Plebiscito sobre la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado

[7]​ Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional criticaron el resultado, recordando la obligación del Estado uruguayo de investigar y juzgar a los responsables de violaciones a los Derechos Humanos.

La ley, surgida por iniciativa del entonces presidente Julio María Sanguinetti, otorgó una amnistía de hecho para los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que cometieron violaciones a los Derechos Humanos durante el período dictatorial.

Vázquez hizo referencia al tema ya en su discurso inaugural ante el Parlamento, afirmando que para el nuevo gobierno no estarían incluidos en la amnistía los responsables por los asesinatos de María Claudia García de Gelman, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

[21]​ Para ser alcanzados por la ley en cuestión, los hechos denunciados tenían que haber acontecido durante el período de facto, habiendo sido llevados a cabo por funcionarios policiales o militares, con móviles políticos, actuando en sus funciones y bajo órdenes de los mandos que estuvieron en su cargo durante el mencionado período.

Quedaban excluidos los delitos con móviles económicos, los llevados a cabo por mandos policiales o militares durante el período de facto, los acontecidos fuera del territorio uruguayo y aquellos que implicaban a menores de edad.

[29]​[30]​ En mayo se lanzó la campaña a favor de la anulación, nuevamente en Paysandú.

[34]​ En el mismo sentido se pronunciaron otros dirigentes nacionalistas, como Javier García y Francisco Gallinal.