El Artículo Uno de la Constitución de los Estados Unidos establece la rama legislativa del gobierno federal , el Congreso de los Estados Unidos . Según el Artículo Uno, el Congreso es una legislatura bicameral que consta de la Cámara de Representantes y el Senado . [1] : 73 El Artículo Uno otorga al Congreso varios poderes enumerados y la capacidad de aprobar leyes " necesarias y adecuadas " para llevar a cabo esos poderes. El Artículo Uno también establece los procedimientos para aprobar un proyecto de ley y establece varios límites a los poderes del Congreso y de los estados para evitar el abuso de sus poderes.
La cláusula de adquisición de poderes del artículo uno otorga todo el poder legislativo federal al Congreso y establece que el Congreso está formado por la Cámara de Representantes y el Senado. En combinación con las cláusulas de adquisición de poderes del artículo dos y el artículo tres, la cláusula de adquisición de poderes del artículo uno establece la separación de poderes entre las tres ramas del gobierno federal. La sección 2 del artículo uno se ocupa de la Cámara de Representantes, estableciendo que los miembros de la Cámara son elegidos cada dos años, y que los escaños del Congreso se reparten entre los estados en función de la población. La sección 2 incluye varias reglas para la Cámara de Representantes, incluida una disposición que establece que las personas calificadas para votar en las elecciones para la cámara más grande de la legislatura de su estado tienen derecho a votar en las elecciones para la Cámara de Representantes. La sección 3 se ocupa del Senado, estableciendo que el Senado está formado por dos senadores de cada estado, y que cada senador cumple un mandato de seis años. La sección 3 originalmente requería que las legislaturas estatales eligieran a los miembros del Senado, pero la Decimoséptima Enmienda , ratificada en 1913, prevé la elección directa de los senadores. La Sección 3 establece varias otras reglas para el Senado, incluida una disposición que establece al vicepresidente de los Estados Unidos como presidente del Senado.
La Sección 4 del Artículo Uno otorga a los estados el poder de regular el proceso de elección del Congreso, pero establece que el Congreso puede alterar esas regulaciones o hacer sus propias regulaciones. La Sección 4 también requiere que el Congreso se reúna al menos una vez al año. La Sección 5 establece varias reglas para ambas cámaras del Congreso y otorga a la Cámara de Representantes y al Senado el poder de juzgar sus propias elecciones, determinar las calificaciones de sus propios miembros y castigar o expulsar a sus propios miembros. La Sección 6 establece la compensación, los privilegios y las restricciones de quienes ocupan un cargo en el Congreso. La Sección 7 establece los procedimientos para aprobar un proyecto de ley, requiriendo que ambas cámaras del Congreso aprueben un proyecto de ley para que se convierta en ley, sujeto al poder de veto del presidente de los Estados Unidos . Bajo la Sección 7, el presidente puede vetar un proyecto de ley, pero el Congreso puede anular el veto del presidente con un voto de dos tercios de ambas cámaras.
La Sección 8 establece los poderes del Congreso. Incluye varios poderes enumerados, entre ellos el poder de establecer y recaudar "impuestos, derechos, contribuciones e impuestos especiales" (siempre que los derechos, impuestos e impuestos especiales sean uniformes en todo Estados Unidos), "para proveer a la defensa común y el bienestar general de los Estados Unidos", el poder de regular el comercio interestatal e internacional , el poder de establecer leyes de naturalización , el poder de acuñar y regular moneda, el poder de tomar dinero prestado a crédito de los Estados Unidos, el poder de establecer oficinas y caminos postales, el poder de establecer tribunales federales inferiores a la Corte Suprema , el poder de reclutar y apoyar un ejército y una marina, el poder de convocar a la milicia "para ejecutar las leyes de la Unión, reprimir insurrecciones y repeler invasiones" y para proveer a la milicia para "organizar, armar, disciplinar... y gobernar" y otorgarle al Congreso el poder de declarar la guerra . [1] : 373 La Sección 8 también otorga al Congreso el poder de establecer un distrito federal que sirva como capital nacional y le otorga el poder exclusivo para administrar ese distrito. Además de varios poderes enumerados, la Sección 8 otorga al Congreso el poder de hacer leyes necesarias y adecuadas para llevar a cabo sus poderes enumerados y otros poderes que se le confieren. La Sección 9 establece varios límites al poder del Congreso, prohibiendo los proyectos de ley de proscripción y otras prácticas. La Sección 10 establece límites a los estados, prohibiéndoles entrar en alianzas con potencias extranjeras, perjudicar contratos , gravar importaciones o exportaciones por encima del nivel mínimo necesario para la inspección, mantener ejércitos o participar en la guerra sin el consentimiento del Congreso.
Todos los poderes legislativos aquí otorgados serán conferidos a un Congreso de los Estados Unidos, que estará compuesto por un Senado y una Cámara de Representantes.
La Sección 1 es una cláusula de adjudicación que otorga el poder legislativo federal exclusivamente al Congreso. Cláusulas similares se encuentran en el Artículo II , que otorga el poder ejecutivo únicamente al presidente, y el Artículo III , que otorga el poder judicial únicamente al poder judicial federal. Estos tres artículos crean una separación de poderes entre las tres ramas del gobierno federal . Esta separación de poderes, por la cual cada rama puede ejercer únicamente sus propios poderes constitucionales y ningún otro, [2] [3] es fundamental para la idea de un gobierno limitado responsable ante el pueblo.
El principio de separación de poderes es particularmente significativo para el Congreso. La Constitución declara que el Congreso puede ejercer solamente aquellos poderes legislativos "aquí otorgados" en el Artículo I (como luego se limitó por la Décima Enmienda ). [4] También, por extensión implícita, prohíbe al Congreso delegar su autoridad legislativa a cualquiera de las otras ramas del gobierno, una regla conocida como la doctrina de no delegación . [5] Sin embargo, la Corte Suprema ha dictaminado que el Congreso tiene la libertad de delegar poderes regulatorios a agencias ejecutivas siempre que proporcione un "principio inteligible" que rija el ejercicio por parte de la agencia de la autoridad regulatoria delegada. [6] El hecho de que el poder asignado a cada rama debe permanecer con esa rama, y puede ser expresado solamente por esa rama, es central para la teoría. [7] La doctrina de no delegación se utiliza principalmente como una forma de interpretar una delegación de autoridad del Congreso de manera estricta, [8] en el sentido de que los tribunales presumen que el Congreso solo tenía la intención de delegar lo que ciertamente podría haber hecho, a menos que demuestre claramente que tenía la intención de "probar las aguas" de lo que los tribunales le permitirían hacer. [9]
Aunque no se menciona en la Constitución, el Congreso también ha afirmado durante mucho tiempo el poder de investigar y el poder de obligar a la cooperación con una investigación. [10] La Corte Suprema ha afirmado estos poderes como una implicación del poder del Congreso para legislar. [11] Dado que el poder de investigar es un aspecto del poder del Congreso para legislar, es tan amplio como los poderes del Congreso para legislar. [12] Sin embargo, también se limita a las investigaciones que son "en ayuda de la función legislativa"; [13] El Congreso no puede "exponer por el bien de la exposición". [14] No es controvertido que un tema apropiado del poder de investigación del Congreso son las operaciones del gobierno federal, pero la capacidad del Congreso para obligar a la presentación de documentos o testimonio del presidente o sus subordinados es a menudo discutida y, a veces, controvertida (ver privilegio ejecutivo ), aunque no a menudo litigada. En la práctica, la limitación de la capacidad del Congreso de investigar sólo con un propósito adecuado ("en ayuda de" sus poderes legislativos) funciona como un límite a la capacidad del Congreso de investigar los asuntos privados de los ciudadanos individuales; los asuntos que simplemente exigen la acción de otra rama del gobierno, sin implicar una cuestión de política pública que requiera legislación por parte del Congreso, deben dejarse en manos de esas ramas debido a la doctrina de la separación de poderes. [15] Sin embargo, los tribunales son muy deferentes con el ejercicio de sus poderes de investigación por parte del Congreso. El Congreso tiene el poder de investigar aquello que podría regular, [12] y los tribunales han interpretado los poderes regulatorios del Congreso de manera amplia desde la Gran Depresión .
La Cámara de Representantes estará compuesta por miembros elegidos cada dos años por el pueblo de varios Estados, y los electores de cada Estado deberán tener las calificaciones requeridas para los electores de la rama más numerosa de la legislatura estatal.
Recientemente se ha requerido que los distritos electorales en cada estado se estructuren de modo que cada representante electo represente poblaciones sustancialmente iguales, con base en interpretaciones judiciales de la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda , encontrando que, "interpretado en su contexto histórico, el mandato del Art. I, § 2, de que los Representantes sean elegidos 'por el Pueblo de los diversos Estados' significa que, en la medida de lo posible, el voto de un hombre en una elección al Congreso debe valer tanto como el de otro". La participación de la Corte en esta cuestión se desarrolló lentamente a partir de una práctica inicial de elegir representantes en general, hasta que a fines de la década de 1940 y principios de la de 1950 la Corte utilizó la doctrina de la " cuestión política " en Baker v. Carr para negarse a juzgar demandas de distribución de distritos y prorrateo. La Corte Suprema sostuvo en Rucho v. Common Cause que no había una "directiva constitucional" ni ninguna "norma legal para guiar" a la Corte en reclamos de manipulación partidista inconstitucional , y tales reclamos hoy se consideran no justiciables. [16]
En el momento de su creación, la Constitución no otorgaba explícitamente a los ciudadanos el derecho inherente a votar. [17] Sin embargo, al estipular que quienes estuvieran calificados para votar en las elecciones para la cámara más grande de la legislatura de un estado podrían votar en las elecciones al Congreso (Cámara de Representantes), los redactores de la Constitución expresaron una intención bastante explícita de que la Cámara fuera elegida directamente. Desde la Guerra Civil , se han promulgado varias enmiendas constitucionales que han limitado los amplios poderes de los estados para establecer estándares de calificación de votantes. Aunque nunca se aplicó, la cláusula 2 de la Decimocuarta Enmienda establece que "cuando el derecho a votar en cualquier elección para la elección de electores para presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, representantes en el Congreso, funcionarios ejecutivos y judiciales de un estado, o miembros de la legislatura del mismo, se niegue a cualquiera de los habitantes varones de dicho estado, que tengan veintiún años de edad y sean ciudadanos de los Estados Unidos, o se reduzca de cualquier manera, excepto por participación en una rebelión u otro delito, la base de representación en dicho estado se reducirá en la proporción que el número de dichos ciudadanos varones guarde con el número total de ciudadanos varones de veintiún años de edad en dicho estado". La Decimoquinta Enmienda prohíbe la negación del derecho a votar por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre. La Decimonovena Enmienda prohíbe la negación del derecho a votar por motivos de sexo. La Vigésimo Cuarta Enmienda prohíbe la revocación del derecho a votar debido a la falta de pago de un impuesto electoral . La Vigésima Sexta Enmienda prohíbe negar el derecho a votar a los ciudadanos estadounidenses, de dieciocho años de edad o más, por motivos de edad.
