Un contrato es un acuerdo que especifica ciertos derechos y obligaciones legalmente exigibles que pertenecen a dos o más partes . Un contrato generalmente implica el consentimiento [1] para la transferencia de bienes , servicios , dinero o la promesa de transferir cualquiera de ellos en una fecha futura. Las actividades e intenciones de las partes que celebran un contrato pueden denominarse contratación . En caso de incumplimiento del contrato , la parte perjudicada puede buscar recursos judiciales como daños o recursos equitativos como el cumplimiento específico o la rescisión . [2] Un acuerdo vinculante entre actores en el derecho internacional se conoce como tratado . [3]
El derecho contractual, el campo del derecho de las obligaciones relacionado con los contratos, se basa en el principio de que los acuerdos deben cumplirse . [4] Al igual que otras áreas del derecho privado , el derecho contractual varía entre jurisdicciones. En general, el derecho contractual se ejerce y rige en jurisdicciones de derecho consuetudinario , jurisdicciones de derecho civil o jurisdicciones de derecho mixto que combinan elementos tanto del derecho consuetudinario como del derecho civil. Las jurisdicciones de derecho consuetudinario suelen exigir que los contratos incluyan una contraprestación para ser válidos, mientras que las jurisdicciones de derecho civil y la mayoría de las jurisdicciones de derecho mixto solo requieren un acuerdo de voluntades entre las partes.
Dentro de la categoría general de jurisdicciones de derecho civil, existen varias variedades distintas de derecho contractual con sus propios criterios distintivos: la tradición alemana se caracteriza por la doctrina única de la abstracción , los sistemas basados en el Código napoleónico se caracterizan por su distinción sistemática entre diferentes tipos de contratos, y el derecho romano-holandés se basa en gran medida en los escritos de juristas holandeses de la era del renacimiento y la jurisprudencia que aplica los principios generales del derecho romano antes de la adopción del Código napoleónico por parte de los Países Bajos. Los Principios UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales , publicados en 2016, tienen como objetivo proporcionar un marco general armonizado para los contratos internacionales, independientemente de las divergencias entre las leyes nacionales, así como una declaración de principios contractuales comunes para que los árbitros y los jueces los apliquen cuando faltan leyes nacionales. En particular, los Principios rechazan la doctrina de la contraprestación, argumentando que la eliminación de la doctrina "trae consigo una mayor certeza y reduce los litigios" en el comercio internacional. [5] Los Principios también rechazaron el principio de abstracción sobre la base de que éste y otras doctrinas similares "no son fácilmente compatibles con las percepciones y prácticas comerciales modernas". [5]
El derecho contractual puede contrastarse con el derecho de responsabilidad civil (también conocido en algunas jurisdicciones como derecho de delitos), la otra área principal del derecho de obligaciones. Mientras que el derecho de responsabilidad civil generalmente se ocupa de los deberes y obligaciones privados que existen por imperio de la ley y proporciona remedios para los agravios civiles cometidos entre individuos que no están en una relación legal preexistente , el derecho contractual prevé la creación y el cumplimiento de deberes y obligaciones a través de un acuerdo previo entre las partes. La aparición de cuasidelitos , cuasidelitos y cuasidelitos hace que la frontera entre el derecho de responsabilidad civil y el derecho contractual sea algo incierta. [6]
Los contratos son ampliamente utilizados en el derecho comercial y, en su mayor parte, forman la base legal para las transacciones en todo el mundo. Los ejemplos más comunes incluyen contratos de venta de servicios y bienes, contratos de construcción , contratos de transporte , licencias de software , contratos de empleo , pólizas de seguro , ventas o arrendamientos de terrenos, entre otros. Un término contractual es una "disposición que forma parte de un contrato". [7] Cada término da lugar a una obligación contractual, cuyo incumplimiento puede dar lugar a litigios , aunque un contrato también puede establecer circunstancias en las que se puede excusar el cumplimiento de una obligación. No todos los términos se establecen expresamente y los términos tienen diferente peso legal según cuán centrales sean para los objetivos del contrato. [8]
La contratación es una fase específica del proceso de adquisiciones . Incluye la creación, negociación y gestión de contratos.
Las obligaciones creadas por contratos generalmente pueden transferirse, sujetas a los requisitos impuestos por la ley. Las leyes relativas a la modificación de contratos o la cesión de derechos en virtud de un contrato son, en líneas generales, similares en las distintas jurisdicciones. [9] En la mayoría de las jurisdicciones, un contrato puede ser modificado por un contrato o acuerdo posterior entre las partes para modificar los términos que rigen sus obligaciones mutuas. Esto se refleja en el Artículo 3.1.2 de los Principios de los Contratos Comerciales Internacionales , que establece que "un contrato se concluye, modifica o termina por el mero acuerdo de las partes, sin ningún otro requisito". [5] Las cesiones suelen estar sujetas a restricciones legales, en particular con respecto al consentimiento de la otra parte del contrato.
La teoría contractual es un amplio cuerpo de teoría jurídica que aborda cuestiones normativas y conceptuales en el derecho contractual. Una de las preguntas más importantes que se plantean en la teoría contractual es por qué se hacen cumplir los contratos. Una respuesta destacada a esta pregunta se centra en los beneficios económicos de hacer cumplir los acuerdos. Otro enfoque, asociado con Charles Fried en su libro Contract as Promise , sostiene que el propósito general del derecho contractual es hacer cumplir las promesas . Otros enfoques de la teoría contractual se encuentran en los escritos de los realistas jurídicos y los teóricos de los estudios jurídicos críticos , que han propuesto interpretaciones marxistas y feministas del contrato. Se han realizado intentos de comprender el propósito general y la naturaleza de la contratación como fenómeno, en particular la teoría del contrato relacional . Además, ciertas concepciones académicas de los contratos se centran en cuestiones de costo de transacción y la teoría del " incumplimiento eficiente ".
Otra dimensión importante del debate teórico sobre los contratos es su lugar dentro de un derecho más amplio de obligaciones y su relación con él. Tradicionalmente, las obligaciones se han dividido en contratos, que se asumen voluntariamente y se deben a una persona o personas específicas, y obligaciones extracontractuales que se basan en la inflicción injustificada de un daño a ciertos intereses protegidos, impuestas principalmente por la ley y que normalmente se deben a una clase más amplia de personas. La investigación en el ámbito empresarial y de la gestión también ha prestado atención a la influencia de los contratos en el desarrollo y el desempeño de las relaciones. [10] [11]
El derecho internacional privado se basa en el principio de que cada jurisdicción tiene su propia ley contractual, determinada por las diferencias en las políticas públicas, la tradición judicial y las prácticas de las empresas locales. En consecuencia, si bien todos los sistemas de derecho contractual tienen el mismo propósito general de permitir la creación de obligaciones legalmente exigibles, pueden contener diferencias significativas. En consecuencia, muchos contratos contienen una cláusula de elección de la ley aplicable y una cláusula de selección del foro para determinar la jurisdicción cuyo sistema de derecho contractual regirá el contrato y el tribunal u otro foro en el que se resolverán las disputas, respectivamente. [ cita requerida ] A falta de un acuerdo expreso sobre tales cuestiones en el propio contrato, los países tienen normas para determinar la ley que rige el contrato y la jurisdicción para las disputas. Por ejemplo, los Estados miembros de la Unión Europea aplican el artículo 4 del Reglamento Roma I para decidir la ley que rige el contrato, y el Reglamento Bruselas I para decidir la jurisdicción.
Los contratos han existido desde la antigüedad, formando la base del comercio desde los albores del comercio y el sedentarismo durante la Revolución Neolítica . Un notable desarrollo moderno temprano en el derecho contractual fue el surgimiento del sistema hawala en el subcontinente indio y el mundo árabe , bajo el cual una serie de relaciones contractuales formaron la base de un sistema informal de transferencia de valor que abarcó la Ruta de la Seda . [12] En el subcontinente indio, el sistema hawala dio origen al hundi , un contrato transferible que da derecho a su tenedor a su debido tiempo a obtener dinero de su emisor o de un agente de este, dando lugar al principio subyacente a los instrumentos negociables contemporáneos .
El sistema hawala también influyó en el desarrollo de la agencia en el derecho consuetudinario y en las leyes civiles . [13] En el derecho romano, los agentes no podían actuar en nombre de otros individuos en la formación de contratos vinculantes. Por otro lado, la ley islámica aceptó la agencia como permisible no solo en el derecho contractual sino en el derecho de obligaciones en general, un enfoque que desde entonces se ha convertido en la corriente principal en el derecho consuetudinario, el derecho mixto y la mayoría de las jurisdicciones de derecho civil. [14] Análogamente, la transferencia de deuda , que no era aceptada bajo el derecho romano, se volvió una práctica generalizada en el comercio europeo medieval, debido en gran medida al comercio con el mundo musulmán durante la Edad Media.
Desde el siglo XIX, surgieron dos tradiciones distintas de derecho contractual. Las jurisdicciones que anteriormente eran colonias británicas generalmente adoptaron el derecho consuetudinario inglés . Otras jurisdicciones adoptaron en gran medida la tradición del derecho civil, ya sea heredando un sistema legal de derecho civil en la independencia o adoptando códigos civiles y comerciales basados en el derecho alemán o francés. Mientras que jurisdicciones como Japón, Corea del Sur y la República de China modelaron su derecho contractual según la tradición pandectista alemana , el mundo árabe modeló en gran medida su marco legal según el Código napoleónico . Mientras que los Países Bajos adoptaron un sistema legal basado en el Código napoleónico a principios del siglo XIX, las colonias holandesas conservaron el derecho romano-holandés basado en precedentes . Las colonias británicas en el sur de África adoptaron los principios romano-holandeses en áreas de derecho privado a través de estatutos de recepción que adoptaban el derecho sudafricano, conservando el derecho romano-holandés para la mayoría de los asuntos de derecho privado mientras aplicaban los principios del derecho consuetudinario inglés en la mayoría de los asuntos de derecho público . Santa Lucía , Mauricio , Seychelles y la provincia canadiense de Quebec son jurisdicciones de derecho mixto que se adhieren principalmente a la tradición jurídica francesa con respecto al derecho contractual y otros principios de derecho privado.
A lo largo del siglo XIX y XX, la mayoría de las jurisdicciones de Oriente Medio y Asia Oriental adoptaron marcos jurídicos de derecho civil basados en el modelo napoleónico, alemán o suizo. El Código napoleónico da forma al derecho contractual en gran parte de Oriente Medio, mientras que el derecho contractual en Japón, Corea del Sur y la República de China tiene sus raíces en la tradición pandectista alemana . En 1926, Turquía reemplazó su mezcla de leyes islámicas y seculares de la era otomana con un código civil secular modelado según el de Suiza , con su derecho contractual y comercial modelado según el Código de Obligaciones suizo , que a su vez fue influenciado por las tradiciones jurídicas alemana y francesa. Después de la Restauración Meiji , Japón adoptó una serie de códigos legales modelados principalmente en el derecho alemán, adoptando su código comercial en 1899. La adaptación japonesa del derecho civil alemán se extendió a la península de Corea y China como resultado de la ocupación e influencia japonesas, y continúa formando la base del sistema legal en Corea del Sur y la República de China. En 1949, Abd El-Razzak El-Sanhuri y Edouard Lambert redactaron el Código Civil egipcio , inspirado en el Código napoleónico pero que contenía disposiciones diseñadas para adaptarse a la sociedad árabe e islámica. [a] El Código Civil egipcio fue posteriormente utilizado como modelo para la mayoría de los estados árabes.
En el siglo XX, el crecimiento del comercio de exportación llevó a los países a adoptar convenciones internacionales, como las Reglas de La Haya-Visby y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías , [16] acercando las diversas tradiciones jurídicas. A principios del siglo XX, Estados Unidos atravesó la " era Lochner ", en la que la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló las regulaciones económicas sobre la base de la libertad de contrato y la Cláusula del Debido Proceso . Estas decisiones fueron finalmente revocadas, y la Corte Suprema estableció una deferencia a los estatutos y regulaciones legislativas que restringen la libertad de contrato. [17] La necesidad de prevenir la discriminación y las prácticas comerciales desleales ha impuesto restricciones adicionales a la libertad de contrato. [17] Por ejemplo, la Ley de Derechos Civiles de 1964 restringió la discriminación racial privada contra los afroamericanos. [18] La Constitución de los Estados Unidos contiene una Cláusula de Contrato , pero esta se ha interpretado como que solo restringe el menoscabo retroactivo de los contratos. [17] A finales del siglo XX y principios del XXI, la legislación de protección del consumidor , como la Ley de Protección del Consumidor (Comercio Justo) de Singapur de 2003, impuso progresivamente límites a la libertad de contratación para impedir que las empresas exploten a los consumidores. [19]
En 1993, Harvey McGregor , un abogado y académico británico, elaboró un "Código de contratos" bajo los auspicios de las Comisiones de Derecho Inglesa y Escocesa , que era una propuesta para unificar y codificar las leyes contractuales de Inglaterra y Escocia. Este documento se presentó como un posible "Código de contratos para Europa", pero las tensiones entre juristas ingleses y alemanes hicieron que esta propuesta hasta ahora no haya dado resultado. A pesar de que la Unión Europea es una comunidad económica con una variedad de reglas comerciales, sigue sin haber un "Derecho de contratos de la UE" general. [20]
En 2021, China continental adoptó el Código Civil de la República Popular China , que codifica su derecho contractual en el libro tres. Si bien generalmente se clasifica como una jurisdicción de derecho civil, el derecho contractual en China continental ha sido influenciado por una serie de fuentes, incluidas las opiniones tradicionales chinas sobre el papel de la ley, el trasfondo socialista de la República Popular China, el derecho basado en Japón/Alemania de la República de China en Taiwán y el derecho consuetudinario basado en el inglés utilizado en Hong Kong. En consecuencia, el derecho contractual en China continental funciona como un sistema mixto de facto . El código civil de 2021 prevé la regulación de los contratos nominados de una manera similar a la de jurisdicciones como Japón, Alemania, Francia y Quebec.
Las normas que rigen los contratos varían entre jurisdicciones. En la mayoría de los países de habla inglesa, las normas se derivan del derecho contractual inglés , que surgió como resultado de precedentes establecidos por varios tribunales en Inglaterra a lo largo de los siglos. Mientras tanto, las jurisdicciones de derecho civil generalmente derivan su derecho contractual del derecho romano , aunque existen diferencias entre el derecho contractual alemán , los sistemas legales inspirados en el Código napoleónico o el Código civil del Bajo Canadá (por ejemplo, Quebec y Santa Lucía ) y las jurisdicciones que siguen el derecho romano-holandés (por ejemplo, Indonesia y Surinam ) o una mezcla de derecho romano-holandés y derecho consuetudinario inglés (por ejemplo, Sudáfrica y países vecinos).
En las jurisdicciones de derecho consuetudinario , la formación de un contrato generalmente requiere una oferta, aceptación , contraprestación e intención mutua de estar obligado . El concepto de derecho contractual como un área distinta del derecho en las jurisdicciones de derecho consuetudinario se originó con el ahora extinto writ of assumpsit , que originalmente era una acción de responsabilidad civil basada en la confianza. [21] Aunque los contratos verbales son generalmente vinculantes en la mayoría de las jurisdicciones de derecho consuetudinario, algunos tipos de contratos pueden requerir formalidades como estar por escrito o por escritura . [22]
No se puede celebrar un contrato sin el consentimiento de las dos partes de quedar obligadas por sus términos. Normalmente, esto se hace mediante firma escrita (que puede incluir una firma electrónica), pero el consentimiento también puede ser oral o por conducta. El consentimiento puede ser dado por un agente de una de las partes. [23]
Los recursos por incumplimiento de contrato incluyen daños y perjuicios (compensación monetaria por pérdidas) y, solo en el caso de incumplimientos graves, la cancelación. [24] [25] El cumplimiento específico y la orden judicial también pueden estar disponibles si los daños y perjuicios son insuficientes.
