El derecho internacional (también conocido como derecho internacional público y derecho de gentes ) es el conjunto de reglas , normas y estándares que los estados y otros actores sienten la obligación de obedecer en sus relaciones mutuas y generalmente obedecen. En las relaciones internacionales, los actores son simplemente los individuos y las entidades colectivas, como los estados, las organizaciones internacionales y los grupos no estatales, que pueden tomar decisiones de comportamiento, ya sean lícitas o ilícitas. Las reglas son expectativas formales, a menudo escritas, para el comportamiento y las normas son expectativas menos formales y consuetudinarias sobre el comportamiento apropiado que con frecuencia no están escritas. [1] Establece normas para los estados en una amplia gama de dominios, incluida la guerra y la diplomacia , las relaciones económicas y los derechos humanos .
El derecho internacional se diferencia de los sistemas jurídicos nacionales basados en los Estados en que funciona en gran medida mediante el consentimiento , ya que no existe una autoridad universalmente aceptada para hacerlo cumplir ante los Estados soberanos . Los Estados y los actores no estatales pueden optar por no acatar el derecho internacional, e incluso violar un tratado, pero esas violaciones, en particular de las normas imperativas , pueden ser recibidas con la desaprobación de otros y, en algunos casos, con medidas coercitivas que van desde sanciones diplomáticas y económicas hasta la guerra.
Las fuentes del derecho internacional incluyen la costumbre internacional (práctica general de los Estados aceptada como derecho), los tratados y los principios generales del derecho reconocidos por la mayoría de los sistemas jurídicos nacionales. Aunque el derecho internacional también puede reflejarse en la cortesía internacional (las prácticas adoptadas por los Estados para mantener buenas relaciones y el reconocimiento mutuo), dichas tradiciones no son jurídicamente vinculantes . La relación e interacción entre un sistema jurídico nacional y el derecho internacional es compleja y variable. El derecho nacional puede convertirse en derecho internacional cuando los tratados permiten la jurisdicción nacional a tribunales supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional . Los tratados como las Convenciones de Ginebra requieren que el derecho nacional se ajuste a las disposiciones del tratado. Las leyes o constituciones nacionales también pueden prever la implementación o integración de las obligaciones jurídicas internacionales en el derecho interno.
El término moderno "derecho internacional" fue acuñado originalmente por Jeremy Bentham en su libro de 1789 Introducción a los principios de la moral y la legislación para reemplazar el antiguo derecho de las naciones, una traducción directa de los conceptos medievales tardíos de ius gentium , utilizado por Hugo Grotius , y droits des gens , utilizado por Emer de Vattel . [2] [3] La definición de derecho internacional ha sido debatida; Bentham se refirió específicamente a las relaciones entre estados que han sido criticadas por su alcance limitado. [4] Lassa Oppenheim lo definió en su tratado como "una ley entre estados soberanos e iguales basada en el consentimiento común de estos estados" y esta definición ha sido ampliamente adoptada por los académicos legales internacionales. [5]
Existe una distinción entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado ; el último se ocupa de si los tribunales nacionales pueden reclamar jurisdicción sobre casos con un elemento extranjero y la aplicación de sentencias extranjeras en el derecho interno, mientras que el derecho internacional público cubre las normas con un origen internacional. [6] La diferencia entre las dos áreas del derecho ha sido debatida ya que los académicos no están de acuerdo sobre la naturaleza de su relación. Joseph Story , quien originó el término "derecho internacional privado", enfatizó que debe regirse por los principios del derecho internacional público, pero otros académicos los ven como cuerpos de derecho separados. [7] [8] Otro término, el derecho transnacional, a veces se usa para referirse a un cuerpo de normas nacionales e internacionales que trascienden el estado nación, aunque algunos académicos enfatizan que es distinto de cualquiera de los dos tipos de derecho. Fue definido por Philip Jessup como "toda ley que regula acciones o eventos que trascienden las fronteras nacionales". [9]
Un concepto más reciente es el derecho supranacional , que fue descrito en un artículo de 1969 como "[una] palabra relativamente nueva en el vocabulario de la política". [10] Los sistemas de derecho supranacional surgen cuando las naciones ceden explícitamente su derecho a tomar decisiones al poder judicial y legislativo de este sistema, que luego tienen el derecho de hacer leyes que son directamente efectivas en cada estado miembro. [10] [11] Esto ha sido descrito como "un nivel de integración internacional más allá del mero intergubernamentalismo pero aún lejos de un sistema federal". [10] El ejemplo más común de un sistema supranacional es la Unión Europea . [11]
Los orígenes del derecho internacional se remontan a la antigüedad . [13] Con orígenes que se remontan a la antigüedad , los estados tienen una larga historia de negociación de acuerdos interestatales. Un marco inicial fue conceptualizado por los antiguos romanos y esta idea de ius gentium ha sido utilizada por varios académicos para establecer el concepto moderno de derecho internacional. Entre los primeros ejemplos registrados se encuentran los tratados de paz entre las ciudades-estado mesopotámicas de Lagash y Umma (aproximadamente 3100 a. C.), y un acuerdo entre el faraón egipcio , Ramsés II , y el rey hitita , Ḫattušili III , concluido en 1279 a. C. [12] Los pactos y acuerdos interestatales fueron negociados y acordados por entidades políticas de todo el mundo, desde el Mediterráneo oriental hasta el este de Asia . [14] En la Antigua Grecia , muchos de los primeros tratados de paz se negociaron entre sus ciudades-estado y, ocasionalmente, con estados vecinos. [15] El Imperio Romano estableció un marco conceptual temprano para el derecho internacional, el jus gentium , que regía el estatus de los extranjeros que vivían en Roma y las relaciones entre extranjeros y ciudadanos romanos . [16] [17] Adoptando el concepto griego de derecho natural , los romanos concibieron el jus gentium como universal. [18] Sin embargo, en contraste con el derecho internacional moderno, el derecho romano de las naciones se aplicaba a las relaciones con y entre individuos extranjeros en lugar de entre unidades políticas como los estados. [19]
A partir del período de Primaveras y Otoños del siglo VIII a. C., China se dividió en numerosos estados que a menudo estaban en guerra entre sí. Surgieron reglas para la diplomacia y la celebración de tratados, incluidas nociones sobre motivos justos para la guerra , los derechos de las partes neutrales y la consolidación y partición de estados; estos conceptos a veces se aplicaron a las relaciones con los bárbaros a lo largo de la periferia occidental de China más allá de las llanuras centrales . [20] [21] El posterior período de los Estados Combatientes vio el desarrollo de dos grandes escuelas de pensamiento, el confucianismo y el legalismo , que sostenían que las esferas jurídicas nacional e internacional estaban estrechamente interrelacionadas y buscaban establecer principios normativos en competencia para guiar las relaciones exteriores. [21] [22] De manera similar, el subcontinente indio se dividió en varios estados, que con el tiempo desarrollaron reglas de neutralidad, derecho de los tratados y conducta internacional, y establecieron embajadas tanto temporales como permanentes . [23] [24]
Tras el colapso del Imperio romano occidental en el siglo V d. C., Europa se fragmentó en numerosos estados a menudo en guerra durante gran parte de los siguientes cinco siglos. El poder político se dispersó entre una variedad de entidades, incluida la Iglesia , las ciudades-estado mercantiles y los reinos, la mayoría de los cuales tenían jurisdicciones superpuestas y en constante cambio. Al igual que en China y la India, estas divisiones impulsaron el desarrollo de reglas destinadas a proporcionar relaciones estables y predecibles. Los primeros ejemplos incluyen el derecho canónico , que gobernaba las instituciones eclesiásticas y el clero en toda Europa; la lex mercatoria ("ley mercantil"), que se refería al comercio y varios códigos de derecho marítimo , como los Rollos de Oléron , destinados a regular el transporte marítimo en el noroeste de Europa, y las posteriores Leyes de Wisby , promulgadas entre la Liga Hanseática comercial del norte de Europa y la región del Báltico . [25]
