El rey Carlos I de España, emperador del Sacro Imperio como Carlos V, decidió crear un consejo propio para los asuntos externos de la monarquía debido a la gran actuación exterior que marcó su reinado.
Fue el único Consejo que no tenía presidente, pues era el propio rey quien asumía esa función.
Sus consejeros no eran especialistas en leyes sino expertos en relaciones internacionales, como el Duque de Alba o Nicolás Perrenot.
Los consejeros eran, por tanto, miembros de la alta nobleza y del alto clero.
En tiempos de Felipe II en ocasiones el monarca no presidía los consejos y, en su lugar, enviaba a su secretario Antonio Pérez.
La Constitución de 1812 creó el Consejo de Estado que en el artículo 236 es definido como «el único Consejo del Rey que oirá su dictamen en los asuntos graves gubernativos y señaladamente para dar o negar la sanción a las leyes, declarar la guerra y hacer los tratados».