Para que se forme un contrato legalmente ejecutable, las partes deben llegar a un consentimiento mutuo (también llamado encuentro de voluntades ). Esto se logra típicamente a través de una oferta y una aceptación que no varía los términos de la oferta, lo que se conoce como la " regla de la imagen especular ". Una oferta se define como una promesa que depende de un cierto acto, promesa o tolerancia dada a cambio de la promesa inicial [26] Una aceptación es simplemente el consentimiento de la otra parte o partes contratantes a los términos estipulados en el contrato. Como una oferta declara la voluntad del oferente de estar obligado a cumplir los términos propuestos en ella, [27] una supuesta aceptación que varía los términos de una oferta no es una aceptación sino una contraoferta y, por lo tanto, un rechazo de la oferta original . El principio de oferta y aceptación ha sido codificado en la Ley de Contratos de la India de 1872. [28]
Para determinar si se ha producido un acuerdo de voluntades, la intención de las partes contratantes se interpreta objetivamente desde la perspectiva de una persona razonable . [29] El enfoque "objetivo" con respecto a la intención contractual se utilizó por primera vez en el caso inglés de Smith v Hughes en 1871. Cuando una oferta especifica un modo particular de aceptación, solo será válida la aceptación comunicada a través de ese método. [30] [31]
Los contratos pueden ser bilaterales o unilaterales . Un contrato bilateral es un acuerdo en el que cada una de las partes del contrato hace una promesa o un conjunto de promesas a la otra. [32] Por ejemplo, en un contrato de compraventa de una casa, el comprador promete pagar al vendedor 200.000 dólares a cambio de la promesa del vendedor de entregar el título de propiedad. Los contratos bilaterales suelen tener lugar en el flujo diario de transacciones comerciales . Menos comunes son los contratos unilaterales, en los que una parte hace una promesa, pero la otra parte no promete nada. En estos casos, quienes aceptan la oferta no están obligados a comunicar su aceptación al oferente. En un contrato de recompensa, por ejemplo, una persona que ha perdido un perro podría prometer una recompensa si se encuentra al perro, mediante una publicación o de forma oral. El pago podría estar condicionado adicionalmente a que el perro sea devuelto con vida. Quienes se enteren de la recompensa no están obligados a buscar al perro, pero si alguien lo encuentra y lo entrega, el promitente está obligado a pagar. Por otra parte, los anuncios que prometen gangas no suelen considerarse ofertas de contratos unilaterales, sino meras "invitaciones a negociar". [33] Algunos han criticado la clasificación de los contratos en bilaterales y unilaterales. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Australia afirmó que el término contrato unilateral es "poco científico y engañoso". [34]
En determinadas circunstancias, se puede crear un contrato implícito . Un contrato es implícito de hecho si las circunstancias implican que las partes han llegado a un acuerdo aunque no lo hayan hecho expresamente. Por ejemplo, si un paciente se niega a pagar después de ser examinado por un médico, el paciente ha incumplido un contrato implícito de hecho. Un contrato que está implícito en la ley a veces se denomina cuasicontrato . Dichos contratos son medios para que los tribunales solucionen situaciones en las que una de las partes se enriquecería injustamente si no estuviera obligada a indemnizar a la otra. Las demandas por quantum meruit son un ejemplo.
Cuando algo se anuncia en un periódico o en un cartel, el anuncio normalmente no constituirá una oferta sino que será una invitación a tratar , una indicación de que una o ambas partes están preparadas para negociar un trato. [35] [36] [37] Una excepción surge si el anuncio hace una promesa unilateral, como la oferta de una recompensa, como en el caso de Carlill v Carbolic Smoke Ball Co , [38] decidido en la Inglaterra del siglo XIX . La empresa, un fabricante farmacéutico, anunció una bola de humo que, si se inhalaba "tres veces al día durante dos semanas", evitaría que los usuarios contrajeran la gripe . Si no lo hacía, la empresa prometía pagar al usuario £ 100, agregando que habían "depositado £ 1,000 en el Alliance Bank para demostrar [su] sinceridad en el asunto". Cuando la empresa fue demandada por el dinero, argumentaron que el anuncio no debería haber sido tomado como una oferta seria y legalmente vinculante sino como una calada . El Tribunal de Apelación sostuvo que a un hombre razonable le parecería que Carbolic había hecho una oferta seria y determinó que la recompensa era una promesa contractual.
Como se decidió en el caso de Pharmaceutical Society of Great Britain v Boots Cash Cashiers , se presume que una oferta que se hace en respuesta a una invitación a tratar, sin ninguna negociación o modificación explícita de los términos, incorpora los términos de la invitación a tratar. [39]
En el derecho contractual, la contraprestación se refiere a algo de valor que se da a cambio del cumplimiento de una promesa. [40] En Dunlop v. Selfridge , Lord Dunedin describió la contraprestación como "el precio por el cual se compra la promesa del otro". [41] La contraprestación puede adoptar múltiples formas e incluye tanto beneficios para el promitente como perjuicios para el prometido. La abstención de actuar, por ejemplo, puede constituir una contraprestación válida, pero solo si se renuncia a un derecho legal en el proceso. [42] [43] [44] Las jurisdicciones de derecho consuetudinario requieren una contraprestación para que un contrato simple sea vinculante, pero permiten que los contratos por escritura no requieran una contraprestación. De manera similar, según el Código Comercial Uniforme , las ofertas en firme en la mayoría de las jurisdicciones estadounidenses son válidas sin contraprestación si están firmadas por el oferente. [45]
Para que un contrato sea vinculante, la contraprestación debe ser lícita. Existen normas aplicables para determinar si una contraprestación es lícita tanto en la jurisprudencia como en los códigos de algunas jurisdicciones de derecho consuetudinario. Los principios generales de la contraprestación válida en la tradición del derecho consuetudinario son los siguientes:
La insuficiencia de la contraprestación pasada está relacionada con la regla del deber preexistente . Por ejemplo, en el caso inglés temprano de Eastwood v. Kenyon [1840], el tutor de una joven pidió un préstamo para educarla. Después de casarse, su marido prometió pagar la deuda, pero se determinó que el préstamo era impagable. En el caso inglés temprano de Stilk v. Myrick [1809], un capitán prometió dividir los salarios de dos desertores entre la tripulación restante si aceptaban navegar de regreso a casa con menos personal; sin embargo, esta promesa fue considerada inaplicable porque la tripulación ya había sido contratada para navegar el barco. La regla del deber preexistente también se extiende a los deberes legales generales; por ejemplo, una promesa de abstenerse de cometer un agravio o delito no es suficiente. [46]
Algunas jurisdicciones han modificado el principio inglés o han adoptado otros nuevos. Por ejemplo, en la Ley de Contratos de la India de 1872 , la contraprestación pasada constituye una contraprestación válida, y esa contraprestación puede provenir de cualquier persona, incluso si no es el beneficiario de la promesa. [47] La Ley de Contratos de la India también codifica ejemplos de casos en los que la contraprestación es inválida, por ejemplo, cuando implica un matrimonio o la provisión de un cargo público.
La principal crítica a la doctrina de la contraprestación es que se trata de una mera formalidad que sólo sirve para complicar el comercio y crear incertidumbre jurídica al abrir contratos que de otro modo serían simples al escrutinio para determinar si la contraprestación supuestamente ofrecida satisface los requisitos de la ley.
Si bien el propósito de la doctrina era ostensiblemente proteger a las partes que buscaban anular contratos opresivos, esto se logra actualmente mediante el uso de una variedad sofisticada de defensas disponibles para la parte que busca anular un contrato. En la práctica, la doctrina de la contraprestación ha dado lugar a un fenómeno similar al de Ḥiyal en los contratos islámicos, por el cual las partes de un contrato utilizan tecnicismos para satisfacer requisitos mientras que, de hecho, los eluden en la práctica. Por lo general, esto se da en forma de contraprestación "peppercorn" , es decir, una contraprestación que es insignificante pero que aún satisface los requisitos de la ley. [b]
La doctrina de la contraprestación ha sido expresamente rechazada por los Principios UNIDROIT sobre Contratos Comerciales Internacionales con el argumento de que genera incertidumbre y litigios innecesarios, obstaculizando así el comercio internacional. [5] De manera similar, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías no exige la contraprestación para que un contrato sea válido, excluyendo así la doctrina con respecto a los contratos cubiertos por la convención incluso en jurisdicciones de derecho consuetudinario donde de otro modo se aplicaría. La existencia continua de la doctrina en jurisdicciones de derecho consuetudinario es controvertida. El " Código de Contratos " del abogado escocés Harvey McGregor , una propuesta patrocinada por la Comisión de Derecho para unificar y codificar el Derecho inglés y escocés, propuso la abolición de la contraprestación. Algunos comentaristas han sugerido que la contraprestación se reemplace por el impedimento legal como base para los contratos. [49]
Un contrato se evidencia a menudo por escrito o mediante escritura . La regla general es que una persona que firma un documento contractual estará vinculada por los términos de ese documento. Esta regla se conoce como la regla en L'Estrange v Graucob o la "regla de la firma". [50] Esta regla fue aprobada por el Tribunal Superior de Australia en Toll(FGCT) Pty Ltd v Alphapharm Pty Ltd. [51] La regla generalmente vincula a un firmante a un contrato independientemente de si lo ha leído realmente, [50] [51] siempre que el documento sea de naturaleza contractual. [52] Sin embargo, defensas como la coacción o la inconstitucionalidad pueden permitir al firmante evitar la obligación. Además, se debe dar un aviso razonable de los términos de un contrato a la otra parte antes de su celebración. [53] [54]
Los contratos escritos han sido típicamente preferidos en los sistemas legales de derecho consuetudinario . [55] En 1677 Inglaterra aprobó el Estatuto de Fraudes que influyó en leyes de estatuto de fraudes similares en los Estados Unidos y otros países como Australia. [56] [c] En general, el Código Comercial Uniforme adoptado en los Estados Unidos requiere que un contrato escrito para ventas de productos tangibles por más de $500, y para contratos de bienes raíces sea escrito. Si la ley no requiere que el contrato sea escrito, un contrato oral es generalmente válido y legalmente vinculante. [58] Desde entonces, el Reino Unido ha reemplazado el Estatuto de Fraudes original, pero los contratos escritos aún son requeridos para varias circunstancias como la tierra (a través de la Ley de Propiedad de 1925 ).
No obstante, un contrato válido puede generalmente hacerse oralmente o incluso por conducta. [d] Un contrato oral también puede llamarse contrato parol o contrato verbal, con "verbal" significando "hablado" en lugar de "en palabras", un uso establecido en inglés británico con respecto a contratos y acuerdos, [59] y común aunque algo desaprobado como "flojo" en inglés americano . [60] Un contrato no escrito, tácito, también conocido como "un contrato implícito por los actos de las partes", que puede implicarse legalmente ya sea a partir de los hechos o como lo requiere la ley . Los contratos implícitos de hecho son contratos reales bajo los cuales las partes reciben el "beneficio del trato". [61] Sin embargo, los contratos implícitos en la ley también se conocen como cuasicontratos, y el remedio es quantum meruit , el valor justo de mercado de los bienes o servicios prestados.
En los contratos comerciales se presume que las partes tienen la intención de estar legalmente vinculadas a menos que las partes declaren expresamente lo contrario. Por ejemplo, en Rose & Frank Co v JR Crompton & Bros Ltd , un contrato entre dos partes comerciales no se hizo cumplir porque una "cláusula de honor" en el documento establecía que "este no es un contrato comercial o legal, sino solo una declaración de la intención de las partes". Por el contrario, los contratos domésticos y sociales, como los celebrados entre hijos y padres, normalmente no son ejecutables sobre la base del orden público . Por ejemplo, en el caso inglés Balfour v. Balfour, un marido acordó darle a su esposa 30 libras al mes mientras estaba fuera de casa, pero el tribunal se negó a hacer cumplir el contrato cuando el marido dejó de pagar. Por el contrario, en Merritt v Merritt, el tribunal hizo cumplir un contrato entre una pareja separada porque las circunstancias sugerían que su acuerdo tenía la intención de tener consecuencias legales.
Si los términos de un contrato son tan inciertos o incompletos que eluden una interpretación razonable, las partes no pueden haber llegado a un acuerdo a los ojos de la ley. [62] Un acuerdo para llegar a un acuerdo no constituye un contrato, y la incapacidad de llegar a un acuerdo sobre cuestiones clave, que pueden incluir cosas como el precio o la seguridad, puede hacer que un contrato entero fracase. Sin embargo, un tribunal intentará dar efecto a los contratos comerciales siempre que sea posible, interpretando el contrato de manera razonable. [63] En Nueva Gales del Sur, incluso si hay incertidumbre o incompletitud en un contrato, el contrato puede seguir siendo vinculante para las partes si existe una cláusula suficientemente cierta y completa que exija que las partes se sometan a arbitraje, negociación o mediación. [64]
Los tribunales también pueden recurrir a normas externas, que se mencionan explícitamente en el contrato [65] o se implican en la práctica común en un determinado campo. [66] Además, el tribunal también puede implicar un término; si se excluye el precio, el tribunal puede implicar un precio razonable, con excepción de la tierra y los bienes de segunda mano, que son únicos.
Si existen cláusulas inciertas o incompletas en el contrato, y todas las opciones para resolver su verdadero significado han fallado, puede ser posible separar y anular solo aquellas cláusulas afectadas si el contrato incluye una cláusula de separabilidad . La prueba de si una cláusula es separable es una prueba objetiva: si una persona razonable consideraría que el contrato se mantiene incluso sin las cláusulas. Por lo general, los contratos no separables solo requieren el cumplimiento sustancial de una promesa en lugar del cumplimiento total o completo de una promesa para garantizar el pago. Sin embargo, se pueden incluir cláusulas expresas en un contrato no separable para exigir explícitamente el cumplimiento total de una obligación. [67]
Los tribunales ingleses han establecido que cualquier intención de convertir el contrato en un "código completo", de modo de excluir cualquier opción de recurrir a un remedio de derecho consuetudinario o extracontractual, debe evidenciarse en "palabras claras y expresas": de lo contrario, los tribunales respetarán la "presunción de que cada parte de un contrato tiene derecho a todos los recursos que surgen por imperio de la ley". [68]
Las jurisdicciones de derecho consuetudinario suelen distinguir tres categorías diferentes de términos contractuales, condiciones, garantías y términos intermedios, que varían en el grado de su exigibilidad como parte de un contrato. [69] El derecho consuetudinario inglés distingue entre condiciones importantes y garantías , en las que el incumplimiento de una condición por una de las partes permite a la otra repudiarla y quedar eximida, mientras que una garantía permite recursos y daños, pero no la exoneración completa. [70] [71] En el derecho moderno de los Estados Unidos, la distinción es menos clara, pero las garantías pueden aplicarse de forma más estricta. [72] El hecho de que un término sea o no una condición se determina en parte por la intención de las partes. [71] [73]
En un sentido menos técnico, sin embargo, una condición es un término genérico y una garantía es una promesa. [70] En circunstancias específicas, estos términos se utilizan de manera diferente. Por ejemplo, en la ley de seguros inglesa, la violación de una "condición precedente" por parte de un asegurado es una defensa completa contra el pago de reclamaciones. [74] : 160 En la ley de seguros general, una garantía es una promesa que debe cumplirse. [74] En las transacciones de productos, las garantías prometen que el producto seguirá funcionando durante un cierto período de tiempo. En el Reino Unido, los tribunales determinan si un término es una condición o garantía, independientemente de cómo o si el término fue clasificado en el contrato. [75] [76] La ley también puede declarar que un término o la naturaleza de un término es una condición o garantía. Por ejemplo, la Ley de Venta de Bienes de 1979 s15A establece que los términos como título, descripción, calidad y muestra son generalmente condiciones . [77] El Reino Unido también ha desarrollado el concepto de "término intermedio" (también llamado términos innominados), establecido por primera vez en Hong Kong Fir Shipping Co Ltd v Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [1962].