En el mundo islámico , Muhammad al-Shaybani publicó Al-Siyar Al-Kabīr en el siglo VIII, que sirvió como una obra de referencia fundamental para siyar , un subconjunto de la ley Sharia , que regía las relaciones exteriores. [26] [27] Esto se basó en la división del mundo en tres categorías: dar al-Islam , donde prevalecía la ley islámica; dar al-sulh , reinos no islámicos que concluyeron un armisticio con un gobierno musulmán; y dar al-harb , tierras no islámicas que fueron disputadas a través de la yihad . [28] [29] Los principios legales islámicos sobre la conducta militar sirvieron como precursores del derecho internacional humanitario moderno e institucionalizaron limitaciones a la conducta militar, incluidas las directrices para comenzar la guerra, distinguir entre civiles y combatientes y cuidar a los enfermos y heridos. [30] [31]
Durante la Edad Media europea , el derecho internacional se ocupaba principalmente del propósito y la legitimidad de la guerra, buscando determinar qué constituía una "guerra justa ". [32] El concepto grecorromano de derecho natural fue combinado con principios religiosos por el filósofo judío Maimónides (1135-1204) y el teólogo cristiano Tomás de Aquino (1225-1274) para crear la nueva disciplina del "derecho de las naciones", que a diferencia de su predecesor romano homónimo, aplicaba el derecho natural a las relaciones entre estados. [33] [34] En el Islam, se desarrolló un marco similar en el que el derecho de las naciones se derivaba, en parte, de los principios y reglas establecidos en los tratados con los no musulmanes. [35]
El siglo XV fue testigo de una confluencia de factores que contribuyeron a un desarrollo acelerado del derecho internacional. El jurista italiano Bartolus de Saxoferrato (1313-1357) fue considerado el fundador del derecho internacional privado . Otro jurista italiano, Baldus de Ubaldis (1327-1400), proporcionó comentarios y compilaciones del derecho romano, eclesiástico y feudal , creando una fuente organizada de derecho a la que podían hacer referencia diferentes naciones. [ cita requerida ] Alberico Gentili (1552-1608) adoptó una visión secular del derecho internacional, siendo autor de varios libros sobre cuestiones de derecho internacional, en particular Law of War , que proporcionaba comentarios exhaustivos sobre las leyes de la guerra y los tratados. [36] Francisco de Vitoria (1486-1546), que se preocupaba por el trato que España daba a los pueblos indígenas , invocó el derecho de gentes como base de su dignidad y derechos innatos, articulando una versión temprana de la igualdad soberana entre los pueblos. [37] Francisco Suárez (1548-1617) enfatizó que el derecho internacional se fundaba en el derecho natural y el derecho positivo humano. [38] [39]
El jurista holandés Hugo Grocio (1583-1645) es ampliamente considerado como el padre del derecho internacional, [40] siendo uno de los primeros eruditos en articular un orden internacional que consiste en una "sociedad de estados" gobernada no por la fuerza o la guerra sino por leyes reales, acuerdos mutuos y costumbres. [41] Grocio secularizó el derecho internacional; [42] su obra de 1625, De Jure Belli ac Pacis , estableció un sistema de principios de derecho natural que vinculan a todas las naciones independientemente de las costumbres o leyes locales. [40] Inspiró dos escuelas nacientes de derecho internacional, los naturalistas y los positivistas. [43] En el primer bando estaba el jurista alemán Samuel von Pufendorf (1632-1694), quien destacó la supremacía de la ley de la naturaleza sobre los estados. [44] [45] Su obra de 1672, De la ley natural y de las naciones, amplió las teorías de Grocio y basó la ley natural en la razón y el mundo secular, afirmando que regulaba solo los actos externos de los estados. [44] Pufendorf desafió la noción hobbesiana de que el estado de naturaleza era uno de guerra y conflicto, argumentando que el estado natural del mundo es en realidad pacífico pero débil e incierto sin la adhesión a la ley de las naciones. [46] Las acciones de un estado no consisten en nada más que la suma de los individuos dentro de ese estado, lo que requiere que el estado aplique una ley fundamental de la razón, que es la base de la ley natural. Fue uno de los primeros académicos en expandir el derecho internacional más allá de las naciones cristianas europeas, abogando por su aplicación y reconocimiento entre todos los pueblos sobre la base de la humanidad compartida. [47]
En cambio, los autores positivistas , como Richard Zouche (1590-1661) en Inglaterra y Cornelis van Bynkershoek (1673-1743) en los Países Bajos, sostenían que el derecho internacional debía derivar de la práctica real de los Estados y no de fuentes cristianas o grecorromanas. El estudio del derecho internacional se alejó de su preocupación central sobre el derecho de la guerra y se dirigió hacia ámbitos como el derecho del mar y los tratados comerciales. [48] La escuela positivista se hizo más popular porque reflejaba puntos de vista aceptados sobre la soberanía estatal y era coherente con el enfoque empirista de la filosofía que entonces estaba ganando aceptación en Europa. [49]
Los acontecimientos del siglo XVII culminaron con la conclusión de la Paz de Westfalia en 1648, que se considera el evento seminal en el derecho internacional. [50] Se dice que la soberanía westfaliana resultante estableció el orden legal internacional actual caracterizado por estados nacionales independientes , que tienen soberanía igual independientemente de su tamaño y poder, definido principalmente por la no interferencia en los asuntos internos de los estados soberanos, aunque los historiadores han desafiado esta narrativa. [51] La idea del nacionalismo solidificó aún más el concepto y la formación de los estados-nación. [52] Los elementos de las escuelas naturalista y positivista fueron sintetizados, en particular por el filósofo alemán Christian Wolff (1679-1754) y el jurista suizo Emer de Vattel (1714-1767), quienes buscaron un enfoque intermedio. [53] [54] Durante el siglo XVIII, la tradición positivista ganó una aceptación más amplia, aunque el concepto de derechos naturales siguió siendo influyente en la política internacional, en particular a través de las revoluciones republicanas de los Estados Unidos y Francia. [ cita requerida ]
Hasta mediados del siglo XIX, las relaciones entre los Estados se regían principalmente por tratados, acuerdos entre Estados para comportarse de una determinada manera, inaplicables excepto por la fuerza y no vinculantes excepto en cuestiones de honor y fidelidad. [ cita requerida ] Uno de los primeros instrumentos del derecho moderno de los conflictos armados fue el Código Lieber de 1863, que regía la conducta de la guerra durante la Guerra Civil estadounidense , y se destaca por codificar las reglas y los artículos de guerra a los que se adhirieron las naciones de todo el mundo, incluido el Reino Unido, Prusia, Serbia y Argentina. [55] En los años siguientes, se crearon numerosos otros tratados y organismos para regular la conducta de los Estados entre sí, incluida la Corte Permanente de Arbitraje en 1899 y las Convenciones de La Haya y Ginebra , la primera de las cuales se aprobó en 1864. [56] [57]
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La expansión colonial de las potencias europeas alcanzó su apogeo a finales del siglo XIX y su influencia comenzó a menguar tras el derramamiento de sangre sin precedentes de la Primera Guerra Mundial , que estimuló la creación de organizaciones internacionales. El derecho de conquista era generalmente reconocido como derecho internacional antes de la Segunda Guerra Mundial . [58] La Sociedad de Naciones se fundó para salvaguardar la paz y la seguridad. [59] [60] El derecho internacional comenzó a incorporar nociones como la autodeterminación y los derechos humanos . [61] Las Naciones Unidas (ONU) se establecieron en 1945 para reemplazar a la Sociedad, con el objetivo de mantener la seguridad colectiva. [62] A continuación se creó un orden jurídico internacional más sólido, reforzado por instituciones como la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU). [63] La Comisión de Derecho Internacional (CDI) se estableció en 1947 para desarrollar y codificar el derecho internacional. [62]