Además, dado que la Corte Suprema ha reconocido el voto como un derecho fundamental, [18] la Cláusula de Igual Protección impone limitaciones muy estrictas (aunque con límites inciertos) a la capacidad de los estados para definir las calificaciones de los votantes; es justo decir que las calificaciones más allá de la ciudadanía, la residencia y la edad suelen ser cuestionables. [19]
En la década de 1960, la Corte Suprema comenzó a considerar el voto como un derecho fundamental amparado por la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda. [20] En una opinión disidente de un caso de la Corte Suprema de 1964 que involucraba la redistribución de escaños en la legislatura del estado de Alabama , el juez asociado John Marshall Harlan II incluyó Minor v. Happersett (un caso de 1875 que permitía a los estados negar a las mujeres el derecho a votar) en una lista de decisiones pasadas sobre votación y distribución de escaños que ya no se estaban cumpliendo. [21]
En el caso de Oregon v. Mitchell (1970), la Corte Suprema sostuvo que la cláusula de calificaciones no impedía al Congreso anular las restricciones de edad mínima impuestas por los estados para los votantes en las elecciones al Congreso. [22]
Dado que la cláusula 3 establece que los miembros de la Cámara de Representantes se distribuyen estado por estado y que a cada estado se le garantiza al menos un representante, no se garantiza la igualdad exacta de población entre todos los distritos y, de hecho, actualmente es imposible, porque si bien el tamaño de la Cámara de Representantes está fijado en 435, varios estados tenían menos de 1/435 de la población nacional en el momento de la última distribución en 2020. Sin embargo, la Corte Suprema ha interpretado la disposición de la Cláusula Uno de que los Representantes serán elegidos "por el Pueblo" en el sentido de que, en aquellos estados con más de un miembro de la Cámara de Representantes, cada distrito electoral del Congreso dentro del estado debe tener poblaciones casi idénticas. [23]
Ninguna persona será Representante si no ha cumplido veinticinco años de edad y no ha sido ciudadano de los Estados Unidos durante siete años, y si al ser elegido no es habitante del Estado en el que fue elegido.
La Constitución establece tres requisitos para ser representante: un representante debe tener al menos 25 años de edad, debe ser residente del estado en el que es elegido y debe haber sido ciudadano de los Estados Unidos durante los siete años anteriores. No existe ningún requisito de que un representante resida dentro del distrito en el que representa; aunque este es el caso habitual, ha habido excepciones ocasionales. [24]
La Corte Suprema ha interpretado la Cláusula de Calificaciones como una lista exclusiva de calificaciones que no pueden ser complementadas por una cámara del Congreso ejerciendo su autoridad de la Sección 5 para "juzgar... las... calificaciones de sus propios miembros" [25] o por un estado en su ejercicio de su autoridad de la Sección 4 para prescribir los "momentos, lugares y manera de celebrar elecciones para senadores y representantes". La Corte Suprema, así como otros tribunales federales , han prohibido repetidamente a los estados restricciones adicionales, como imponer límites de mandato a los miembros del Congreso, permitir que los miembros del Congreso estén sujetos a elecciones revocatorias o exigir que los representantes vivan en el distrito del Congreso en el que representan. [26] [27] Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de 2002 también encontró que ningún estado podría implementar una calificación de que un representante no sea un delincuente convicto o encarcelado. [28]
Sin embargo, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha dictaminado que ciertos requisitos de acceso a las urnas , como las tasas de presentación y la presentación de una cierta cantidad de firmas de petición válidas, no constituyen calificaciones adicionales y, por lo tanto, existen pocas restricciones constitucionales en cuanto a cuán severas pueden ser las leyes de acceso a las urnas. [ cita requerida ]
Por último, aunque la Constitución de los Estados Unidos no impone restricciones a que los funcionarios estatales o locales ocupen simultáneamente un cargo federal , la mayoría de las constituciones estatales actuales prohíben de hecho que los funcionarios estatales y locales ocupen también un cargo federal al mismo tiempo, al prohibir que los funcionarios federales ocupen también un cargo estatal y local. A diferencia de otras restricciones impuestas por los estados, este tipo de prohibiciones son constitucionales siempre que se apliquen exclusivamente a nivel estatal (es decir, contra funcionarios federales activos que busquen obtener o mantener un cargo estatal o local).
Los representantes y los impuestos directos se repartirán entre los diversos Estados que puedan incluirse en esta Unión, de acuerdo con sus respectivos números, que se determinarán sumando al número total de personas libres, incluidas las obligadas a prestar servicio durante un período de años y excluyendo a los indios no gravados, tres quintos de todas las demás personas. La enumeración real se realizará dentro de los tres años siguientes a la primera reunión del Congreso de los Estados Unidos, y dentro de cada período subsiguiente de diez años, en la forma que dispongan por ley. El número de representantes no excederá de uno por cada treinta mil, pero cada estado tendrá al menos un representante; y hasta que se realice dicha enumeración, el estado de New Hampshire tendrá derecho a elegir tres , Massachusetts ocho, Rhode Island y las plantaciones de Providence uno, Connecticut cinco, Nueva York seis, Nueva Jersey cuatro, Pensilvania ocho, Delaware uno, Maryland seis, Virginia diez, Carolina del Norte cinco, Carolina del Sur cinco y Georgia tres.
Después de mucho debate, los redactores de la Constitución decidieron que la población fuera la base para repartir los escaños en la Cámara de Representantes y la obligación tributaria entre los estados. Para facilitar esto, la Constitución ordena que se realice un censo cada diez años para determinar la población de cada estado y de la nación en su conjunto y establece una regla sobre quiénes serán contabilizados o excluidos del recuento. Como la nueva forma de gobierno entraría en funcionamiento antes de que se completara un censo nacional, la Constitución también prevé una distribución temporal de los escaños.
Originalmente, la población de cada estado y de la nación en su conjunto se determinaba sumando al número total de personas libres, tres quintos del número de todas las demás personas (es decir, esclavos ), pero excluyendo a los nativos americanos no gravados . Esta regla constitucional, conocida como el compromiso de los tres quintos , fue un compromiso entre los estados del Sur y del Norte en el que se contarían tres quintos de la población de esclavos para fines de enumeración y para la distribución de escaños en la Cámara de Representantes y de impuestos entre los estados. Fue, según el juez de la Corte Suprema Joseph Story (escribiendo en 1833 ), una "cuestión de compromiso y concesión, confesamente desigual en su funcionamiento, pero un sacrificio necesario a ese espíritu de conciliación, que era indispensable para la unión de estados que tenían una gran diversidad de intereses, condiciones físicas e instituciones políticas". [29] La Sección 2 de la Decimocuarta Enmienda (1868) posteriormente reemplazó al Artículo 1, Sección 2, Cláusula 3 y derogó explícitamente el compromiso.
Una vez completado cada censo, el Congreso está facultado para utilizar la población agregada de todos los estados (de acuerdo con la regla constitucional vigente para determinar la población) para determinar la población relativa de cada estado con respecto a la población del conjunto y, basándose en sus cálculos, establecer el tamaño apropiado de la Cámara [30] y asignar un número particular de representantes a cada estado de acuerdo con su proporción de la población nacional.
Desde la promulgación de la Ley de Redistribución de Escaños de 1929 , se han repartido entre los estados 435 escaños de la Cámara de Representantes según cada censo, y la determinación del tamaño de la Cámara no forma parte actualmente del proceso de distribución de escaños. Con una excepción, la distribución de escaños de 1842, la Cámara de Representantes se había ampliado en diversos grados de sesenta y cinco miembros en 1788 a 435 miembros en 1913. La determinación del tamaño se hizo en función de la población nacional agregada, siempre que el tamaño de la Cámara no excediera de 1 miembro por cada 30.000 de la población total del país [31] ni el tamaño de la delegación de ningún estado excediera de 1 por cada 30.000 de la población de ese estado. [32] Con el tamaño de la Cámara todavía fijado en 435, la proporción actual, a partir del censo de 2020 , es de alrededor de 1 representante por cada 760.000 personas. [33]
Sin embargo, después del censo de 1920 , el Congreso no logró distribuir los escaños en la Cámara, y esta utilizó las asignaciones de la Ley de Distribución de Escaños de 1911 hasta después de las elecciones de 1932, que fue la fecha determinada por el Congreso después de que aprobó y el presidente firmó la Ley de Redistribución de Escaños de 1929. Esto dio como resultado que la representación dentro de la Cámara permaneciera congelada durante veinte años. [34] La redistribución de escaños en la Cámara requirió que el Congreso aprobara un proyecto de ley y que el presidente firmara una ley para redistribuir los escaños en la Cámara desde la ratificación de la constitución hasta 1941, que es cuando se promulgó un estatuto de ejecución automática, convirtiendo así la redistribución de escaños en un proceso automático. [35]
Aunque la primera oración de esta cláusula se refería originalmente a la distribución de los escaños de la Cámara y de los impuestos entre los distintos estados, la oración de la Decimocuarta Enmienda que la reemplazó en 1868 sólo mencionaba la distribución de los escaños de la Cámara. Aun así, la restricción impuesta al poder tributario del Congreso se mantuvo, ya que la restricción se reiteró en el Artículo 1, Sección 9, Cláusula 4. La cantidad de impuestos directos que el gobierno federal podría recaudar de los ciudadanos de cualquier estado seguiría estando vinculada directamente a la proporción de la población nacional correspondiente a ese estado.
Debido a esta restricción, la aplicación del impuesto sobre la renta a los ingresos derivados de bienes inmuebles y, específicamente, a los ingresos en forma de dividendos provenientes de la propiedad personal, como las acciones, se consideró inconstitucional porque no se prorrateaba entre los estados; [36] es decir, no había garantía de que un estado con el 10% de la población del país pagara el 10% de esos impuestos sobre la renta recaudados, porque el Congreso no había fijado una cantidad de dinero a recaudar y la había prorrateado entre los estados de acuerdo con sus respectivas proporciones de la población nacional. Para permitir la imposición de dicho impuesto sobre la renta, el Congreso propuso y los estados ratificaron la Decimosexta Enmienda , que eliminó la restricción al disponer específicamente que el Congreso podía imponer un impuesto sobre la renta "de cualquier fuente derivada" sin que se prorrateara entre los estados o se basara de otro modo en la proporción de un estado en la población nacional.
Cuando se produzcan vacantes en la Representación de cualquier Estado, la Autoridad Ejecutiva del mismo expedirá Autos de Elección para llenar dichas vacantes.