Tradicionalmente, mientras que las garantías son promesas contractuales que se hacen cumplir mediante una acción legal, independientemente de la materialidad, la intención o la confianza, [72] las representaciones son tradicionalmente declaraciones precontractuales que permiten una acción basada en agravio (como el agravio por engaño ) si la tergiversación es negligente o fraudulenta. [78] En la ley estadounidense, la distinción entre los dos es algo confusa. [72] Las garantías generalmente se consideran como una acción legal principalmente basada en el contrato, mientras que las tergiversaciones negligentes o fraudulentas se basan en agravios, pero existe una mezcla confusa de jurisprudencia en los Estados Unidos. [72] En la ley inglesa moderna, los vendedores a menudo evitan usar el término "representa" para evitar reclamos bajo la Ley de tergiversación de 1967 , mientras que en Estados Unidos el uso de "garantiza y representa" es relativamente común. [79]
Los tribunales ingleses pueden sopesar el énfasis de las partes al determinar si una declaración extracontractual es ejecutable como parte del contrato. En el caso inglés de Bannerman v White , [80] el tribunal confirmó el rechazo por parte de un comprador de lúpulo que había sido tratado con azufre, ya que el comprador expresó explícitamente la importancia de este requisito. El conocimiento relativo de las partes también puede ser un factor, como en el caso inglés de Bissett v Wilkinson , [81] donde el tribunal no encontró tergiversación cuando un vendedor dijo que las tierras agrícolas que se vendían soportarían 2000 ovejas si las trabajaba un solo equipo; se consideró que el comprador tenía suficiente conocimiento para aceptar o rechazar la opinión del vendedor.
Según Andrew Tettenborn et al ., existen cinco circunstancias diferentes en las que un término contractual se convertirá en una condición:
Un término es una condición (en lugar de un término intermedio o innominado, o una garantía), en cualquiera de las siguientes cinco situaciones: (1) el estatuto clasifica explícitamente el término de esta manera; (2) existe una decisión judicial vinculante que respalda esta clasificación de un término particular como una "condición"; (3) un término se describe en el contrato como una "condición" y, al interpretarlo, tiene ese significado técnico; (4) las partes han acordado explícitamente que el incumplimiento de ese término, sin importar las consecuencias fácticas, dará derecho a la parte inocente a rescindir el contrato por incumplimiento; o (5) como una cuestión de interpretación general del contrato, la cláusula debe entenderse como destinada a operar como una condición. [82]
En todos los sistemas de derecho contractual, la capacidad de diversas personas físicas o jurídicas para celebrar contratos, hacer cumplir obligaciones contractuales o hacer que se cumplan contratos en su contra está restringida por razones de orden público. En consecuencia, la validez y la aplicabilidad de un contrato dependen no sólo de si una jurisdicción es de derecho consuetudinario, civil o mixto, sino también de las políticas particulares de la jurisdicción en materia de capacidad. Por ejemplo, es posible que a los niños muy pequeños no se les obligue a cumplir los acuerdos que han celebrado, suponiendo que carecen de la madurez necesaria para entender lo que están haciendo; a los empleados o directores infractores se les puede impedir contratar para su empresa porque han actuado ultra vires (más allá de su poder). Otro ejemplo podría ser el de las personas mentalmente incapacitadas, ya sea por discapacidad o por embriaguez. [83] Los detalles varían entre jurisdicciones, por ejemplo, el artículo 39 del Código Civil de Filipinas proporciona una descripción completa de las circunstancias más típicas que resultan en la pérdida o disminución de la capacidad jurídica: [84] edad, discapacidad mental, estado de sordomudo , pena, ausencia, [e] insolvencia y tutela .
Cada parte contractual debe ser una "persona competente" con capacidad jurídica. Las partes pueden ser personas físicas ("individuos") o personas jurídicas (" corporaciones "). Un acuerdo se forma cuando se acepta una "oferta". Las partes deben tener la intención de estar legalmente vinculadas ; y para ser válido, el acuerdo debe tener tanto una "forma" adecuada como un objeto lícito. En Inglaterra (y en jurisdicciones que utilizan principios contractuales ingleses), las partes también deben intercambiar una " consideración " para crear una "reciprocidad de obligaciones", como en Simpkins v Pays . [85]
En los Estados Unidos, las personas menores de 18 años son típicamente menores y sus contratos se consideran anulables ; sin embargo, si el menor anula el contrato y los beneficios recibidos por el menor son reembolsables, esos beneficios deben ser devueltos. [86] El menor puede hacer cumplir los incumplimientos de contrato por parte de un adulto mientras que, en ausencia de ratificación al alcanzar la mayoría de edad del menor, la ejecución por parte del adulto puede ser más limitada. [87]
Mientras tanto, en Singapur , si bien las personas menores de 21 años son consideradas menores, las secciones 35 y 36 de la Ley de Derecho Civil de 1909 establecen que ciertos contratos celebrados por menores de 18 años o más deben tratarse como si fueran adultos. [88] Además, la Ley de Contratos de Menores de 1987, tal como se aplica en Singapur y en Inglaterra y Gales, establece que un contrato celebrado por un menor no es automáticamente inaplicable y que un "tribunal puede, si es justo y equitativo hacerlo, exigir al demandado [menor] que transfiera al demandante cualquier propiedad adquirida por el demandado en virtud del contrato, o cualquier propiedad que lo represente". [89]
Además de la edad, una de las partes de un contrato puede carecer de capacidad por razones de enfermedad mental o senilidad. En virtud de la Ley de Capacidad Mental de Singapur de 2008, por ejemplo, "una persona carece de capacidad en relación con un asunto si en el momento de los hechos no puede tomar una decisión por sí misma en relación con el asunto debido a un deterioro o una perturbación en el funcionamiento de la mente o el cerebro". [90] Cuando una persona carece de capacidad por razones de enfermedad mental o senilidad, un familiar u otra persona responsable puede obtener un poder notarial permanente para tomar decisiones sobre el "bienestar personal" de la persona incapacitada, los "bienes y asuntos [financieros]" de la persona, o ambos. [91] Las cuestiones sobre si una persona tiene la capacidad para tomar decisiones, ya sea en general o con respecto a un asunto o una clase de asuntos en particular, generalmente se resuelven mediante una declaración judicial y el tribunal que realiza la declaración puede designar a una o más personas para que actúen como tutores (inglés americano) o representantes (inglés de la Commonwealth) de la persona incapacitada. [92]
Si bien las partes establecen una cláusula expresa durante la negociación o se encuentran por escrito en un documento contractual, las cláusulas implícitas no se establecen, pero forman parte del contrato. Las cláusulas implícitas son plenamente exigibles y, según la jurisdicción, pueden surgir como resultado de la conducta o las expectativas de las partes, [f] en virtud de la costumbre (es decir, normas generales tácitas dentro de una industria en particular) o por imperio de la ley.
Las leyes o los precedentes pueden crear términos contractuales implícitos, en particular en relaciones estandarizadas como los contratos de empleo o de transporte marítimo. El Código Comercial Uniforme de los Estados Unidos también impone un pacto implícito de buena fe y trato justo en el cumplimiento y la ejecución de los contratos contemplados en el Código. Además, Australia , Israel y la India implican un término de buena fe similar a través de sus leyes, mientras que la Corte Suprema de Canadá ha desarrollado una doctrina de cumplimiento contractual honesto . Si bien la ley inglesa no impone tal requisito, existe, no obstante, un concepto general de " expectativa legítima " en la mayoría de las jurisdicciones de derecho consuetudinario.
La mayoría de las jurisdicciones tienen disposiciones legales específicas que tratan directamente de la venta de bienes, las transacciones de arrendamiento y las prácticas comerciales. En los Estados Unidos, los ejemplos destacados incluyen, en el caso de los productos, una garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular, y en el caso de las viviendas, una garantía implícita de habitabilidad. En el Reino Unido, los términos implícitos pueden crearse por estatuto (por ejemplo, la Ley de Venta de Bienes de 1979 , la Ley de Derechos del Consumidor de 2015 y las Reglas de La Haya-Visby ), el derecho consuetudinario (por ejemplo, The Moorcock , [93] que introdujo la prueba de "eficacia comercial"), tratos previos (por ejemplo, Spurling v Bradshaw ), [94] o la costumbre (por ejemplo, Hutton v Warren ). [95]
En muchas jurisdicciones de derecho consuetudinario, los contratos de seguro están sujetos a un término implícito en la ley de máxima buena fe , y esto está codificado (por ejemplo) en la sección 17 de la Ley de Seguros Marítimos de Singapur de 1909. [96] Además, dependiendo de la jurisdicción, los contratos de seguro marítimo y de vida pueden requerir que el asegurado tenga un interés asegurable en el activo o la vida asegurados. [97] [98] [99] Por el contrario, en lugar de requerir que un asegurado tenga un interés asegurable en la vida asegurada, la ley alemana simplemente requiere que el asegurado obtenga el consentimiento de la persona cuya vida está asegurada. [99] A diferencia de estar implícito por ley o hecho, un término puede estar implícito sobre la base de la costumbre o el uso en un mercado o contexto particular. En el caso australiano de Con-Stan Industries of Australia Pty Ltd v Norwich Winterthur (Aust) Limited , [100] se establecieron los requisitos para que un término esté implícito por costumbre. Para que un término se considere implícito por costumbre, debe ser "tan conocido y aceptado que se pueda presumir razonablemente que todo aquel que celebre un contrato en esa situación ha importado ese término al contrato". [100] : párrafos 8-9
El cumplimiento se refiere a la finalización de las tareas u obligaciones previstas en el contrato. En algunos casos, como en una transacción de compra minorista, la formación y el cumplimiento del contrato ocurren al mismo tiempo, [101] pero cuando un contrato implica una promesa de hacer algo en el futuro, el cumplimiento se refiere al cumplimiento posterior de esa promesa. El cumplimiento varía según las circunstancias particulares. Mientras se está ejecutando un contrato, se denomina contrato en ejecución , y cuando se completa es un contrato ejecutado. En algunos casos puede haber habido un cumplimiento sustancial pero no un cumplimiento completo, lo que permite que la parte ejecutante sea parcialmente compensada.
Los recursos por incumplimiento de contrato generalmente incluyen daños y perjuicios o formas de reparación específicas, que incluyen, entre otras: cumplimiento específico , medidas cautelares , reparación declaratoria y rescisión . La disponibilidad de diferentes recursos varía de una jurisdicción a otra; la jurisprudencia de derecho consuetudinario prefiere otorgar daños y perjuicios cuando sea posible, mientras que las jurisdicciones de derecho civil se inclinan más por la reparación específica.
En el Reino Unido y Singapur, el incumplimiento de contrato se define en la Ley de Términos Contractuales Injustos de 1977 como: [i] incumplimiento, [ii] desempeño deficiente, [iii] desempeño parcial, o [iv] desempeño que es sustancialmente diferente de lo que se esperaba razonablemente. [102] Las partes inocentes pueden repudiar (cancelar) el contrato solo por un incumplimiento importante (incumplimiento de una condición), [103] [104] pero siempre pueden recuperar daños compensatorios, siempre que el incumplimiento haya causado una pérdida previsible.
Existen varios tipos diferentes de daños que pueden otorgarse por incumplimiento de contrato.
Los daños compensatorios compensan al demandante por las pérdidas reales sufridas con la mayor precisión posible. Pueden ser daños por expectativas, daños por confianza o daños restitutorios . Los daños por expectativas se otorgan para poner a la parte en una posición tan buena como la que habría tenido si el contrato se hubiera cumplido como se prometió. [105] Los daños por confianza se otorgan generalmente cuando no se puede llegar a una estimación razonablemente confiable de la pérdida de expectativas o a opción del demandante. Las pérdidas por confianza cubren los gastos sufridos en la confianza en la promesa. Entre los ejemplos en los que se han otorgado daños por confianza porque las ganancias son demasiado especulativas se incluye el caso australiano de McRae v Commonwealth Disposals Commission [106] que se refería a un contrato por los derechos de salvamento de un barco. En Anglia Television Ltd v. Reed [107] el Tribunal de Apelaciones inglés otorgó al demandante los gastos incurridos antes del contrato en la preparación de la ejecución.
Las jurisdicciones de common law distinguen tradicionalmente entre daños liquidados legítimos, que son válidos y exigibles, y sanciones, que suelen estar prohibidas por ser contrarias al orden público. La prueba tradicional para determinar en qué categoría cae una cláusula fue establecida por la Cámara de los Lores inglesa en Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v New Garage & Motor Co Ltd [108] En las provincias de common law canadienses, las cláusulas penales se consideran válidas y exigibles siempre que no sean abusivas. [109] [110] [111] La posición canadiense es similar al enfoque intermedio adoptado en el derecho contractual filipino, que establece que una cláusula penal que prevé daños liquidados es exigible a menos que la cláusula sea "inicua o abusiva" o que el incumplimiento del contrato en cuestión no sea uno que las partes hayan previsto cuando celebraron el contrato. [112] Un enfoque similar ha sido adoptado por el Tribunal Superior de Australia y el Tribunal Supremo del Reino Unido durante las primeras décadas del siglo XXI; por el cual una cláusula penal es inaplicable sólo si es desproporcionada a los "intereses legítimos", no limitados a la búsqueda de compensación, de la parte no infractora. [113] [114]
Después de que se ha producido un incumplimiento, la parte inocente tiene el deber de mitigar la pérdida adoptando todas las medidas razonables. La falta de mitigación significa que los daños pueden reducirse o incluso denegarse por completo. [115] Sin embargo, Michael Furmston [116] ha argumentado que "es incorrecto expresar la regla (de mitigación) afirmando que el demandante tiene el deber de mitigar su pérdida", [117] citando a Sotiros Shipping Inc v Sameiet, The Solholt . [118] Si una parte notifica que el contrato no se completará, se produce un incumplimiento anticipado .
Los daños pueden ser generales o consecuentes. Los daños generales son aquellos daños que se derivan naturalmente de un incumplimiento de contrato. Los daños consecuentes son aquellos daños que, aunque no se derivan naturalmente de un incumplimiento, son naturalmente asumidos por ambas partes en el momento de la formación del contrato. Un ejemplo sería cuando alguien alquila un coche para llegar a una reunión de negocios, pero cuando esa persona llega para recoger el coche, este no está allí. Los daños generales serían el costo de alquilar un coche diferente. Los daños consecuentes serían la pérdida de negocios si esa persona no pudo llegar a la reunión, si ambas partes sabían la razón por la que la parte estaba alquilando el coche. Para recuperar los daños, un demandante debe demostrar que el incumplimiento del contrato causó una pérdida previsible. [24] [119] Hadley v Baxendale estableció que la prueba de previsibilidad es tanto objetiva como subjetiva. En otras palabras, ¿es previsible para el espectador objetivo o para las partes contratantes, que pueden tener un conocimiento especial? En los hechos de Hadley , donde un molinero perdió producción porque un transportista demoró en llevarse las piezas rotas del molino para repararlas, el tribunal sostuvo que no correspondía pagar daños ya que la pérdida no era previsible ni para el "hombre razonable" ni para el transportista, quienes habrían esperado que el molinero tuviera una pieza de repuesto almacenada.
Puede haber circunstancias en las que sería injusto permitir que la parte incumplidora simplemente compre a la parte perjudicada con daños y perjuicios, por ejemplo, cuando un coleccionista de arte compra una pintura rara y el vendedor se niega a entregarla.
En la mayoría de las jurisdicciones de derecho consuetudinario, estas circunstancias se tratan mediante órdenes judiciales de "ejecución específica", que exigen que se cumpla el contrato o una parte del mismo. En algunas circunstancias, un tribunal ordenará a una de las partes que cumpla su promesa o emitirá una orden judicial que exija a una parte que se abstenga de hacer algo que incumpla el contrato. Se puede obtener una ejecución específica por el incumplimiento de un contrato de venta de terrenos o bienes inmuebles sobre la base de que la propiedad tiene un valor único. En los Estados Unidos, por medio de la 13.ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos , la ejecución específica en los contratos de servicios personales solo es legal " como castigo por un delito por el cual la parte haya sido debidamente condenada ". [120] Tanto una orden de ejecución específica como una orden judicial son recursos discrecionales, que se originan en su mayor parte en equidad . Ninguna está disponible como un derecho y en la mayoría de las jurisdicciones y la mayoría de las circunstancias, un tribunal normalmente no ordenará la ejecución específica. Un contrato para la venta de bienes inmuebles es una notable excepción. En la mayoría de las jurisdicciones, la venta de bienes inmuebles es ejecutable mediante ejecución específica. Incluso en este caso, las defensas a una acción en equidad (como la negligencia , la regla del comprador de buena fe o las manos sucias ) pueden actuar como un obstáculo para el cumplimiento específico.