Entre los años 1940 y 1970, la disolución del bloque soviético y la descolonización en todo el mundo dieron lugar al establecimiento de decenas de nuevos estados independientes. [64] A medida que estas antiguas colonias se convirtieron en sus propios estados, adoptaron puntos de vista europeos sobre el derecho internacional. [65] Una oleada de instituciones, desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) hasta la Organización Mundial de la Salud, promovieron el desarrollo de un enfoque multilateralista a medida que los estados optaban por comprometer la soberanía para beneficiarse de la cooperación internacional. [66] Desde los años 1980, se ha prestado cada vez más atención al fenómeno de la globalización y a la protección de los derechos humanos a escala mundial, en particular cuando están implicadas minorías o comunidades indígenas, a medida que se plantean preocupaciones de que la globalización puede estar aumentando la desigualdad en el sistema jurídico internacional. [67]
Las fuentes del derecho internacional aplicadas por la comunidad de naciones se enumeran en el artículo 38(1) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia , que se considera autoritario a este respecto. Estas categorías son, en orden, los tratados internacionales , el derecho internacional consuetudinario , los principios jurídicos generales y las decisiones judiciales y las enseñanzas de destacados juristas como "un medio subsidiario para la determinación de las normas de derecho". [68] Originalmente se consideró que la disposición de las fuentes de manera secuencial sugeriría una jerarquía implícita de fuentes; sin embargo, el estatuto no prevé una jerarquía y otros académicos han argumentado que, por lo tanto, las fuentes deben ser equivalentes. [69] [70]
Los principios generales del derecho han sido definidos en el Estatuto como "principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas", pero no hay consenso académico sobre lo que está incluido dentro de este ámbito. [71] [72] Se considera que se derivan de los sistemas jurídicos nacionales e internacionales, aunque la inclusión de esta última categoría ha llevado a un debate sobre su posible cruce con el derecho consuetudinario internacional. [73] [74] Se ha considerado generalmente que la relación de los principios generales con los tratados o la costumbre "llena los vacíos", aunque todavía no hay ninguna conclusión sobre su relación exacta en ausencia de una jerarquía. [75]
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Un tratado se define en el artículo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT) como "un acuerdo internacional celebrado entre Estados en forma escrita y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular". [76] La definición especifica que las partes deben ser Estados, sin embargo, también se considera que las organizaciones internacionales tienen capacidad para celebrar tratados. [76] [77] Los tratados son vinculantes a través del principio pacta sunt servanda , que permite a los Estados crear obligaciones jurídicas para sí mismos mediante el consentimiento. [78] [79] El tratado debe regirse por el derecho internacional; sin embargo, es probable que sea interpretado por los tribunales nacionales. [80] La CVDT, que codifica varios principios fundamentales de interpretación de tratados, sostiene que un tratado "se interpretará de buena fe de conformidad con el sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y a la luz de su objeto y fin". [81] Esto representa un compromiso entre tres teorías de interpretación: el enfoque textual que mira el significado ordinario del texto, el enfoque subjetivo que considera factores como la intención de los redactores, y el enfoque teleológico que interpreta un tratado de acuerdo con su objetivo y propósito. [81] [82]
Un Estado debe expresar su consentimiento a quedar obligado por un tratado mediante la firma, el intercambio de instrumentos, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión. La adhesión se refiere a la elección de un Estado de convertirse en parte de un tratado que no puede firmar, como cuando se establece un organismo regional. Cuando un tratado establece que se promulgará mediante ratificación, aceptación o aprobación, las partes deben firmar para indicar la aceptación de la redacción, pero no existe ningún requisito para que un Estado ratifique posteriormente el tratado, aunque todavía puede estar sujeto a ciertas obligaciones. [83] Al firmar o ratificar un tratado, un Estado puede hacer una declaración unilateral para negar o modificar ciertas disposiciones legales que pueden tener uno de tres efectos: el Estado que formula la reserva está obligado por el tratado pero los efectos de las disposiciones pertinentes se excluyen o cambian, el Estado que formula la reserva está obligado por el tratado pero no por las disposiciones pertinentes, o el Estado que formula la reserva no está obligado por el tratado. [84] [85] Una declaración interpretativa es un proceso separado, en el que un Estado emite una declaración unilateral para especificar o aclarar una disposición del tratado. Esto puede afectar la interpretación del tratado, pero generalmente no es jurídicamente vinculante. [86] [87] Un Estado también puede emitir una declaración condicional que indique que consentirá un tratado determinado sólo bajo la condición de una disposición o interpretación particular. [88]
El artículo 54 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que cualquiera de las partes podrá dar por terminado un tratado o retirarse de él de conformidad con sus términos o en cualquier momento con el consentimiento de la otra parte; la "terminación" se aplicará a los tratados bilaterales y la "retirada" a los multilaterales. [89] Cuando un tratado no contiene disposiciones que permitan la terminación o el retiro, como la Convención sobre el Genocidio, está prohibido a menos que el derecho estuviera implícito en el tratado o las partes hubieran tenido la intención de permitirlo. [90] Un tratado también puede ser considerado inválido, incluso cuando las partes actúan ultra vires o con negligencia, cuando la ejecución se ha obtenido por medios fraudulentos, corruptos o violentos, o cuando el tratado contradice normas imperativas. [91]
El derecho internacional consuetudinario requiere dos elementos: una práctica consistente de los Estados y la convicción de esos Estados de que la práctica consistente es requerida por una obligación legal, conocida como opinio juris . [92] [93] La costumbre se distingue del derecho de los tratados en que es vinculante para todos los Estados, independientemente de si han participado en la práctica, con la excepción de los Estados que han sido objetores persistentes durante el proceso de formación de la costumbre y las formas especiales o locales de derecho consuetudinario. [94] El requisito de la práctica estatal se relaciona con la práctica, ya sea a través de la acción o la falta de acción, de los Estados en relación con otros Estados u organizaciones internacionales. [95] No existe un requisito legal para que la práctica estatal sea uniforme o para que la práctica sea de larga data, aunque la CIJ ha establecido un alto estándar para la aplicación en los casos de Anglo-Noruega Fisheries y North Sea Continental Shelf . [96] Se ha debatido jurídicamente este tema, y la única opinión destacada sobre el tiempo necesario para establecer la costumbre, explicada por Humphrey Waldock , es que varía "según la naturaleza del caso". [97] No se exige que la práctica sea seguida universalmente por los Estados, pero debe haber un "reconocimiento general" por parte de los Estados "cuyos intereses se ven especialmente afectados". [98]
El segundo elemento de la prueba, la opinio juris, la creencia de una parte de que una acción particular es requerida por la ley, se conoce como el elemento subjetivo. [99] La CIJ ha declarado en su dictum en North Sea Continental Shelf que, "No sólo los actos en cuestión deben constituir una práctica establecida, sino que también deben ser tales, o llevarse a cabo de tal manera, que constituyan evidencia de una creencia de que esta práctica se vuelve obligatoria por la existencia de una norma jurídica que la requiere". [100] Un comité de la Asociación de Derecho Internacional ha argumentado que existe una presunción general de una opinio juris cuando se prueba la práctica estatal, pero puede ser necesaria si la práctica sugiere que los estados no creían que estaba creando un precedente. [100] La prueba en estas circunstancias es si la opinio juris puede probarse por la falta de protesta de los estados. [101] Otros académicos creen que la intención de crear derecho consuetudinario puede demostrarse por los estados que incluyen el principio en múltiples tratados bilaterales y multilaterales, de modo que el derecho de los tratados es necesario para formar costumbres. [102]
