Víctimas de las organizaciones guerrilleras en Argentina en la década de 1970
Hubo también secuestros y asesinados, pero nunca se les vio como víctimas del terrorismo».[17] Entre ellas hubo filósofos como Carlos Alberto Sacheri,[18] y Jordán Bruno Genta; políticos en actividad como Roberto Mario Uzal, o ya retirados como Arturo Mor Roig; sindicalistas que actuaban en la CGT como José Rucci y Dirck Kloosterman, o que pertenecían a la CGT de los Argentinos como Atilio Santillán.El Ejército Revolucionario del Pueblo en el n° 74 del 10 de abril de 1976 de su órgano oficial Estrella Roja incluyó un "Parte de Guerra" fechado el 22 de marzo de 1976 donde da cuenta que ha asesinado a Atilio Santillán porque: También fueron víctimas empresarios como Víctor Samuelson, Héctor Bartolomé Minetti, Bernardino Llaneza, Carlos Pulenta, Antonio Do Santos Larangueira,[20] Francisco Soldati,[21] Manuel Martínez y Ramón Samaniego; empleados como Alberto Abeigon y Ricardo Durán,[22][21] delegados gremiales como José Pedro Chirino; diplomáticos extranjeros como los cónsules de Paraguay Joaquín Waldemar Sánchez o del Reino Unido Stanley Silvester;[23] funcionarios de empresas del Estado como Francisco Schwer (de YPF);[24] funcionarios civiles como Walter Klein (secretario de Coordinación y Programación Económica), su esposa,[25] y jueces como Jorge V.[26] A veces además del objetivo principal había víctimas que podían no tener relación.Por ejemplo en el asesinato del general Cesáreo Ángel Cardozo con una bomba tuvieron heridas su esposa e hijas;[27][28] la bomba que mató al comisario Alberto Villar lo hizo también con su mujer,[29] en el asesinato del general Jorge Esteban Cáceres Monié fue muerta a tiros su esposa,[30] al ser asesinado el capitán Humberto Viola también lo fue su hija María Cristina de 3 años, en tanto la otra, María Fernanda, de 5, resultó muy herida;[31] la esposa de Arturo Gay fue muerta en el asalto al Regimiento de Azul, y Paula ―la hija de 15 años del almirante Armando Lambruschini― murió al estallar una bomba en su domicilio, hecho que cobró la vida de dos vecinos;[32] cuando mataron al general Juan Carlos Sánchez, una bala perdida mató a la señora Cuco de Ayala que atendía un kiosco en esa esquina.[34] En algunos casos sus asesinatos se produjeron en cautiverio tiempo después de haber sido secuestrados, como ocurrió con Pedro Eugenio Aramburu, Roberto Moisés Echegoyen,[22] Jorge Roberto Ibarzábal y Oberdan Sallustro[35] y en otros, como el de Argentino del Valle Larrabure, murieron en cautiverio en discutidas las circunstancias.Esta acción no tenía como objetivo el asesinato de una persona específica.Por ello su madre, Lorenza Ferrari, considera que fue un acto de "terrorismo puro".[42] En el mismo acto también resultaron muertos el Secretario de Hacienda, Carlos Ferrín, el chofer que los trasladaba, Santiago Álvarez, y un empleado municipal.Los siguientes datos fueron dados por la defensa del dictador Roberto Eduardo Viola y la sentencia considera que la atribución de todos los hechos a organizaciones guerrilleras eran "a lo menos, dudosa".[55] Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, en una entrevista periodística, declaró que, de ocurrir estos hechos en el contexto de las leyes internacionales actuales, podrían definirse como crímenes de lesa humanidad, ya que dichas leyes los definen como un ataque masivo y sistemático a la población civil, sin ser necesaria la intervención o aval del Estado.Ningún organismo internacional, ni la Convención Interamericana contra el Terrorismo ni el Estatuto de Roma han definido los crímenes cometidos por organizaciones terroristas como crímenes de lesa humanidad.