En la legislación india, la Ley de reparación específica de 1963 codifica las normas que rigen el cumplimiento específico y otros recursos además de los daños y perjuicios. La reparación disponible en virtud de la ley se limita a la recuperación de la posesión de la propiedad, el cumplimiento específico de los contratos, la rectificación de los instrumentos, la rescisión de los contratos, la cancelación de los instrumentos, la reparación declaratoria y los mandatos judiciales.
Cuando corresponda, los tribunales de la mayoría de las jurisdicciones de derecho consuetudinario y de derecho civil pueden permitir la declaración de amparo o la rescisión de contratos. Rescindir es dejar sin efecto o anular un contrato. Hay cuatro formas diferentes en que se pueden dejar sin efecto los contratos. Un contrato puede considerarse " nulo ", " anulable " o " inexigible ", o declararse "ineficaz". La nulidad implica que un contrato nunca llegó a existir. La anulación implica que una o ambas partes pueden declarar un contrato ineficaz a su voluntad. La inexigibilidad implica que ninguna de las partes puede recurrir a un tribunal para obtener un remedio. La ineficacia surge cuando un contrato se rescinde por orden de un tribunal, cuando un organismo público no ha cumplido con los requisitos de la ley de contratación pública . [121]
Las defensas a las reclamaciones en virtud del derecho contractual incluyen factores viciantes , que sirven para determinar si un supuesto contrato es (1) nulo o (2) anulable, o afirmaciones de que la otra parte no cumplió con sus obligaciones dentro de un período de tiempo razonable. Con respecto a los contratos de naturaleza comercial, los Principios UNIDROIT sobre Contratos Comerciales Internacionales proporcionan un esquema general de los motivos por los cuales un contrato puede ser anulado. Cuando un contrato o cláusula es anulable, la parte con derecho a anularlo puede elegir, condicional o incondicionalmente, confirmar el contrato o cláusula, como se describe en el Artículo 3.2.9 de los Principios, que establece que "si la parte con derecho a anular el contrato confirma expresa o implícitamente el contrato después de que haya comenzado a correr el período de tiempo para dar aviso de anulación, la anulación del contrato queda excluida". [5] Además, el artículo 3.2.13 establece que "cuando una causa de resolución afecte únicamente a términos individuales del contrato, el efecto de la resolución se limitará a esos términos, a menos que, teniendo en cuenta las circunstancias, no sea razonable mantener el resto del contrato". [5]
Aunque las disposiciones sobre la anulación de un contrato por la conducta de la otra parte son, en general, similares en las distintas jurisdicciones, la anulación por la conducta de un tercero es más controvertida. El artículo 3.2.8 de los Principios dispone que cuando la conducta que constituye motivo de rescisión "sea imputable a, o sea conocida o debiera ser conocida por, un tercero de cuyos actos la otra parte sea responsable, el contrato podrá resolverse en las mismas condiciones que si la conducta o el conocimiento hubieran sido de la propia parte". De manera similar, si bien los factores viciantes son similares en las distintas jurisdicciones, la medida en que el incumplimiento de una de las partes de un contrato puede constituir motivo de rescisión o terminación anticipada de las obligaciones contractuales varía entre jurisdicciones. Por ejemplo, la legislación de China continental establece que una parte puede intentar rescindir un contrato o dar por terminadas sus obligaciones restantes si la otra parte "expresa o indica mediante un acto que no cumplirá la obligación principal", "retrasa el cumplimiento de la obligación principal y sigue sin cumplirla dentro de un período de tiempo razonable", o "retrasa el cumplimiento de la obligación o ha actuado de otro modo en incumplimiento del contrato, haciendo así imposible alcanzar el propósito del contrato". [122]
Por declaración falsa se entiende una declaración falsa de un hecho que se produce antes de la celebración de un contrato por una parte a otra y que tiene el efecto de inducir a esa parte a celebrar el contrato. Por ejemplo, en determinadas circunstancias, las declaraciones o promesas falsas hechas por un vendedor de mercaderías con respecto a la calidad o naturaleza del producto que tiene el vendedor pueden constituir una declaración falsa. La constatación de una declaración falsa permite un recurso de rescisión y, a veces, una indemnización por daños y perjuicios, según el tipo de declaración falsa. La rescisión es el recurso principal y también se pueden solicitar daños y perjuicios si se establece un agravio. El artículo 3.2.5 de los Principios de los Contratos Comerciales Internacionales dispone que "una parte puede resolver el contrato cuando haya sido inducida a celebrarlo por la declaración fraudulenta de la otra parte, incluidos los términos o las prácticas, o la omisión fraudulenta de circunstancias que, según las normas comerciales razonables de un trato justo, la última parte debería haber revelado". [5]
En las jurisdicciones de derecho consuetudinario, para probar la tergiversación o el fraude, tradicionalmente debe haber evidencia que demuestre que se hizo una reclamación, que dicha reclamación era falsa, que la parte que hizo la reclamación sabía que la reclamación era falsa y que la intención de esa parte era que se realizara una transacción basada en la reclamación falsa. [123] Para obtener reparación, debe haber una tergiversación positiva de la ley y también, la persona a la que se hizo la representación debe haber sido engañada por esta tergiversación y haber confiado en ella: Public Trustee v Taylor . [124] Hay dos tipos de tergiversación: fraude en el hecho y fraude en la inducción. El fraude en el hecho se centra en si la parte que alega tergiversación sabía que estaba creando un contrato. Si la parte no sabía que estaba celebrando un contrato, no hay un acuerdo de voluntades y el contrato es nulo. El fraude en la inducción se centra en la tergiversación que intenta hacer que la parte celebre el contrato. La tergiversación de un hecho material (si la parte hubiera sabido la verdad, no habría celebrado el contrato) hace que el contrato sea anulable. Supongamos que dos personas, la parte A y la parte B, celebran un contrato. Luego, se determina más tarde que la parte A no comprendió completamente los hechos y la información descriptos en el contrato. Si la parte B utilizó esta falta de comprensión en contra de la parte A para celebrar el contrato, la parte A tiene derecho a anular el contrato. [125] Según Gordon v Selico [1986] es posible tergiversar ya sea con palabras o con la conducta. Por lo general, las declaraciones de opinión o intención no son declaraciones de hechos en el contexto de la tergiversación. [81] Si una de las partes afirma tener conocimientos especializados sobre el tema discutido, es más probable que los tribunales consideren una declaración de opinión de esa parte como una declaración de hechos. [126]
En Singapur y el Reino Unido, la Ley de 1967 sobre la tergiversación de declaraciones falsas establece que las tergiversaciones inocentes también pueden ser motivo de indemnización por daños y perjuicios y de remisión del contrato pertinente. [127] La sección 35 de la Ley de Derecho Comercial y Contractual de 2017 establece de manera similar la indemnización por daños y perjuicios en casos de tergiversación inocente y fraudulenta en Nueva Zelanda. [128] Al evaluar los recursos para una tergiversación inocente, el juez tiene en cuenta la probabilidad de que una parte se base en la afirmación falsa y la importancia de la afirmación falsa. [129] El derecho contractual no delinea ningún límite claro en cuanto a lo que se considera una afirmación falsa aceptable o lo que es inaceptable. Por lo tanto, la pregunta es qué tipos de afirmaciones falsas (o engaños) serán lo suficientemente importantes como para anular un contrato sobre la base de dicho engaño. Los anuncios que utilizan la "exageración", o la práctica de exagerar ciertas cosas, caen dentro de esta cuestión de posibles afirmaciones falsas. [125]
El principio fundamental de "caveat emptor", que significa "que el comprador tenga cuidado", se aplica a todas las transacciones estadounidenses. [125] En Laidlaw v. Organ , la Corte Suprema decidió que el comprador no tenía que informar al vendedor sobre información que sabía que podía afectar el precio del producto. [123]
Es una falacia que una opinión no pueda ser una declaración de hechos. Si una declaración es la expresión honesta de una opinión honestamente sostenida, no se puede decir que implique tergiversaciones fraudulentas de hechos. [130]
La sección 2 de los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales define hasta qué punto se acepta un error como motivo para anular un contrato en la mayoría de las jurisdicciones. Según el artículo 3.1.2 de los Principios, un "error es una suposición errónea relativa a los hechos o al derecho existente al momento de la celebración del contrato". [5] El artículo 3.1.3 de los Principios dispone que "una parte sólo podrá anular el contrato por error si, al celebrarse el contrato, el error era de tal importancia que una persona razonable en la misma situación que la parte que cometió el error sólo habría celebrado el contrato en términos sustancialmente diferentes o no lo habría celebrado en absoluto si hubiera conocido la verdadera situación". [5] Además, el artículo 3.1.3 dispone que la parte que intente resolver un contrato debe demostrar que “la otra parte cometió el mismo error, o causó el error, o sabía o debería haber sabido del error y era contrario a las normas comerciales razonables de lealtad comercial dejar a la parte que cometió el error en el error” o que “la otra parte no había actuado razonablemente en el momento de la resolución basándose en el contrato”. [5] Sin embargo, una parte no puede intentar resolver un contrato sobre la base de un error si “fue gravemente negligente al cometer el error” o “el error se relaciona con un asunto respecto del cual el riesgo de error ... debería ser soportado por la parte que cometió el error”. [5]
Las jurisdicciones de derecho consuetudinario identifican tres tipos de error en el contrato: error común, error mutuo y error unilateral.
Los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales describen una lista completa de circunstancias en las que el fraude cometido por una parte o las amenazas realizadas por ella constituyen motivos para resolver el contrato. Con respecto a las amenazas, el artículo 3.2.6 establece que "una parte puede resolver el contrato cuando se ha visto inducida a celebrarlo por la amenaza injustificada de la otra parte" si la acción amenazada es tan grave que "no deja a la primera parte ninguna alternativa razonable". [5] Una amenaza se considera "injustificada" de conformidad con el artículo 3.2.6 si "el acto u omisión con el que se ha amenazado a una parte es ilícito en sí mismo, o es ilícito utilizarlo como medio para obtener la celebración del contrato". [5] En las jurisdicciones de common law, la noción de amenaza injustificada se conoce como "coacción". El Diccionario de Derecho de Black define la coacción como una "amenaza de daño hecha para obligar a una persona a hacer algo en contra de su voluntad o juicio; esp., una amenaza ilícita hecha por una persona para obligar a una manifestación de aparente asentimiento por parte de otra persona a una transacción sin una voluntad real" y constituye motivo para anular un contrato. [139] Un ejemplo es el de Barton v Armstrong [1976], en el que una persona fue amenazada de muerte si no firmaba el contrato. Una parte inocente que desee anular un contrato por coacción a la persona solo necesita probar que se hizo la amenaza y que fue una razón para la celebración del contrato; la carga de la prueba pasa entonces a la otra parte para demostrar que la amenaza no tuvo efecto en hacer que la parte celebrara el contrato. También puede haber coacción sobre bienes y, a veces, "coacción económica".
Además de los casos de fraude y amenazas injustificadas, los contratos también pueden ser anulados por el hecho de que una de las partes ejerció su superior poder de negociación para imponer condiciones inequitativas a la otra parte. El artículo 3.2.7 de los Principios establece que "una parte podrá anular el contrato o una cláusula individual del mismo si, al momento de la celebración del contrato, el contrato o la cláusula le dio injustificadamente a la otra parte una ventaja excesiva" y especifica que, para determinar si la cláusula era inequitativa, un tribunal o árbitro debe considerar en qué medida "la otra parte se ha aprovechado injustamente de la dependencia, la dificultad económica o las necesidades urgentes de la primera parte, o de su imprevisión, ignorancia, inexperiencia o falta de habilidad para negociar". [5] Además de anular el contrato, el artículo 3.2.7 también establece que los tribunales pueden aplicar la doctrina del lápiz azul y modificar o anular cualquier cláusula inequitativa dejando intacto el resto del contrato. [5] En las jurisdicciones de derecho consuetudinario, la doctrina equitativa relacionada de la influencia indebida permite a los tribunales proporcionar un remedio en situaciones en las que una persona se aprovecha de una posición de poder o influencia sobre otra persona. Cuando existe una relación especial, como entre padre e hijo o abogado y cliente, los tribunales en las jurisdicciones de derecho consuetudinario tienen amplia discreción en cuanto a si se proporciona un remedio. Cuando no existe una relación especial, la cuestión es si había una relación de tal confianza que debería dar lugar a tal presunción. [140] [141] [142] En el derecho australiano, un contrato puede ser anulado además debido a un trato abusivo . [143] [144] En primer lugar, el demandante debe demostrar que tenía una discapacidad especial, siendo la prueba para esto que no podía actuar en su mejor interés. En segundo lugar, el demandante debe demostrar que el demandado se aprovechó de esta discapacidad especial. [145] [143]
Si el contrato se basa en un fin ilícito o contrario al orden público , el contrato es nulo . Este principio está codificado en el artículo 3.3.1 de los Principios, que dispone que: [5]
El artículo 3.3.2 establece que, cuando sea razonable, una infracción podrá justificar la restitución. [5]
En el caso canadiense de 1996 Royal Bank of Canada v. Newell [146] una mujer falsificó la firma de su marido, y éste aceptó asumir "toda la responsabilidad" por los cheques falsificados. Sin embargo, el acuerdo no era ejecutable porque tenía como objetivo "reprimir un proceso penal" y el banco se vio obligado a devolver los pagos efectuados por el marido. En los EE.UU., un tipo inusual de contrato inaplicable es un contrato de empleo personal para trabajar como espía o agente secreto. Esto se debe a que el secreto mismo del contrato es una condición del mismo (para mantener una negación plausible ). Si el espía posteriormente demanda al gobierno por el contrato por cuestiones como el salario o los beneficios, entonces el espía ha incumplido el contrato al revelar su existencia. Por lo tanto, es inaplicable por ese motivo, así como por la política pública de mantener la seguridad nacional (ya que un agente descontento podría tratar de revelar todos los secretos del gobierno durante su demanda). [147] Otros tipos de contratos de trabajo inaplicables incluyen contratos en los que se acuerda trabajar por menos del salario mínimo y se pierde el derecho a la compensación laboral en los casos en que se debe pagar una compensación laboral.
Todas las jurisdicciones, tanto las de derecho civil como las de derecho consuetudinario, suelen prever la terminación o reducción de las obligaciones contractuales en casos de fuerza mayor o (en la terminología tradicional del derecho consuetudinario) de frustración del propósito . El artículo 7.1.7 de los Principios establece que "el incumplimiento de una parte se excusa si esa parte prueba que el incumplimiento se debió a un impedimento fuera de su control y que no cabía razonablemente esperar que hubiera tenido en cuenta el impedimento al momento de la celebración del contrato o que lo hubiera evitado o superado o sus consecuencias". [5] Según el Código Civil de la República Popular China , cualquier parte de un contrato puede rescindirlo si "el propósito del contrato no puede lograrse debido a fuerza mayor". [122] De manera similar, la Ley de Contratos Frustrados de 1959 (Singapur) y la subparte 4 de la Ley de Contratos y Derecho Comercial de 2017 (Nueva Zelanda) establecen recursos para las partes de los contratos que no se pueden cumplir debido a fuerza mayor, incluida la rescisión, la compensación por bienes o servicios ya proporcionados y la separabilidad de las partes del contrato que se pueden y no se pueden cumplir. [148] [149] Además, el código civil chino establece que una parte puede rescindir sus obligaciones contractuales si la parte a la que se deben sus obligaciones se encuentra en dificultades financieras . [150]
Sujeto a las leyes de la jurisdicción en la que se presenta una impugnación, los contratos pueden, en determinadas circunstancias, modificarse o rescindirse sobre la base de dificultades para la parte que busca alivio de las obligaciones contractuales.