La adopción de la CVDT en 1969 estableció el concepto de jus cogens , o normas imperativas, que son "una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como una norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter". [103] Cuando el derecho consuetudinario o el derecho de los tratados entran en conflicto con una norma imperativa, se considerará inválida, pero no existe una definición acordada de jus cogens . [104] Los académicos han debatido qué principios se consideran normas imperativas, pero el que cuenta con un mayor consenso es el principio de no uso de la fuerza. [105] Al año siguiente, la CIJ definió las obligaciones erga omnes como aquellas que se deben a "la comunidad internacional en su conjunto", que incluían la ilegalidad del genocidio y los derechos humanos. [103]
En general, existen dos enfoques sobre la relación entre el derecho internacional y el derecho nacional, a saber, el monismo y el dualismo. [106] El monismo asume que el derecho internacional y el derecho nacional son parte del mismo orden jurídico. [107] Por lo tanto, un tratado puede convertirse directamente en parte del derecho nacional sin necesidad de promulgar legislación, aunque generalmente necesitarán ser aprobados por la legislatura. Una vez aprobado, el contenido del tratado se considera una ley que tiene un estatus superior al de las leyes nacionales. Ejemplos de países con un enfoque monista son Francia y los Países Bajos. [108] El enfoque dualista considera que el derecho nacional e internacional son dos órdenes jurídicos separados, por lo que a los tratados no se les concede un estatus especial. [106] [109] Las normas de un tratado solo pueden considerarse derecho nacional si el contenido del tratado se ha promulgado primero. [109] Un ejemplo es el Reino Unido; después de que el país ratificara el Convenio Europeo de Derechos Humanos , solo se consideró que el convenio tenía fuerza de ley en el derecho nacional después de que el Parlamento aprobara la Ley de Derechos Humanos de 1998 . [110]
En la práctica, la división de los países entre monismo y dualismo es a menudo más complicada; los países que siguen ambos enfoques pueden aceptar las normas imperativas como automáticamente vinculantes y pueden abordar los tratados, en particular las enmiendas o aclaraciones posteriores, de manera diferente a como abordarían el derecho consuetudinario. [111] Muchos países con constituciones antiguas o no escritas no tienen disposiciones explícitas para el derecho internacional en su sistema nacional y ha habido un aumento en el apoyo a los principios del monismo en relación con los derechos humanos y el derecho humanitario, ya que la mayoría de los principios que rigen estos conceptos se pueden encontrar en el derecho internacional. [112]
Un Estado se define en el Artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados como una persona jurídica con una población permanente, un territorio definido, un gobierno y capacidad para entablar relaciones con otros Estados. No hay ningún requisito sobre el tamaño de la población, lo que permite que microestados como San Marino y Mónaco sean admitidos en la ONU, y ningún requisito de fronteras completamente definidas, lo que permite que Israel sea admitido a pesar de las disputas fronterizas . Originalmente, existía la intención de que un Estado debía tener autodeterminación , pero ahora el requisito es un entorno político estable. El requisito final de poder entablar relaciones se evidencia comúnmente con la independencia y la soberanía. [113]
En virtud del principio par in parem non habet imperium , todos los Estados son soberanos e iguales, [114] pero el reconocimiento estatal a menudo desempeña un papel importante en las concepciones políticas. Un país puede reconocer a otra nación como Estado y, por separado, puede reconocer al gobierno de esa nación como legítimo y capaz de representar al Estado en el escenario internacional. [115] [116] Hay dos teorías sobre el reconocimiento; la teoría declaratoria considera el reconocimiento como un comentario sobre un estado actual de derecho que se ha satisfecho por separado, mientras que la teoría constitutiva afirma que el reconocimiento por parte de otros Estados determina si se puede considerar que un Estado tiene personalidad jurídica. [117] Los Estados pueden ser reconocidos explícitamente a través de una declaración publicada o tácitamente a través de la realización de relaciones oficiales, aunque algunos países han interactuado formalmente sin conferir reconocimiento. [118]
A lo largo del siglo XIX y la mayor parte del siglo XX, los Estados estaban protegidos por una inmunidad absoluta, de modo que no podían enfrentarse a un proceso penal por ninguna acción. Sin embargo, varios países comenzaron a distinguir entre acta jure gestionis , acciones comerciales, y acta jure imperii , acciones gubernamentales; la teoría restrictiva de la inmunidad decía que los Estados eran inmunes cuando actuaban en calidad de gobierno pero no de comercial. La Convención Europea sobre Inmunidad de los Estados de 1972 y la Convención de las Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes intentan restringir la inmunidad de conformidad con el derecho consuetudinario. [119]
Históricamente, los individuos no han sido vistos como entidades en el derecho internacional, ya que el enfoque estaba en la relación entre los estados. [120] [121] A medida que los derechos humanos han adquirido mayor importancia en el escenario global, al ser codificados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, se ha otorgado a los individuos el poder de defender sus derechos ante los órganos judiciales. [122] El derecho internacional es en gran medida silencioso sobre la cuestión de la ley de nacionalidad con la excepción de los casos de doble nacionalidad o cuando alguien reclama derechos bajo la ley de refugiados , pero como argumentó la teórica política Hannah Arendt , los derechos humanos a menudo están vinculados a la nacionalidad de alguien. [123] El Tribunal Europeo de Derechos Humanos permite a los individuos presentar peticiones al tribunal cuando sus derechos han sido violados y los tribunales nacionales no han intervenido y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos tienen poderes similares. [122]
Tradicionalmente, los Estados soberanos y la Santa Sede eran los únicos sujetos del derecho internacional. Con la proliferación de organizaciones internacionales durante el último siglo, también se las ha reconocido como partes pertinentes. [124] Una definición de organizaciones internacionales proviene del Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad de las Organizaciones Internacionales de 2011 de la CDI, que en el Artículo 2(a) establece que se trata de "una organización establecida por un tratado u otro instrumento regido por el derecho internacional y que posee su propia personalidad jurídica internacional". [125] Esta definición funciona como un punto de partida, pero no reconoce que las organizaciones pueden no tener personalidad separada y, sin embargo, funcionar como una organización internacional. [125] El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ha enfatizado una división entre las organizaciones intergubernamentales (OIG), que se crean mediante acuerdos intergubernamentales, y las organizaciones internacionales no gubernamentales (OING). [126] Todas las organizaciones internacionales tienen miembros; generalmente esto se limita a los Estados, aunque puede incluir otras organizaciones internacionales. [127] A veces, se permite que los no miembros participen en las reuniones como observadores. [128]
