Referéndum sobre la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado
La Comisión fue presidida conjuntamente por Matilde Rodríguez Larreta, viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz, Elisa Dellepiane, viuda de Zelmar Michelini y María Ester Gatti, abuela de Mariana Zaffaroni, que era entonces una niña desaparecida.
Los procedimientos de control de las firmas por la Corte Electoral fueron dilatados y originaron encendidas polémicas en que la Comisión y las organizaciones sociales y políticas que la respaldaban denunciaron métodos fraudulentos tendientes a anular firmas.
Obtuvo mayoría en la capital (Montevideo) pero quedó en situación fuertemente minoritaria en el interior del país.
La ratificación de la ley implicó que los militares y policías autores de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) no pudieran ser juzgados por los delitos cometidos en territorio uruguayo.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia (que en 1988 declaró que la Ley no era contraria a la Constitución) la declaró inconstitucional en 2009, habilitando el juzgamiento de los criminales.
