Administración de Carlos Alvarado

El mandatario se desempeñó como asesor de la fracción del Partido Acción Ciudadana en la Asamblea Legislativa durante el período 2006-2010.

Durante la administración Solís Rivera ejerció como Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social.

Bajo su cargo, en conjunto con la vicepresidente Ana Helena Chacón, la Universidad de Oxford, el INEC y una alianza de empresas privadas llamada Horizonte Positivo, desarrolló el Índice de Pobreza Dimensional (IPD) que permitía medir las diferentes carencias que tienen las personas que viven en condiciones de pobreza, la cual junto a la implementación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE) y una herramienta llamada Mapas Sociales, generada a partir de información del Censo del 2011,[1]​ permitieron que todas las instituciones que brindan ayudas sociales tengan acceso a la misma información y sepan quién está siendo atendido, dónde, por quién y cuáles son sus necesidades.

[11]​[12]​ Renunció a su puesto al Ministerio, buscando la candidatura presidencial, como lo exige la Constitución Política de Costa Rica.

), pero manteniendo la tasa de 13%, con algunas excepciones e incorporando más servicios que pagarán el tributo.

[23]​ Respecto a los gastos del Gobierno también se incluyó la regla fiscal, la cual fue introducida para ayudar a contener el déficit fiscal y la deuda pública, factores que repercuten de forma negativa en la economía general del país.

La regla fiscal brinda parámetros y escenarios en su capítulo de responsabilidad fiscal, que le permiten al Poder Ejecutivo determinar su máximo endeudamiento según cifras macroeconómicas, por ejemplo cuando la deuda pública supere el 60% de la producción nacional, el gasto total (tanto corriente como de capital) no podrá crecer más allá del 65% del crecimiento promedio del PIB nominal de los últimos cuatro años.

[24]​[25]​ El aborto en Costa Rica es permitido solo cuando peligre la vida o la salud de la madre según el numeral 121 del Código Penal desde 1970.

[44]​ La huelga falló en frenar el voto positivo de los diputados ni incidió en la Sala Constitucional, la cual declaró el proyecto constitucional, dando vía libre para su aprobación y publicación.

[48]​ La ley declara ilegales las huelgas en servicios públicos esenciales como en suministro de combustibles, atención hospitalaria, seguridad y comedores escolares.

[52]​ El número de centros cerrados fue reduciéndose conforme se erosionó el apoyo a las protestas, para el 19 de julio se reportaron nueve centros cerrados, y doce el 22.

[55]​ Al día siguiente la oficina de la diputada del Partido Integración Nacional Zoila Rosa Volio fue atacada con una bomba molotov.

[62]​ El grupo responsable fue apresado por operativos del Organismo de Investigación Judicial en un trabajo conjunto con la Dirección de Inteligencia y Seguridad, la Fuerza Pública y el Ministerio Público.

[63]​ Entre los apresados figura la maestra de secundaria conocida en redes sociales por hacer llamados a la violencia.

[68]​ En una inusual coincidencia con los sindicatos, al acuerdo se opone también la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), principal organización empresarial del país.

[82]​ Tras una investigación la Procuraduría General concluyó que Campbell no incurrió en ninguna falta al deber de probidad.

El hecho generó gran conmoción y tuvo como resultado la exposición a nivel internacional de la problemática en los territorios indígenas en Costa Rica y un comunicado por parte de las Naciones Unidas hacia el Gobierno de Costa Rica en el que se condena el hecho y se solicitan medidas al respecto, lo cual se condieró una situación "atípica" para un país tradicionalmente avanzado en derechos humanos como lo es Costa Rica.

[90]​[91]​ Como respuesta, las autoridades trasladaron el albergue a la localidad de Grano de Oro, camino hacia el territorio indígena cabécar de Chirripó y mucho más lejos del Hospital William Allen que la localidad inicial, lo cual recibió críticas por interpretarse como una concesión a los manifestantes racistas.

[96]​ El hecho fue condenado por todas las bancadas de la Asamblea Legislativa excepto la oficialista, además el excandidato presidencial Juan Diego Castro y la excandidata vicepresidencial Gloria Navas (ambos abogados) interpusieron denuncias penales ante el Ministerio Público.

Además la bancada del Partido Unidad Social Cristiana interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la oficina (aunque está ya había sido cerrada para el momento)[97]​ y la bancada del Partido Liberación Nacional planteó una moción de censura ante el plenario, también discuten los diputados el crear una comisión investigadora.

[103]​ Al respecto Alvarado manifestó sentir «indignación, molestia y rabia».

[104]​[105]​ El ministro de Obras Públicas Rodolfo Méndez Mata aseguró que presentaron denuncias ante el OIJ por los hechos.

[108]​ Sin embargo, la misma se desplomó poco después en especial tras sucesos impopulares como la aprobación del llamado plan fiscal y el escándalo UPAD llegando al 21 % de aprobación, y el 65% de desaprobación popular.