El Anuario de Organizaciones Internacionales establece una lista de organizaciones internacionales, que incluyen a la ONU, la OMC, el Banco Mundial y el FMI. [129] [130] Generalmente, las organizaciones consisten en un órgano plenario, donde los Estados miembros pueden estar representados y ser escuchados; un órgano ejecutivo, para decidir asuntos dentro de la competencia de la organización; y un órgano administrativo, para ejecutar las decisiones de los otros órganos y manejar las tareas de secretaría. [131] Las organizaciones internacionales generalmente establecerán sus privilegios e inmunidad en relación con sus Estados miembros en sus documentos constitucionales o en acuerdos multilaterales, como la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas . [132] Estas organizaciones también tienen el poder de celebrar tratados, utilizando la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales como base, aunque aún no está en vigor. [77] También pueden tener el derecho de presentar demandas legales contra los Estados dependiendo, como se establece en la Reparación por Daños , de si tienen personalidad jurídica y el derecho a hacerlo en su constitución. [133]
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene el poder, bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, de tomar acciones decisivas y vinculantes contra los Estados que cometan "una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o un acto de agresión" para la seguridad colectiva , aunque antes de 1990, sólo ha intervenido una vez, en el caso de Corea en 1950. [134] [135] Sin embargo, este poder sólo puede ejercerse cuando una mayoría de los Estados miembros votan a favor, además de recibir el apoyo de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. [136] Esto puede ser seguido con sanciones económicas, acciones militares y usos similares de la fuerza. [137] El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también tiene una amplia discreción bajo el Artículo 24, que otorga "responsabilidad primaria" por cuestiones de paz y seguridad internacionales. [134] La Asamblea General de las Naciones Unidas, preocupada durante la Guerra Fría por el requisito de que la URSS tendría que autorizar cualquier acción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptó la resolución "Unidos por la Paz" del 3 de noviembre de 1950, que permitió al órgano aprobar recomendaciones para autorizar el uso de la fuerza. Esta resolución también dio lugar a la práctica de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas , que se han utilizado especialmente en Timor Oriental y Kosovo . [138]
Existen más de cien tribunales internacionales en la comunidad global, aunque los estados generalmente se han mostrado reacios a permitir que su soberanía sea limitada de esta manera. [139] El primer tribunal internacional conocido fue la Corte Centroamericana de Justicia , antes de la Primera Guerra Mundial, cuando se estableció la Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI). La CPJI fue reemplazada por la CIJ, que es el tribunal internacional más conocido debido a su alcance universal en relación con la jurisdicción geográfica y la materia . [140] Además, existen varios tribunales regionales, incluidos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea , el Tribunal de la AELC y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina . [141] El arbitraje interestatal también se puede utilizar para resolver disputas entre estados, lo que llevó en 1899 a la creación de la Corte Permanente de Arbitraje que facilita el proceso al mantener una lista de árbitros. Este proceso se utilizó en el caso de la Isla de Palmas y para resolver disputas durante la guerra entre Eritrea y Etiopía . [142]
La CIJ es uno de los seis órganos de las Naciones Unidas, con sede en La Haya y un panel de quince jueces permanentes. [143] Tiene jurisdicción para escuchar casos que involucran a Estados, pero no puede involucrarse en disputas que involucran a individuos u organizaciones internacionales. Los Estados que pueden presentar casos deben ser parte del Estatuto de la CIJ , aunque en la práctica la mayoría de los Estados son miembros de las Naciones Unidas y, por lo tanto, serían elegibles. La corte tiene jurisdicción sobre todos los casos que se le remiten y todos los asuntos específicamente mencionados en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados internacionales, aunque en la práctica no hay asuntos relevantes en la Carta de las Naciones Unidas. [144] Una organización internacional también puede solicitar a la CIJ que emita una opinión consultiva sobre una cuestión legal, que generalmente se considera no vinculante pero autorizada. [145]
El conflicto de leyes , también conocido como derecho internacional privado, se ocupaba originalmente de la elección de la ley , determinando qué leyes de la nación deberían regir una circunstancia legal particular. [146] [147] Históricamente se ha utilizado la teoría de la cortesía , aunque la definición no es clara, a veces haciendo referencia a la reciprocidad y a veces utilizándose como sinónimo de derecho internacional privado. [148] [149] Story lo distinguió de "cualquier obligación suprema absoluta, que reemplaza toda discreción sobre el tema". [149] Hay tres aspectos del conflicto de leyes: determinar qué tribunal nacional tiene jurisdicción sobre una disputa, determinar si un tribunal nacional tiene jurisdicción y determinar si las sentencias extranjeras pueden ejecutarse . La primera pregunta se relaciona con si el tribunal nacional o un tribunal extranjero está en mejores condiciones para decidir el caso. [150] Al determinar la ley nacional que debe aplicarse, la lex causae es la ley que se ha elegido para regir el caso, que generalmente es extranjera, y la lexi fori es la ley nacional del tribunal que toma la determinación. Algunos ejemplos son la lex domicilii , la ley del domicilio, y les patriae , la ley de la nacionalidad. [151]
Las reglas que se aplican a los conflictos de leyes varían según el sistema nacional que determine la cuestión. Ha habido intentos de codificar una norma internacional para unificar las reglas de modo que las diferencias en las leyes nacionales no puedan dar lugar a inconsistencias, como por ejemplo mediante el Convenio de La Haya sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial y el Reglamento de Bruselas . [152] [153] [154] Estos tratados codificaron la práctica sobre la ejecución de sentencias internacionales, estableciendo que una sentencia extranjera sería automáticamente reconocida y ejecutable cuando fuera necesario en la jurisdicción donde reside la parte, a menos que la sentencia fuera contraria al orden público o entrara en conflicto con una sentencia local entre las mismas partes. A nivel mundial, la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras se introdujo en 1958 para internacionalizar la ejecución de laudos arbitrales , aunque no tiene jurisdicción sobre sentencias judiciales. [155]
Un Estado debe probar que tiene jurisdicción antes de poder ejercer su autoridad legal. [156] Este concepto puede dividirse entre jurisdicción prescriptiva, que es la autoridad de una legislatura para promulgar legislación sobre un tema particular, y jurisdicción adjudicativa, que es la autoridad de un tribunal para escuchar un caso particular. [157] Este aspecto del derecho internacional privado debe resolverse primero con referencia al derecho interno, que puede incorporar tratados internacionales u otros conceptos legales supranacionales, aunque existen normas internacionales consistentes. [158] Hay cinco formas de jurisdicción que se reconocen consistentemente en el derecho internacional; un individuo o acto puede estar sujeto a múltiples formas de jurisdicción. [159] [160] El primero es el principio territorial , que establece que una nación tiene jurisdicción sobre las acciones que ocurren dentro de sus límites territoriales. [161] El segundo es el principio de nacionalidad , también conocido como el principio de personalidad activa, por el cual una nación tiene jurisdicción sobre las acciones cometidas por sus nacionales independientemente de dónde ocurran. El tercero es el principio de personalidad pasiva, que otorga a un país jurisdicción sobre cualquier acción que perjudique a sus nacionales. [162] El cuarto principio es el principio de protección, según el cual una nación tiene jurisdicción en relación con las amenazas a sus "intereses nacionales fundamentales". La forma final es la jurisdicción universal , según la cual un país tiene jurisdicción sobre ciertos actos en función de la naturaleza del delito en sí. [162] [163]
