Ya antes la misma cuestión se había planteado con respecto al lugarteniente del reino, empezando con el nombramiento por Pedro IV de su sobrino, el conde Pedro II de Urgel, en 1366.
Más tarde, el entonces príncipe Felipe, reinando Carlos I, nombró también a un virrey extranjero: Diego Hurtado de Mendoza, futuro Príncipe de Mélito en 1553 o 1554, que se volvió a denunciar como desafuero.
Este hecho fue criticado por los diputados de la Generalidad invocando los fueros aragoneses.
Almenara fue atacado y su casa quemada, por lo que volvió a Castilla para informar al rey.
El rey entonces decidió interponer una demanda en los tribunales aragoneses para que se dilucidara de una vez por todas si el Virrey era un funcionario real o no, enviando a Zaragoza al marqués de Almenara como su representante en el pleito.