Generalmente, los estados y territorios llenan las vacantes en la Cámara de Representantes de acuerdo con sus propias leyes; sin embargo, cuando las vacantes en la Cámara superan los 100 miembros, el Presidente de la Cámara anunciará que se han producido "circunstancias extraordinarias", lo que obliga a la autoridad ejecutiva de todos los estados con vacantes a celebrar una elección especial dentro de los 49 días posteriores al anuncio. Esta elección se inicia mediante una orden de elección del Gobernador ( ).
La Cámara de Representantes elegirá a su Presidente y demás funcionarios; y tendrá el poder exclusivo de enjuiciamiento.
La Sección Dos dispone además que la Cámara de Representantes elegirá a su Presidente y a sus demás funcionarios. Aunque la Constitución no lo exige, todos los Presidentes han sido miembros de la Cámara de Representantes. [37] El Presidente rara vez preside las sesiones rutinarias de la Cámara, y en su lugar elige a un miembro subalterno para que realice la tarea.
Por último, la Sección Dos otorga a la Cámara de Representantes el poder exclusivo de enjuiciar . Aunque la Corte Suprema no ha tenido la oportunidad de interpretar esta disposición específica, la Corte ha sugerido que la concesión a la Cámara del poder " exclusivo " de enjuiciar convierte a la Cámara en el intérprete exclusivo de lo que constituye un delito que puede ser objeto de enjuiciamiento. [38]
Este poder, que es análogo a la presentación de cargos penales por parte de un gran jurado , se ha utilizado solo en raras ocasiones. [39] La Cámara ha iniciado procedimientos de impeachment 62 veces desde 1789, y veintiún funcionarios federales han sido formalmente impeachment como resultado, incluidos: tres presidentes ( Andrew Johnson , Bill Clinton y Donald Trump , dos veces), dos secretarios de gabinete ( William W. Belknap y Alejandro Mayorkas ), [40] un senador ( William Blount ), un juez asociado de la Corte Suprema ( Samuel Chase ) y catorce jueces federales . Además, en particular, los procedimientos de impeachment obligaron a la dimisión del presidente Richard Nixon .
La Constitución no especifica cómo se debe iniciar el proceso de destitución. Hasta principios del siglo XX, un miembro de la Cámara podía ponerse de pie y proponer un proceso de destitución, que luego se asignaba a un comité para su investigación tras una votación formal de resolución del comité judicial. En la actualidad, es el Comité Judicial de la Cámara el que inicia el proceso y luego, después de investigar las acusaciones, prepara recomendaciones para que las considere toda la Cámara. Si la Cámara vota a favor de adoptar una resolución de destitución, la Cámara designa " gerentes " para que actúen como equipo de acusación en el juicio político en el Senado (véase la Sección 3, Cláusula 6 a continuación). [39]
El Senado de los Estados Unidos estará compuesto por dos Senadores de cada Estado, elegidos por la Legislatura del mismo, por seis años; y cada Senador tendrá un voto.
La primera cláusula de la Sección Tres establece que cada estado tiene derecho a tener dos senadores, que serían elegidos por su legislatura estatal (ahora por el pueblo de cada estado), servirían por períodos escalonados de seis años y tendrían un voto cada uno. A través de estas disposiciones, adoptadas después del Compromiso de Connecticut , los redactores de la Constitución buscaron proteger la soberanía y los intereses de los estados. [41] [42] [43] Esta cláusula ha sido reemplazada por la Decimoséptima Enmienda , ratificada en 1913, que, en parte, establece en su forma enmendada que
El Senado de los Estados Unidos estará compuesto por dos senadores de cada Estado, elegidos por el pueblo del mismo, por seis años; y cada senador tendrá un voto. [44]
El artículo cinco especifica los medios por los cuales se puede enmendar la Constitución de los Estados Unidos. Termina protegiendo de la posibilidad de enmendar tres cláusulas del artículo I. Entre ellas se encuentra la cláusula que garantiza la representación igualitaria (las otras son las cláusulas primera y cuarta de la sección 9, que se podían enmendar después de 1808). El artículo cinco dispone que "ningún estado, sin su consentimiento, será privado de su derecho de sufragio igualitario en el Senado". Por lo tanto, ningún estado individual puede ver su representación individual en el Senado ajustada sin su consentimiento. Es decir, una enmienda que cambiara directamente esta cláusula para disponer que todos los estados tendrían sólo un senador (o tres senadores, o cualquier otro número) podría volverse válida como parte de la Constitución si fuera ratificada por tres cuartas partes de los estados; sin embargo, una que previera alguna base de representación distinta a la estricta igualdad numérica (por ejemplo, población, riqueza o superficie terrestre), requeriría el consentimiento unánime de todos los estados. [45] [46]
Según el juez presidente Salmon P. Chase (en Texas v. White ), negar a los estados su papel previsto como socios conjuntos en el gobierno federal al abolir su igualdad en el Senado destruiría el fundamento de la Unión. Esta disposición del Artículo V ha sido utilizada por quienes se oponen a las enmiendas constitucionales contempladas que otorgarían al Distrito de Columbia una representación plena en el Congreso sin otorgarle también la condición de estado. Su argumento es que una enmienda que permitiría a un distrito no estatal tener dos senadores privaría a los estados de su sufragio igualitario en el Senado y, por lo tanto, requeriría la ratificación unánime de todos los estados. [47] Los que están a favor de la enmienda han argumentado que los estados simplemente tienen derecho a un sufragio igualitario entre ellos, y que otorgar al distrito federal representación en el Senado no viola ese derecho. Si se requeriría el consentimiento unánime de los 50 estados para que dicha enmienda entre en vigor sigue siendo una pregunta política sin respuesta.
Inmediatamente después de haberse reunido como consecuencia de la primera elección, se dividirán en tres clases, en la medida de lo posible. Los escaños de los senadores de la primera clase quedarán vacantes al expirar el segundo año, los de la segunda clase al expirar el cuarto año y los de la tercera clase al expirar el sexto año, de modo que se pueda elegir un tercio cada dos años; y si se producen vacantes por renuncia o por cualquier otra razón durante el receso de la legislatura de cualquier estado, el ejecutivo del mismo podrá hacer nombramientos temporales hasta la siguiente reunión de la legislatura, que entonces cubrirá dichas vacantes.
Después de que el primer grupo de senadores fuera elegido para el Primer Congreso (1789-1791), los senadores fueron divididos en tres "clases" lo más iguales en tamaño posible, como lo requiere esta sección. Esto se hizo en mayo de 1789 por sorteo . También se decidió que los senadores de cada estado serían asignados a dos clases diferentes. Aquellos senadores agrupados en la primera clase tuvieron su mandato expirado después de solo dos años; aquellos senadores de la segunda clase tuvieron su mandato expirado después de solo cuatro años, en lugar de seis. Después de esto, todos los senadores de esos estados han sido elegidos para mandatos de seis años, y a medida que nuevos estados se han unido a la Unión, sus escaños en el Senado han sido asignados a dos de las tres clases, manteniendo cada agrupación lo más igual en tamaño posible. De esta manera, la elección es escalonada; Aproximadamente un tercio del Senado se presenta a la reelección cada dos años, pero el cuerpo entero nunca se presenta a la reelección en el mismo año (a diferencia de la Cámara, donde todos sus miembros se presentan a la reelección cada dos años).
Según lo establecido originalmente, los senadores eran elegidos por la Legislatura del Estado al que representaban en el Senado. Si un senador moría, renunciaba o era expulsado, la legislatura del estado designaba un reemplazo para que cumpliera el resto del mandato del senador. Si la legislatura estatal no estaba en sesión, su gobernador podía nombrar un reemplazo temporal para que sirviera hasta que la legislatura pudiera elegir un reemplazo permanente. Esto fue reemplazado por la Decimoséptima Enmienda , que preveía la elección popular de los senadores, en lugar de su nombramiento por la legislatura estatal. En un guiño a la naturaleza menos populista del Senado, la enmienda sigue los procedimientos de vacante de la Cámara de Representantes al requerir que el gobernador convoque una elección especial para cubrir la vacante, pero (a diferencia de lo que ocurre en la Cámara) otorga a la legislatura estatal la autoridad para permitir que el gobernador nombre un reemplazo temporal hasta que se celebre la elección especial. Sin embargo, cabe señalar que, según la Constitución original, los gobernadores de los estados tenían expresamente permitido por la Constitución hacer nombramientos temporales. El sistema actual, bajo la Decimoséptima Enmienda, permite a los gobernadores designar un reemplazo sólo si su legislatura estatal ha decidido previamente permitirle al gobernador hacerlo; de lo contrario, el puesto debe permanecer vacante hasta que se realice la elección especial para llenarlo, como en el caso de una vacante en la Cámara.
Ninguna persona será Senadora si no ha cumplido treinta años de edad y no ha sido ciudadano de los Estados Unidos durante nueve años, y si al ser elegido no es habitante del estado por el cual fue elegido.
Un senador debe tener al menos 30 años de edad, haber sido ciudadano de los Estados Unidos durante al menos nueve años antes de ser elegido y residir en el Estado que representará en el momento de la elección. La Corte Suprema ha interpretado la Cláusula de Cualificaciones como una lista exclusiva de cualificaciones que no pueden ser complementadas por una Cámara del Congreso en ejercicio de su autoridad de la Sección 5 para "juzgar... las... cualificaciones de sus propios miembros", [25] o por un estado en ejercicio de su autoridad de la Sección 4 para prescribir los "momentos, lugares y forma de celebrar elecciones para senadores y representantes,..." [27]
El Vicepresidente de los Estados Unidos será Presidente del Senado, pero no tendrá voto, a menos que haya empate.
La Sección Tres establece que el vicepresidente es el presidente del Senado . Exceptuando el deber de recibir el recuento de votos electorales para presidente, esta es la única responsabilidad regular asignada al cargo de vicepresidente por la Constitución. Cuando se desempeña en esta capacidad, el vicepresidente puede emitir votos de desempate . Al principio de la historia de la nación, los vicepresidentes solían presidir el Senado. En los tiempos modernos, el vicepresidente suele hacerlo solo durante ocasiones ceremoniales o cuando se anticipa un empate en la votación. Al 7 de agosto de 2022 [update], ha habido 294 votos de desempate emitidos por vicepresidentes. [48]
El Senado elegirá a sus demás funcionarios y también a un Presidente pro tempore en ausencia del Vicepresidente o cuando éste ejerza el cargo de Presidente de los Estados Unidos.
La cláusula quinta establece que un presidente pro tempore del Senado , elegido para el cargo por el Senado, presidirá el órgano cuando el vicepresidente esté ausente o ejerza los poderes y deberes del presidente .