Después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló el sistema moderno de derechos humanos internacionales para responsabilizar a los Estados de sus violaciones de derechos humanos. [164] El Consejo Económico y de Seguridad de las Naciones Unidas estableció la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1946, que desarrolló la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), que estableció normas internacionales de derechos humanos no vinculantes, para el trabajo, el nivel de vida, la vivienda y la educación, la no discriminación, un juicio justo y la prohibición de la tortura. Dos tratados más de derechos humanos fueron adoptados por las Naciones Unidas en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Estos dos documentos, junto con la DUDH, se consideran la Carta Internacional de Derechos Humanos . [165]
La aplicación no nacional de los derechos humanos opera tanto a nivel internacional como regional. Establecida en 1993, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos supervisa los procedimientos basados en la Carta y en tratados. [165] Los primeros se basan en la Carta de las Naciones Unidas y operan bajo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas , donde cada región global está representada por estados miembros elegidos. El Consejo es responsable del Examen Periódico Universal , que requiere que cada estado miembro de las Naciones Unidas revise su cumplimiento de los derechos humanos cada cuatro años, y de los procedimientos especiales, incluido el nombramiento de relatores especiales , expertos independientes y grupos de trabajo. [166] El procedimiento basado en tratados permite a las personas confiar en los nueve tratados principales de derechos humanos:
The regional human rights enforcement systems operate in Europe, Africa and the Americas through the European Court of Human Rights, the Inter-American Court of Human Rights and the African Court on Human and Peoples' Rights.[168] International human rights has faced criticism for its Western focus, as many countries were subject to colonial rule at the time that the UDHR was drafted, although many countries in the Global South have led the development of human rights on the global stage in the intervening decades.[169]
International labour law is generally defined as "the substantive rules of law established at the international level and the procedural rules relating to their adoption and implementation". It operates primarily through the International Labor Organization (ILO), a UN agency with the mission of protecting employment rights which was established in 1919.[170][171] The ILO has a constitution setting out a number of aims, including regulating work hours and labour supply, protecting workers and children and recognising equal pay and the right to free association, as well as the Declaration of Philadelphia of 1944, which re-defined the purpose of the ILO.[171][172] The 1998 Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work further binds ILO member states to recognise fundamental labour rights including free association, collective bargaining and eliminating forced labour, child labour and employment discrimination.[172]
The ILO have also created labour standards which are set out in their conventions and recommendations. Member states then have the choice as to whether or not to ratify and implement these standards.[172] The secretariat of the ILO is the International Labour Office, which can be consulted by states to determine the meaning of a convention, which forms the ILO's case law. Although the Right to Organise Convention does not provide an explicit right to strike, this has been interpreted into the treaty through case law.[173][174] The UN does not specifically focus on international labour law, although some of its treaties cover the same topics. Many of the primary human rights conventions also form part of international labour law, providing protection in employment and against discrimination on the grounds of gender and race.[175]
It has been claimed that there is no concept of discrete international environmental law, with the general principles of international law instead being applied to these issues.[176] Since the 1960s, a number of treaties focused on environmental protection were ratified, including the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment of 1972, the World Charter for Nature of 1982, and the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer of 1985. States generally agreed to co-operate with each other in relation to environmental law, as codified by principle 24 of the Rio Declaration of 1972.[177] Despite these, and other, multilateral environmental agreements covering specific issues, there is no overarching policy on international environmental protection or one specific international organisation, with the exception of the UN Environmental Programme. Instead, a general treaty setting out the framework for tackling an issue has then been supplemented by more specific protocols.[178]
Climate change has been one of the most important and heavily debated topics in recent environmental law. The United Nations Framework Convention on Climate Change, intended to set out a framework for the mitigation of greenhouse gases and responses to resulting environmental changes, was introduced in 1992 and came into force two years later. As of 2023, 198 states were a party.[179][180] Separate protocols have been introduced through conferences of the parties, including the Kyoto Protocol which was introduced in 1997 to set specific targets for greenhouse gas reduction and the 2015 Paris Agreement which set the goal of keeping global warming at least below 2 °C (3.6 °F) above pre-industrial levels.[181]
Individuals and organisations have some rights under international environmental law as the Aarhus Convention in 1998 set obligations on states to provide information and allow public input on these issues.[182] However few disputes under the regimes set out in environmental agreements are referred to the ICJ, as the agreements tend to specify their compliance procedures. These procedures generally focus on encouraging the state to once again become compliant through recommendations but there is still uncertainty on how these procedures should operate and efforts have been made to regulate these processes although some worry that this will undercut the efficiency of the procedures themselves.[183]
Legal territory can be divided into four categories. There is territorial sovereignty which covers land and territorial sea, including the airspace above it and the subsoil below it, territory outside the sovereignty of any state, res nullius which is not yet within territorial sovereignty but is territory that is legally capable of being acquired by a state and res communis which is territory that cannot be acquired by a state.[184] There have historically been five methods of acquiring territorial sovereignty, reflecting Roman property law: occupation, accretion, cession, conquest and prescription.[185]
The law of the sea is the area of international law concerning the principles and rules by which states and other entities interact in maritime matters. It encompasses areas and issues such as navigational rights, sea mineral rights, and coastal waters jurisdiction.[186] The law of the sea was primarily composed of customary law until the 20th century, beginning with the League of Nations Codification Conference in 1930, the UN Conference on the Law of the Sea and the adoption of the UNCLOS in 1982.[187] The UNCLOS was particularly notable for making international courts and tribunals responsible for the law of the sea.[188]
The boundaries of a nation's territorial sea were initially proposed to be three miles in the late 18th century.[189] The UNCLOS instead defined it as being at most 12 nautical miles from the baseline (usually the coastal low-water mark) of a state; both military and civilian foreign ships are allowed innocent passage through these waters despite the sea being within the state's sovereignty.[190][191] A state can have jurisdiction beyond its territorial waters where it claims a contiguous zone of up to 24 nautical miles from its baseline for the purpose of preventing the infringement of its "customs, fiscal, immigration and sanitary regulations".[192] States are also able to claim an exclusive economic zone (EEZ) following passage of the UNCLOS, which can stretch up to 200 nautical miles from the baseline and gives the sovereign state rights over natural resources. Some states have instead chosen to retain their exclusive fishery zones, which cover the same territory.[193] There are specific rules in relation to the continental shelf, as this can extend further than 200 nautical miles. The International Tribunal for the Law of the Sea has specified that a state has sovereign rights over the resources of the entire continental shelf, regardless of its distance from the baseline, but different rights apply to the continental shelf and the water column above it where it is further than 200 nautical miles from the coast.[194]