El artículo 6.2.2 de los Principios UNIDROIT define la onerosidad como "cuando la ocurrencia de eventos altera fundamentalmente el equilibrio del contrato, ya sea porque el costo de la prestación de una parte ha aumentado o porque el valor de la prestación que una parte recibe ha disminuido", siempre que el riesgo de que ocurran los eventos no haya sido asumido por la parte que alega onerosidad o que la ocurrencia de los eventos haya estado "fuera del control de la parte desfavorecida", no haya sido conocida hasta después de la celebración del contrato, o "no haya podido ser razonablemente tomada en cuenta" por la parte. [5] El artículo 6.2.3 de los Principios establece que una parte que enfrenta onerosidad tiene derecho a solicitar la renegociación del contrato y, si las negociaciones no tienen éxito, puede solicitar al tribunal competente que rescinda o modifique el contrato o una disposición del mismo. [5]
En Inglaterra y Gales, la Ley de Venta de Mercancías de Benjamin establece un umbral alto para el uso de la demanda de que se le “impida” cumplir con una obligación contractual, y establece que para demostrar que una parte es “incapaz” de cumplir el contrato, debe demostrar que el cumplimiento es física o legalmente imposible. La dificultad y la falta de rentabilidad no se consideran como factores que hacen imposible el cumplimiento. [151]
Una defensa parcial disponible en una variedad de jurisdicciones de derecho civil, consuetudinario y mixto es la compensación o neteo de obligaciones. Esto implica la pérdida de una o más obligaciones adeudadas por la otra parte a cambio de ser excusada del cumplimiento de las propias obligaciones de una parte hacia la otra parte. Permite que los derechos se utilicen para liquidar las obligaciones cuando existen demandas cruzadas entre un demandante y un demandado , lo que da como resultado que las reclamaciones brutas de deuda mutua produzcan una única reclamación neta. [152] La reclamación neta se conoce como posición neta . En otras palabras, una compensación es el derecho de un deudor a equilibrar las deudas mutuas con un acreedor. Cualquier saldo restante adeudado por cualquiera de las partes todavía se debe, pero las deudas mutuas se han compensado. El poder de las posiciones netas radica en reducir la exposición al crédito , y también ofrece requisitos de capital regulatorio y ventajas de liquidación, que contribuyen a la estabilidad del mercado . [153]
Según el Artículo 8.1 de los Principios, "cuando dos partes se deben mutuamente dinero u otras prestaciones del mismo tipo, cualquiera de ellas ("la primera parte") puede compensar su obligación con la de su acreedor" ("la otra parte") si, al invocar la compensación: [5]
El requisito de que las obligaciones sean "de la misma naturaleza" es más amplio que el requisito de algunos sistemas jurídicos de que las obligaciones que se compensan sean fungibles, aunque excluye las obligaciones de naturaleza fundamentalmente personal. [5] Cuando las obligaciones en cuestión se deben en diferentes monedas, el artículo 8.2 establece que se puede invocar la compensación si las monedas en cuestión son libremente convertibles y las partes no han acordado que la primera parte solo pueda pagar en una moneda específica. [5] En lugar de operar automáticamente o siguiendo una orden judicial, el artículo 8.3 establece que la compensación solo puede ejercerse mediante notificación a la otra parte; además, el artículo 8.4 establece que si la notificación no especifica las obligaciones a las que se refiere, la otra parte puede hacerlo mediante una declaración hecha dentro de un plazo razonable, en cuyo defecto la compensación se relaciona con todas las obligaciones proporcionalmente. [5] El efecto de la compensación, según el artículo 8.5, es que: [5]
El factor principal que distingue a las jurisdicciones de derecho civil y derecho mixto de sus contrapartes de derecho consuetudinario es la ausencia del requisito de contraprestación y, por lo tanto, la ausencia de cualquier distinción legal entre contratos por escritura y otros contratos escritos. El derecho contractual en la mayoría de las jurisdicciones de derecho civil es parte del derecho más amplio de obligaciones codificado en un código civil o comercial que describe claramente hasta qué punto los objetivos de política pública limitan la libertad de contratar y se adhiere al principio general de que el único requisito formal para que se celebre un contrato es la existencia de un acuerdo de voluntades entre las dos partes en el momento en que se supone que se ha celebrado el contrato.
Las jurisdicciones de derecho civil con leyes codificadas de obligaciones distinguen entre contratos nominados e innominados. Los contratos nominados son categorías estandarizadas de contratos que están estrechamente regulados en forma y sustancia por la ley. Los contratos de venta, donación, arrendamiento y seguro generalmente se regulan como contratos nominados. [154] [155] [156] El deudor y el acreedor bajo contratos nominados tienen derechos y obligaciones especialmente prescritos por la ley. Los contratos nominados generalmente deben incluir ciertos términos expresos ( essentialia ) y se interpretan para incluir términos implícitos en la ley. A diferencia de las jurisdicciones de derecho civil con leyes codificadas de obligaciones, las jurisdicciones que siguen el derecho romano holandés o el derecho escandinavo generalmente carecen de disposiciones específicas para los contratos nominados ya que su ley de obligaciones está determinada en gran medida por precedentes judiciales y estatutos individuales, similar a las jurisdicciones de derecho consuetudinario. Sin embargo, los principios subyacentes a la formación de contratos en estas jurisdicciones están estrechamente relacionados con los de otras jurisdicciones de derecho civil.
En virtud del Código Civil de la República Popular China , los contratos regidos por la ley de China continental llevan una cláusula implícita según la cual, además de cumplir "sus respectivas obligaciones según lo acordado en el contrato", "las partes cumplirán con el principio de buena fe y cumplirán obligaciones tales como enviar notificaciones, prestar asistencia y mantener la confidencialidad de acuerdo con la naturaleza y el propósito del contrato y el curso de las transacciones". [157] Además, el código impone una cláusula implícita según la cual "las partes evitarán desperdiciar los recursos, contaminar el medio ambiente o dañar la ecología en el curso de la ejecución del contrato". [157] La inclusión de una cláusula implícita que protege el medio ambiente en la ley contractual de China continental es análoga a la imposición en la ley de responsabilidad civil india de la responsabilidad absoluta para las empresas que causan contaminación u otros daños a la propiedad o a las personas cuando realizan actividades peligrosas según la regla en MC Mehta v. Union of India y a los derechos sui generis de personalidad otorgados al medio ambiente en las leyes de varias jurisdicciones. Mientras que otras jurisdicciones imponen protecciones para el medio ambiente a través de leyes de responsabilidad civil, regulaciones o personería jurídica ambiental, la ley de China continental utiliza términos contractuales implícitos en la ley.
Los contratos de nominación en jurisdicciones de derecho civil y los contratos sujetos a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG) están sujetos a los términos implícitos en el código civil o comercial correspondiente o en la convención, respectivamente. Muchas jurisdicciones de derecho civil imponen un deber legal de buena fe que se extiende a la negociación y al cumplimiento de los contratos. En virtud de la CISG, se prescriben diversos términos implícitos por ley para los contratos que implican la compraventa internacional de mercaderías. En general, las mercaderías deben ser de la calidad, cantidad y descripción requeridas por el contrato, estar adecuadamente empaquetadas y ser aptas para el propósito. [158] El vendedor está obligado a entregar mercaderías que no sean objeto de reclamaciones de un tercero por infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual en el Estado en el que se venderán las mercaderías. [159] El comprador está obligado a examinar rápidamente las mercaderías y, sujeto a ciertas salvedades, debe informar al vendedor de cualquier falta de conformidad dentro de "un plazo razonable" y a más tardar dentro de los dos años siguientes a la recepción. [160]
Las jurisdicciones de derecho civil pueden conceder el cumplimiento específico con mayor facilidad que las jurisdicciones de derecho consuetudinario, que generalmente prefieren conceder daños y perjuicios. El artículo 7.2.2 de los Principios Internacionales de Contratos Comerciales adopta un enfoque moderado, al disponer que "cuando una parte que tiene una obligación distinta de la de pagar dinero no cumple, la otra parte puede exigir el cumplimiento", excepto cuando "el cumplimiento sea imposible de derecho o de hecho" o "el cumplimiento o, en su caso, la ejecución sea irrazonablemente gravoso o costoso". [5] De acuerdo con los Principios, por lo tanto, se prefiere la reparación específica, pero los tribunales y los árbitros pueden optar en cambio por conceder daños y perjuicios basándose en una evaluación contextual de la complejidad que resultaría de la reparación específica.
En las jurisdicciones de derecho civil, las cláusulas penales están permitidas y se considera que cumplen dos propósitos: disuadir al acreedor de incumplir sus obligaciones y proporcionar una compensación predecible y garantizada por cualquier incumplimiento del contrato que se produzca. [161]
En virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG), los recursos del comprador y del vendedor dependen de la naturaleza del incumplimiento del contrato. Si el incumplimiento es fundamental, la otra parte se ve sustancialmente privada de lo que esperaba recibir en virtud del contrato. Siempre que una prueba objetiva demuestre que el incumplimiento no podía haberse previsto, [162] entonces el contrato puede resolverse [163] y la parte perjudicada puede reclamar daños y perjuicios. [164] Cuando se ha producido un cumplimiento parcial de un contrato, la parte ejecutante puede recuperar cualquier pago realizado o bien suministrado; [165] esto contrasta con el derecho consuetudinario, donde generalmente no existe un derecho a recuperar un bien suministrado a menos que se haya retenido el título o los daños y perjuicios sean inadecuados, solo un derecho a reclamar el valor del bien. [166] Si el incumplimiento no es fundamental, entonces el contrato no se resuelve y se pueden buscar recursos que incluyan la reclamación de daños y perjuicios, el cumplimiento específico y el ajuste del precio. [167] Los daños que pueden concederse se ajustan a las normas de derecho consuetudinario en Hadley v Baxendale [168], pero se ha argumentado que la prueba de previsibilidad es sustancialmente más amplia [169] y, en consecuencia, más generosa para la parte agraviada.
In jurisdictions applying Roman-Dutch law, a claim for specific performance is the primary and obvious and most basic remedy for breach of contract, upholding as it does the expectation interest of the creditor: When one enters into a contract, one expects performance in terms of it. This approach is contrary to that taken under English law,[170] where damages are preferred, and where specific performance is a special discretionary remedy that may be sought only in certain circumstances.[171][172] A claim for specific performance may be for the payment of a sum of money (ad pecuniam solvendum), a claim for the performance of some positive act other than payment of money (ad factum praestandum) or a claim to enforce a negative obligation. The remedy of specific performance is not absolute and does not guarantee success. Even where it is shown that there has been a breach, the remedy is not granted unless the innocent party is ready to perform and performance is subjectively and objectively possible for the defendant. The courts have exercised an equitable discretion to refuse a claim for specific performance, usually on the grounds of impossibility, undue hardship or in claims for the enforcement of personal services. An order for specific performance is enforced in keeping with the ordinary rules of procedure. The cases of Benson v SA Mutual Life, Santos v Igesund and Haynes v King William's Town Municipality[173] set out guidelines to be taken into consideration where the court is asked to grant specific performance. A court does not make an order for specific performance in cases where:
In other civil law jurisdictions, the range of available remedies varies but typically includes provision for specific performance, rescission, declaratory relief, and injunctions although the distinction between specific performance and injunctions does not necessarily exist in all civil law jurisdictions. In jurisdictions with codified laws of obligations, the extent of remedies available and the circumstances in which they are provided is outlined in the civil or commercial code.
In jurisdictions whose system of contract law is derived from the Napoleonic Code (or from its derivatives, e.g. the Civil Code of Lower Canada or the Egyptian Civil Code), contracts can be divided into their Negotium [fr] (the substantive content of the contract) and their Instrumentum [fr] (the formal significance attached to the existence of the contract itself). In principle, only the negotium is essential to the formation of a valid contract, in line with the principle of substance over form. In France, under article 1128 of the French Civil Code, the principle of the parties' mutual assent is codified as the primary doctrine underlying French contract law.[175] Similarly, article 1385 of the Civil Code of Quebec codifies the principle that, in general, contracts are formed by the exchange of consent between natural or juridical persons possessing capacity to contract.[176] Following the collapse of the Soviet Union, the Russian Federation's new civil code adopted in 1994 replaced its previous system of socialist law with a system similar to the French Civil Code and is therefore also based largely on the exchange of mutual assent.
Contracts in systems based on the Napoleonic code can typically be categorised as consensual contracts, which are formed solely on the basis of the parties' exchange of consent to form legal relations;[177] real contracts [fr], which are concluded not by an explicit exchange of mutual assent but by the handing over of a chose; or contrats solennels [fr], which are analogous to deeds in common law jurisdictions and require notarial formalities to be concluded. Thus, while consensual contracts and real contracts can be formed solely by the actions of the parties, contrats solennels can only be formed via specified formal processes. Nevertheless, all three categories of contracts are based solely on the exchange of mutual assent, differing only in the manner in which assent is expressed.
Québecois contract law represents a distinct offshoot of French contract law that has evolved under British rule and, following Confederation, independent Canadian rule, during which time it has both influenced and been influenced by the common law jurisprudence of Canada's other provinces and territories. In general, the rules governing the formation of a contract under Québecois law are codified in Book Five, Title One, Chapter 2, Division 3 of the Civil Code. Except where a specific provision of law requires otherwise, a contract is formed by the exchange of consent between persons with the capacity enter into a contract.[178] Additionally, a valid contract must have a cause and an object.[178] The cause of a contract is the reason that determines each of the parties to enter into the contract, and does not need to be explicitly expressed in the contract.[179] The object of a contract is the juridical operation (i.e. exchange of one or more legal rights) contemplated by the parties at the time of the contract's formation.[180] An object is only valid if it is not prohibited by law or on grounds of public policy.[181] A contract which does not meet the conditions of its formation may be annulled .[182]
Additionally, with regard to maritime law, Québec follows Common law jurisprudence. This is because Canadian maritime law developed a distinct jurisdiction and area of law within the legislative purview of Parliament rather than the provincial legislatures and, as such, is uniform across the countries. In Ordon Estate v. Grail, the Supreme Court of Canada stated that "the substantive content of Canadian maritime law is...the body of law administered in England by the High Court on its Admiralty side in 1934, as that body of law has been amended by the Canadian Parliament and as it has developed by judicial precedent", and that "most of Canadian maritime law with respect to issues of tort, contract, agency and bailment is founded upon the English common law" but nevertheless that "English admiralty law as incorporated into Canadian law in 1934 was an amalgam of principles deriving in large part from both the common law and the civilian tradition".[183] The formation of contracts under Canadian maritime law thus functions similarly but not identically to the formation of contracts in the country's common law provinces; furthermore, the implementation of rules derived from international conventions subject maritime contracts to distinct rules often derived from international norms. Similarly, with regard to bills of exchange and promissory notes, Québec and the remainder of the Canadian provinces and territories follow a distinct legal system based on, but not identical to, the contract law of Canada's common law jurisdictions. As Canadian law regarding bills of exchange and promissory notes is derived from English common law, consideration is required for the issue of a valid bill of exchange or promissory note, but the requirement for consideration is looser, with the federal Bills of Exchange Act providing that the requirement for consideration may be satisfied either by "any consideration sufficient to support a simple contract" in the country's common law provinces and territories or by "an antecedent debt or liability", thus enabling past consideration to be valid as it is under Indian contract law.[184]
Québecois contract law also shares two distinctly Canadian duties of good faith with the other Canadian provinces and territories, as a result of the Supreme Court of Canada interpreting provisions of the civil code and precedent in the common law provinces such that they converge. One such duty is that of honest contractual performance. This duty requires parties to a contract to act in good faith and with honesty in exercising their rights under a contract and in delivering their obligations under a contract. This duty prohibits parties to a contract from "[lying] or otherwise knowingly mislead[ing] each other about matters directly linked to the performance of the contract".[185] In Québec, it is rooted in sections 6 and 7 of the civil code which provide that "every person is bound to exercise his civil rights in accordance with the requirements of good faith"[186] and that "no right may be exercised with the intent of injuring another or in an excessive and unreasonable manner, and therefore contrary to the requirements of good faith".[187] The other such duty is that to negotiate in good faith, grounded in section 1375 of the civil code which provides that parties to a contract must act in good faith not only at the time an obligation is performed but also "at the time the obligation arises".[188] Circumstances giving rise to this duty include: negotiations between franchisors and franchisees, insurers and insured parties, contracts pertaining to marriages and separation agreements, invitations to tender, and fiduciary relationships.[189] With regard to invitations to tender, this duty is applied in the form of the uniquely Canadian Contract A doctrine.
