Su propósito principal es conocer lo que les sucedió a sus familiares desde que desaparecieron y el paradero de sus restos desde una óptica que reivindica la verdad, la justicia, la memoria y el nunca más terrorismo de Estado.

[2]​ A raíz de las denuncias y primeras investigaciones realizadas por familiares de uruguayos detenidos y desaparecidos en Uruguay y en Argentina (debido al Plan Cóndor), se fue conformando a mediados de los años '70 un núcleo de personas para buscar a sus familiares en conjunto e intentar llegar a la verdad respecto a la situación de sus hijos, hermanos, parejas y padres desaparecidos.

[2]​ Una vez restituida la democracia en Uruguay, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (1986) impidió juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios militares y policiales durante la dictadura cívico-militar.

Cada 20 de mayo, desde el año 1996, junto a otras organizaciones, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos convoca a la Marcha del Silencio para reclamar por memoria, verdad y justicia.

Entre sus militantes se cuenta Javier Miranda, abogado y político que más adelante presidiera el Frente Amplio.