Bandas y grupos emergentes en Colombia
Las bandas emergentes y bandas criminales (bacrim); llamadas así durante el gobierno de Álvaro Uribe, y conocidas como grupos armados organizados (GAO), grupos delincuenciales organizados (GDO) o grupos armados organizados residuales (GAOR) en la actualidad y desde el gobierno de Juan Manuel Santos; son organizaciones mafiosas que operan en Colombia[17] y que son parte activa del actual conflicto armado interno.
[21] También se tiene indicios sobre los nexos con varias mafias mexicanas, entre las que figuran el Cártel de Sinaloa,[22] y Los Zetas (desarticulados en 2016).
[37] Algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han descrito a las bandas emergentes como un híbrido entre mafias, y bandas de delincuencia común más relacionados con el narcotráfico que con el paramilitarismo.
[45] Otras zonas con mayor influencia son la Región Caribe y Pacífica.
[46] En 347 municipios del territorio colombiano operan los grupos ilegales, según un informe realizado en 2012 por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ).
[47] El Clan Úsuga y Los Rastrojos eran reconocidas como las dos grandes agrupaciones que han logrado una expansión territorial considerable[47] con más de 1990 y 1650 efectivos respectivamente,[48] por lo que el panorama de las bandas emergentes se había visto reducido a estas dos principales organizaciones que han logrado extender sus actividades a otros países vecinos como Panamá y Venezuela.
[1][2] En estos lugares, los grupos disputan determinadas áreas, las cuales, sirven como rutas estratégicas por donde se procesan y trafican estupefacientes.
[57] Luis Fernando era señalado por múltiples delitos, entre ellos, en la participación y posterior fundación de la bacrim Los Paisas, en complicidad con otros individuos.
[57] Por tal motivo, el exjefe paramilitar se convirtió en el primer alto mando de una banda emergente en ser extraditado a los Estados Unidos.
[58] Otros sucesos relevantes sucedieron en torno a las bajas de dos reconocidos jefes narcoparamilitares: Juan de Dios Úsuga David, alias Giovanny, exjefe del Clan Úsuga y Pedro Oliviero Guerrero Castillo, alias Cuchillo, exjefe del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC).
Esta directiva solo aplica a los Grupos Armados Organizados (GAO), siempre y cuando la Policía o la Fiscalía colombiana así lo requieran.
[65] Situación de las Bacrim según varias instituciones nacionales hasta 2010: Nota: Los datos son suministrados por Indepaz.
A finales de 2018 se inicia la Operación Aquiles, conformada por unidades especiales del Ejército que trabajan en conjunto con las Fuerzas Militares y de Policía del Bajo Cauca.
[82][83] Duque también reforzó las operaciones militares iniciadas desde el gobierno anterior para combatir GAO como la Operación Agamenón, que busca desmantelar al Clan del Golfo y capturar o dar de baja a su líder, Dairo Úsuga, alias Otoniel en Urabá; la Operación Esparta, que busca desmantelar al GAO "Los Pelusos", asentados en el Catatumbo y afectados por la guerra que sostienen con el ELN en la región, a quienes también está dirigido el operativo; guerra que a febrero de 2019 deja más de 100 muertos entre asesinados y desaparecidos.
[85][86] El 17 de junio de 2019 fue abatido en la Sierra Nevada por unidades conjuntas del Ejército y la Policía Jesús María Aguirre, alias Chucho Mercancía, líder del GDO Clan Pachencha, organización criminal con aproximadamente 500 hombres y operaciones en Santa Marta, responsables del 80% de las actividades ilícitas en la Región Caribe colombiana.
La situación económica y laboral del país, es uno de los principales factores para que los jóvenes se vinculen, según varias investigaciones realizadas.
[92] El Derecho internacional humanitario (DIH), como organismo interventor de la población infantil, manifiesta que las únicas dos opciones viables para minimizar la práctica son «la denuncia y la capacidad del Estado de judicializar».
[97][98] Mención aparte se debe hacer con la minería de carácter ilegal, es decir, aquella que no está reglamentada por el gobierno colombiano; esta actividad ha ido ganando terreno en las finanzas de las bandas criminales desde el año 2010 aproximadamente.
[104] Para alcanzar sus fines, se han aliado con sus antiguos enemigos como las guerrillas de las FARC-EP (desmovilizadas en 2017) y el ELN.
[108] Desde 2017 se denuncia la presencia en Venezuela del ELN, realizando trabajos como capataces en las explotaciones de oro, diamantes y coltán de los estados Bolívar, Apure y Amazonas; los dos últimos fronterizos con Colombia, donde estarían trabajando en alianza con el gobierno venezolano para explotar los recursos mineros, transportarlos y entregarlos al gobierno venezolano, que ahora recurre a la explotación minera como nueva fuente de ingresos ante el declive de su producción petrolera, y la crisis en Venezuela.