In Québecois contract law, there are a variety of nominate contracts for which the civil code makes special provision. These include contracts for the sale of goods, the sale of immovable property, gifts, and a variety of contracts described by the civil code as being similar in nature to contracts for sale. Furthermore, the rules regarding contracts for the international sale of goods are harmonised as a result of Canada's membership in the United Nations convention
The Roman-Dutch law of contract is based on canon and natural laws. Adopting the canonist position, all contracts were said to be an exchange of promises that were consensual and bonae fidei, that is, based simply on mutual assent and good faith. Taking the Christian view that it is a sin to break one's promise, canon lawyers developed the pacta sunt servanda principle under which all serious agreements ought to be enforced, regardless of whether there had been compliance with strict formalities as prescribed by secular law.[190] Under the causa theory, for the contract to be binding it had to have a iusta causa, or lawful motive in line with Christian moral imperatives, arising not only from a lawful or just right, title, or cause of action, but also from love and affection, moral consideration, or past services.[191] A nudum pactum was redefined as any agreement unenforceable for lack of causa. All of these principles were applied uniformly through European ecclesiastical courts.
In keeping with Enlightenment values, natural lawyers stripped away the Christian morality from contract law. They redefined a contract as a concurrence of wills, and each party's "promise" was now seen as a declaration of will devoid of moral obligation (will theory). In place of iusta causa developed a general principle of binding force under which any valid contract was both binding and actionable. Canonist substantive fairness shifted to procedural fairness, so good faith and mutual assent were retained as requirements, but just price and laesio enormis were not. In African states which were previously under English or South African rule, public policy was substituted for bonos mores, though this shift did not affect other Roman-Dutch law jurisdictions.
In jurisdictions following Roman Dutch Law, including mixed systems in South Africa and neighbouring countries in which contract law continues to adhere to Roman Dutch tradition, the following requirements must be met for a contract to be considered valid:
In such jurisdictions, a contract has certain characteristic features:
The modern concept of contract is generalised so that an agreement does not have to conform to a specific type to be enforced, but contracting parties are required to conduct their relationship in good faith (bona fides).
Under Scots law, a contract is created by bilateral agreement and should be distinguished from a unilateral promise, the latter being recognised as a distinct and enforceable species of obligation in Scots Law. Scots contract law is related to Roman Dutch contract law owing to the influence of Dutch and Flemish merchants and scholarship on Scots jurisprudence prior to the Act of Union 1707, and similarly arose through a process of judicial and scholarly development based on Scottish and continental European interpretations of classical Roman contract law. Consequently, in order for a contract to be valid under Scots law the following requirements must be met for a contract to be considered valid:
As in most systems of contract law, a contract is formed by the acceptance of an offer, and an offer can be constituted by responding to an invitation to treat. While there is no requirement for consideration in Scots contract law, a distinction is made between "gratuitous" contracts which only impose obligations upon one party and "onerous" contracts in which each party undertakes obligations toward the other, with the distinction only being relevant in instances where one party's failure to deliver on its obligations excuses or limits the obligations of the other party.
Scots contract law has also been supplemented and modified by legislation seeking to modernise jurisprudence. For example, the Contract (Scotland) Act 1997 codifies the parol evidence rule in Scots contract law by providing that where a written document appears to comprise all the terms of a contract, it shall be presumed to do so except where the contrary is proved and by further providing that a document which expressly states that it comprises all the terms of a contract is conclusively presumed to do so.[195] The act also alters Scots contract law to enable a buyer to seek damages for breach of contract under a contract of sale from the seller without being required to reject the goods or rescind the contract as was previously the case. For example, while a contractual promise historically had to be proved by writ or oath, the Requirements of Writing (Scotland) Act 1995 provided that a promise need only be evidenced in writing for the creation, transfer, variation or extinction of a real right in land (s 1(2) (a)(i) of Requirements of Writing (Scotland) Act 1995) and for a gratuitous unilateral obligation other than one undertaken in the course of business (s 1(2)(a)(ii) of Requirements of Writing (Scotland) Act 1995.)[h]
Rules concerning the creation of third-party rights in Scots contract law are codified in the Contract (Third Party Rights) (Scotland) Act 2017, which provides that a third-party right comes into existence where a "contract contains an undertaking that one or more of the contracting parties will do, or not do, something for the [third-party]'s benefit" and the parties to the contract intended that "the [third-party] should be legally entitled to enforce or otherwise invoke the undertaking".[196] The act specifically provides that a third-party does not have to be in existence or fall within the category of persons specified by the right at the time of the right's creation.[196] Furthermore, it makes provisions for the enforcement of rights by third-parties and, while it allows for the parties to a contract to modify or rescind the third-party right, it codifies protections for third-parties who have acted in reliance on such a right or have provided notice of their acceptance to the promisor of the right.[196]
There are four distinct systems of contract law presently in force in China, three of which are in force in different regions administered by the People's Republic of China and one of which is in force in the Republic of China.[i] In the People's Republic; Hong Kong is a common law jurisdiction whose contract law is largely identical to the pre-1997 contract law of England and Wales, Macau operates under a distinct framework modelled after Portuguese civil law, and contract law in the Mainland is governed by the 2021 Civil Code of the People's Republic of China. In contrast, contract law in all areas of the Republic of China are governed by the Civil Code of the Republic of China[197] which was originally modelled after the Japanese Six Codes system, itself primarily based on the German pandectist approach to law.[198]
The contract law of the Republic of China is governed by its civil code, which was originally enacted in 1929 and has developed over the following century. A contract under the civil code is a type of juridical act, divided into three components: principle (i.e. the purpose of a contract), behavioural ability (i.e. disposition of obligations), and declaration of intent (i.e. meeting of the minds).[199] The civil code provides that a juridical act is only valid if it does not violate an imperative or prohibitive provision[200] or public policy,[201] and if it complies with legal requirements as to form.[202] A contract is considered to have been concluded validly if the parties thereto agree upon its essential conditions and, where agreement is lacking on non-essential conditions, courts are empowered to make such provision as they deem equitable.[203] While the formation of a contract generally requires both an offer and an acceptance, the requirement for an acceptance does not need to be in the form of a notice if one does not appear necessary in light of the nature of the agreement or applicable customs; in such circumstances, the contract is deemed to have been formed when a "fact" implying acceptance of the offer occurs.[204]
Under the Civil Code of the People's Republic of China, "the parties may conclude a contract by making an offer and acceptance or through other means".[205] An offer is defined as "an expression of intent to conclude a contract with another person" and is required to "be specific and definite" and to expressly indicate that "the offeror is to be bound by his expression of intent upon acceptance thereof by an offeree".[206] The code further provides that an offer may be revoked unless "the offeror has explicitly indicated that the offer is irrevocable by specifying a time limit for acceptance or in any other manner" or "the offeree has reasons to believe that the offer is irrevocable and has made reasonable preparations for performing the contract".[207] An acceptance, defined as "an expression of intent of the offeree to accept the offer"[208] and a contract is legally formed when the acceptance becomes effective under the provisions of the code.[209] Consequently, the formation of a contract under mainland Chinese law is governed by the mutual assent principle but is subject to the additional criterion that a valid offer expressly state that it is irrevocable.
Based on the common law concept of an invitation to treat, mainland Chinese law recognises the notion of an invitation to offer. An invitation to offer is defined as "a manifestation that a person expects another person to make an offer" and the code specifically provides that "Auction announcements, bidding announcements, stock prospectuses, bond prospectuses, fund prospectuses, commercial advertisements and promotions, mailed price catalogs, and the like, are invitations to offer" and that "commercial advertisement and promotion constitute an offer if their content satisfies the conditions for an offer".[210]
Mainland Chinese law takes a liberal approach to the manner in which a contract is recorded, with the civil code providing that "parties may conclude a contract in writing,[j] orally, or in other forms" and that "a data message in any form...that renders the content contained therein capable of being represented in a tangible form and accessible for reference and use at any time is deemed as a writing."[211] Nevertheless, the code provides for specific requirements as to the contents of a contract.[k]
Under the Civil Code of the Republic of China, a contract act purportedly entered into by an individual lacking capacity for any reason is void[213] unless ratified by the individual's guardian or conservator.[214] Only a lawful guardian or conservator of such an individual may assent to a juridical act on behalf of a person lacking capacity.[215] Additionally, where a party lacking capacity fraudulently deceives the other party into believing that the first party had capacity to enter a contract, the contract is valid despite such incapacity.[216]
For a contract to be valid and enforceable in the Republic of Korea, the agreement between the parties must be based on "mutual consent". As in common law jurisdictions, the first element of a valid and enforceable contract is an offer. In Korea, as in much of the world, the offer must be a specific and detailed expression of the offer. Acceptance of the offer, without modifications or caveats is deemed an acceptance of the contract and, thus, a valid and enforceable contract between the parties.[217]
Japanese contract law forms a distinct branch within the broader world of civil law jurisprudence, initially derived primarily from German jurisprudence adopted in the aftermath of the Meiji Restoration. While the basic rules of Japanese contract law are prescribed in the Japanese Civil Code (together with the rules underpinning other areas of private law, including tort and family law), more detailed rules concerning commercial contracts are prescribed in the Japanese Commercial Code.[218] A contract under Japanese law is formed by way of offer and acceptance as in most jurisdictions; however, a written document is not a prerequisite for the existence of a contract, which comes into being based on the principle of consensualism.[219][218] Under Japanese contract law, alignment between the intentions of the parties to a contract is thus considered vital and contracts may be voided depending on the circumstances where a party conceals its true intentions, intentionally or fraudulently manifests false intentions, mistakenly manifests false intentions, or is coerced into manifesting false intentions.[218] Contracts which violate mandatory prescriptions of law, as well as contracts which violate public policy, may be deemed void ab initio to the extent of the violation.[218][219]
Japanese contract law recognises the existence of pre-contractual and post-contractual obligations. With regard to pre-contractual obligations, a party to a contract which is ultimately impossible to perform or void may be liable for negligence in concluding the contract if another party relied upon their representations and consequently suffered pecuniary or other material damages.[218] Another distinct area of pre-contractual obligation pertains to experts' obligation to explain complicated contracts to consumers, with complex financial contracts being a key example of this.[218] Post-contractual obligations frequently recognised under Japanese contract law include obligations regarding confidentiality and non-competition, which may be defined by the contract itself, implied for reasons of public policy, or provided for by non-derogable statutory law.[218]
The Japanese Civil Code provides for a variety of nominate contracts similar to those prescribed in other civil law jurisdictions; including contracts for sale, gifts, leases, loans, and the provision of services. These nominate contracts are subject to specific rules and warranties mandated by the code in order to protect the rights of the contracting parties, particularly those with lesser negotiating power. Additionally, nominate contracts for the formation of partnerships and associations govern the establishment of these categories of legal persons and there are special provisions governing third party beneficiary contracts.[218] Rules governing the performance of contracts, set-off, assignment, and the seizure of defaulting obligors' assets are also provided by the Japanese Civil Code.[218]
Contract law in Japan, despite the civil law origins of its civil code, is heavily shaped by traditional Japanese attitudes toward business and obligations. For example, under the Japanese Commercial Code, a merchant trader who receives an offer from a regular client that falls within one of their areas of business is expected to respond without undue delay and, if they fail to do so, they are presumed to have accepted the contract.[220] This can be seen as an illustration of a Japanese approach to commerce and contract law rooted in notions of honouring relationships.[220] This is significant since, owing to the German roots of the Japanese Civil Code; once a contract becomes effective as between the parties, it is not freely revocable.[219] Japanese judges, interpreting the obligation of good faith contained in the Japanese Civil Code as codifying this notion of honour-bound relationship in commerce, tend to deny both the termination of pre-contractual negotiations and the non-renewal of existing contractual relations.[220]
The Philippines is a mixed law jurisdiction, shaped primarily by Spanish civil law and American common law as codified in the Philippine Civil Code. The Philippine Civil Code defines a contract as "a meeting of minds between two persons whereby one binds himself, with respect to the other, to give something or to render some service".[221] Parties to an innominate contract have a high degree of contractual freedom and "may establish such stipulations, clauses, terms and conditions as they may deem convenient" only subject to the requirement that "they are not contrary to law, morals, good customs, public order, or public policy".[222] A contract under Philippine law is only valid if it is binding upon both parties and, as such, a contract whose associated obligations are subject to one party's discretion is invalid.[223] If a contract contains a provision benefitting a third-party beneficiary, the beneficiary may compel its performance provided that they communicated their assent to the promissor before any attempt by the latter to revoke or alter the benefit pursuant to the contract.[224] Except where a provision of law requires that a contract take a particular form, a contract is binding regardless of the form it takes.[225] In order for a contract to exist, the following criteria must be met:[226]
Where a written instrument purporting to embody a contract does not adequately represent the true intention of the parties due to mistake, fraud, inequitable conduct, or accident; any party may seek reformation.[230] Where one party was mistaken and the other either acted fraudulently or inequitably,[231] or was aware of the defect in the instrument,[232] the first party may seek reformation. Additionally, reformation may be sought where the defect in the document is caused by "ignorance, lack of skill, negligence, or bad faith on the part of the person drafting the instrument".[233] The Supreme Court has the authority to determine the rules governing reformation under its Rules of Court.[234] A party who takes legal action to enforce a contract is estopped from seeking reformation.[235]
Valid contracts may only be rescinded in cases provided for by law.[236] This includes fraudulent conveyances[237] as well as contracts concluded by an individual's guardian or agent if an individual suffers lesion by more than one quarter of the value of the assets or services alienated, contracts alienating assets subject to litigation without the consent of the litigants, and other categories of contract expressly designated by statute.[238] Rescission may not be sought except where it is the only means by which a party can obtain reparation for the damages caused to them by the contract[239] and is only permitted to the extent necessary to cover such damages.[240] Under Philippine law, rescission creates an obligation to return anything that was the object of the contract as well as any profit derived therefrom, and rescission is consequently available only where the party seeking the remedy is able to return or provide reparation for such things.[241] Additionally, rescission is prohibited where the items that are the object of the contract are in the possession of a holder in due course who acted in good faith.[241] Aside from rescission, a contract under Philippine law may be voided where a party did not possess the capacity to consent or where the consent was given due to mistake, violence, intimidation, undue influence, or fraud.[242]
Certain contracts under Philippine law, while valid, are unenforceable unless ratified. This includes contracts concluded by an agent who acted without or beyond authority, contracts where both parties lack capacity to consent, and contracts that violate the Statute of Frauds as applicable under the Philippine Civil Code.[243] Additionally, a contract is void ab initio if its cause, object, or purpose is contrary to law, morals, good customs, public order or public policy; it is absolutely simulated or fictitious; its cause or object did not exist when it was concluded, is impossible, or is "outside the commerce of men"; the intention of the parties cannot be determined; or it is expressly prohibited or declared void by law.[244] A contract that is void ab initio may not be ratified.[244]
Philippine contract law takes a middle ground between the common law and civil law approaches to liquidated damages or penalty clauses. While such provisions are lawful and enforceable, a court may reduce such damages if it finds their effect to be iniquitous or unconscionable.[245] Additionally, if the breech of contract litigated is one that was not contemplated by the parties when the contract was concluded (e.g. force majeure), the appropriate level of damages will be determined by the court without regard to the provision.[246]
In Swiss law, which also forms the basis for the Turkish civil code, contracts are defined by article 1 of the Code of Obligations : "a contract is formed when the parties have, reciprocally and in a concordant manner, expressed their intention to form a contract". As in other continental civil law jurisdictions, contracts under Swiss law are thus formed by the exchange of at least two expressions of intent, an offer and an acceptance, per which the parties agree to enter into legal relations. The Code of Obligations, adopted in 1911, consists of two categories of rules governing contracts:
Aside from the rules specified in the Code of Obligations, the Swiss Civil Code contains separate provisions governing contracts of marriage and inheritance while separate enactments govern contracts concerning private insurance, consumer credit, and travel packages.
