Controversia de delimitación marítima entre Chile y Perú
En consecuencia, adjudicó al Perú un área marítima de algo más de 50 000 km² —22 000 km² considerados por Chile como parte de su zona económica exclusiva, y 28 471,86 km² como parte del alta mar—, y que pasaron a formar parte del mar peruano como zona económica exclusiva, y ratificó a Chile la soberanía —como mar territorial, hasta las 12 millas marinas— y los derechos soberanos —como zona económica exclusiva, hasta las 80 millas marinas—, respectivamente, sobre 16 352 km² de mar, que corresponde mayormente a aquel situado a menor distancia de la costa.
Ante ello se suspendieron temporalmente los trabajos, a la espera de ser resuelto el asunto por las respectivas cancillerías.
El hito, es decir, la señal física que marca o refiere la línea divisoria, y que podía colocarse en cualquier punto del arco, se ubicó a 180 metros de la orilla del Océano Pacífico, que corresponde a las coordenadas 18º21'03" Latitud Sur y 70º22'56" Longitud Oeste (sistema de coordenadas no especificado y que no corresponde a WGS84) y se le llamó "Hito 1" (con situación "Orilla de Mar").
De acuerdo con el Perú, dicha disposición tendría carácter excepcional y restringido a la delimitación de las fronteras marítimas solo donde se presentan islas, y que habría sido incluida a pedido de la delegación del Ecuador, puesto que cuenta con islas cercanas al Perú (isla Santa Clara).
Por otro lado, mediante la "Aclaración sobre disposiciones de los convenios", firmado en la misma fecha que el Convenio de 1954, se dejó constancia de que "la “presencia accidental” a que se refiere el artículo segundo del mismo será calificada exclusivamente por las autoridades del país cuyo límite marítimo jurisdiccional hubiere sido sobrepasado".
La constitución peruana entonces vigente indicaba que era función del Congreso aprobar los tratados, concordatos y demás convenciones que se celebraran con los gobiernos extranjeros, y las actas sobre los faros no fueron aprobados ni considerados en ninguna legislatura.
La Cancillería chilena presentó un reclamo formal a su similar peruano por el ingreso sin autorización de tales maquinarias, aunque hubiese sido por razones inocentes, al caer parte de los escombros en territorio chileno.
En tanto que no se haya llegado a un acuerdo conforme a lo previsto en el párrafo 1, los Estados interesados, con espíritu de comprensión y cooperación, harán todo lo posible por concertar arreglos provisionales de carácter práctico y, durante ese período de transición, no harán nada que pueda poner en peligro u obstaculizar la conclusión del acuerdo definitivo.
Chile, el Perú y Ecuador fueron países invitados a la firma de este tratado.
[29] Tales criterios expuestos se hicieron en un debate general, no relacionado con gestión alguna respecto de Chile.
[31] Rodríguez Cuadros señala en la nota que "[...] hasta la fecha el Perú y Chile no han celebrado, de conformidad con las reglas del Derecho Internacional un tratado de delimitación marítima [...], que "no existe límite marítimo entre los dos países", añadiendo que "Estas consideraciones, de la mayor importancia en la relación bilateral, me llevan a proponer formalmente a Vuestra Excelencia el inicio, a la brevedad posible, de negociaciones bilaterales para resolver esta controversia.
La finalidad de estas negociaciones deberá ser el establecimiento del límite marítimo entre el Perú y Chile de conformidad con las normas del Derecho Internacional, mediante un tratado específico sobre esta materia."
[33] La constitución peruana de 1979 indica en su artículo 98 que "El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas que establece la ley".
[34] Estas líneas están basadas en trazos de 200 millas náuticas desde diversos puntos geográficos perpendiculares a la costa del Perú.
Además, durante la IV Cumbre de las Américas, Lagos analizó la situación con el presidente George W. Bush.
Por su parte, Perú ha afirmado que la declaración de molestia del gobierno chileno son "expresiones inaceptables".
Además, no vulneraría tratados internacionales puesto que Chile y Perú nunca han firmado alguno sobre este tema.
Bolivia y Ecuador que en un principio rechazaron involucrarse en el asunto al ser informados por Chile, cambiaron posteriormente sus posturas.
Dicho inciso, que contempla los límites de la nueva región, tuvo origen en una indicación presentada por la presidenta Michelle Bachelet durante el segundo trámite constitucional del proyecto.
Además, reitera la posición peruana sobre que la delimitación marítima es un tema pendiente, debido a la inexistencia de un tratado sobre la materia.
La siguiente etapa del proceso seguido ante la Corte fue la llamada fase oral, en la cual los representantes del Perú y de Chile presentaron oralmente sus argumentaciones ante los jueces que conforman la Corte Internacional de Justicia.
[6] Al finalizar esta primera ronda de intervenciones, el juez marroquí Mohamed Bennouna, formuló una pregunta a ambas partes:
[88][89] Con las respuestas de ambas partes, así como con las alegaciones finales que se expusieron en esta segunda ronda de intervenciones, concluyó la etapa o fase oral del proceso, y el caso quedó listo para ser resuelto por la Corte mediante una sentencia inapelable.
[90] Una vez concluida la fase oral del proceso, la Corte entró en un periodo de deliberación, tiempo durante el cual los jueces estudiaron detenidamente los argumentos expuestos por las partes a lo largo del proceso para la preparación de la sentencia definitiva.
Como contraparte, el fallo ratificó la soberanía y los derechos soberanos de Chile sobre 16 352 km² de mar que ya poseía y explotaba desde hacía décadas, siendo ésta mayormente el área situada a menor distancia a la costa y que, por tanto, corresponde a la más rica en recursos pesqueros del total de aguas en controversia.
[101] El excanciller peruano, José Antonio García Belaúnde expresó, en 2014, que en el gobierno de Michelle Bachelet hubo «cuerdas separadas»,[102] que se caminó hacia es política, aunque luego se abandonó.
[103] Según trascendidos del palacio de La Moneda, una de las recomendaciones que Bachelet habría dado a Piñera en 2010 habría sido mantener la estrategia conservar las buenas relaciones económicas y encapsular el conflicto, pero que no se implementó adecuadamente.
Parlamentarios que abogan por esta posición incluyen a Iván Moreira,[104] Jorge Tarud,[104] Jaime Orpis,[105] y Fulvio Rossi.
[114] Sin embargo, se han manifestado críticas a los resultados del proceso, afirmando que «Tacna continúa sin acceso al mar»,[115] pues no se obtuvo 200 millas de mar para esa zona, como se pretendía con la demanda, y que no hubo un triunfo —como afirmó el presidente Humala—, en tanto el área marítima adjudicada al Perú «no es soberana», al corresponder a zona económica exclusiva,[116] conforme al Derecho Internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La República del Perú rechazó que Chile estuviere ejerciendo soberanía o derechos soberanos, amparado por el derecho, sobre el área en controversia, pues estimaba que en aquellos años –1952 y 1954– no hubo establecimiento o reconocimiento de límites marítimos, sino declaraciones o convenios para conservar los recursos marinos, posición que sostuvo en su demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia.
