[8] Hay consenso entre los historiadores en afirmar, según testimonios de supervivientes, testigos y los propios informes oficiales franquistas, que las condiciones de internamiento «eran, en líneas generales, atroces».[10] Respecto a la oficialidad que administraba los campos, se ha destacado asimismo la corrupción generalizada imperante, que permitió el enriquecimiento de muchos militares y agravó el sufrimiento de los internados bajo su custodia.Francisco Franco fue informado inmediatamente de ello, mostrándose entusiasmado y ordenando la apertura de más campos para albergar a «elementos perturbadores» y emplearlos en trabajos públicos.La siguiente región en la que los rebeldes establecieron campos de concentración fue Canarias.[17] Por otra parte, diversos recintos, como los campos de Laredo, Castro Urdiales, Santander o El Dueso, fueron habilitados y gestionados inicialmente por batallones del Corpo di Truppe Volontarie de la Italia fascista.[21] Desde 1940 el supervisor de todos estos campos fue el general Camilo Alonso Vega.[23] Tampoco los funcionarios de alta instancia se mostraron muy contrarios a este clima de represión y venganza: El director general de Prisiones, Máximo Cuervo Radigales, y el jefe del Cuerpo Jurídico Militar, Lorenzo Martínez Fuset, contribuyeron en no poca medida a crear este clima represivo.Los pocos que se salvaron no pudieron regresar a España.Por otra parte, las autoridades franquistas también colaboraban con sus aliados nazis entregándoles a prisioneros checos, belgas o alemanes para acabar siendo fusilados o recluidos en cárceles y campos de concentración del III Reich,[19] donde pereció la mayor parte de ellos.[28] Esas entregas fueron ordenadas personalmente por Franco, vulnerando cualquier principio jurídico e incluso contra el criterio de sus propios funcionarios.Así, ante el posible traslado a la Alemania hitleriana de ocho brigadistas confinados en San Pedro, el responsable del Servicio Nacional de Política y Tratados cuestionó por escrito la extradición, oponiéndose a la misma.[43] «La suya fue una retención ilegal y una arbitraria represión extrajudicial», según el historiador Borja de Riquer.Los militares emplearon torturas y amenazas con el fin de captar confidentes entre los reclusos, e incluso muchos testimonios han denunciado que los propios sacerdotes ayudaban a los represores en esta labor, vulnerando el secreto de confesión para delatar e incriminar a personas desafectas.Los sacerdotes lanzaban amenazantes sermones a los prisioneros, resaltando su condición de «rojos» en las diversas clases patrióticas que impartían.Un bautizo o primera comunión eran celebrados como un gran triunfo que era comunicado al mismísimo Caudillo.[28] Como ha resumido el jesuita José Ángel Delgado Iribarren: «En esos campos se les sometía a un régimen de vigilancia y reeducación, con la esperanza de reincorporarles un día a la vida social.Los resultados sirvieron para dar legitimidad a las extravagantes teorías de Vallejo-Nájera, coincidentes con las teorías eugenésicas y racistas entonces en boga en determinados círculos académicos, y con los preceptos del nacionalsocialismo alemán.[64] Los internos de San Pedro también tuvieron que sufrir otras humillaciones.
