Se puede dividir en las siguientes etapas: En el territorio chileno no existió, en la época precolombina, un único poder central, permaneciendo éste disgregado entre varios pueblos (atacameños, diaguitas, mapuches, alacalufes, yaganes, onas, etcétera).
Del antiguo derecho precolombino, los chilenos de la posteridad no heredaron prácticamente nada.
En consecuencia, Chile pasó a integrar el Imperio español, no emancipándose de éste sino hasta 1818.
Los españoles poseían una institucionalidad jurídica más desarrollada, e impusieron ésta en la mayoría de los territorios allí donde se asentaron, y Chile no fue la excepción.
En el ámbito del derecho público, Chile era una Capitanía General, y estaba a cargo de un Gobernador.
Las leyes, cédulas y tasas referidas a los indígenas crearon un verdadero estatuto aparte para estos.
Dentro del concepto español, darle protección al indígena involucraba, entre otras cosas, la misión de evangelizarlos.
Siendo Presidente don José Joaquín Prieto, y bajo la inspiración del Ministro Diego Portales, se dictó por fin la Constitución de 1833, que perduraría en el tiempo hasta 1925.
Una vez rematado el proceso de constitucionalización, fue necesario dotar a Chile de nuevas leyes acordes al sistema republicano, fundamentalmente porque el antiguo sistema estaba en la práctica colapsado.
Otro paso importante en este sentido, lo constituyó la liquidación de la aristocracia como sector social.
Se puede discutir si le faltó audacia a Andrés Bello para llegar hasta las últimas consecuencias en la aplicación de los principios democráticos al derecho, o si simplemente no podía forzar las instituciones más allá de la mentalidad decimonónica, pero el caso es que estas disposiciones permanecieron vigentes durante mucho tiempo, décadas inclusive, después de su promulgación.
Durante el siglo XIX tuvo un papel destacadísimo la Iglesia católica en la vida jurídica nacional, debido a la poderosa influencia de ésta, dándole al derecho chileno decimonónico una peculiar configuración, oscilando entre los principios ilustrados y los católicos.
Esto generó enormes problemas políticos, porque la Iglesia Católica se opuso tenazmente a la secularización de la sociedad chilena.
Ya en 1822 se había fundado el Cementerio General, no dependiente de la Iglesia Católica.
En 1844 se autorizaron los cementerios para disidentes, unos treinta años después se suprimió el fuero eclesiástico, y bajo el gobierno de Domingo Santa María (1881-1886) se dictaron las leyes de cementerios laicos (que prohibía el entierro en las parroquias e iglesias, como era la costumbre hasta el minuto), la de Registro Civil, y la que quizás sea más importante, la Ley de Matrimonio Civil, que rigió entre 1884 y 2005.
Asimismo ha suscrito innumerables tratados en materia de derecho marítimo y derecho aeronáutico, disciplina jurídica que por la naturaleza misma del objeto que regulan, son especialmente propensas a la regulación mediante tratados y convenios internacionales.
Este sistema político pecó de inmovilismo, e hizo oídos sordos a las crecientes demandas que acompañaban a los cambios sociales, en particular del mundo obrero y la clase media, lo que llevó a un período de inestabilidad política y frecuentes cambios de gobierno, entre 1924 y 1932.
Durante el siglo XIX no existió legislación laboral propiamente tal en Chile, y las relaciones laborales se regían por las normas de arrendamiento de servicios contempladas en el Código Civil.
Pero fue recién en 1931 que la legislación laboral adquirió su carácter definitivo como un cuerpo organizado y sistemático de normas, en el mencionado Código del Trabajo.
En 1973, después del golpe de estado, la nación entera pasó a ser regida por bandos constitucionales.
Paralelamente se impuso la regionalización, que suprimió las antiguas provincias y las cambió por regiones, además de modificar toda la administración territorial del país.
Posteriormente, en lo económico, se dictaron nuevas leyes para regular los seguros y la actividad bancaria.
Estas reformas han sido objeto de intenso y acalorado debate en el devenir político nacional.
Sus defensores argumentan que la privatización de la salud, la educación y la seguridad social mejoró su eficiencia, proporcionando mejor atención hospitalaria, enseñanza y pensiones de jubilación a los chilenos con menores costos para el Estado.
En 1990 terminó la dictadura militar, y se sucedieron una serie de Presidentes elegidos democráticamente.
Durante los gobiernos de la Concertación se han producido varias reformas jurídicas importantes.