Aunque el texto constitucional parece sugerir lo contrario, la práctica actual del Senado es elegir un presidente pro tempore de tiempo completo al comienzo de cada Congreso, en lugar de convertirlo en un cargo temporal que sólo existe durante la ausencia del vicepresidente. Históricamente, un miembro del partido mayoritario ha ocupado este puesto. [49] La Constitución no exige que el presidente pro tempore sea un senador, pero por convención, siempre se elige a un senador. Lo mismo ocurre con el presidente de la Cámara, que no está obligado a ser un representante de los Estados Unidos, pero siempre lo ha sido. [37]
El Senado tendrá el poder exclusivo para juzgar todos los casos de acusación. Cuando se reúna a tal efecto, deberá hacerlo bajo juramento o promesa. Cuando se juzgue al Presidente de los Estados Unidos, presidirá el Presidente de la Corte Suprema; y ninguna persona será condenada sin el consentimiento de dos tercios de los miembros presentes.
La cláusula seis otorga al Senado el poder exclusivo para juzgar los juicios políticos y detalla los procedimientos básicos para los juicios políticos. La Corte Suprema ha interpretado esta cláusula en el sentido de que el Senado tiene autoridad exclusiva e inapelable para determinar qué constituye un juicio político adecuado. [50] De los veinte funcionarios federales formalmente acusados ( Donald Trump fue acusado dos veces) por la Cámara de Representantes, cuatro renunciaron (por lo que se desestimaron los procedimientos), ocho fueron absueltos (Trump fue absuelto dos veces) y ocho (todos jueces) fueron condenados por el Senado. En otra ocasión, el Senado se negó a proceder con el juicio político al senador William Blount en 1797, afirmando que la Cámara no tenía jurisdicción sobre los miembros del Senado; en cualquier caso, Blount ya había sido expulsado del Senado. [51]
El 29 de mayo de 1787, el delegado de la Convención Constitucional de Virginia , Edmund Randolph, presentó quince resoluciones a la Convención (siguiendo un plan formulado por su colega delegado de Virginia, James Madison ) que incluían una propuesta para que un poder judicial nacional llevara a cabo los juicios políticos de los funcionarios nacionales y para reemplazar al Congreso de la Confederación con una legislatura bicameral donde los miembros de la cámara baja elegidos directamente por el público seleccionarían a los miembros de la cámara alta . [52] [53] El 7 de junio, la Convención aprobó una resolución que proponía que los senadores fueran elegidos por sus respectivas legislaturas estatales en lugar de por voto popular. [54] [55] El 4 de septiembre, un Comité de los Once formado el 31 de agosto presentó una resolución a la Convención que proponía que el Senado debería tener el poder de juzgar todos los juicios políticos. [56] [57]
El 8 de septiembre, la Convención aprobó la resolución del Senado sobre el jurado del juicio político, y también aprobó una resolución presentada por el delegado de Virginia, George Mason, para ampliar el alcance de los juicios políticos para incluir "otros delitos graves y faltas menores " en lugar de solo traición y soborno. Después de la aprobación de la resolución, James Madison se manifestó en contra de que el Senado actuara como jurado del juicio político en lugar de la Corte Suprema y presentó una resolución fallida para quitarle ese poder al Senado, mientras que el delegado de Pensilvania, Gouverneur Morris, argumentó en contra de que la Corte llevara a cabo los juicios políticos porque el Tribunal sería demasiado pequeño en número. [58]
Después de que seis estados ratificaran la Constitución , [59] el delegado de Nueva York Alexander Hamilton argumentó en el Federalista No. 65 el 7 de marzo de 1788 que debido a la naturaleza inherentemente política del juicio político (ya que el proceso se relaciona principalmente con lesiones al cuerpo político causadas por la mala conducta de funcionarios públicos en violación de su confianza pública ), procesar tales cargos típicamente dividiría al público en facciones en defensa o en oposición al acusado, que tales facciones a menudo se superpondrían con y reforzarían las facciones partidistas existentes, y que esto corría el riesgo de que las decisiones en los juicios de impeachment no se basaran en demostraciones reales de inocencia o culpabilidad sino en la fuerza comparativa de las facciones. [60] Por lo tanto, Hamilton concluyó que "Un tribunal bien establecido para el juicio de impeachment es un objeto no más deseable que difícil de obtener en un gobierno completamente electivo". [61]
Al señalar que el modelo aprobado por la Convención estaba inspirado en el proceso de impeachment en Gran Bretaña y que el modelo británico había sido adoptado por múltiples constituciones estatales, [62] Hamilton argumentó que el Senado, compuesto por miembros elegidos por las legislaturas estatales en lugar de elegidos popularmente por el público, era lo suficientemente independiente para servir como un jurado de juicio imparcial de impeachment por acusaciones presentadas por la Cámara de Representantes, compuesta por miembros elegidos directamente por el público. [63] Por el contrario, Hamilton dudaba de que los juicios de impeachment llevados a cabo por la Corte Suprema, compuesta por personas designadas vitaliciamente no electas, tuvieran la legitimidad necesaria para juzgar la gama indefinida e inagotable de cargos impugnables presentados por la Cámara de Representantes. En cambio, Hamilton argumentó que debido a que un tribunal de acusación emite veredictos sobre cargos "[que] nunca pueden ser limitados por… reglas estrictas… en la delimitación del delito por parte de los fiscales" y que se dirigen contra los "personajes más distinguidos de la comunidad", la naturaleza inherentemente política de los juicios de acusación requería un tribunal numeroso y "[prohibía] el compromiso de la confianza con un pequeño número de personas". [64]
Además, Hamilton argumentó que debido a que la condena en un juicio político no impedía un procesamiento penal posterior (ya que el juicio político no requeriría que el acusado hubiera cometido un delito procesable y su castigo se limitaría a la destitución y la inhabilitación para ejercer un cargo público), el hecho de que la Corte Suprema llevara a cabo juicios políticos podría someter a los funcionarios acusados a un doble enjuiciamiento , argumentando "¿Sería apropiado que las personas que habían despojado a [los funcionarios acusados de su] fama... en un juicio, debieran, en otro juicio, por el mismo delito, ser también los que dispusieran de [su] vida y... fortuna? ¿No habría la mayor razón para temer que el error, en la primera oración, fuera el padre del error en la segunda oración? ... [Al] hacer que las mismas personas sean jueces en ambos casos, [los funcionarios acusados]... se verían privados de la doble seguridad que se les pretende con un doble juicio". [65] [66]
Existen tres requisitos constitucionales para los juicios de destitución. La disposición de que los senadores deben prestar juramento o promesa fue diseñada para hacerles notar la extrema gravedad de la ocasión. La estipulación de que el Presidente de la Corte Suprema presida los juicios de destitución presidencial subraya la solemnidad de la ocasión y tiene como objetivo evitar el conflicto de intereses que supone que un vicepresidente presida el procedimiento de destitución del único funcionario que se interpone entre ellos y la presidencia. Esta última consideración se consideraba muy importante en el siglo XVIII: los partidos políticos aún no se habían formado cuando se adoptó la Constitución y, con el método original de elección del presidente y el vicepresidente, se presumía que las dos personas elegidas para esos cargos serían con frecuencia rivales políticos. La especificación de que se necesita una mayoría absoluta de dos tercios de los senadores presentes para condenar también se consideró necesaria para facilitar una deliberación seria y hacer posible la destitución sólo mediante un consenso que trascienda las divisiones entre facciones. [67]
El juicio en casos de acusación no se extenderá más allá de la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor, confianza o remunerado en los Estados Unidos ; pero la parte condenada será, no obstante, responsable y estará sujeta a acusación, juicio, juicio y castigo, de acuerdo con la ley.
Si un funcionario, el Presidente o el Vicepresidente es condenado por un proceso de destitución, esa persona es inmediatamente removida de su cargo y puede ser inhabilitada para ocupar cualquier cargo ejecutivo federal en el futuro. Se trata de un remedio puramente político que "no afecta ni a su persona ni a su propiedad, sino que simplemente lo despoja de su capacidad política", sin embargo, la persona condenada sigue estando sujeta a juicio y castigo en los tribunales por cargos civiles y penales. [68] El Presidente no puede restituir a un funcionario sometido a un proceso de destitución con su poder de nombramiento del Artículo II si dichos funcionarios han sido inhabilitados para ocupar cualquier cargo federal en el futuro como parte de su condena. [69] : 36
Los tiempos, lugares y manera de celebrar las elecciones para senadores y representantes serán prescritos en cada Estado por la Legislatura del mismo; pero el Congreso podrá en cualquier momento mediante ley hacer o alterar dichos reglamentos, excepto en lo referente a los lugares de elección de senadores.
