El 30 de octubre en Albarracín, los parlamentarios por unanimidad aprobaron un anteproyecto para un régimen preautonómico presentado ante el gobierno presidido por Adolfo Suárez.
El proceso de autonomía, pensado en principio para las nacionalidades y regiones históricas (País Vasco, Cataluña y Galicia), se había extendido a la inmensa mayoría de regiones españolas desde las elecciones de 1977.
La situación llevó a la firma de un acuerdo entre las dos formaciones políticas mayoritarias, Unión de Centro Democrático y Partido Socialista Obrero Español, para satisfacer las pretensiones autonomistas en un paso previo de régimen preautonómico mientras se elaboraba el texto constitucional.
Por ello, la propuesta de Albarracín sólo tuvo un reconocimiento parcial y no se tramitó como proyecto.
Correspondía al Pleno elegir un «Presidente, un Vicepresidente y un Secretario general, que necesariamente serán de distintas provincias».