Elecciones regionales y municipales de Perú de 2002

[1]​ Se sometieron a elección 25 presidencias regionales, 194 alcaldías provinciales y 1634 distritales.La novedad en este proceso electoral fue la creación de los gobiernos regionales, electos por voto popular.Sin embargo, los demás partidos fueron incapaces de construir un proyecto político que trascendiera el final del fujimorato.Estos movimientos ofrecieron una plataforma para que los líderes locales presentaran sus candidaturas sin la necesidad de integrarse a los partidos nacionales establecidos.Estas listas, con frecuencia, resultaban más atractivas para los electores a nivel local que los partidos, con candidatos con discursos sobre las necesidades y problemáticas específicas de sus comunidades; este enfoque localista contrastaba con los discursos más amplios y, a veces, abstractos de los partidos.La situación política nacional estaba alterada tras las elecciones generales de 2001, ganadas por Perú Posible y su líder, Alejandro Toledo, elegido presidente.Sin embargo, las demandas sociales y las protestas contra la privatización llevaron a una caída masiva en la aprobación gubernamental, alcanzando mínimos históricos.Somos Perú, aliado ocasional del gobierno, adoptó la estrategia de mantener los espacios municipales ganados por sus candidatos durante el régimen fujimorista.Perú Posible apenas obtuvo uno, mientras que Unidad Nacional no ganó en ninguna circunscripción.Los partidos lograron una destacada participación en las capitales departamentales, con el aprismo ganando en once provincias (Chachapoyas, Arequipa, Huamanga, Cajamarca, Ica, Huancayo, Trujillo, Maynas, Pasco, Piura y Moyobamba) y el accionpopulismo en una (Chiclayo).Vamos Vecino prácticamente desapareció del panorama político, Perú Posible tuvo poca aceptación por parte del electorado y pasó de ser el partido más votado en las generales de 2001 a ocupar el cuarto lugar.La elección se realizó en base al sufragio universal, que comprende a todos los ciudadanos nacionales mayores de dieciocho años, empadronados y residentes en la provincia o el distrito y en pleno goce de sus derechos políticos, así como a los ciudadanos no nacionales residentes y empadronados en la provincia o el distrito.