The UNCLOS defines the high seas as all parts of the sea that are not within a state's EEZ, territorial sea or internal waters.[195] There are six freedoms of the high seas—navigation, overflight, laying submarine cables and pipelines, constructing artificial islands, fishing and scientific research—some of which are subject to legal restrictions.[196] Ships in the high seas are deemed to have the nationality of the flag that they have the right to fly and no other state can exercise jurisdiction over them; the exception is ships used for piracy, which are subject to universal jurisdiction.[197]
In 1944, the Bretton Woods Conference established the International Bank for Reconstruction and Development (later the World Bank) and the IMF. At the conference, the International Trade Organization was proposed but failed to be instituted due to the refusal of the United States to ratify its charter. Three years later, Part IV of the statute was adopted to create the General Agreement on Tariffs and Trade, which operated between 1948 and 1994, when the WTO was established. The OPEC, which banded together to control global oil supply and prices, caused the previous reliance on fixed currency exchange rates to be dropped in favour of floating exchange rates in 1971. During this recession, British Prime Minister Margaret Thatcher and US President Ronald Reagan pushed for free trade and deregulation under a neo-liberal agenda known as the Washington Consensus.[198]
The law relating to the initiation of armed conflict is jus ad bellum.[199] This was codified in 1928 in the Kellogg–Briand Pact, which stated that conflicts should be settled through peaceful negotiations with the exception, through reservations drafted by some state parties, of self-defence.[200] These fundamental principles were re-affirmed in the UN Charter, which provided for "an almost absolute prohibition on the use of force", with the only three exceptions.[201][202] The first involves force authorised by the UNSC, as the entity is responsible in the first instance for responding to breaches or threats to the peace and acts of aggression, including the use of force or peacekeeping missions.[203] The second exception is where a state is acting in individual or collective self-defence. A state is allowed to act in self-defence in the case of an "armed attack" but the intention behind this exception has been challenged, particularly as nuclear weapons have become more common, with many states relying instead on the customary right of self-defence as set out in the Caroline test.[204][205] The ICJ considered collective self-defence in Nicaragua v. United States, where the U.S. unsuccessfully argued that it had mined harbours in Nicaragua in pre-emption of an attack by the Sandinista government against another member of the Organization of American States.[206] The final exception is where the UNSC delegates its responsibility for collective security to a regional organisation, such as NATO.[207]
On humanitarian grounds, the use of landmines (Ottawa Treaty) and cluster munitions (CCM) is prohibited under international law.
International humanitarian law (IHL) is an effort to "mitigate the human suffering caused by war" and it is often complementary to the law of armed conflict and international human rights law.[208] The concept of jus in bello (law in war) covers IHL, which is distinct from jus ad bellum.[199] Its scope lasts from the initiation of conflict until a peaceful settlement is reached.[209] There are two main principles in IHL; the principle of distinction dictates that combatants and non-combatants must be treated differently and the principle of not causing disproportionate suffering to combatants. In Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, the ICJ described these concepts as "intransgressible principles of international customary law".[210]
The two Hague Conventions of 1899 and 1907 considered restrictions on the conduct of war and the Geneva Conventions of 1949, which were organised by the International Committee of the Red Cross, considered the protection of innocent parties in conflict zones.[211] The First Geneva Convention covers wounded and ill combatants, the Second Geneva Convention covers combatants at sea who are wounded, ill or shipwrecked, the Third Geneva Convention covers prisoners of war and the Fourth Geneva Convention covers civilians.[210] These conventions were supplemented the additional Protocol I and Protocol II, which were codified in 1977.[211] Initially IHL conventions were only considered to apply to a conflict if all parties had ratified the relevant convention under the si omnes clause, but this posed concerns and the Martens clause began to be implemented, providing that the law would generally be deemed to apply.[212]
There have been various agreements to outlaw particular types of weapons, such as the Chemical Weapons Convention and the Biological Weapons Convention. The use of nuclear weapons was determined to be in conflict with principles of IHL by the ICJ in 1995, although the court also held that it "cannot conclude definitively whether the threat or use of nuclear weapons would be lawful or unlawful in an extreme circumstance of self-defence."[213] Multiple treaties have attempted to regulate the use of these weapons, including the Non-Proliferation Treaty and the Joint Comprehensive Plan of Action, but key states have failed to sign or have withdrawn. There have been similar debates on the use of drones and cyberwarefare on the international stage.[214]
International criminal law sets out the definition of international crimes and compels states to prosecute these crimes.[215] While war crimes were prosecuted throughout history, this has historically been done by national courts.[216] The International Military Tribunal in Nuremberg and the International Military Tribunal for the Far East in Tokyo were established at the end of World War II to prosecute key actors in Germany and Japan.[217] The jurisdiction of the tribunals was limited to crimes against peace (based on the Kellogg–Briand Pact), war crimes (based on the Hague Conventions) and crimes against humanity, establishing new categories of international crime.[218][219] Throughout the twentieth century, the separate crimes of genocide, torture and terrorism were also recognised.[219]
Initially these crimes were intended to be prosecuted by national courts and subject to their domestic procedures.[220] The Geneva Conventions of 1949, the Additional Protocols of 1977 and the 1984 UN Convention against Torture mandated that the national courts of the contracting countries must prosecute these offenses where the perpetrator is on their territory or extradite them to any other interested state.[221] It was in the 1990s that two ad hoc tribunals, the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) and the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), were established by the UNSC to address specific atrocities.[222][223] The ICTY had authority to prosecute war crimes, crimes against humanity and genocide occurring in Yugoslavia after 1991 and the ICTR had authority to prosecute genocide, crimes against humanity and grave breaches of the 1949 Geneva Conventions during the 1994 Rwandan genocide.[224][225]
The International Criminal Court (ICC), established by the 1998 Rome Statute, is the first and only permanent international court to prosecute genocide, war crimes, crimes against humanity, and the crime of aggression.[226] There are 123 state parties to the ICC although a number of states have declared their opposition to the court; it has been criticised by African countries including The Gambia and Kenya for "imperialist" prosecutions.[227][228] One particular aspect of the court that has received scrutiny is the principle of complementarity, whereby the ICC only has jurisdiction if the national courts of a state with jurisdiction are "unwilling or unable to prosecute" or where a state has investigated but chosen not to prosecute a case.[229][230] The United States has a particularly complicated relationship with the ICC; originally signing the treaty in 2000, the US stated in 2002 that it did not intend to become a party as it believed the ICC threatened its national sovereignty and the country does not recognise the court's jurisdiction.[231][232]
