[10][11][12] Si lo hace el Derecho del Mar donde España y Reino Unido son firmantes y está vigente, motivo por el cual en una ocasión el ministro de Asuntos Exteriores español, García-Margallo, admitió no estar seguro de como devendría una disputa legal sobre las aguas, pero afirmando que deberían pertenecer a España "porque Utrecht es un tratado singular y porque la Convención del Mar dice que no afecta a obligaciones contraídas en tratados anteriores" .
Sin embargo, como resultado de un acuerdo a tres bandas firmado en Córdoba el septiembre de 2006 entre Gibraltar, el Reino Unido y España,[15] el Gobierno español aceptó por primera vez el trato directo con el Gobierno gibraltareño,[16][17] así como relajar los controles en la frontera, facilitando el paso de ciudadanos y transporte entre ambos territorios.
[22] El entonces alcalde linense, Alejandro Sánchez García, se pronunció en favor de la medida por el gasto ocasionado por el tránsito rodado en el municipio.
[23] En enero de 2011, sin embargo, la medida aún no se encontraba implementada,[24][25] en parte debido a las diferencias entre el poder municipal y el estatal.
[26][27] Estas disputas llegaron a los tribunales, después de que el consistorio linense cerrase la aduana para camiones.
A lo largo de la primera mitad del año, se habían producido puntuales desencuentros.
[40] Como respuesta a la acción unilateral gibraltareña de construcción del arrecife artificial en una zona de soberanía discutida, en los días siguientes a estos hechos, la autoridad española pasó a establecer abundantes y minuciosos controles en la frontera hispano-gibraltareña, provocando el enlentecimiento del tráfico y largas colas para poder pasar de un lado al otro.
Todo esto llevó a nuevas protestas por parte del Foreign Office,[48][49] afirmando el Gobierno británico su intención de "utilizar todas las medidas necesarias para salvaguardar la soberanía británica" sobre el Peñón, mientras el Gobierno de Gibraltar emitía un comunicado en el que calificaba las advertencias del ministro Margallo como "claramente reminiscentes de las políticas y tácticas [sobre el Peñón] desarrolladas por el régimen fascista de Franco",[50] lo que fue secundado por el Ministro Principal, Fabian Picardo, quien comparó a España con Corea del Norte,[51][52] al tiempo que solicitaba el envío de la Armada británica en su ayuda.
[55][56] Por su parte se anunció que la Comisión Europea organizaría una reunión con las autoridades españolas en septiembre u octubre para abordar la cuestión, recordando el portavoz del Ejecutivo europeo que, dado que Reino Unido no participa en el Acuerdo de Schengen, España tenía el derecho de imponer controles en su frontera con Gibraltar, aunque estos debían ser "proporcionados".
[59] El 6 de agosto el ministro de Exteriores británico, William Hague hizo un llamamiento a España, a no llevar a cabo acciones que pudieran incrementar la tensión,[60] mientras Peter Hain, exministro del Gobierno de Tony Blair, abogaba porque el Reino Unido dialogara con Madrid sobre una soberanía compartida del Peñón.
Como consecuencia de las gestiones llevadas a cabo hasta la fecha, el 8 de agosto el Gobierno español afirmó estar dispuesto a reconsiderar los controles fronterizos si se reanudaba el diálogo en el marco de una mesa en la que estuvieran representados Londres, Madrid, el Peñón y la Junta de Andalucía,[16] lo que sin embargo no se tradujo en el cese de los controles,[66] dando lugar a un incidente con varios policías del Peñón y un eurodiputado británico,[67] lo que produjo protestas por parte del Ministerio del Interior español.
[68] Algunos buques de la Armada británica tenían previsto usar la base colonial británica en las semanas siguientes al inicio del conflicto diplomático, entre ellos el HMS Westminster y los buques de la flota real auxiliar RFA Lyme Bay y RFA Mounts Bay,[53] lo que fue recogido en medios tanto españoles como británicos[69] desvinculando las autoridades respectivas todo papel de los mismos en el contencioso que mantenían.
[113] La disputa salió también a relucir a través de contactos entre Reino Unido y España en la cumbre internacional del G-20 de primeros de septiembre del mismo año en San Petersburgo, Rusia,[114][115][116] mientras el Ministro Principal del Peñón acusaba al Gobierno español de haber creado un ambiente "casi prebélico" en torno al conflicto, denunciando igualmente supuestas agresiones por parte española,[117] volviéndose a producir algunos incidentes en el paso de la frontera entre la Guardia Civil y vehículos procedentes del Peñón en los que resultaron heridos varios agentes españoles,[118][119][120] lo que llevó a Ignacio Cosidó, director general del Cuerpo Nacional de Policía español a declarar días más tarde que desde el Gobierno no se iba "a consentir ningún acto de agresión, amenaza o descalificación" hacia las fuerzas policiales españolas.
[138][139] En respuesta, el Ministerio español de Asuntos Exteriores, protestó tanto a través del embajador de España en la ONU, como del embajador británico en Madrid,[140] siendo conocido poco después que el Gobierno gibraltareño seguía trabajando en la denuncia contra España ante organismos internacionales[141] que había sido anunciada a principios de agosto.
[146] A esto, siguieron por las mismas fechas quejas británicas ante supuestas "incursiones" por parte de buques españoles en aguas gibraltareñas.
[156] En este contexto, el 19 de noviembre el Foreign Office británico convocó al embajador español en Londres, Federico Trillo, siendo la tercera vez que la diplomacia británica convocaba a Trillo desde que empezó la crisis diplomática en verano.
El secretario de Estado británico para Europa, David Lidington, protestó ante el embajador español por la supuesta "incursión en aguas territoriales británicas en Gibraltar" por parte del buque oceanográfico español Ramón Margalef,[157] a lo que seguirían manifestaciones del diputado británico Jim Dobbin, presidente del grupo parlamentario multipartito sobre Gibraltar, y Fabian Picardo sobre la posibilidad de que en algún momento se produjeran disparos entre embarcaciones británicas y españolas[5] y, pocas semanas después, una nueva protesta por la supuesta violación en el Peñón, por parte de las autoridades españolas, de una valija diplomática británica.