Sistema educativo de Argentina
En 1869, cuando Domingo Faustino Sarmiento era Presidente, se llevó a cabo el Primer Censo Nacional[5] que arrojaba las siguientes cifras: 82 % de la población era analfabeta.
[20] La Ley 26.206 define que la estructura del sistema educativo nacional está comprendida por cuatro niveles y ocho modalidades.
Actualmente conviven los sistemas educativos de gestión estatal y privada en todos los niveles, ambas reguladas por el Estado Nacional.
Posteriormente, en 1884, sancionó la Ley 1420 de Educación Común,[32] estableciendo su carácter obligatorio, estatal, laico y gratuito para las escuelas primarias.
El carácter no religioso de este sistema, que prohibía a las escuelas parroquiales la expedición de títulos oficiales directamente, sino solo a través de una universidad pública, dañó las relaciones entre el Estado argentino y la Iglesia católica, provocando la resistencia del clero local y un conflicto con la Santa Sede (a través del nuncio papal).
En esta línea de acción, se había sancionado la Ley Láinez,[35] que señalaba claramente el influjo del Estado nacional en los sistemas educativos provinciales.
Previo a la crisis económica de 1873 existió un intento por desarrollar una educación más vinculada al conocimiento técnico.
Las posturas educativas del modelo agroexportador en torno al carácter productivo fueron suplantadas por una orientación que buscó defender desde el Estado un tipo de régimen político y social particular.
[42][43] La dictadura autodenominada Revolución Libertadora intervino las universidades, expulsando a profesores y científicos ―acusándolos de «peronistas»―.
En los meses siguientes cientos de profesores fueron despedidos, renunciaron a sus cátedras o abandonaron el país.
[1] Raúl Alfonsín confió la organización del congreso a su equipo educativo, encabezado en 1984 por el ministro Carlos Alconada Aramburú, y el diputado Adolfo Stubrin, ambos con enfoques estatistas.
Es por ello que cada provincia debía imprimirle a sus escuelas su estilo y contenidos propios.
La matriculación en establecimientos del sector privado representaba el 23 % de todo el sistema educativo en 2003 y alcanzó el 26 % en 2010.
[60] Entre 2003 y 2015 se crearon 15 nuevas universidades, mientras que el egreso de estudiantes universitarios aumentó un 68 % respecto a datos previos.
En los últimos 3 años de ésta, se incluyen las distintas tenencias orientativas afines a las carreras universitarias por las que los alumnos pueden optar.
De esa forma coexisten en la República dos estructuras educativas que si bien para el Ministerio Provincial de cada jurisdicción cuenta como dicho sistema educativo, en la práctica no existe mucha diferencia por lo que las asignaturas son idénticas a rasgos generales.
Para el caso de la educación secundaria, todas las instituciones tanto privadas como públicas tienen un programa al que adecuarse, dejando horas libres que pueden ser rellenadas con asignaturas prácticas, artísticas, etc., aunque la institución usualmente las ocupe para impartir la especialidad orientativa de dicha institución (industrial, técnica, humanidades, economía y gestión de las organizaciones, ciencias naturales, etc.).
La educación superior argentina ―conocida como la docta Argentina― logró alcanzar niveles mundiales de excelencia en los años sesenta.
[62] El país cuenta con tres ganadores del Premio Nobel en ciencias: Luis Federico Leloir, Bernardo Houssay y César Milstein.
Al finalizar una licenciatura, el «licenciado» pasa a ser considerado experto en un campo determinado.
Las carreras de grado pueden dividirse básicamente en dos tipos: Las licenciaturas son aquellas que acreditan experticia en investigación en un área del conocimiento determinado.
Las calificaciones han sido en general también tema de debate, ya que algunas jurisdicciones (por ejemplo la provincia de Río Negro), recientemente determinó que no deberían existir repitentes en la escuela secundaria, y si bien pueden quedar materias pendientes, los exámenes serían optativos durante el trayecto académico, solo obligatorios en el último año para la acreditación del nivel.
Estas calificaciones pueden ser numéricas en el que se enfatiza logros: el 10 es el puntaje considerado “óptimo”, nueve y ocho “muy bueno”, siete “bueno”, cuatro, cinco y seis “regular”, y uno, dos, tres y cuatro “desaprobado” o “no alcanzó” o “bajos logros” También existen sistemas de calificación con distinción del tipo de evaluación: si se trata de evaluaciones de resultados, las calificaciones son numéricas, mientras que cuando las evaluaciones están orientados a los procesos, se hace una valorización de los logros con calificaciones tales como "En proceso", "Logrado" y "No logrado".
Del mismo modo en el nivel superior (tanto terciario como universitario), las calificaciones son la mayoría de las veces con base numérica con nota 4 el mínimo aprobado.
La educación privada es paga, aunque en algunos casos (especialmente en establecimientos primarios y secundarios) cuentan con finaciamiento por parte del Estado para solventar sus costos.
[64] La misma lleva la inversión educativa desde el 4,7% del PBI en ese año hasta el 6% previsto para 2010 (en 2009 se alcanzó un 6,4%).
De esta manera, se fija la garantía del Estado para el financiamiento educativo en todas las jurisdicciones, incluidos los fondos para formación docente.
El gobierno nacional provee los recursos financieros para compensar la desigualdad en el sector y tender a la equidad educativa.
[6] Si bien la coparticipación federal muestra un avance en la redistribución de recursos, no logra superar las disparidades que persisten en las provincias.
Este supuesto es incorrecto, particularmente en lo que se refiera a las universidades latinoamericanas cuya función social esta vinculada al contexto donde se desarrollan, dando lugar a una pluralidad de modelos de universidades.