Hybrid courts are the most recent type of international criminal court; they aim to combine both national and international components, operating in the jurisdiction where the crimes in question occurred.[233][234] International courts have been criticised for a lack of legitimacy, as they can seem disconnected from the crimes that have occurred, but the hybrid courts are able to provide the resources that may be lacking in countries facing the aftermath of serious conflict.[233] There has been debate about what courts can be included within this definition, but generally the Special Panels for Serious Crimes in East Timor, the Kosovo Specialist Chambers, the Special Court for Sierra Leone, the Special Tribunal for Lebanon and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia have been listed.[235][226][234]
International legal theory comprises a variety of theoretical and methodological approaches used to explain and analyse the content, formation and effectiveness of international law and institutions and to suggest improvements. Some approaches center on the question of compliance: why states follow international norms in the absence of a coercive power that ensures compliance.[236][237] Some scholars view compliance failure as a problem of enforcement whereby states can be incentivized to follow international law due to international inducements, reciprocity, concerns about reputation, or domestic political factors.[238] Other scholars see compliance failure as rooted in a lack of state capacity where a willing state is incapable of fully following international legal commitments.[238]
Other perspectives are policy oriented: they elaborate theoretical frameworks and instruments to criticize the existing norms and to make suggestions on how to improve them. Some of these approaches are based on domestic legal theory, some are interdisciplinary, and others have been developed expressly to analyse international law. Classical approaches to International legal theory are the natural law, the Eclectic and the legal positivism schools of thought.[239][page needed]
The natural law approach argues that international norms should be based on axiomatic truths. The 16th-century natural law writer de Vitoria examined the questions of the just war, the Spanish authority in the Americas, and the rights of the Native American peoples. In 1625, Grotius argued that nations as well as persons ought to be governed by universal principle based on morality and divine justice while the relations among polities ought to be governed by the law of peoples, the jus gentium, established by the consent of the community of nations on the basis of the principle of pacta sunt servanda, that is, on the basis of the observance of commitments. On his part, de Vattel argued instead for the equality of states as articulated by 18th-century natural law and suggested that the law of nations was composed of custom and law on the one hand, and natural law on the other. During the 17th century, the basic tenets of the Grotian or eclectic school, especially the doctrines of legal equality, territorial sovereignty, and independence of states, became the fundamental principles of the European political and legal system and were enshrined in the 1648 Peace of Westphalia.[citation needed]
The early positivist school emphasized the importance of custom and treaties as sources of international law. In the 16th-century, Gentili used historical examples to posit that positive law (jus voluntarium) was determined by general consent. van Bynkershoek asserted that the bases of international law were customs and treaties commonly consented to by various states, while John Jacob Moser emphasized the importance of state practice in international law. The positivism school narrowed the range of international practice that might qualify as law, favouring rationality over morality and ethics. The 1815 Congress of Vienna marked the formal recognition of the political and international legal system based on the conditions of Europe.[citation needed] Modern legal positivists consider international law as a unified system of rules that emanates from the states' will. International law, as it is, is an "objective" reality that needs to be distinguished from law "as it should be". Classic positivism demands rigorous tests for legal validity and it deems irrelevant all extralegal arguments.[240]
John Austin asserted that due to the principle of par in parem non habet imperium, "so-called" international law, lacking a sovereign power and so unenforceable, was not really law at all, but "positive morality", consisting of "opinions and sentiments...more ethical than legal in nature."[241] Since states are few in number, diverse and atypical in character, unindictable, lack a centralised sovereign power, and their agreements unpoliced and decentralised, Martin Wight argued that international society is better described as anarchy.[242]
Hans Morgenthau believed international law to be the weakest and most primitive system of law enforcement; he likened its decentralised nature to the law that prevails in preliterate tribal societies. Monopoly on violence is what makes domestic law enforceable; but between nations, there are multiple competing sources of force. The confusion created by treaty laws, which resemble private contracts between persons, is mitigated only by the relatively small number of states.[243] He asserted that no state may be compelled to submit a dispute to an international tribunal, making laws unenforceable and voluntary. International law is also unpoliced, lacking agencies for enforcement. He cites a 1947 US opinion poll in which 75% of respondents wanted "an international police to maintain world peace", but only 13% wanted that force to exceed the US armed forces. Later surveys have produced similar contradictory results.[244]
International law is currently navigating a complex array of challenges and controversies that have underscored the dynamic nature of international relations in the 21st century. Some of these challenges include enforcement difficulties, the impact of technological advancements, climate change, and worldwide pandemics.[245] The possible re-emergence of right of conquest as international law is contentious.[246]
Among the most pressing issues are enforcement difficulties, where the lack of a centralized global authority often leads to non-compliance with international norms, particularly evident in violations of International Humanitarian Law (IHL). Sovereignty disputes further complicate the international legal landscape, as conflicts over territorial claims and jurisdictional boundaries arise, challenging the principles of non-interference and peaceful resolution. Furthermore, the emergence of new global powers introduces additional layers of complexity, as these nations assert their interests and challenge established norms, necessitating a reevaluation of the global legal order to accommodate shifting power dynamics.[247]
Cybersecurity has also emerged as a critical concern, with international law striving to address the threats posed by cyber-attacks to national security, infrastructure, and individual privacy. Climate change demands unprecedented international cooperation, as evidenced by agreements like the Paris Agreement, though disparities in responsibilities among nations pose significant challenges to collective action.[248]
The COVID-19 pandemic has further highlighted the interconnectedness of the global community, emphasizing the need for coordinated efforts to manage health crises, vaccine distribution, and economic recovery.[249]
These contemporary issues underscore the need for ongoing adaptation and cooperation within the framework of international law to address the multifaceted challenges of the modern world, ensuring a just, peaceful, and sustainable global order.
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