Dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985)

Hacia 1955 se inició en Uruguay una crisis económica que afectó también a las instituciones políticas.Batlle fue procesado por la justicia militar por el delito de “ataque a la fuerza moral del Ejército” y permaneció dos meses en prisión.Posteriormente, los mandos militares del Ejército hicieron publicaciones contradiciendo al Presidente de la República.Finalmente, con el apoyo del entonces presidente constitucional, Juan María Bordaberry, las Fuerzas Armadas decidieron dar un golpe de Estado.En 1972 las Fuerzas Conjuntas (organismo que abarcaba las Fuerzas Armadas y la policía) detuvieron a los dirigentes tupamaros Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro, José Mujica, Adolfo Wasem Alaniz, Julio Marenales, Henry Engler, Jorge Manera y Jorge Zabalza, permaneciendo recluidos desde ese momento hasta la finalización de la dictadura cívico-militar, es decir, hasta 1985.También en condiciones muy duras estuvieron recluidos los diputados Jaime Pérez, Wladimir Turiansky, Gerardo Cuesta y José Luis Massera.Dentro del Frente Amplio hubo discrepancias sobre la reacción a estos hechos, con sectores mayoritarios de la 99 y 808 que lo rechazaron, mientras que otros , como el Partido Comunista (PCU) apoyaron desde El popular la sublevación del Ejército y la Fuerza Aérea.Estas eran: La propuesta desagradó a las Fuerzas Armadas de Uruguay cuyos integrantes, criados en las tradiciones republicanas, no habían pensado en sacar a los políticos de la escena pública y mucho menos eliminar el acto eleccionario.En noviembre de 1982 se celebraron elecciones internas, pero con los principales líderes históricos blancos y colorados proscritos, al igual que toda la izquierda.Uruguay formó parte del Plan Cóndor, junto con las dictaduras militares de Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y Bolivia.A lo largo de este período, Mario Benedetti, destacado autor uruguayo, vivió exiliado en Perú, Cuba y España.[19]​[21]​ Para Soto, la civilización occidental era una "trilogía perfecta" que conjugaba la cultura griega clásica, el derecho romano y la moral cristiana.[22]​ La ley fue resistida ampliamente por la comunidad educativa, que presentó en el Parlamento durante la discusión para protestar en contra de su sanción.[23]​ La ley tuvo un impacto significativo en las prácticas de enseñanza, al quitarle autonomía a los docentes.Entre los casos emblemáticos de desaparición y asesinato se encuentra el del educador Julio Castro.Al día siguiente se hizo conocer el decreto 921/973 que disponía la intervención de la Universidad.Casi el 40% de los docentes fueron destituidos, renunciaron o no se les renovó el contrato a su vencimiento.El movimiento estudiantil fue desarticulado y un régimen policíaco se impuso en los locales paulatinamente rehabilitados.Al igual que en la dictadura argentina, en Uruguay se instalaron centros clandestinos de detención.Uruguay tuvo el mayor número per cápita de presos políticos del mundo.Los jefes del MLN fueron aislados en prisiones y sometidos a repetidos actos de tortura.Para calcular la cifra de detenidos desaparecidos, se llevaron a cabo diferentes investigaciones históricas.Finalmente, en el año 2015, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente actualizó las cifras basándose en nuevas investigaciones y descubrimientos.[20]​ Entre algunos de los exiliados notables, pueden mencionarse a Rodrigo Arocena; Ángel Rama y Emir Rodríguez Monegal (a quienes la dictadura uruguaya les quitó su pasaporte y les negó la entrada al país); Mario Benedetti; Eduardo Galeano.En 1984, tiene lugar el Pacto del Club Naval acordado en agosto de ese año entre Gregorio Álvarez, el Frente Amplio, el Partido Colorado y la Unión Cívica.Este período de interinato se debió a un acuerdo político entre en Partido Colorado y las Fuerzas Armadas para que la banda presidencial no se transmitiera desde un presidente dictatorial, Gregorio Álvarez, al presidente electo democráticamente, Julio María Sanguinetti.Sin embargo, debe destacarse que la amnistía no fue directa para quienes estaban condenados por delitos de homicidio.Los gobiernos subsiguientes mantuvieron la tradición uruguaya de terminar las guerras civiles unidos, sin vencedores ni vencidos.No obstante, el presidente Jorge Batlle instaló en el año 2000 la Comisión para la Paz, que inició finalmente muchas investigaciones largamente postergadas y logró encontrar desaparecidos.Más adelante, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, fueron juzgados varios militares, así como el exdictador Bordaberry.