While the majority of Muslim-majority jurisdictions primarily use civil or common law for most aspects of contemporary contract law, Islamic law regarding contracts remains relevant in the area of marriage law and Islamic finance. There are differences between the criteria for formation of contracts under Islamic law and criteria under civil and common law. For example, Sharia classically recognises only natural persons, and never developed the concept of a legal person, or corporation, i.e., a legal entity that limits the liabilities of its managers, shareholders, and employees; exists beyond the lifetimes of its founders; and that can own assets, sign contracts, and appear in court through representatives.[247] Additionally, a contract under Islamic law may be voided for gharar (i.e. speculation and uncertainty) and riba (i.e. usury).
Islamic marriages are typically solemnised as a written financial contract, typically in the presence of two Muslim male witnesses, and it may include a brideprice (Mahr) payable from a Muslim man to a Muslim woman. The brideprice is considered by a Sharia court as a form of debt. Written contracts were traditionally considered paramount in Sharia courts in the matters of dispute that are debt-related, which includes marriage contracts.[248] In Singapore, the contract-based Islamic marriage law is governed by the Administration of Muslim Law Act[249] and coexists with the secular system of marriage registration established under the Women's Charter. Meanwhile, in India, Muslim personal law is a distinct branch of law governed by a variety of statutes and Islamic customs that vary from community to community.
In contemporary Islamic finance and banking, a variety of nominate contracts are used to comply with the Islamic prohibition on gharar and riba. These include profit and loss sharing contracts such as Mudarabah, Musharakah, and Diminishing Musharaka; as well as a variety of asset-backed contracts. The most common contract used in modern Islamic finance is the Murabaha, which was originally a term of fiqh for a sales contract in which the buyer and seller agree on the markup (profit) or "cost-plus" price[250] for the item(s) being sold.[251] In recent decades it has become a term for a very common form of Islamic (i.e., "shariah compliant") financing, where the price is marked up in exchange for allowing the buyer to pay over time—for example with monthly payments (a contract with deferred payment being known as bai-muajjal).
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Additionally, Islamic law imposes several legal conditions on the process of establishing a waqf, a type of patrimony of affectation similar to a trust. A waqf is a contract, therefore the founder (called al-wāqif or al-muḥabbis in Arabic) must be of the capacity to enter into a contract. For this the founder must:
Although waqf is an Islamic institution, being a Muslim is not required to establish a waqf, and non-Muslims may establish a waqf. Finally if a person is fatally ill, the waqf is subject to the same restrictions as a will in Islam.[253] Furthermore, the property (called al-mawqūf or al-muḥabbas) used to found a waqf must be objects of a valid contract. The objects should not themselves be haram (e.g. wine or pork). These objects should not already be in the public domain: public property cannot be used to establish a waqf. The founder cannot also have pledged the property previously to someone else. These conditions are generally true for contracts in Islam.[253] The beneficiaries of the waqf can be persons and public utilities. The founder can specify which persons are eligible for benefit (such the founder's family, entire community, only the poor, travelers). Public utilities such as mosques, schools, bridges, graveyards and drinking fountains can be the beneficiaries of a waqf. Modern legislation divides the waqf as "charitable causes", in which the beneficiaries are the public or the poor) and "family" waqf, in which the founder makes the beneficiaries his relatives. There can also be multiple beneficiaries. For example, the founder may stipulate that half the proceeds go to their family, while the other half go to the poor.[253] Valid beneficiaries must satisfy the following conditions:[253]
A waqf's declaration of founding is usually a written document, accompanied by a verbal declaration, though neither are required by most scholars. Whatever the declaration, most scholars[o] hold that it is not binding and irrevocable until actually delivered to the beneficiaries or put in their use. Once in their use, however, the waqf becomes an institution in its own right.[253] Under Singaporean law, every mosque is required to be created and administered as a waqf, and rules governing waqfs are prescribed in the Administration of Muslim Law Act.[249]
In the vast majority of jurisdictions, the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) governs contracts concerning the international sale of goods. The CISG facilitates international trade by removing legal barriers among state parties (known as "Contracting States") and providing uniform rules that govern most aspects of a commercial transactions, such as contract formation, the means of delivery, parties' obligations, and remedies for breach of contract.[254] Unless expressly excluded by the contract,[255] the convention is automatically incorporated into the domestic laws of Contracting States. Consequently, the criteria for the creation of contracts for the international sale of goods are substantially harmonised among civil, common, and mixed law jurisdictions around the world.
The CISG applies to contracts of the sale of goods between parties whose places of business are in different States, when the States are Contracting States (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Article 1(1)(a)). Given the significant number of Contracting States, this is the usual path to the CISG's applicability. The CISG also applies if the parties are situated in different countries (which need not be Contracting States) and the conflict of law rules lead to the application of the law of a Contracting State.[256] For example, a contract between a Japanese trader and a Brazilian trader may contain a clause that arbitration will be in Sydney under Australian law[257] with the consequence that the CISG would apply. A number of States have declared they will not be bound by this condition.[258] The CISG is intended to apply to commercial goods and products only. With some limited exceptions, it does not apply to personal, family, or household goods, nor does it apply to auctions, ships, aircraft,[259] or intangibles[260] and services.[261] The position of computer software is "controversial" and will depend upon various conditions and situations.[262][263] Importantly, parties to a contract may exclude or vary the application of the CISG.[264]
Under the CISG, an offer to contract must be addressed to a person, be sufficiently definite – that is, describe the goods, quantity, and price – and indicate an intention for the offeror to be bound on acceptance.[265] The CISG does not appear to recognise common law unilateral contracts[266] but, subject to clear indication by the offeror, treats any proposal not addressed to a specific person as only an invitation to make an offer.[267] Further, where there is no explicit price or procedure to implicitly determine price, then the parties are assumed to have agreed upon a price based upon that "generally charged at the time of the conclusion of the contract for such goods sold under comparable circumstances".[268] Generally, an offer may be revoked provided the withdrawal reaches the offeree before or at the same time as the offer, or before the offeree has sent an acceptance.[269] Some offers may not be revoked; for example when the offeree reasonably relied upon the offer as being irrevocable.[270] The CISG requires a positive act to indicate acceptance; silence or inactivity are not an acceptance.[271]
The CISG attempts to resolve the common situation where an offeree's reply to an offer accepts the original offer, but attempts to change the conditions. The CISG says that any change to the original conditions is a rejection of the offer—it is a counter-offer—unless the modified terms do not materially alter the terms of the offer. Changes to price, payment, quality, quantity, delivery, liability of the parties, and arbitration conditions may all materially alter the terms of the offer.[272]
Notably, unlike common law jurisdictions, civil and mixed law jurisdictions do not require consideration for a contract to be binding.[273] In systems based on the Napoleonic Code (including Québec and Saint Lucia whose law of obligations is based on the Civil Code of Lower Canada, as well as Arab jurisdictions whose legal systems are based on the Egyptian Civil Code), an ordinary contract is said to be formed simply on the basis of a "meeting of the minds" or a "concurrence of wills". The Law of Germany, while also rooted in the "meeting of the minds" principle, follows the 'abstraction principle' with regard to both personal and real property. The principle outlines that the personal obligation of contract forms separately from the title of property being conferred. When contracts are invalidated for some reason under German law, the contractual obligation to pay can be invalidated separately from the proprietary title of the property.[274] Unjust enrichment law, rather than contract law, is then used to restore title to the rightful owner.[275]
Civil law jurisdictions based on the Napoleonic Code or the Bürgerliches Gesetzbuch provide for a more interventionist role for the state in both the formation and enforcement of contracts than in common law jurisdictions or Scots law, Roman-Dutch law, and other civil or mixed law jurisdictions.[276] Such systems incorporate more terms implied by law into contracts, allow greater latitude for courts to interpret and revise contract terms, and impose a stronger duty of good faith.[276]
Common law jurisdictions are often associated with a high degree of freedom of contract. One example of the supposedly greater freedom of contract in American law, is the 1901 case of Hurley v. Eddingfield in which a physician was permitted to deny treatment to a patient despite the lack of other available medical assistance and the patient's subsequent death.[277] In civil law jurisdictions rooted in the French or German tradition, nominate contracts are regulated in order to prevent unfair terms. The law of obligations typically includes a duty to rescue which would make cases such as Hurley v. Eddingfield far less likely. Conversely, civil law jurisdictions are more likely to enforce penalty clauses and provide for the specific performance of contracts than their common law counterparts, which typically refuse to recognise clauses providing for damages greater than that required to adequately compensate the plaintiff.[276]
While the majority of common law jurisdictions continue to rely on precedent and unmodified principles to determine issues under contract law, a significant minority of common law jurisdictions have enacted statutes governing contract law. Contract law in New Zealand is governed by the Contract and Commercial Law Act 2017, which comprehensively outlines rules regarding contracts and related areas of law.[278] Notably, contract law in India, the most populous common law jurisdiction, is codified in the Indian Contract Act, 1872, which comprehensively outlines issues of contract law, versions of which remaining in force in Pakistan and Bangladesh. Although not a comprehensive code, the Singaporean Civil Law Act 1909 makes several provisions regarding contract law in Singapore.[279] In America, the Uniform Commercial Code codifies several provisions of commercial law, including the law of contracts.
While a party may typically assign monetary rights at their discretion provided that they notify the other party to the contract in a timely manner, most jurisdictions impose limitations on the ability of a party to assign non-monetary rights or to assign obligations they owe to the other party. In common law jurisdictions, an assignment may not transfer a duty, burden, or detriment without the express agreement of the assignee. The right or benefit being assigned may be a gift (such as a waiver) or it may be paid for with a contractual consideration such as money. Under Mainland Chinese law, a party to a contract may assign their rights "in whole or in part to a third person" except to the extent that a right is "not assignable by virtue of its nature", "in accordance with law", or due to the agreement between the parties.[280] In the United States, there are various laws that limit the liability of an assignee, often to facilitate credit, as assignees are typically lenders.[281][p] In certain cases, the contract may be a negotiable instrument in which the person receiving the instrument may become a holder in due course, which is similar to an assignee except that issues, such as lack of performance, by the assignor may not be a valid defence for the obligor.[283] In the United States, the Federal Trade Commission promulgated Rule 433, formally known as the "Trade Regulation Rule Concerning Preservation of Consumers' Claims and Defences", which "effectively abolished the [holder in due course] doctrine in consumer credit transactions".[283] In 2012, the commission reaffirmed the regulation.[284]
In both civil and common law jurisdictions, where no arbitration or mediation clause or agreement applies, a party seeking a remedy for breach of contract is typically required to file a civil (non-criminal) lawsuit in the court which has jurisdiction over the contract.[285] Where the courts of England and Wales, Singapore, India, or another common law jurisdiction within the Commonwealth have jurisdiction, a contract may be enforced by use of a claim, or in urgent cases by applying for an interim injunction to prevent a breach. Similarly, in the United States, an aggrieved party may apply for injunctive relief to prevent a threatened breach of contract, where such breach would result in irreparable harm that could not be adequately remedied by money damages.[286]
When a contract dispute arises between parties that are in different jurisdictions, law that is applicable to a contract is dependent on the conflict of laws analysis by the court where the breach of contract action is filed. In the absence of a choice of law clause, the court will normally apply either the law of the forum or the law of the jurisdiction that has the strongest connection to the subject matter of the contract. A choice of law clause allows the parties to agree in advance that their contract will be interpreted under the laws of a specific jurisdiction.
Within the United States, choice of law clauses are generally enforceable, although exceptions based upon public policy may at times apply.[287] Within the European Union, even when the parties have negotiated a choice of law clause, conflict of law issues may be governed by the Rome I Regulation.[288]
Commercial contracts, particularly those in which parties are located in different jurisdictions, frequently contain forum selection clauses which may be arbitration, mediation, or choice of court clauses depending on the contract in question.
Many contracts contain an exclusive choice of court agreement, setting out the jurisdiction in whose courts disputes in relation to the contract should be litigated. The clause may be general, requiring that any case arising from the contract be filed within a specific jurisdiction, or it may require that a case be filed in a specific court. For example, a choice of court clause may require that a case be filed in a Singaporean court, or it may require more specifically that the case be filed in the Singapore International Commercial Court.
Typically, either the doctrine of freedom of contract or multilateral instruments require non-chosen courts to dismiss cases and require the recognition of judgments made by courts designated by exclusive choice of court agreements. For example, the Brussels regime instruments (31 European states) and the Hague Choice of Court Agreements Convention (European Union, Mexico, Montenegro, Singapore), as well as several instruments related to a specific area of law, may require courts to enforce and recognise choice of law clauses and foreign judgments.
Under the Hague Choice of Court Agreements Convention, a court designated by an exclusive choice of court agreement has jurisdiction unless the contract is void under its domestic law and cannot decline to exercise jurisdiction on the grounds that another jurisdiction's court is a more appropriate venue.[289] Similarly a non-chosen court is required to refuse jurisdiction except where the agreement is null and void under the law of the chosen court, a party to the contract lacked capacity under the non-chosen court's domestic law, giving effect to the agreement would lead to a manifest injustice or would be manifestly contrary to the public policy of the non-chosen court's state, the agreement cannot be performed due to force majeure, or the chosen court has chosen not to hear the case.[290] Exclusive choice of court agreements under the Hague Choice of Court Agreements Convention solely apply to commercial matters and thus do not apply to any party dealing as a consumer, employment contracts or collective bargaining agreements, matters related to civil status or family law, or similar scenarios.[291]
In jurisdictions that are not party to the Hague Convention, an exclusive choice of court agreement may not necessarily binding upon a court. Based upon an analysis of the laws, rules of procedure and public policy of the state and court in which the case was filed, a court that is identified by the clause may find that it should not exercise jurisdiction, or a court in a different jurisdiction or venue may find that the litigation may proceed despite the clause.[292] As part of that analysis, a court may examine whether the clause conforms with the formal requirements of the jurisdiction in which the case was filed (in some jurisdictions a choice of forum or choice of venue clause only limits the parties if the word "exclusive" is explicitly included in the clause). Some jurisdictions will not accept an action that has no connection to the court that was chosen, and others will not enforce a choice of venue clause when they consider themselves to be a more convenient forum for the litigation.[293]
If the contract contains a valid arbitration clause, the aggrieved party must submit an arbitration claim in accordance with the procedures set forth in the clause subject to the arbitration law of the jurisdiction designated as the seat of the arbitration. Many international contracts provide that all disputes arising thereunder will be resolved by arbitration rather than litigated in courts. Arbitration judgments may generally be enforced in the same manner as ordinary court judgments, and are recognised and enforceable internationally under the New York Convention, which has 156 parties. However, in New York Convention states, arbitral decisions are generally immune unless there is a showing that the arbitrator's decision was irrational or tainted by fraud.[294]
Some arbitration clauses are not enforceable, and in other cases arbitration may not be sufficient to resolve a legal dispute. For example, except in Singapore,[295][296] disputes regarding validity of registered IP rights may need to be resolved by a public body within the national registration system.[297] For matters of significant public interest that go beyond the narrow interests of the parties to the agreement, such as claims that a party violated a contract by engaging in illegal anti-competitive conduct or committed civil rights violations, a court might find that the parties may litigate some or all of their claims even before completing a contractually agreed arbitration process.[298]
Most civil law jurisdictions and the majority of common law jurisdictions outside America either limit or prohibit the enforcement of arbitration clauses included in contracts of adhesion. For instance, in the 2020 case Uber Technologies Inc v Heller, the Supreme Court of Canada declared that an arbitration agreement included in contracts concluded by Uber with its drivers was unconscionable and thus unenforceable under the law of Ontario. Similarly the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration and legislation based on the model law restrict the applicability of the arbitration framework to commercial arbitration, expressly excluding parties dealing as consumers.[295][296]
In the United States, thirty-five states (notably not including New York)[299] and the District of Columbia have adopted the Uniform Arbitration Act to facilitate the enforcement of arbitrated judgments.[300] Unlike the UNCITRAL Model Law, the Uniform Arbitration Act expressly requires a court to confirm an arbitral award before it can be enforced.
