[4] Por su parte Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, anunció que en cuanto llegara al gobierno derogaría la ley «mal llamada» de Memoria Democrática y aseguró que trabajaría «no solo por conseguir los votos del PP y de otros grupos parlamentarios, sino también los votos del próximo PSOE para que juntos restablezcamos la memoria y la justicia».
Asimismo se «declara el carácter ilegal y radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura, independientemente de la calificación jurídica utilizada para establecer dichas condenas y sanciones» (artículo 4.1.).
En el artículo 3.6. se hace una mención especial como víctimas a «las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos, cuyos hablantes fueron perseguidos por hacer uso de estas».
En el artículo 31 «se reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura».
En la disposición adicional duodécima se establece que en un plazo de seis meses se constituirá «una comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España, que deberá elaborar un informe sobre las medidas para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España».
En este sentido el artículo 26.6. establece que «los archivos y documentación del gobierno de la Dictadura, en particular del Jefe del Estado, que se encuentren en poder de entidades privadas o personas físicas, se incorporarán, una vez superados los trámites legales, al Centro Documental de la Memoria Histórica o al archivo del organismo público que se determine de manera motivada».
Según lo establecido en el artículo 27, «cualquier persona tendrá derecho a consultar íntegramente la información existente en los documentos que acrediten o puedan acreditar su condición de víctimas» y también «tendrán derecho a obtener copia, exenta de tasas, de todos los documentos en que sean mencionadas».
La ley define como «elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial».
También se incluyen «las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos» (artículo 35).
Además, en el artículo 39 se establece que «las administraciones públicas no subvencionarán a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sancionadas por resolución administrativa firme por atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria democrática».
Asimismo, se suprime definitivamente la Orden Imperial del Yugo y las Flechas, inactiva desde la transición.
Todo ello será regulado mediante un real decreto que determine «el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros».
En el artículo 63 se establecen las sanciones por las infracciones tipificadas en la ley.
Argumentó también que en su elaboración y aprobación ha intervenido EH Bildu, «los herederos de la banda terrorista ETA».
«No debe extrañar que quienes ahora comparten la ideología de los asesinos pugnen por escribir la historia para hacer ver que en el fondo tenían razones para asesinar», pero «asombra y escandaliza que un gobierno democrático lo admita, lo promueva y lo pacte».
[6] Tras la aprobación por el Senado Feijóo declaró: «Nos comprometemos a derogar la llamada Ley de memoria democrática, que atenta contra el espíritu de la Transición.
Bildu no puede ser el notario que reescriba la Historia de España».
[7] Por su parte el expresidente del PP José María Aznar insistió en el mismo argumento: «ni una sola coma que hubieran puesto en una ley que habla de memoria sería aceptable [para el PP] y no lo será».
[6] Durante el debate en el Senado la senadora del PP Amelia Salanueva afirmó que la ley es «un arma arrojadiza» y una «traición a los españoles» que «pretende convertirnos en una democracia militante de izquierdas».
Esas cuestiones, evidentemente, son importantes y se deben apoyar.
La cuestión es cuando realmente lo que hay detrás de esto no es eso».
«Digo memoria selectiva porque se escoge la víctima a proteger.
Se protege la memoria de un niño que muere en el bombardeo de Guernica y se prohíbe el homenaje a sus asesinos, a los nazis que bombardearon Guernica, pero no se prohíbe el homenaje al asesino del niño volado en pedazos en Erandio [por ETA en 1991].
La portavoz de Bildu dijo en la comisión que era franquismo en su concepción más extensa e incluía hasta el año 83.
La esencia de la izquierda es el antagonismo social… Esta ley se basa en la misma perversión: reabrir la división entre rojos y azules que los españoles ya habían superado en las calles y familias unos 20 años después de la Guerra Civil, y que fue superada a nivel institucional en nuestra Transición, en la que ambos bandos realizaron concesiones.
Y en la etapa Rajoy, con mayoría absoluta, el PP no quiso derogar la Ley de Memoria Histórica.
No dividan tramposamente a los españoles en buenos y malos para arrancar un mezquino dividendo electoral.
[3] Para los partidos de izquierda que votaron en contra de la ley o se abstuvieron, como Esquerra Republicana de Cataluña, Bloque Nacionalista Galego o la CUP, y también para las asociaciones de víctimas o para Amnistía Internacional, en la ley falta un elemento clave: «la supresión de los obstáculos que impiden actualmente que se juzguen los crímenes franquistas y hacen que la única causa en el mundo que los investiga esté abierta en Argentina».
[3] El 27 de octubre de 2022, solo una semana después de la entrada en vigor de la ley, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz anunciaba, en aplicación del artículo 40, la retirada de la Medalla al Mérito en el Trabajo al dictador Francisco Franco y a otros nueve miembros del régimen franquista: los exministros José Luis Arrese y Magra, José Antonio Girón de Velasco, Juan Yagüe Blanco, José Solís Ruiz, José María Fernández-Ladreda y Jesús Romero Gorría; al empresario Félix Huarte Goñi; al cardenal Enrique Pla y Deniel y al militar José León de Carranza.
«Por eso es tan importante construir un relato compartido a partir de todo lo que nos une», añadió.