Clara Martínez de Careaga
Cursó sus estudios superiores en la Universidad de Navarra, donde se licenció en Derecho en 1981.
[2] Tras su paso por la Escuela Judicial, entonces situada en Madrid, fue nombrada juez de ingreso y ocupó su primer destino en Novelda (Alicante).
[3] Posteriormente, se trasladó a El Escorial (1983), Vitoria (1984), por ascenso, y Madrid (1986).
Fue magistrada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM durante 21 años, destinada en su Sección Primera, competente, entre otras materias, en Derecho urbanístico y expropiación forzosa.
[4] En su actuación en la Sala de lo Militar, Clara Careaga se ha caracterizado por defender los derechos de las mujeres incorporadas a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, en concreto en procedimientos por abuso sexual.
Entre los aspirantes se encontraban ocho magistrados del Tribunal Supremo, incluida Clara Careaga, magistrada de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, que presentó 99 avales, en su mayoría de magistrados del propio Tribunal Supremo, incluyendo magistrados de todas sus salas y pertenecientes a todas las corrientes ideológicas.
Ana Ferrer es la primera mujer que accede a la Sala de lo Penal del Supremo.
La finalidad de esta medida de promoción positiva es impedir que las mujeres sean discriminadas al aspirar a dichos puestos, al encontrarse en inferioridad de condiciones para completar los puntos necesarios para acceder al mínimo exigido en el concurso, mediante la asistencia a cursos, jornadas y congresos, por la dificultad que la atención a la familia genera para desplazarse.
Si la dedicación a estas actividades no supone un parón completo en la trayectoria profesional, y puntúa atender a los hijos o a los parientes más cercanos impedidos o enfermos, las autoras de la propuesta estiman que se eliminará un factor de discriminación indirecta.
En ese acto, la vocal inició su discurso diciendo "La humanidad tiene dos alas: una es el hombre, otra la mujer.
Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- El 25 de junio de 2014, Clara Martínez de Careaga, Roser Bach, María Victoria Cinto Lapuente, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda, vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pidieron al pleno del Consejo, en un escrito conjunto, que «instase» al Gobierno a la retirada del anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial promovida por el Ejecutivo sobre el que debe informar el Poder Judicial.
Arranca con dureza esta Vocal al criticar este aspecto del informe, acusando a la mayoría conservadora del Consejo de "suprimir las fastidiosas limitaciones legales para poder nombrar a quien nos interese".
El registro incluirá los datos identificativos del delincuente y su perfil genético.
El informe fue elaborado por la vocal Clara Martínez de Careaga.
Posteriormente el Tribunal Supremo dio la razón a los vocales discrepantes, y anuló la sanción impuesta.
Solicitaron que la Comisión Permanente exigiese al Ministerio Público el respeto y la lealtad institucional «debidos» a la labor de jueces y magistrados.
El 26 de mayo el Pleno del Consejo reiteró el nombramiento del magistrado varón, motivándolo en atención a que pese a que sus méritos objetivados fuesen inferiores, el plan de actuación presentado para su etapa presidencial era superior al de la solicitante mujer, añadiendo que las reglas para la promoción de la mujer solo resultan aplicables cuando los méritos de los candidatos son similares, pero en el caso actual, pese a la mayor antigüedad de la solicitante y su mayor experiencia en órganos colegiados, el Pleno consideraba que el solicitante varón tenía mayor habilidad para la dirección y coordinación de recursos humanos.
La Vocal Clara Martínez de Careaga volvió a emitir dos votos particulares, suscritos ambos por cinco vocales, señalando en el primero que la decisión del Tribunal Supremo debería haber sido cumplida por el Pleno, anulando el nombramiento anterior y publicando dicha anulación en el Boletín Oficial del Estado, y solo después de ello, en otro Pleno diferente, podría haberse procedido a deliberar sobre un nuevo nombramiento.
Con la aprobación del protocolo, el CGPJ se compromete a adoptar una política de "tolerancia cero" ante las manifestaciones de acoso y violencia, sin atender a quien sea la víctima o la persona acosadora, ni cual sea su situación dentro de la organización judicial.
La Vocal Clara Martínez de Careaga, es la única que, según la información facilitada, no ha realizado ningún viaje, ni gastado un euro en dietas o desplazamientos.
Asimismo, han destacado la importancia de la formación en el ámbito judicial.
Los Vocales progresistas emitieron un duro escrito criticando esta actuación, en el que señalaban: "El mantenimiento de dicha comisión con la misma composición una vez transcurrido un año desde su nombramiento, plazo en el que legalmente debía ser renovada, además de contravenir de forma clara lo dispuesto legalmente, sortea sin sonrojo la letra y el espíritu de una Ley que dejó claramente establecido que el nuevo modelo de Consejo no debía ser presidencialista y que la participación de todos los vocales en la Comisión Permanente quedaría asegurada por su renovación anual".
Andrea Muñoz Sánchez (Magistrada del Tribunal Supremo de Chile).