El propósito de esta cláusula es doble. En primer lugar, deja en claro la división de responsabilidades con respecto a la conducción de la elección de senadores y representantes federales. Esa responsabilidad recae principalmente en los estados y en segundo lugar en el Congreso. En segundo lugar, la cláusula otorga la facultad de regular las elecciones a las respectivas ramas legislativas de los estados y del gobierno federal. [70] Como lo autoriza esta cláusula, el Congreso ha fijado una fecha uniforme para las elecciones federales: el martes siguiente al primer lunes de noviembre. [71]
En la actualidad, como no existen normas federales que regulen la materia, los estados conservan la facultad de regular las fechas en que se celebran otros aspectos del proceso electoral (registro, elecciones primarias, etc.) y el lugar donde se celebrarán las elecciones. En cuanto a la regulación de la "forma" de las elecciones, la Corte Suprema ha interpretado que se refiere a "cuestiones como las notificaciones, el registro, la supervisión de la votación, la protección de los votantes, la prevención del fraude y las prácticas corruptas, el recuento de votos, los deberes de los inspectores y los encargados de realizar las elecciones y la elaboración y publicación de los resultados electorales". [72] La Corte Suprema ha sostenido que los estados no pueden ejercer su poder de determinar la "forma" de celebrar las elecciones para imponer límites de mandatos a su delegación en el Congreso. [27]
Una de las formas más significativas en que cada estado regula la "forma" de las elecciones es a través de su poder para trazar distritos electorales. Aunque en teoría el Congreso podría trazar el mapa de distritos para cada estado, [73] no ha ejercido este nivel de supervisión. Sin embargo, el Congreso ha requerido que los estados se ajusten a ciertas prácticas al trazar distritos. Actualmente, se requiere que los estados utilicen un esquema de distritos uninominales, por el cual el estado se divide en tantos distritos electorales para representantes en la Cámara de Representantes como el tamaño de su representación en ese cuerpo (es decir, los representantes no pueden ser elegidos en general de todo el estado a menos que el estado tenga solo un representante en la Cámara, ni los distritos pueden elegir más de un representante). [74] La Corte Suprema ha interpretado que "por su legislatura" incluye el veto del gobernador del estado, [75] y el proceso de iniciativa , en aquellos estados cuyas constituciones lo prevén. [76] Sin embargo, esta conclusión ha sido cuestionada por la teoría de la legislatura estatal independiente , que fue rechazada por la Corte Suprema en su decisión de 2023 en Moore v. Harper . [77]
El Congreso ejerció por primera vez su poder para regular las elecciones a nivel nacional en 1842, cuando el 27.º Congreso aprobó una ley que exigía la elección de representantes por distritos. [78] En los años siguientes, el Congreso amplió los requisitos, añadiendo sucesivamente contigüidad, compacidad e igualdad sustancial de población a los requisitos de distribución de distritos. Todos estos estándares fueron eliminados posteriormente en la Ley de Redistribución de Distritos de 1929 , [1] [79] pero la Corte Suprema ha vuelto a imponer el requisito de población a los estados en virtud de la Cláusula de Igual Protección [23] y desconfía de los distritos que no cumplen los otros criterios de distribución de distritos "tradicionales" de compacidad y contigüidad. [80] El requisito de distrito de un solo miembro fue reforzado en la Ley de Distritos Congresionales Uniformes aprobada por el Congreso en 1967. [81] [82]
En 1865, el Congreso legisló un remedio para una situación en la que los estancamientos en las legislaturas estatales sobre la elección de senadores estaban creando vacantes en el cargo. La ley exigía que las dos cámaras de cada legislatura se reunieran en sesión conjunta en un día específico y que se reunieran todos los días a partir de entonces hasta que se eligiera un senador. El primer estatuto federal integral que trataba sobre elecciones se adoptó en 1870 como un medio para hacer cumplir la garantía de la Decimoquinta Enmienda contra la discriminación racial en la concesión de derechos de sufragio. En virtud de la Ley de Aplicación de 1870 y las leyes posteriores, el registro falso, el soborno, el voto sin derecho legal, la elaboración de declaraciones falsas de votos emitidos, la interferencia de cualquier manera con los funcionarios electorales y el incumplimiento por parte de dichos funcionarios de cualquier deber requerido por la ley estatal o federal se convirtieron en delitos federales. Se dispuso que los jueces federales designaran personas para asistir a los lugares de registro y a las elecciones, con autoridad para recusar a cualquier persona que propusiera registrarse o votar ilegalmente, para presenciar el recuento de votos y para identificar con sus firmas el registro de votantes y las actas de recuento de las elecciones. [1]
A partir de la Ley Tillman de 1907 , el Congreso ha impuesto un número cada vez mayor de restricciones a las elecciones y al financiamiento de las campañas . La pieza legislativa más importante ha sido la Ley de Campaña Electoral Federal de 1971. Fue esta legislación la que se puso en cuestión en la decisión seminal de la Corte Suprema, Buckley v. Valeo (1976), que, frente a una impugnación de la Primera Enmienda, estableció las reglas básicas para la legislación sobre financiamiento de campañas, en general prohibiendo las restricciones a los gastos de los candidatos, pero permitiendo restricciones a las contribuciones de individuos y corporaciones. [83]
Además de las limitaciones legales, el Congreso y los estados han alterado el proceso electoral mediante la modificación de la Constitución (primero en la mencionada Decimoquinta Enmienda). La Decimoséptima Enmienda alteró la manera de llevar a cabo las elecciones de senadores, estableciendo que deben ser elegidos por el pueblo de los estados. Además, la Decimonovena Enmienda prohíbe que a cualquier ciudadano estadounidense se le niegue el derecho a votar por motivos de sexo; la Vigésima Cuarta Enmienda prohíbe tanto al Congreso como a los estados condicionar el derecho a votar en las elecciones federales al pago de un impuesto de capitación u otro tipo de impuestos; y la Vigésima Sexta Enmienda prohíbe a los estados y al gobierno federal utilizar la edad como razón para negar el derecho a votar a los ciudadanos estadounidenses que tengan al menos dieciocho años.
El Congreso se reunirá por lo menos una vez al año, y dicha reunión tendrá lugar el primer lunes de diciembre, a menos que por ley se señale un día diferente.
La cláusula 2 fija una fecha anual en la que el Congreso debe reunirse. Al hacerlo, la Constitución faculta al Congreso a reunirse, independientemente de que el presidente lo haya convocado a sesión o no. El artículo II, sección 3 otorga al presidente autoridad limitada para convocar y suspender ambas cámaras (o cualquiera de ellas) y ordena que se reúna al menos una vez al año para promulgar leyes en nombre del pueblo. Algunos delegados a la convención constitucional de 1787 creían que las reuniones anuales no eran necesarias, ya que no habría suficientes asuntos legislativos para que el Congreso se ocupara anualmente. Nathaniel Gorham , de Massachusetts, argumentó que la fecha debería fijarse para evitar que surgieran disputas dentro de la legislatura y para permitir que los estados ajustaran sus elecciones para que coincidieran con la fecha fijada. Una fecha fija también correspondía a la tradición de los estados de tener reuniones anuales. Finalmente, Gorham concluyó que se debería exigir al poder legislativo que se reuniera al menos una vez al año para actuar como un control sobre el departamento ejecutivo. [84]
Aunque esta cláusula establece que la reunión anual debía ser el primer lunes de diciembre, el gobierno establecido por la Constitución de 1787 no comenzó a funcionar hasta el 4 de marzo de 1789. Como el 1.er Congreso celebró su reunión inicial el 4 de marzo, esa se convirtió en la fecha en la que los nuevos representantes y senadores asumieron el cargo en los años posteriores. [85] Por lo tanto, cada dos años, aunque se elegía un nuevo Congreso en noviembre, no entró en funciones hasta el siguiente marzo, con una sesión de " pato cojo " convocándose en el ínterin. Esta práctica se modificó en 1933 tras la ratificación de la Vigésima Enmienda , que establece (en la Sección 2) que "El Congreso se reunirá al menos una vez al año, y dicha reunión comenzará al mediodía del tercer día de enero, a menos que por ley designen un día diferente". Este cambio prácticamente eliminó la necesidad de que hubiera una sesión de pato cojo del Congreso.
Cada Cámara será juez de las elecciones, retornos y calificaciones de sus propios miembros, y la mayoría de cada una de ellas constituirá quórum para hacer negocios; pero un número menor podrá suspender sus sesiones de día en día y podrá ser autorizado para obligar a la asistencia de los miembros ausentes, en la forma y bajo las penalidades que cada Cámara determine.
La Sección Cinco establece que una mayoría de cada Cámara constituye un quórum para realizar negocios; un número menor puede aplazar la Cámara u obligar a la asistencia de los miembros ausentes. En la práctica, el requisito de quórum no se cumple, ya que se supone que hay quórum a menos que una convocatoria de quórum , solicitada por un miembro, demuestre lo contrario. Rara vez los miembros piden convocatorias de quórum para demostrar la ausencia de quórum; más a menudo, utilizan la convocatoria de quórum como una táctica dilatoria. Esta cláusula también establece que cada Cámara es el juez de las elecciones, los retornos y las calificaciones de sus propios miembros. Este poder se utilizó durante la Era de la Reconstrucción cuando los miembros del Partido Republicano se negaron a sentar a los miembros del Partido Demócrata de los estados del Sur en cada Cámara.
En ocasiones, se ha admitido en el Congreso a personas no cualificadas. Por ejemplo, en 1818, el Senado admitió en su lugar a John Henry Eaton , de veintiocho años (la admisión fue involuntaria, ya que la fecha de nacimiento de Eaton no estaba clara en ese momento). En 1934, Rush Holt , de veintinueve años , fue elegido para el Senado; aceptó esperar seis meses, hasta cumplir los treinta años, para prestar juramento. En ese caso, el Senado dictaminó que el requisito de edad se aplicaba a partir de la fecha de la toma de juramento, no de la fecha de la elección.
Cada Cámara puede determinar sus reglas de procedimiento, castigar a sus miembros por conducta desordenada y, con el consentimiento de dos tercios, expulsar a un miembro.
Cada Cámara puede determinar sus propias Reglas (siempre que haya quórum) y puede sancionar a cualquiera de sus miembros. Se necesita una votación de dos tercios para expulsar a un miembro . La Sección 5, Cláusula 2, no proporciona orientación específica a cada Cámara sobre cuándo y cómo cada Cámara puede cambiar sus reglas, dejando los detalles a las respectivas cámaras.
Cada Cámara llevará un diario de sus deliberaciones y lo publicará de tiempo en tiempo, con excepción de las partes que a su juicio requieran secreto; y los votos a favor y en contra de los miembros de cada Cámara sobre cualquier cuestión se harán constar en el diario a petición de una quinta parte de los presentes.
Cada Cámara debe llevar y publicar un Diario, aunque puede optar por mantener en secreto alguna parte del mismo. Las deliberaciones de la Cámara se registran en el Diario; si una quinta parte de los presentes (suponiendo que haya quórum) lo solicita, también deben registrarse los votos de los miembros sobre una cuestión determinada.
Ninguna de las Cámaras, durante la sesión del Congreso, podrá, sin el consentimiento de la otra, suspender sus sesiones por más de tres días, ni trasladarse a ningún otro lugar que aquel en que ambas Cámaras estén sesionando.
Ninguna de las cámaras puede suspender sus sesiones sin el consentimiento de la otra durante más de tres días. A menudo, una cámara celebra sesiones pro forma cada tres días; dichas sesiones se celebran simplemente para cumplir con el requisito constitucional y no para tratar asuntos. Además, ninguna de las cámaras puede reunirse en ningún lugar que no sea el designado para ambas cámaras ( el Capitolio ) sin el consentimiento de la otra cámara.
Los senadores y representantes recibirán una compensación por sus servicios, que se determinará por ley y se pagará con cargo al Tesoro de los Estados Unidos. En todos los casos, excepto en los de traición, felonía y alteración del orden público, no podrán ser arrestados mientras asistan a las sesiones de sus respectivas cámaras y al entrar y salir de ellas; y no serán interrogados en ningún otro lugar por ningún discurso o debate en cualquiera de las cámaras.
Los senadores y representantes fijan su propia remuneración. Según la Vigésima Séptima Enmienda , cualquier cambio en su remuneración no entrará en vigor hasta después de las próximas elecciones al Congreso. Pagar a los senadores y representantes con fondos del tesoro federal fue una desviación de la práctica establecida en los Artículos de la Confederación , según la cual eran pagados por el estado en el que eran elegidos. [86]
Los miembros de ambas cámaras tienen ciertos privilegios, basados en los que disfrutan los miembros del Parlamento británico . Los miembros que asisten, van o regresan de cualquiera de las cámaras tienen privilegios contra el arresto, excepto por traición , delito grave o alteración del orden público . Nadie puede demandar a un senador o representante por difamación ocurrida durante un debate del Congreso, ni el discurso de un miembro del Congreso durante una sesión del Congreso puede ser la base para un procesamiento penal. Esto último fue confirmado cuando Mike Gravel publicó más de 4.000 páginas de los Papeles del Pentágono en el Registro del Congreso , lo que de otro modo podría haber sido un delito penal. Esta cláusula también ha sido interpretada en Gravel v. United States , 408 US 606 (1972) para brindar protección a los asistentes y al personal de los miembros en funciones del Congreso, siempre que sus actividades se relacionen con asuntos legislativos.
