Cédula de Equiparación

Si bien a lo largo del tiempo existían muchos antecedentes legales para lograr la equivalencia de nobles indígenas e hidalgos castellanos, habiendo documentación de dichas homologaciones desde la segunda mitad del siglo XVI,[2]​ esto fue siempre letra muerta.[3]​ A su vez, había aumentado la Devoción Católica entre los indios de clase alta y querían solicitar que puedan ser ordenados en el Clero e incluso de participar en la Inquisición española (debido a que su condición de Cristianos nuevos les puso limitaciones), habiéndose presentado discusiones sobre el tema ya desde principios del siglo XVI.[3]​ El Consejo Supremo de Inquisidores, presidido por Don Diego Sarmiento Valladares, aprobó la propuesta, fundamentando que son "diez los inquisidores que avalan la petición a favor de los indios nobles".[3]​ Para fines del siglo XVII, la situación jurídica indígena empezaría a mejorar.En 1691 una real cédula ordenó que se construyen colegios para indios ordinarios, en todas las ciudades, villas y lugares de la América hispana, en el que aprendieran castellano, para facilitarle el acceso de oficios públicos.Aunque largo plazo se dieron dificultades para su cumplimiento, su completo acatamiento fue más fácil en la Nueva España, donde irónicamente, por estar más debilitado el estamento caciquil ahí que en el Virreinato del Perú, puesto que muchos nobles indios del Reino de México habían perdido poder entre sus indios vasallos, frente al Cabildo colonial (presentándose muchos casos de alcaldes indios del común en el cabildo de naturales, que co-operaban con los cabildos españoles), por lo que hubo menos inseguridad por parte de los españoles en acatar la orden, al estar más desarrollado el mestizaje a nivel social y no ser percibido el estamento indio como una amenaza potencial.Por tanto, los funcionarios criollos corruptos hicieron todo lo posible por no cumplirla con efectividad, aunado a que también habían prejuicios despectivos en ciertos oligarcas que se negaban a tratar al indio como españoles.Sin embargo, un memorial de 1708, firmado por ocho caciques peruanos, declaraba que aún no se había publicado la cédula en Lima, y por tanto estaban «privándose los miserables indios de los honores, beneficios y prerrogativas con que Su Majestad se dignó favorecerlos».Todo ello daba a indicar que ya se estaba cumpliendo al fin la real cédula en el Reino del Perú, sobre todo en el ámbito religioso, lo cual quedaba atestiguado en una disposición del Concilio limense de 1772.[3]​ Sin embargo, aunque las cosas mejoraban ya en la costa del Virreinato Peruano, aún había cierta resistencia en los Andes por la lejanía de la autoridad limeña (sobre todo en cuanto al aspecto más secular de la cédula).