Customer claims against securities brokers and dealers are almost always resolved pursuant to contractual arbitration clauses because securities dealers are required under the terms of their membership in self-regulatory organisations such as the Financial Industry Regulatory Authority (formerly the NASD) or NYSE to arbitrate disputes with their customers. The firms then began including arbitration agreements in their customer agreements, requiring their customers to arbitrate disputes.[301][302]
In addition to arbitration under the Uniform Arbitration Act, the State of Delaware maintains a second arbitration framework known as the Delaware Rapid Arbitration Act (DRAA).[303] The purpose of the DRAA is to provide for a "prompt, cost-effective, and efficient" method for "sophisticated entities" to resolve business disputes.[303] The DRAA accomplishes this through the use of expedited deadlines and financial penalties for arbitrators who fail to rule on disputes within the time allotted under the act.[303]
Presently, Singapore maintains two distinct frameworks under which contractual disputes can be arbitrated, which differ primarily in regard to the extent to which parties to the proceedings may resort to the courts. Under section 45 of the Arbitration Act 2001, either party or the arbitral tribunal itself may apply to the court to issue a ruling on "any question of law arising in the course of the proceedings which the Court is satisfied substantially affects the rights of one or more of the parties" and under section 49, either party may appeal an arbitral award on any question of law unless the parties have expressly excluded appeals the section.[296] Either action is only permitted with the consent of the other parties or either the arbitral tribunal (for rulings on preliminary points of law) or the Court with regard to appeals. This is in contrast to the International Arbitration Act 1994, which generally replicates the provisions of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration and provides more restricted access to the courts.[295]
In 2020, the Singapore Academy of Law published a report on the right of appeal in arbitral proceedings evaluating the advantages and disadvantages of the two distinct frameworks, concluding that the existence of appeals enables the development of case law and consequently provides greater certainty for parties to arbitral proceedings.[304] The report identifies the availability of appeals by default under section 69 of England's Arbitration Act 1996[305] as a factor contributing to the popularity of London as a seat of arbitration in international contract disputes.[304] Consequently, the report recommends amending the International Arbitration Act 1994 to enable parties to opt for a right of appeal in their arbitration agreement, thus enabling the development of case law and providing greater certainty for parties who desire it while maintaining an absence of appeals as the default position in order to cater to parties who desire a completely extrajudicial resolution of contractual disputes.[304]
Uniquely, both the International Arbitration Act 1994 and the Arbitration Act 2001 contain provisions (Part 2A and Part 9A, respectively) explicitly authorising the arbitration of intellectual property disputes regardless of the extent to which the law of Singapore or any other jurisdiction expressly confers jurisdiction upon any designated body.[295][296] This contrasts with the general approach taken by the majority of other jurisdictions and enables parties to foreign intellectual property disputes to seek resolution offshore without affecting the recognition of intellectual property rights in the jurisdictions in which they are issued.[297]
If a contract contains a valid mediation or negotiation clause, the parties will typically have to comply with the mediation or negotiation procedures specified by the contract before commencing arbitration or litigation. In Emirates Trading Agency Llc v Prime Mineral Exports Private Ltd., an obligation relating to "friendly discussion" acting as the first stage of an agreed approach to resolving disputes was upheld as enforceable.[306]
Mediation is a form of alternative dispute resolution which aims at addressing disputes between two or more parties in an amicable and non-adversarial manner and typically involves a neutral third party (the mediator or conciliator) assisting the parties in reaching a settlement that, depending on the applicable law, may then be registered as an arbitral award or a judicial decision. Typically, courts will stay proceedings where a party successfully asserts the existence of a valid mediation or negotiation agreement.[307] It is generally permitted for an individual appointed as a mediator to serve as an arbitrator as per a hybrid mediation-arbitration clause if the parties are unable to reach a mediated settlement.[295][296]
Typically, a mediated settlement may be recorded as an order of court in the jurisdiction under whose law it was concluded and the registration of a mediated settlement is sufficient to stay any arbitral or judicial proceedings addressing the same matters.[307] While arbitral awards are typically enforceable in third countries under the New York Convention, mediated settlements in international contractual disputes are enforceable under the Singapore Mediation Convention. A mediated settlement in an international contractual dispute is referred to as an international settlement agreement and, in jurisdictions where the Singapore Convention applies, international settlement agreements entered into in other member states may be registered by a court for domestic enforcement.[308] Additionally, courts in jurisdictions where the convention applies will stay proceedings where satisfied that a valid mediation agreement governed by the law of another state party covers the subject matter of the dispute, and international settlement agreement registered under the convention will be sufficient to preclude the commencement of domestic judicial or arbitral proceedings.[308]
While arbitral awards and mediated or negotiated settlements are invariably issued on the basis of an arbitration or mediation clause, court decisions are commonly issued in the absence of an exclusive choice of court agreement or even an explicit choice of law agreement from which the courts of another country may infer the legitimacy of the issuing court's jurisdiction. Consequently, most jurisdictions have enacted laws standardising the procedure for the recognition and enforcement of offshore judgments in the absence of an exclusive choice of court agreement. For example, Singapore's Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act 1959, which only applies to countries the Minister of Law determines are likely to reciprocate, provides that a judgment creditor may apply to the General Division of the High Court to register a foreign judgment for the purpose of enforcement in Singapore.[309] Similarly, the Uniform Foreign Country Money Judgments Recognition Act enacted by the majority of U.S. states and territories provides for the enforcement of judgments from outside America[310] while the Uniform Enforcement of Foreign Judgments Act provides for the enforcement of judgments issued by other U.S. states and territories.[311]
The Hague Judgments Convention of 2019, which has not yet entered into force, provides for a harmonised framework for the recognition of offshore commercial judgments in the absence of a valid forum selection clause.[312] The convention is modelled after The Hague Choice of Court Convention and similarly excludes matters such as family law, the status and capacity of natural persons, insolvency, and matters covered by other conventions (e.g. arbitration, choice of court agreements, nuclear damage liability, intellectual property, the existence of legal persons, etc.). Article 5 of the convention provides that offshore judgments under certain requirements.[312]
There are various ways in which types of contract may be categorised.
Contract theory divides contracts into "complete" and "incomplete" contracts, reflecting whether or not the parties to a contract are able to specify their "rights, duties, and remedies under every possible state of the world".[313]
With the rise of the internet and the corresponding emergence of e-commerce and electronic securities trading, electronic contracts have risen to prominence over the first two decades of the twenty first century. Many jurisdictions have passed e-signature laws that have made the electronic contract and signature as legally valid as a paper contract. In Singapore, the Electronic Transactions Act (implementing the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts and the UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records) provides for the validity of electronic records, signatures, and contracts, while additionally prescribing specific criteria for electronic transferable records.[314] In order to promote and simplify the use of electronic contracts and related documents, the act provides for broad recognition of electronic signatures and expressly declares that electronic documents satisfy any legal requirement for a contract or other document to be "written".[314] Similarly, subpart three of New Zealand's Contract and Commercial Law Act 2017 codifies provisions pertaining to the recognition of electronic contracts.[315] In India, electronic contracts are governed by the Indian Contract Act (1872), per which certain conditions need to be fulfilled while formulating a valid contact, and the Information Technology Act (2000) makes further provisions for the validity of online contracts in particular.[316] In some U.S. states, email exchanges have been recognised as binding contracts.[q]
An emerging category of electronic contract is the smart contract, which consists of computer program or a transaction protocol capable of automatically executing, controlling, or documenting legally relevant events and actions according to the terms of a contract or an agreement.[319][320][321][322] The objectives of smart contracts are the reduction of need in trusted intermediators, arbitrations and enforcement costs, fraud losses, as well as the reduction of malicious and accidental exceptions.[323][320] A number of U.S. states have passed legislation expressly authorising the use of smart contracts, such as Arizona,[324] Nevada,[325] Tennessee,[326] Wyoming,[327] and Iowa.[328]
Standard form contracts are contracts in which one party supplies the text of a contract using a standard template, thus giving the other party no opportunity to negotiate its terms. A well-known example is the rise of clickwrap/shrink wrap contracts and terms of service which consumers of software products are required to sign in order to use products such as smartphones, computers, and other devices reliant on software; however, standard form contracts are common wherever there is an inequality of bargaining power between parties to an agreement. Such contracts typically contain "boilerplate clauses" drafted by the party with greater bargaining power, which the party with weaker bargaining power was unable to negotiate against. A standard term contract that is particularly unfavourable to the party with weaker bargaining power may be regarded as a contract of adhesion and thus be considered unconscionable.[329][330][331]
Each jurisdiction takes its own approach to determining whether a standard form contract is an unconscionable contract of adhesion.
The doctrine of unconscionability restricts the enforceability of "unfair agreements that resulted from an inequality of bargaining power".[332] The test for unconscionability applied by Canadian courts is to determine whether there was an inequality of bargaining power between the parties to the contract and, if so, whether this inequality resulted in the contract being an "improvident bargain" for the party with lesser bargaining power.[332][333] The inequality criterion is satisfied where one party is unable to sufficiently protect its interests while negotiating the contract, while the improvidence criterion is satisfied where the contract "unduly advantages the stronger party or unduly disadvantages the more vulnerable".[332] Improvidence must be measured with reference to the time of the contract's formation and involves a contextual assessment of "whether the potential for undue advantage or disadvantage created by the inequality of bargaining power has been realised".[332]
Under article 1119 of the country's civil and commercial code, a clause which "has for object or by effect cause a significant imbalance between the rights and obligations of the parties, to the detriment of the consumer" is considered an abusive clause;[334][335] and, under article 37 of the country's consumer protection law, such clauses are generally unenforceable in Argentina.[336] Similarly, consumer protection law in both Spain and Mexico limit the enforceability of such terms.[337][331]
The Unfair Contract Terms Act 1977 regulates contracts by restricting the operation and legality of some contract terms. It extends to nearly all forms of contract and one of its most important functions is limiting the applicability of disclaimers of liability. The terms extend to both actual contract terms and notices that are seen to constitute a contractual obligation.
The Act renders terms excluding or limiting liability ineffective or subject to reasonableness, depending on the nature of the obligation purported to be excluded and whether the party purporting to exclude or limit business liability, acting against a consumer.
It is normally used in conjunction with the Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999 (Statutory Instrument 1999 No. 2083), as amended by the Unfair Terms in Consumer Contracts (Amendment) Regulations 2001, which further defined a 'Financial Service Authority'[338] as well as the Sale of Goods Act 1979 and the Supply of Goods and Services Act 1982.
A range of contract types is available for use in contracting for construction work.
Contracts for the transport of goods and passengers are subject to a variety of distinct provisions both under international law and under the law of individual countries. Presently, different provisions apply at the international level to contracts for transport by maritime, land, and air transport. With regard to maritime transport, the Hague-Visby Rules currently govern contracts for the international carriage of goods by sea in the vast majority of jurisdictions. In Singapore and the United Kingdom, provisions of each of the two countries' Carriage of Goods by Sea Act additionally apply the Hague-Visby rules to the domestic transport of goods by sea.[339][340] Similarly, the Montréal Convention and the Warsaw Convention provide standardised terms for the transport of passengers' luggage by air. Contracts for the international transport of goods by air and legal provisions regarding the international transport of passengers by any mode of transport are currently governed by a variety of domestic and international laws.
In an attempt to harmonise the complicated system of international law governing transport contracts, members of the Association of South East Asian Nations have adopted the ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport providing for standardised terms governing multimodal transport contracts within the bloc.[341] The Civil Code of the People's Republic of China (CCPRC) makes similar provisions for multimodal transport contracts.[342] Both the CCPRC and the ASEAN Framework provide for the primary multimodal transport operator to bear overarching contractual responsibility for damage or loss to the goods carried and provide for operators of particular legs of the transport contract to be treated as agents of the primary multimodal transport operator.[342][341] In China, chapter nine of the civil code additionally provides standard terms for the carriage of both passengers and goods by each mode of transport.[343]
With regard to maritime transport, common law jurisdictions additionally maintain special legal provisions regarding insurance contracts. Such provisions typically provide for the prohibition of contracts "by gaming or wagering" and prescribe special rules for double insurance, determining the existence of insurable interest, and governing the provisions that a maritime insurance policy must include.[344][345]
In Europe, the international carriage of passengers by rail is governed by the CIV. The CIV establishes terms governing the transport of passengers, along with any accompanying articles (hand luggage, registered baggage, vehicles and trailers) and live animals. The traveller is responsible for full supervision of animals and their hand luggage.
In some common law jurisdictions, a distinction is made between contract carriers (who transport goods or individuals per private contracts) and common carriers (who are generally obliged to transport any passengers or goods). In some European civil law jurisdictions, the equivalent concept is referred to as a public carrier. While contract carriers negotiate contracts with their customers and (subject to international conventions) are able to allocate liability and refuse customers subject only to consumer protection or anti-discrimination laws, common carriers bear full liability for goods and passengers carried and may not discriminate.
The United States' Federal Acquisition Regulation (FAR), Part 16, describes the different types of contract available for use in federal government acquisition and when they may be used.[346] In this context there are three main categories of contract: fixed-price contracts, cost-reimbursement contracts, and time-and-materials and labor-hour contracts. The Federal Acquisition Institute advises that selection of the best contract type is important, "as it is a driver of risk, incentives, and obligations for both the Government and the contractor".[347] Government personnel are required by FAR 16.103(d) to record the reason why a particular type of contract was selected for each contract they let.[346]
Several attempts to present and record contractual agreements with more visual impact have been considered since around 2000, for example from a Scandinavian perspective, Helena Haapio et al in 2012 advocated "a visual turn in contracting" as a means of engaging those who read and work with contracts, improving understanding, easing implementation and avoiding disputes.[348] Adrian Keating and Camilla Baasch Andersen noted that in eastern and northern Europe, including Germany, visualisation of contracts has been seen as promising in eastern and northern Europe, including Germany, and argued that the benefits of such a step "would seem apparent".[349]
Fairer standards of contracting and responsible contractual behaviour have been promoted by government bodies and civil society organisations,[350] encouraged or mandated for public sector contracting, set out in guidance for both public and provide sector contracting parties,[351] and endorsed as an aim of public policy.[352] The interdisciplinary Responsible Contracting Project sees "innovative contracting practice" as a means of improving the human rights of workers engaged in global supply chains.[350]
In 2005–6, the Care Services Improvement Partnership, an arms-length agency which operated in the UK from 2004 to 2008,[353] published a Guide to Fairer Contracting in two parts: part 1 covered the purchase of care placements and domiciliary care services in the UK social care market,[354] and aimed to "open up a debate about what constitutes a fair contract",[355] while part 2 covered writing specifications for fairer contracts.[356] These documents were concerned with improving the relationships between commissioners and providers of care services, where effective contracting is seen as a skill which contributes to securing the best outcomes for recipients of care,[357] and unfair contracting, especially unfair pricing, can increase the likelihood that the provider's business will fail and the service will be withdrawn.[355] Deborah Clogg noted that a contractual document with "terms that appear only to reflect the interests of the purchaser" will appear to contradict any other expressions of "partnership" being adopted, and warned that leaving the contracting process to corporate lawyers or contract officers without a background in social care can be unproductive.[355]
In construction, longer-term contracting and win-win contracting have been seen as desirable aims, and the offer of a "fair return" is seen as integral to effective contracting.[358]
![German marriage contract, 1521 between Gottfried Werner von Zimmern [de] and Apollonia von Henneberg-Römhild](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Heiratsbrief_Gottfried_Werner_von_Zimmern_Apollonia_von_Henneberg_1521_img02.jpg/1280px-Heiratsbrief_Gottfried_Werner_von_Zimmern_Apollonia_von_Henneberg_1521_img02.jpg)
{{cite book}}: CS1 maint: location (link){{cite web}}: |last= has generic name (help)Expressed or conveyed by speech instead of writing; oral... e.g. verbal agreement, contract, evidence
{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link){{cite web}}: Check |url= value (help){{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
