Cándido Conde-Pumpido

Fue el primer portavoz de esta asociación en el período 1984-1986,[3]​ repitiendo en el cargo en el bienio 1992-1994.

Se incorporó a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en 1995, siendo su presidente Enrique Ruiz Vadillo.

Al ser el único magistrado de la Sala Penal en el que concurría la condición de economista, se especializó en delitos económicos y fiscales, dictando sentencias que determinaron la doctrina jurisprudencial en estas materias, por ejemplo en delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales.

[9]​ También fue ponente Cándido Conde-Pumpido en el caso denominado del «Padre Coraje», que anuló la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz para poder incorporar como prueba las cintas grabadas por el padre de un joven asesinado durante el asalto a una gasolinera, que se había infiltrado entre los supuestos asesinos.

Redactó un voto particular en el caso del Genocidio Maya, en defensa de la jurisdicción universal, que más tarde fue confirmado por la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional.

Esta modificación tenía la finalidad de garantizar la autonomía del Ministerio Fiscal al evitar que el fiscal general pudiese ser cesado discrecionalmente por el Gobierno a propuesta del ministro de Justicia, como había sucedido hasta entonces.

Al mismo tiempo propugnó y puso en práctica una política criminal preventiva para actuar policial y judicialmente contra los comandos en formación antes de que estuviesen en condiciones de causar daños, que mejoró la eficacia policial y produjo un resultado positivo al evitar nuevos atentados islamistas en España.

En relación con el terrorismo de ETA impulsó y obtuvo en diversos procesos electorales la ilegalización por la Sala del art.

Pese a ello fue duramente criticado por la oposición conservadora,[25]​ por apoyar la política antiterrorista del Gobierno durante la tregua declarada por la Organización Terrorista ETA en 2006.

Durante este segundo mandato modernizó y reforzó el Ministerio Fiscal, incrementando en total en setecientos nuevos fiscales la plantilla, con el fin de preparar al Ministerio Público para un cambio de modelo del proceso penal, en el que pudiese asumir la Investigación de las causas.

Para ello Conde-Pumpido potenció la Fiscalía Anticorrupción, que al principio de su mandato solo disponía de diez fiscales, nueve en Madrid, y uno en Barcelona, con una sede central situada en un piso de Madrid, y una sola Fiscalía Delegada en Cataluña.

«Este acuerdo ayudará a proteger la seguridad de nuestros dos países», subrayó Holder.

Holder valoró positivamente la colaboración entre los dos países, que calificó de «excelente», y aseguró que España está siendo un “firme aliado” en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado.

Chaika y Conde-Pumpido señalaron que los mecanismos de cooperación entre las fiscalías de ambos Estados funcionan con eficacia, en particular, permiten acelerar la presentación y el cumplimiento de las solicitudes sobre la ayuda jurídica y extradición, para luchar más eficazmente contra la criminalidad organizada trasnacional.

Al acto de la firma, que tuvo lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado, asistieron el embajador francés, Bruno Delaye, así como el fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña Salto, quienes acompañaron a las respectivas delegaciones nacionales en la firma del Memorando y en la posterior reunión de trabajo.

Finalmente la Fiscalía Europea comenzó sus actuaciones en el año 2020, con sede en Luxemburgo, nombrándose como primera fiscal general europea a Laura Codruța Kövesi, exfiscal general de Rumanía.

Conde-Pumpido incorporó al Ministerio Público español, como miembro institucional, a la Asociación Internacional de Fiscales.

Tiene la finalidad de unificar criterios y desarrollar buenas prácticas para acelerar la justicia penal.

Conde-pumpido participó en las Conferencias celebradas durante sus dos mandatos como fiscal general, en Dublín (2004), Lisboa (2005), Oslo (2006), Eslovenia (2007), Edimburgo (2008), Tallin (2009) y Budapest (2010).

[43]​ La información era imprescindible para la resolución del caso y efectivamente se recibió poco después como resultado de las gestiones realizadas por el fiscal general español, incorporándose en la respuesta el resultado de la investigación militar interna realizada en EE. UU.

Pero esta contestación norteamericana fue considerada insatisfactoria por la acusación particular y por el juez instructor de la Audiencia Nacional que llevaba el caso, Santiago Pedraz, porque, aunque reconocía los hechos, atribuía la acción del carro de combate americano que causó la muerte de Couso a una maniobra defensiva contra un supuesto ataque iraquí.

Conversaciones que, en realidad, se limitaron a simples gestiones diplomáticas atendidas por cortesía y sin incidencia alguna en el proceso.

[46]​ En este Tribunal ha sido ponente, entre otras, de la STC 25/2019, que establece que la Constitución excluye, por regla general, la utilización periodística de cámaras ocultas porque constituyen una grave intromisión ilegítima en los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen.

[51]​[52]​ Tras ser nombrado formalmente por el rey, tomó posesión del cargo al día siguiente.

Al mismo tiempo, escogió a la magistrada Inmaculada Montalbán Huertas para realizar la ponencia de la sentencia definitiva.

Ha pronunciado numerosas conferencias en foros internacionales, pudiendo destacar, entre otras: Es autor de numerosas publicaciones en materia penal y procesal, entre las que destacan los libros: Todas ellas en colaboración con otros autores.