Diputación del General del Reino de Aragón

En sus comienzos, pues, la Diputación del General respondió a las mismas funciones fiscales que las Generalidades homónimas catalana y valenciana, nacidas del propósito recaudatorio establecido a partir de la creación del Impuesto de las Generalidades, que comenzó a aplicarse en Aragón a partir de la Cort celebrada en Zaragoza en 1364.

Sin embargo, la institución llegó a ser muy pronto un órgano clave para la gestión de los recursos dedicados a la defensa del Reino, con atribuciones administrativas, políticas, militares y de representación del poder emanado de las Cortes por delegación.

Permaneció en activo ininterrumpidamente desde el último tercio del siglo XIV hasta los Decretos de Nueva Planta para Aragón y Valencia promulgados en 1707.

[1]​ Otra parte sigue desaparecida y en manos particulares como una subasta en 2017 puso en evidencia.

Para ello instituyó el impuesto de Generalidades que gravaban la exportación de mercancías, a imitación de la existente en Cataluña, para los reinos de Aragón y Valencia y creando, en contraprestación, un órgano independiente representativo emanado del poder de las Cortes (que nombraban en un primer momento a sus diputados), con atribuciones fiscales denominado Diputación del General, conocido por antonomasia en las posesiones del monarca como «Generalidad».

En sus orígenes su cometido era el de recaudar la tasa de Generalidad (llamada así porque era universal y afectaba a todos los estamentos, incluido el propio rey) y administrarla en orden a la defensa del Reino y sus Fueros.

Arzobispo, Castellán de Amposta, obispos, abades, priores y comendadores.

Cuarenta y siete ciudadanos «honrados» principales e influyentes de la capital del reino.

El rey no podía promulgar leyes sin el consentimiento de las Cortes, o en su ausencia, de la Diputación, y el monarca debía jurar que las medidas aprobadas por la Diputación serían aplicadas y su cumplimiento vigilado por esta institución permanente.

Ya el rey Fernando II, en su afán centralizador, implantó en Aragón el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y designó en 1482 al catalán Juan Ramón Folc IV, conde de Prades, Cardona y Pallars y hombre de confianza del rey, como Lugarteniente General del Reino, dando lugar a lo que se conoce como Pleito del virrey extranjero, pues solo un natural del reino podía ostentar el cargo de Lugarteniente General.

Además, y pese a que no pudo introducir a la figura del corregidor como se hizo en Castilla, redujo la independencia del brazo de las universidades designando la lista de candidatos en función de la fidelidad a su persona, que por otra parte, se reservaba la posibilidad de ordenar la revisión del procedimiento electivo.

Las ciudades, a cambio de aceptar la designación del candidato por el rey, recibían mejoras en la administración, el comercio y la concesión de créditos.

[3]​ Todas estas medidas supusieron instrumentos efectivos de consolidación del mando regio en detrimento de la Diputación, si bien tanto la institución, así como las Cortes mantuvieron sus privilegios sin que Fernando el Católico emprendiera ninguna reforma estructural, extremo este que no se daría hasta 1592, tras el estallido del conflicto de competencias con Felipe II.

Asimismo, ordenó el secuestro de las actas de la Diputación y les exigía una reparación consistente en devolver los ingresos empleados en la convocatoria para reunir un ejército aragonés que pudiera oponerse a las tropas imperiales, tasada en 700.000 libras jaquesas, cantidad que dejó endeudado al reino.

La urgencia de las necesidades del Imperio llevó a la monarquía de Felipe IV a obviar los procedimientos forales en numerosas ocasiones sin que la Diputación pudiera oponerse debido a la especial coyuntura bélica y al escaso poder que a mediados del siglo XVII podía esgrimir la institución aragonesa ante estos desafueros.

La aportación aragonesa, sin embargo, fue decreciendo en consonancia con la debilidad económica que en este siglo sufrió el Reino, lo que se refleja en las cifras de sus aportaciones a la política española.

En 1687 el servicio hubo de reducirse a 33.500 libras anuales y un solo Tercio.

Las inmensas cargas que necesitaba la política de los Austrias eran muy superiores a las que un empobrecido Aragón, pese a su voluntad colaborativa, podía mantener.