Ningún Senador o Representante, durante el Tiempo para el cual fue elegido, será nombrado para ningún Cargo civil bajo la Autoridad de los Estados Unidos, que haya sido creado, o cuyos Emolumentos hayan sido aumentados durante dicho tiempo; y ninguna Persona que ocupe un Cargo bajo los Estados Unidos, será Miembro de ninguna de las Cámaras durante su Continuación en el Cargo.
Los senadores y representantes no pueden servir simultáneamente en el Congreso y ocupar un puesto en el poder ejecutivo. Esta restricción tiene por objeto proteger la independencia legislativa impidiendo que el presidente utilice el clientelismo para comprar votos en el Congreso. [86] Es una diferencia importante con el sistema político de Westminster en el Parlamento británico, así como con los de algunas otras naciones que utilizan el sistema parlamentario , donde se exige que los ministros del gabinete sean miembros del parlamento.
Además, los senadores y representantes no pueden renunciar para aceptar cargos políticos recién creados o mejor remunerados; en cambio, deben esperar hasta la conclusión del mandato para el que fueron elegidos. Si el Congreso aumenta el salario de un funcionario en particular, puede reducirlo más tarde para permitir que una persona renuncie al Congreso y acepte ese puesto (conocido como el arreglo Saxbe ). Los efectos de la cláusula se discutieron en 1937, cuando el senador Hugo Black fue nombrado juez asociado de la Corte Suprema con algún tiempo restante en su mandato en el Senado. Justo antes del nombramiento, el Congreso había aumentado la pensión disponible para los jueces que se jubilaran a la edad de setenta años. Por lo tanto, algunos sugirieron que el emolumento del cargo se había incrementado durante el mandato senatorial de Black y que, por lo tanto, Black no podía asumir el cargo de juez. Sin embargo, la respuesta fue que Black tenía cincuenta y un años y no recibiría la pensión aumentada hasta al menos 19 años después, mucho después de que su mandato en el Senado hubiera expirado.
Todos los proyectos de ley para aumentar los ingresos se originarán en la Cámara de Representantes; pero el Senado podrá proponer o convenir con enmiendas como en otros proyectos de ley.
En este artículo se establece el método para la elaboración de leyes del Congreso que impliquen impuestos. En consecuencia, cualquier proyecto de ley puede tener su origen en cualquiera de las Cámaras del Congreso, excepto en el caso de un proyecto de ley sobre ingresos, que sólo puede tener su origen en la Cámara de Representantes. En la práctica, el Senado a veces evita este requisito sustituyendo el texto de un proyecto de ley sobre ingresos previamente aprobado por la Cámara por un texto sustituto. [87] [88] Cualquiera de las Cámaras puede enmendar cualquier proyecto de ley, incluidos los proyectos de ley sobre ingresos y asignaciones.
Esta cláusula de la Constitución de los Estados Unidos se originó a partir de una práctica parlamentaria inglesa según la cual todos los proyectos de ley sobre dinero deben tener su primera lectura en la Cámara de los Comunes . Esta práctica tenía como objetivo garantizar que el poder de la bolsa lo poseyera el cuerpo legislativo más receptivo al pueblo, aunque la práctica inglesa se modificó en Estados Unidos al permitir que el Senado enmendara estos proyectos de ley. La cláusula era parte del Gran Compromiso entre estados pequeños y grandes; los estados grandes no estaban contentos con el poder desequilibrado de los estados pequeños en el Senado, y por eso la cláusula teóricamente compensa la naturaleza no representativa del Senado y compensa a los estados grandes por permitir derechos de voto iguales a los senadores de estados pequeños. [89]
Todo proyecto de ley que haya sido aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado, antes de convertirse en ley, será presentado al Presidente de los Estados Unidos. Si lo aprueba, lo firmará; pero si no lo aprueba, lo devolverá con sus objeciones a la Cámara en la que se haya originado, la cual anotará las objeciones en su diario y procederá a reconsiderarlo. Si después de dicha reconsideración dos tercios de esa Cámara están de acuerdo en aprobar el proyecto de ley, se enviará, junto con las objeciones, a la otra Cámara, por la cual será reconsiderado igualmente y, si es aprobado por dos tercios de esa Cámara, se convertirá en ley. Pero en todos estos casos, los votos de ambas Cámaras se determinarán por sí y no, y los nombres de las personas que voten a favor y en contra del proyecto de ley se anotarán en el diario de cada Cámara respectivamente. Si el Presidente no devuelve un proyecto de ley dentro de los diez días (excepto los domingos) después de haberle sido presentado, el mismo se convertirá en ley, de la misma manera que si lo hubiera firmado, a menos que el Congreso, mediante su aplazamiento, impida su devolución, en cuyo caso no será ley.
Esta cláusula se conoce como la Cláusula de Presentación . Antes de que un proyecto de ley se convierta en ley, debe ser presentado al presidente, quien tiene diez días (excluyendo los domingos) para actuar al respecto. Si el presidente firma el proyecto de ley, se convierte en ley. Sin embargo, para proponer una enmienda constitucional, dos tercios de ambas Cámaras pueden presentarlo a los estados para su ratificación, sin ninguna consideración por parte del presidente, como se prescribe en el Artículo V. Si desaprueba el proyecto de ley, debe devolverlo a la Cámara en la que se originó junto con sus objeciones. Este procedimiento se ha conocido como el veto , aunque esa palabra en particular no aparece en el texto del Artículo Uno. El proyecto de ley no se convierte entonces en ley a menos que ambas Cámaras, por dos tercios de los votos, anulen el veto. Para anular un veto, los votos de ambas cámaras deben hacerse por sí y no, y deben registrarse los nombres de las personas que votan a favor y en contra del proyecto de ley. Si el presidente no firma ni devuelve el proyecto de ley dentro del plazo de diez días, éste se convierte en ley, a menos que el Congreso haya suspendido sus sesiones mientras tanto, impidiendo así que el presidente devuelva el proyecto a la Cámara en la que se originó. En este último caso, el presidente, al no tomar ninguna medida sobre el proyecto de ley hacia el final de una sesión, ejerce un " veto de bolsillo ", que el Congreso no puede anular. En el primer caso, en el que el presidente permite que un proyecto de ley se convierta en ley sin firmar, no hay un nombre común para la práctica, pero los estudios recientes la han denominado "promulgación por defecto". [90]
No ha quedado claro qué constituye exactamente un aplazamiento a los efectos del veto de bolsillo. En el caso del veto de bolsillo (1929), la Corte Suprema sostuvo que "la cuestión determinante en relación con un 'aplazamiento' no es si se trata de un aplazamiento final del Congreso o un aplazamiento provisional, como un aplazamiento de la primera sesión, sino si se trata de uno que 'impide' al presidente devolver el proyecto de ley a la Cámara en la que se originó dentro del plazo permitido". Como ninguna de las Cámaras del Congreso estaba en sesión, el presidente no podía devolver el proyecto de ley a una de ellas, lo que permitía el uso del veto de bolsillo. Sin embargo, en Wright v. United States (1938), la Corte dictaminó que los aplazamientos de una sola Cámara no constituían un aplazamiento del Congreso requerido para un veto de bolsillo. En tales casos, se determinó que el Secretario o el Oficial de la Cámara en cuestión era competente para recibir el proyecto de ley.
Algunos presidentes han hecho un uso muy amplio del poder de veto, mientras que otros no lo han utilizado en absoluto. Grover Cleveland , por ejemplo, vetó más de cuatrocientos proyectos de ley durante su primer mandato; el Congreso anuló sólo dos de esos vetos. Mientras tanto, siete presidentes nunca han utilizado el poder de veto. Ha habido 2.560 vetos, incluidos vetos de bolsillo . [91]
En 1996, el Congreso aprobó la Ley de Veto de Partidas Preliminares , que permitía al presidente, en el momento de la firma del proyecto de ley, rescindir ciertos gastos. El Congreso podía desaprobar la cancelación y restablecer los fondos. El presidente podía vetar la desaprobación, pero el Congreso, con un voto de dos tercios en cada Cámara, podía anular el veto. En el caso Clinton v. City of New York , la Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley de Veto de Partidas Preliminares porque violaba la cláusula de presentación. En primer lugar, el procedimiento delegaba poderes legislativos al presidente, violando así la doctrina de no delegación. En segundo lugar, el procedimiento violaba los términos de la Sección Siete, que establece que "si aprueba [el proyecto de ley] lo firmará, pero si no lo hace, lo devolverá". Por lo tanto, el presidente puede firmar el proyecto de ley, vetarlo o no hacer nada, pero no puede enmendarlo y luego firmarlo.
Toda orden, resolución o votación para la cual sea necesaria la concurrencia del Senado y de la Cámara de Representantes (excepto en una cuestión de aplazamiento) deberá ser presentada al Presidente de los Estados Unidos; y antes de que entre en vigor, deberá ser aprobada por él, o, siendo desaprobada por él, deberá ser aprobada nuevamente por dos tercios del Senado y de la Cámara de Representantes, de acuerdo con las reglas y limitaciones prescritas en el caso de un proyecto de ley.
Toda orden, resolución o votación que deba ser aprobada por ambas Cámaras, excepto sobre una cuestión de aplazamiento, también debe ser presentada al presidente antes de entrar en vigor, tal como sucede con los proyectos de ley que se convierten en ley.
Los poderes legislativos del Congreso se enumeran en la Sección Ocho. Sus 18 cláusulas son, en orden:
El Congreso tendrá poder
"Está escrito en la Constitución de los Estados Unidos que el Congreso tiene el derecho de acuñar, emitir y regular el valor del dinero".
Muchos poderes del Congreso han sido otorgados bajo una interpretación amplia del Artículo 1, sección 8. En particular, las Cláusulas 1 (la cláusula de Bienestar General o Impuestos y Gastos), 3 (la cláusula de Comercio) y 18 (la cláusula de Necesidad y Adecuación) han sido consideradas como que otorgan poderes expansivos al Congreso. Estas tres cláusulas han sido interpretadas de manera tan amplia que el gobierno federal de los Estados Unidos ejerce muchos poderes que no le son expresamente delegados por los estados bajo la Constitución. Algunos señalan los diversos programas sociales del estado de bienestar estadounidense como un excelente ejemplo, y no todos están de acuerdo con esta interpretación amplia. James Madison , quien escribió gran parte de la Constitución, afirmó que el Congreso no podía ejercer poderes a menos que estuvieran expresamente otorgados en la Constitución. Mientras era presidente de los Estados Unidos, Madison vetó la Ley Federal de Obras Públicas de 1817, calificándola de inconstitucional, ya que en su opinión el gobierno federal no tenía la autoridad para construir infraestructura . [93] [94] [95]
Esta cláusula también se conoce como la Cláusula de Gasto y la Cláusula de Impuestos y Gastos . [96] Establece que el Congreso puede establecer y recaudar impuestos para la "defensa común" o el "bienestar general" de los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos no ha definido a menudo el "bienestar general", dejando la cuestión política al Congreso. En Estados Unidos v. Butler (1936), la Corte por primera vez interpretó la cláusula. La disputa se centró en un impuesto cobrado a los procesadores de productos agrícolas como la carne; los fondos recaudados por el impuesto no se pagaban a los fondos generales del tesoro, sino que se destinaban especialmente a los agricultores. La Corte anuló el impuesto, dictaminando que el lenguaje de bienestar general en la Cláusula de Impuestos y Gastos se relacionaba solo con "cuestiones de bienestar nacional, a diferencia del local". El Congreso sigue haciendo un uso expansivo de la Cláusula de Impuestos y Gastos ; por ejemplo, el programa de seguridad social está autorizado bajo la Cláusula de Impuestos y Gastos.
