Estado de Quito

Las abdicaciones no fueron bien recibidas por los vasallos de la monarquía española, resistiendo la ocupación y rechazando a la nueva casa dinástica inicida con José Bonaparte.

Si bien en América ya se había establecido una junta autónoma en 1808 en Montevideo y otros proyectos habían fracasado en México y Cuba, esta declaración dio paso a la posibilidad legítima de que en América se formaran juntas similares, como sucedería en distintos lugares.

En Popayán, el alférez real Gabriel de Santacruz contestó lo siguiente:[4]​ Solo las ciudades más cercanas, como Ibarra, Ambato y Riobamba, se sumaron inicialmente al movimiento quiteño, pero prontamente se organizó una contrarrevolución desde Riobamba.

Mientras, las ciudades vecinas como Guayaquil, Cuenca, y Popayán organizaban fuerzas militares para frenar el avance de los quiteños.

En efecto, el virrey Abascal no veía con buenos ojos el accionar de Montúfar, y le escribía una misiva que rezaba: «(...) desconociéndole como Comisionado del Rey, pues no he recibido ninguna comunicación al respecto.

[13]​ La Carta Fundamental confirma la división de poderes, la primacía del catolicismo, y la lealtad al rey Fernando VII.

Para la administración del país, este Supremo Congreso debía nombrar a la autoridad gubernamental, que estaría dividida en tres poderes diferentes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a ser ejercidos por cuerpos o personas diferentes.

El Poder Ejecutivo estaría integrado por un Presidente del Estado, tres Asistentes y dos Secretarios con voto informativo.

Este paso era decisivo, pues no escondía el rechazo a la injerencia extranjera, ya sea de los dos virreinatos que rodeaban a Quito, o del mismo Rey de España en asuntos internos.

Es entonces que, habiéndose puesto en cuestión la autoridad del rey español y habiendo desaparecido su soberanía real por efecto de la invasión napoleónica a España, el poder y la soberanía que fueron transitorio encargo divino a la realeza, volvieron a radicarse en el pueblo, en quien originariamente reside tal potestad.

Finalmente, la Constitución aclaraba que durante el tiempo que durase en sus funciones, el Presidente del Estado recibiría un sueldo de cuatro mil pesos, los Asistentes mil quinientos pesos y los dos Secretarios mil pesos en cada año, que se les contribuirían del Erario o fondo público.

La duración de sus funcionarios nunca pasaría de dos años ni existía reelección hasta pasados dos turnos; se exceptuaba el caso en que la totalidad de los votos del Congreso aclamasen el mérito y la necesidad de algún individuo, pero solo para el ejercicio del mismo poder que había ejercido anteriormente, sin que puedan volver a ser aclamados por segunda vez sin haber pasado al menos un turno.

Era peculiar y privativo del Legislativo el arreglar toda especie de tasas, contribuciones y derechos que debían exigirse, tanto en la cantidad como en el monto de su recaudación.

Sin el consentimiento y permiso de la Legislatura, ningún particular ni corporación podía imponer o exigir contribución alguna.

Estas discusiones debían públicas, y sin esta cualidad cualquiera sanción era nula; debía fijarse en público una copia del proyecto y las reformas propuestas, otorgando tres días para que todos los ciudadanos que quisieran presentar sus memorias u observaciones y reflexiones, lo hiciesen por medio del Secretario.

El Poder Legislativo tenía sesiones ordinarias tres días en cada semana, de tres horas cada una; y se juntaría en sesión extraordinaria siempre y cuando el Presidente del Estado lo mande.

Ejercía su poder sobre todos los casos o cosas que las leyes dispusiesen con respecto a las extinguidas Audiencias sobre las materias civiles y criminales contenciosas, salvo las reservadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Algunas cifras corresponden a un estimado basado en el Censo del año 1784, la fecha más próxima al nacimiento del Estado de Quito:[18]​ Las provincias a su vez se dividían, en orden descendente, en localidades, parroquias y barrios.

En todos los casos se respetó la distribución establecida durante la administración española previa al Estado de Quito.

Se dividía en tres Destacamentos principales, comandados por el coronel Carlos de Montúfar en Quito, Pedro de Montúfar en Ibarra y el capitán Francisco García-Calderón en Riobamba y Alausí.

[18]​ Basados en estos datos podemos calcular que las regiones más pobladas estaban en las provincias de Quito al norte y Riobamba al sur, que sumaban juntas más del 40% del total nacional.

Caso especial merecen las provincias de Ambato y Latacunga, cuya población bordeaba los cincuenta mil habitantes cada una.

Mientras que las provincias menos poblada eran Alausí y Guaranda, con cerca de solo diez mil habitantes cada una.

La clase dominante siguieron siendo los blancos (aunque los peninsulares quedaron relegados del aparato estatal, manejado ahora por los criollos) y, en menor medida, los mestizos blancos, que por primera vez accedían a cargos públicos importantes.

Así, las principales ciudades eran las capitales de las provincias que conformaban la nación, tradicionales centros del poder político.

Es importante señalar que estas tres ciudades, además, concentraban en sus respectivas provincias a la mayor parte de la población quiteña en 1812.

Las ciudades mayoritariamente indígenas como Saquisilí, Pujilí, Cotacachi y Píllaro, se encontraban entre las más pobladas del Estado De Quito; remarcando la importancia que debían haberle dado a las nacionalidades quechuas para contar con su apoyo en el proceso estatal.

Finalmente, los montufaristas arreglaron las disputas con los sanchistas y juntos se propusieron una campaña militar sobre Cuenca que brindara los laureles necesarios a la nueva situación.

En el mismo lugar ejecutaron al patriota Francisco García-Calderón, cuyo hijo Abdón Calderón, lucharía por la libertad en la Batalla del Pichincha, en la que tuvo destacada actuación.

Quito se enmarca en un proceso amplio de transformaciones políticas en el mundo hispánico.