Dos años más tarde, asumió como concejal, habiendo accedido a este escaño por la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, coalición conformada por el FREPASO y la Unión Cívica Radical, entre otras fuerzas políticas.

Se ha señalado que, si bien se presentaba como un partido independiente, hacia fines de 2005 «su cercanía con Hermes Binner era recogida en los medios de modo tal que casi se desdibujaba su autonomía»,[12]​no definiéndose él mismo como opositor ni como oficialista respecto al Gobierno nacional, habiendo por esa época Sabbatella convocado a votar en blanco en cargos por fuera del nivel municipal.

Según una encuesta de 2004, en Morón se lo asociaba a todas las ideologías: Pese a esta pluralidad de opiniones en el electorado, el mismo Sabbatella, ese mismo año, se definió como de centroizquierda, calificando su propuesta como una nueva alternativa progresista, y declarando que su modelo era el del Frente Amplio uruguayo.

También impulsó políticas públicas de inclusión y participación ciudadana, entre ellas el Presupuesto Participativo, la Oficina Anticorrupción y la Oficina de Acceso a la Información Pública.

Había sido nominado en la categoría "Administradores Públicos, pero el premio recayó en Hermes Binner, quedando Sabbatella relegado al Diploma de Honor, compartido con Alberto Abad, Eduardo Charreau, Omar Perotti y Ricardo José Ubieto.

[18]​ La edición 2008 del Premio Konex se realizó en el mes de septiembre.

[31]​ A través del Afsca junto con la empresa Arsat se construyó 15.453 kilómetros de la Red Troncal de Fibra Óptica, adquirió otros 4494 kilómetros de ductos a las empresas Silica, Giga Red y Global Crossing, y firmó convenios con las compañías telefónicas para sumar otros 8305 kilómetros a partir de intercambios.

Durante la conferencia, detalló que quienes estaban incumpliendo la Ley de Medios en ese momento eran los grupos Grupo Clarín, Uno, Cadena 3, Pampa Difusora, ICK, Prisa, DirecTV, Telefe, Cadena Eco, C5N, Telecentro, Indalo, Radiodifusión Cero, Red Intercable y Radiovisión Jujuy, además de un determinado número de otras empresas que figuraban bajo los nombres de «Schroeder» en Neuquén, «Alejandro Tirachini», «Jorge Nemesio» y «Roberto Ferraris».

[38]​ El Gobierno ya venía haciendo una fuerte campaña publicitaria sobre esa fecha a la que llamaban "el 7D", había ordenado la producción de merchandising con esa inscripción "7D" para sus militantes y hasta organizó un festival musical para días después en el que actuarían conocidos artista populares "festejando" el inicio de la aplicación plena de la ley.

En el mismo determinó la constitucionalidad de la ley, pero mantuvo silencio respecto a los requisitos que debían cumplir los grupos mediáticos para sus planes de desinversión, por no haber integrado la litis este punto en particular.

Se pretendía de esta manera obligar a la Corte a pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto.No obstante, la Corte falló a favor de FM En Tránsito otorgándole la licencia por considerar que tenía un derecho adquirido pero, al mismo tiempo, declaró abstracta la cuestión sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, toda vez que el mismo había sido ratificado en legal forma por el Poder Legislativo.

Porque entonces nosotros creamos dos radios pero hay una que concentra la atención del público.

(...) La ley de Medios no sirvió para aquello que quería servir.

Estas elecciones fueron ganadas por María Eugenia Vidal del PRO.

[39]​ En esas mismas elecciones, Nuevo Encuentro perdió la intendencia de Morón.

[39]​[40]​ Desde ese momento, no volvió a ocupar ningún cargo electivo.

Durante su gestión en AFSCA fue denunciado, por el fiscal Juan Manuel Pettigiani[41]​ con base en un artículo de Clarín[42]​ en el que se denunciaba que 80 empleados del AFSCA durante su gestión tenían descuentos de hasta el 8 % de su sueldo como "aporte partidario" a Nuevo Encuentro, la fuerza política encabezada por Sabbatella.

Más allá de la denuncia periodística, el descuento fue expresamente reconocido por el apoderado de la fuerza, Damián Toppino, quien manifestó que habían sido los mismos empleados quienes habían solicitado voluntariamente esos descuentos, agregando que “es una forma legítima y transparente de financiamiento” político.