El Congreso tiene el poder de pedir dinero prestado a cuenta de los Estados Unidos. En 1871, al decidir el caso Knox v. Lee , la Corte dictaminó que esta cláusula permitía al Congreso emitir billetes y hacerlos de curso legal para satisfacer deudas. Siempre que el Congreso pide dinero prestado, está obligado a devolver la suma estipulada en el acuerdo original. Sin embargo, tales acuerdos sólo son "vinculantes a la conciencia del soberano", ya que la doctrina de la inmunidad soberana impide que un acreedor presente una demanda judicial si el gobierno incumple su compromiso. [97]
El Congreso tendrá poder [...] para regular el comercio con las naciones extranjeras, y entre los diversos Estados, y con las tribus indias;
La Corte Suprema rara vez ha restringido el uso de la cláusula de comercio para propósitos muy diversos. La primera decisión importante relacionada con la cláusula de comercio fue Gibbons v. Ogden , decidida por unanimidad en 1824. El caso involucraba leyes federales y estatales en conflicto: Thomas Gibbons tenía un permiso federal para navegar barcos de vapor en el río Hudson , mientras que el otro, Aaron Ogden , tenía un monopolio para hacer lo mismo otorgado por el estado de Nueva York. Ogden sostuvo que el "comercio" incluía solo la compra y venta de bienes y no su transporte. El presidente de la Corte Suprema, John Marshall, rechazó esta noción. Marshall sugirió que el "comercio" incluía la navegación de bienes y que "debió haber sido contemplado" por los redactores de la Constitución. Marshall agregó que el poder del Congreso sobre el comercio "es completo en sí mismo, puede ejercerse en su máxima extensión y no reconoce otras limitaciones que las prescritas en la Constitución".
La interpretación expansiva de la Cláusula de Comercio fue restringida a fines del siglo XIX y principios del XX, cuando una actitud de laissez-faire dominaba en la Corte. En Estados Unidos v. EC Knight Company (1895), la Corte Suprema limitó la recién promulgada Ley Antimonopolio Sherman , que había buscado romper los monopolios que dominaban la economía de la nación. La Corte dictaminó que el Congreso no podía regular la fabricación de bienes, incluso si luego se enviaban a otros estados. El presidente de la Corte Suprema, Melville Fuller, escribió: "el comercio sucede a la fabricación, y no es parte de ella".
La Corte Suprema de Estados Unidos a veces dictaminó que los programas del New Deal eran inconstitucionales porque ampliaban el significado de la cláusula de comercio. En Schechter Poultry Corp. v. United States (1935) , la Corte anuló por unanimidad los códigos industriales que regulaban la matanza de aves de corral, declarando que el Congreso no podía regular el comercio relacionado con las aves de corral, que habían "quedado en un descanso permanente dentro del Estado". Como dijo el presidente de la Corte Suprema, Charles Evans Hughes , "en lo que respecta a las aves de corral en cuestión, el flujo de comercio interestatal ha cesado". Los fallos judiciales contra los intentos de uso de los poderes de la Cláusula de Comercio del Congreso continuaron durante la década de 1930.
In 1937, the Supreme Court began moving away from its laissez-faire attitude concerning Congressional legislation and the Commerce Clause, when it ruled in National Labor Relations Board v. Jones & Laughlin Steel Company, that the National Labor Relations Act of 1935 (commonly known as the Wagner Act) was constitutional. The legislation under scrutiny prevented employers from engaging in "unfair labor practices" such as firing workers for joining unions. In sustaining this act, the Court signaled its return to the philosophy espoused by John Marshall, that Congress could pass laws regulating actions that even indirectly influenced interstate commerce.
This new attitude became firmly set into place in 1942. In Wickard v. Filburn, the Court ruled that production quotas under the Agricultural Adjustment Act of 1938 were constitutionally applied to agricultural production (in this instance, home-grown wheat for private consumption) that was consumed purely intrastate, because its effect upon interstate commerce placed it within the power of Congress to regulate under the Commerce Clause. This decision marked the beginning of the Court's total deference to Congress's claims of Commerce Clause powers, which lasted into the 1990s.
United States v. Lopez (1995) was the first decision in six decades to invalidate a federal statute on the grounds that it exceeded the power of the Congress under the Commerce Clause. The Court held that while Congress had broad lawmaking authority under the Commerce Clause, the power was limited, and did not extend so far from "commerce" as to authorize the regulation of the carrying of handguns, especially when there was no evidence that carrying them affected the economy on a massive scale. In a later case, United States v. Morrison (2000), the justices ruled that Congress could not make such laws even when there was evidence of aggregate effect.
In contrast to these rulings, the Supreme Court also continues to follow the precedent set by Wickard v. Filburn. In Gonzales v. Raich it ruled that the Commerce Clause granted Congress the authority to criminalize the production and use of home-grown cannabis even where states approve its use for medicinal purposes. The court held that, as with the agricultural production in the earlier case, home-grown cannabis is a legitimate subject of federal regulation because it competes with marijuana that moves in interstate commerce.
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Congress may establish uniform laws relating to naturalization and bankruptcy. It may also coin money, regulate the value of American or foreign currency and punish counterfeiters. Congress may fix the standards of weights and measures. Furthermore, Congress may establish post offices and post roads (the roads, however, need not be exclusively for the conveyance of mail). Congress may promote the progress of science and useful arts by granting copyrights and patents of limited duration. Section eight, clause eight of Article One, known as the Copyright Clause, is the only instance of the word "right" used in the original constitution (though the word does appear in several Amendments).[98] Though perpetual copyrights and patents are prohibited, the Supreme Court has ruled in Eldred v. Ashcroft (2003) that repeated extensions to the term of copyright do not constitute perpetual copyright; this is the only power granted where the means to accomplish its stated purpose is specifically provided for. Courts inferior to the Supreme Court may be established by Congress.
Congress has several powers related to war and the armed forces. Under the War Powers Clause, only Congress may declare war, but in several cases it has, without declaring war, granted the president the authority to engage in military conflicts. Five wars have been declared in United States' history: the War of 1812, the Mexican–American War, the Spanish–American War, World War I and World War II. Some historians argue that the legal doctrines and legislation passed during the operations against Pancho Villa constitute a sixth declaration of war. Congress may grant letters of marque and reprisal. Congress may establish and support the armed forces, but no appropriation made for the support of the army may be used for more than two years. This provision was inserted because the Framers feared the establishment of a standing army, beyond civilian control, during peacetime. Congress may regulate or call forth the state militias, but the states retain the authority to appoint officers and train personnel. Congress also has exclusive power to make rules and regulations governing the land and naval forces. Although the executive branch and the Pentagon have asserted an ever-increasing measure of involvement in this process, the U.S. Supreme Court has often reaffirmed Congress's exclusive hold on this power (e.g. Burns v. Wilson, 346 U.S. 137 (1953)). Congress used this power twice soon after World War II with the enactment of two statutes: the Uniform Code of Military Justice to improve the quality and fairness of courts martial and military justice, and the Federal Tort Claims Act which among other rights had allowed military service persons to sue for damages until the U.S. Supreme Court repealed that section of the statute in a divisive series of cases, known collectively as the Feres Doctrine.
Congress has the exclusive right to legislate "in all cases whatsoever" for the nation's capital, the District of Columbia. Congress chooses to devolve some of such authority to the elected mayor and council of District of Columbia. Nevertheless, Congress remains free to enact any legislation for the District so long as constitutionally permissible, to overturn any legislation by the city government, and technically to revoke the city government at any time. Congress may also exercise such jurisdiction over land purchased from the states for the erection of forts and other buildings.
The Congress shall have Power ... To define and punish Piracies and Felonies committed on the high Seas, and Offences against the Law of Nations....
The "Offenses Clause" was developed to address the national government's inability to conduct foreign affairs effectively under the Articles of Confederation, which left it up to states to "provide expeditious, exemplary and adequate punishment...for the infractions of the immunities of ambassadors and other public ministers..."[99] Edmund Randolph, a delegate to the Constitutional Convention, cited this arrangement as one of the major "defects" of the Articles, since it left no consistent or uniform recourse for foreign dignitaries and merchants.[100]
At the time clause was drafted, piracy was the only universal crime that was well-defined by the law of nations, and Congress soon addressed it through a federal statute in 1790.[99] Felonies committed in international waters had to be specifically defined by Congress pursuant to the U.S. Supreme Court decision in United States v. Furlong (1820). However, determining the grounds on which Congress can define offenses against the law of nations has been more difficult, due largely to uncertainty about the meaning of the term "law of nations" and its scope.[101]
The Congress shall have Power [...] To make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into Execution the foregoing Powers, and all other Powers vested by this Constitution in the Government of the United States, or in any Department or Officer thereof.
Finally, Congress has the power to do whatever is "necessary and proper" to carry out its enumerated powers and, crucially, all others vested in it. This has been interpreted to authorize criminal prosecution of those whose actions have a "substantial effect" on interstate commerce in Wickard v. Filburn; however, Thomas Jefferson, in the Kentucky Resolutions, supported by James Madison, maintained that a penal power could not be inferred from a power to regulate, and that the only penal powers were for treason, counterfeiting, piracy and felony on the high seas, and offenses against the law of nations.
The necessary and proper clause has been interpreted extremely broadly, thereby giving Congress wide latitude in legislation. The first landmark case involving the clause was McCulloch v. Maryland (1819), which involved the establishment of a national bank. Alexander Hamilton, in advocating the creation of the bank, argued that there was "a more or less direct" relationship between the bank and "the powers of collecting taxes, borrowing money, regulating trade between the states, and raising and maintaining fleets and navies". Thomas Jefferson countered that Congress's powers "can all be carried into execution without a national bank. A bank therefore is not necessary, and consequently not authorized by this phrase". Chief Justice John Marshall agreed with the former interpretation. Marshall wrote that a Constitution listing all of Congress's powers "would partake of a prolixity of a legal code and could scarcely be embraced by the human mind". Since the Constitution could not possibly enumerate the "minor ingredients" of the powers of Congress, Marshall "deduced" that Congress had the authority to establish a bank from the "great outlines" of the general welfare, commerce and other clauses. Under this doctrine of the necessary and proper clause, Congress has sweepingly broad powers (known as implied powers) not explicitly enumerated in the Constitution. However, the Congress cannot enact laws solely on the implied powers, any action must be necessary and proper in the execution of the enumerated powers.
