás, sin embargo, habían preferido dar igual peso a los criterios del marginado interior.

Las diferencias se expresarían en los principales diferendos acerca del diseño constitucional, que radicarían sobre todo en la cuestión religiosa y en la actitud a tomar frente al problema porteño.

La comisión encargada de la redacción del proyecto no tardó en reunirse; la componían Leiva, el porteño Juan María Gutiérrez (diputado por Entre Ríos), el abogado santiagueño José Benjamín Gorostiaga, y los correntinos Pedro Díaz Colodrero y Pedro Ferré (este último diputado por Catamarca).

Junto con fray Pérez, el presbítero Centeno y Díaz Colodrero, fueron los únicos en votar en bloque en contra del anteproyecto.

El boicot emprendido por los porteños había encendido la ya tradicional enemistad entre capital e interior, azuzada durante los años del rosismo por la mano de hierro con que se había gobernado el país en favor del campo porteño.

Dicho Preámbulo tiene valor interpretativo para la doctrina constitucional argentina, y hace referencia a los fines perseguidos por el Estado Federal.

Se reconoce la preexistencia histórica de las provincias argentinas, principales organizadoras del régimen federal.

En el proyecto de Alberdi se afirmaba explícitamente que cada diputado representaría a la entidad política que lo había elegido —la provincia— y no directamente al pueblo, pero esta aclaración no se incorporó al texto de Santa Fe.

Para evitar la interferencia del ejecutivo en la actividad del Congreso, los legisladores gozaban de inmunidad ante interrogación judicial por lo expresado en su función, y no podían ser arrestados salvo in flagrante delicto; solo la propia cámara estaba facultada para revocar estos privilegios y dar curso a la investigación de un juez competente.

Según la socióloga Hilda Sábato, la Constitución Nacional establecía implícitamente el voto universal de hombres adultos,[14]​ criterio que siguió la primera ley nacional electoral, la n°140 de 1857, estableciendo el voto cantado no obligatorio sólo para hombres.

Se aproximaba mucho más al proyecto alberdiano, que fijaba un titular y un suplente por cada provincia.

Si no contaba con el acuerdo del Congreso al dictarlas, estas medidas caducaban automáticamente a los 10 días.

La tradición de juramentar las constituciones tuvo pasos similares que obedecen a la profunda tradición hispanas desde los primeros actos a principios del siglo XIX y prosiguiendo su práctica por varias décadas del siglo decimonónico.

Pero la gran similitud radica en las formas y contenidos religiosos, los que coinciden en los siguientes pasos como la celebración de Misa antes o después del acto juramental, los posteriores festejos y la libertad a los reos condenados por delitos que no importen pena capital.

Entre estos ciudadanos se hallan funcionarios miembros de los tres poderes del Estado, militares, eclesiásticos, ciudadanos de distintos estratos sociales, inclusive numerosos apellidos indios sin castellanizar como Araró, Gueyapy, Mburayá, Caá Caray, Mburayá, Payeyú, Yrá, Guayuparé, Guarepí, Mbaipi, Bareyú, entre otros.

Políticamente, los sectores más conservadores cuestionarían el régimen democrático y recurrirían a las Fuerzas Armadas para derrocar sistemáticamente a los gobiernos elegidos por voto popular, en una sucesión de golpes de estado que recién se detendría en 1983.

Ambas alternativas adoptan la misma estructura, expuesta con magistral retórica en la exhortación sarmientina: Civilización o barbarie.

La posición de Buenos Aires resultó clara desde un principio: rica sobre todo por sus ingresos aduaneros, y con su principal clase productiva, la burguesía saladerista, comprometida también con el intercambio mercantil con Europa, tendió a inclinar la balanza hacia la apertura irrestricta.

Basándose en la Constitución se formó el primer gobierno nacional que tuvo autoridad sobre casi todas las provincias en más de treinta años, desde la Anarquía del Año XX.

Para los radicales, un partido liberal nacido a fines del siglo XIX, la Constitución representó un ideal político incumplido, y la enarbolaron para oponerse a los gobernantes conservadores de la Generación del 80, quienes se perpetuaban en el poder mediante el fraude electoral.

En sus diversos frentes, la cuestión sigue abierta, y ha inspirado varias de las más importantes obras acerca del pensamiento argentino.