Juntas Generales de Álava
[2] En 1994, debido a la ampliación de servicios, se cedió por la Diputación un nuevo edificio colindante, situado en la Calle Prado nº 32.
[2] Entre las atribuciones que poseen las Juntas Generales se encuentran: La historia de las Juntas Generales de Álava puede dividirse a grandes rasgos en tres periodos: un primer periodo que abarca desde su formación en el siglo XV hasta su abolición en 1876, un segundo periodo transitorio que abarca la mayor parte del siglo XX, en el que tuvo una vida intermitente con carácter primariamente ceremonial, y un tercer periodo contemporáneo, que abarca desde la Transición española hasta la actualidad.
Aprobado por el rey Enrique IV, en sus páginas se diseñaba por primera vez una organización política y administrativa de la provincia.
Cada concejo o villa con derecho a voto podía enviar un juntero.
En Álava los concejos se agrupaban en hermandades a las que cedían su voto y representación en las Juntas; estas hermandades fueron la base de los actuales municipios rurales de la provincia.
Esa ley se aprobó al poco de finalizar la tercera guerra carlista (1872-1876), en la que el País Vasco y Navarra habían sido el principal bastión del pretendiente carlista al trono, que resultó derrotado en la guerra.
En las décadas siguientes a la abolición foral, la recuperación total del régimen foral y de su institución señera, las Juntas Generales, fue una de las principales reivindicaciones del foralismo alavés, en el que convergieron corrientes políticas vinculadas al carlismo, al nacionalismo vasco y el primitivo alavesismo conformado alrededor de la figura del diputado por Álava Eduardo Dato.
En este contexto, ya en la década de 1880 y en los primeros años del siglo XX tanto en Álava como en Guipúzcoa y en Vizcaya se hicieron varias propuestas de recuperación institucional de las juntas, pero únicamente en el caso alavés estas propuestas lograron materializarse.
Las Juntas Generales están formadas por 51 procuradores que son elegidos por sufragio universal.