The ninth section of Article One places limits on federal powers, including those of Congress:[102][103]
The Migration or Importation of such Persons as any of the States now existing shall think proper to admit, shall not be prohibited by the Congress prior to the Year one thousand eight hundred and eight, but a Tax or duty may be imposed on such Importation, not exceeding ten dollars for each Person.
The Privilege of the Writ of Habeas Corpus shall not be suspended, unless when in Cases of Rebellion or Invasion the public Safety may require it.
No Bill of attainder or Ex post facto law shall be passed.
No Capitation, or other direct, Tax shall be laid, unless in Proportion to the Census or Enumeration herein before directed to be taken.
No Tax or Duty shall be laid on Articles exported from any State.
No Preference shall be given by any Regulation of Commerce or Revenue to the Ports of one State over those of another: nor shall Vessels bound to, or from, one State, be obliged to enter, clear, or pay Duties in another.
No Money shall be drawn from the Treasury, but in Consequence of Appropriations made by Law; and a regular Statement and Account of Receipts and Expenditures of all public Money shall be published from time to time.
No Title of Nobility shall be granted by the United States: And no Person holding any Office of Profit or Trust under them, shall, without the Consent of the Congress, accept of any present, Emolument, Office, or Title, of any kind whatever, from any King, Prince, or foreign State.
The first clause in this section prevents Congress from passing any law that would restrict the importation of slaves into the United States prior to 1808. Congress could, however, levy a per capita duty of up to ten Spanish milled dollars for each slave imported into the country. This clause was further entrenched into the Constitution by Article V, where it is explicitly shielded from constitutional amendment prior to 1808. On March 2, 1807, Congress approved legislation prohibiting the importation of slaves into the United States, which went into effect January 1, 1808, the first day of the prohibition permitted by the Constitution. This clause did see brief life outside of the slavery context in the late 1790s when the Virginia General Assembly cited it in arguing the Alien Enemies Acts was unconstitutional, the federal act being used by the Adams administration to deport French immigrants the Commonwealth had itself saw proper to admit.
A writ of habeas corpus is a legal action against unlawful detainment that commands a law enforcement agency or other body that has a person in custody to have a court inquire into the legality of the detention. The court may order the person released if the reason for detention is deemed insufficient or unjustifiable. The Constitution further provides that the privilege of the writ of habeas corpus may not be suspended "unless when in cases of rebellion or invasion the public safety may require it". In Ex parte Milligan (1866), the Supreme Court ruled that the suspension of habeas corpus in a time of war was lawful, but military tribunals did not apply to citizens in states that had upheld the authority of the Constitution and where civilian courts were still operating.
For these stipulations, clauses 2 and 3 are also known as the Suspension Clause.
A bill of attainder is a legislative bill or act that legally declares a person guilty of a crime, regardless of whether a trial has been held. An ex post facto law is a law which applies retroactively, punishing someone for an act that was only made criminal after it was done. The ex post facto clause does not apply to civil matters.[104]
Section Nine reiterates the provision from Section Two, Clause 3 that direct taxes must be apportioned by state populations. This clause was also explicitly shielded from constitutional amendment prior to 1808 by Article V. In 1913, the 16th Amendment exempted all income taxes from this clause. This overcame the ruling in Pollock v. Farmers' Loan & Trust Co. that the income tax could only be applied to regular income and could not be applied to dividends and capital gains. Furthermore, no tax may be imposed on exports from any state. Congress may not, by revenue or commerce legislation, give preference to ports of one state over those of another; neither may it require ships from one state to pay duties in another. All funds belonging to the Treasury may not be withdrawn except according to law. Modern practice is that Congress annually passes a number of appropriations bills authorizing the expenditure of public money. The Constitution requires that a regular statement of such expenditures be published.
The Title of Nobility Clause prohibits Congress from granting any title of nobility. In addition, it specifies that no civil officer may accept, without the consent of Congress, any gift, payment, office or title from a foreign ruler or state. Emoluments were a profound concern of the Founders.[105] However, a U.S. citizen may receive foreign office before or after their period of public service.
No State shall enter into any Treaty, Alliance, or Confederation; grant Letters of Marque and Reprisal; coin Money; emit Bills of Credit; make any Thing but gold and silver Coin a Tender in Payment of Debts; pass any Bill of Attainder, ex post facto Law, or Law impairing the Obligation of Contracts, or grant any Title of Nobility.
States may not exercise certain powers reserved for the federal government: they may not enter into treaties, alliances or confederations, grant letters of marque or reprisal, coin money or issue bills of credit (such as currency). Furthermore, no state may make anything but gold and silver coin a tender in payment of debts, which expressly forbids any state government (but not the federal government[106]) from "making a tender" (i.e., authorizing something that may be offered in payment[107]) of any type or form of money to meet any financial obligation, unless that form of money is coins made of gold or silver (or a medium of exchange backed by and redeemable in gold or silver coins, as noted in Farmers & Merchants Bank v. Federal Reserve Bank[108]). Much of this clause is devoted to preventing the States from using or creating any currency other than that created by Congress. In Federalist no. 44, Madison explains that "it may be observed that the same reasons which shew the necessity of denying to the States the power of regulating coin, prove with equal force that they ought not to be at liberty to substitute a paper medium in the place of coin. Had every State a right to regulate the value of its coin, there might be as many different currencies as States; and thus the intercourse among them would be impeded".[109] Moreover, the states may not pass bills of attainder, enact ex post facto laws, impair the obligation of contracts, or grant titles of nobility.
The Contract Clause was the subject of much contentious litigation in the 19th century. It was first interpreted by the Supreme Court in 1810, when Fletcher v. Peck was decided. The case involved the Yazoo land scandal, in which the Georgia legislature authorized the sale of land to speculators at low prices. The bribery involved in the passage of the authorizing legislation was so blatant that a Georgia mob attempted to lynch the corrupt members of the legislature. Following elections, the legislature passed a law that rescinded the contracts granted by corrupt legislators. The validity of the annulment of the sale was questioned in the Supreme Court. In writing for a unanimous court, Chief Justice John Marshall asked, "What is a contract?" His answer was: "a compact between two or more parties". Marshall argued that the sale of land by the Georgia legislature, though fraught with corruption, was a valid "contract". He added that the state had no right to annul the purchase of the land since doing so would impair the obligations of the contract.
The definition of a contract propounded by Chief Justice Marshall was not as simple as it may seem. In 1819, the Court considered whether a corporate charter could be construed as a contract. The case of Trustees of Dartmouth College v. Woodward involved Dartmouth College, which had been established under a Royal Charter granted by King George III. The Charter created a board of twelve trustees for the governance of the College. In 1815, however, New Hampshire passed a law increasing the board's membership to twenty-one with the aim that public control could be exercised over the College. The Court, including Marshall, ruled that New Hampshire could not amend the charter, which was ruled to be a contract since it conferred "vested rights" on the trustees.
The Marshall Court determined another dispute in Sturges v. Crowninshield. The case involved a debt that was contracted in early 1811. Later in that year, the state of New York passed a bankruptcy law, under which the debt was later discharged. The Supreme Court ruled that a retroactively applied state bankruptcy law impaired the obligation to pay the debt, and therefore violated the Constitution. In Ogden v. Saunders (1827), however, the court decided that state bankruptcy laws could apply to debts contracted after the passage of the law. State legislation on the issue of bankruptcy and debtor relief has not been much of an issue since the adoption of a comprehensive federal bankruptcy law in 1898.
No State shall, without the Consent of the Congress, lay any Imposts or Duties on Imports or Exports, except what may be absolutely necessary for executing it's [sic] inspection Laws: and the net Produce of all Duties and Imposts, laid by any State on Imports or Exports, shall be for the Use of the Treasury of the United States; and all such Laws shall be subject to the Revision and Controul [sic] of the Congress.
Still more powers are prohibited of the states. States may not, without the consent of Congress, tax imports or exports except for the fulfillment of state inspection laws (which may be revised by Congress). The net revenue of the tax is paid not to the state, but to the federal Treasury.
No State shall, without the Consent of Congress, lay any Duty of Tonnage, keep Troops, or Ships of War in time of Peace, enter into any Agreement or Compact with another State, or with a foreign Power, or engage in War, unless actually invaded, or in such imminent Danger as will not admit of delay.
Under the Compact Clause, states may not, without the consent of Congress, keep troops or armies during times of peace, or enter into agreements with other states or with foreign governments. Furthermore, states may not engage in war unless invaded. States may, however, organize and arm a militia according to the discipline prescribed by Congress. The National Guard, whose members are also members of the militia as defined by 10 U.S.C. § 246, fulfill this function, as do persons serving in a state defense force with federal oversight under 32 U.S.C. § 109.
The idea of allowing Congress to have say over agreements between states traces back to the numerous controversies that arose between various colonies. Eventually compromises would be created between the two colonies and these compromises would be submitted to the Crown for approval. After the American Revolutionary War, the Articles of Confederation allowed states to appeal to Congress to settle disputes between the states over boundaries or "any cause whatever". The Articles of Confederation also required Congressional approval for "any treaty or alliance" in which a state was one of the parties.[110]
A number of Supreme Court cases have concerned what constitutes valid Congressional consent to an interstate compact. In Virginia v. Tennessee, 148 U.S. 503 (1893), the Court found that some agreements among states stand even when lacking the explicit consent of Congress. One example the court gave was a state moving some goods from a distant state to itself, for which it would not require Congressional approval to contract with another state to use its canals for transport. According to the Court, the Compact Clause requires Congressional consent only if the agreement among the states is "directed to the formation of any combination tending to the increase of political power in the States, which may encroach upon or interfere with the just supremacy of the United States".[111]
The Congressional consent issue is at the center of the debate over the constitutionality of the proposed National Popular Vote Interstate Compact (NPVIC).[112] As of May 2024[update], seventeen states plus the District of Columbia have joined the NPVIC.[113]
The Senate's action was a dramatic and rare move that circumvented a constitutional requirement that tax legislation must originate in the House
Once the Senate added those provisions to the rescue bill, it qualified as a tax bill, which the upper chamber is constitutionally prohibited from originating. To get around the Constitution, the leaders turned to the time-honored stratagem of finding a live but dormant House bill — [Patrick] Kennedy's mental-health parity bill — to use as a shell.
